Fedeico Aguilar Aguilar
Expediente 1254/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1254/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Fedeico Aguilar Aguilar
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 509/2021, relativo al recurso interpuesto por el quejoso, contra el auto dictado por este Juzgado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, así como el juego de copias certificadas de lo actuado en el presente asunto. Acúsese el recibo correspondiente. Del contenido de la ejecutoria dictada por la superioridad, se advierte que declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en contra del auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado por los normativos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de trece de septiembre del año en curso, se desechó de plano el escrito inicial, por lo que con esa resolución se puso fin al juicio sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual hace del conocimiento de este Juzgado, que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Federico Aguilar Aguilar, contra el proveído que desecho la demanda de amparo; asimismo, que radicó dicho medio de impugnación con el número 509/2021 de su índice. Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1254/2021. Desechamiento. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de amparo, dado que advierte que el juicio constitucional que se promueve es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. El precepto citado señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Así, la norma transcrita impone al Juez de Distrito la obligación de estudiar el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia desecharla de plano, para lo cual en principio deben tomarse en consideración únicamente los hechos y las circunstancias narrados en el propio ocurso y los anexos que se acompañen. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." El proceder anterior tiene como base lo previsto por el arábigo 17 constitucional que consagra el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, al tratarse la improcedencia de una cuestión de orden público debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar qué supuestos legales que regulan a esa institución jurídica se actualizan en el presente sumario. Ahora bien, el promovente del amparo Federico Aguilar Aguilar atribuye al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Putla, Oaxaca en su carácter de autoridad ordenadora y al actuario de su adscripción con el carácter de autoridad ejecutora, los siguientes actos reclamados: "De la autoridad ordenadora. Los autos de fechas trece de julio del año dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente civil No. 0099/2017, relativo al Juicio Reivindicatorio, mediante el cual, la responsable ordena otorgar al quejoso el plazo de cinco días, para la desocupación y entrega material y jurídicamente del bien inmueble materia del presente juicio. De la autoridad ejecutora. La posible ejecución del auto de fecha trece de julio del año en curso, dictado dentro del expediente civil No. 0099/2017, relativo al Juicio Reivindicatorio, mediante el cual, la responsable ordena y otorga al quejoso el plazo de cinco días, para la desocupación y entrega material y jurídicamente del bien inmueble materia del presente juicio. De ambas. Todas las consecuencias legales, materiales, y jurídicas, que de hecho y por derecho traiga las actuaciones indebidas por no encontrarse fundadas y motivadas de legalidad y seguridad jurídica, consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En efecto, de un estudio integral de la demanda de amparo y de los antecedentes que relata bajo protesta de decir verdad, en lo que interesa se advierte lo siguiente: ".Mediante escrito de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, el C. JESÚS FÉLIX GIRÓN SANTIAGO, presentó demanda ejercitando la Acción Reivindicatoria de dicho bien inmueble, contestando la misma y oponiendo mis defensas y excepciones mediante escrito de fecha primero de agosto del año dos mil diecisiete, ofreciendo pruebas las partes a los que sus intereses conviniera, por lo que una vez desahogadas las pruebas que así lo permitieron y otras por su propia y especial naturaleza se dieron por desahogadas, pasando a la etapa de alegatos y una vez presentados los mimos, se dictó la sentencia con fecha cuatro de junio del año dos mil dieciocho, condenando al ahora quejoso a la desocupación y entrega del bien inmueble. Con fecha quince de junio del año dos mil dieciocho, presenté Recurso de Apelación en contra de la sentencia indicada en líneas que anteceden en el punto inmediato anterior, confirmándose la resolución dictada en primera instancia, inconforme con tal resolución promoví con fecha nueve de abril del año dos mil diecinueve, Recurso de Amparo Directo ante los Magistrados del H. Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, mediante el cual se confirmó la sentencia dictada en segunda Instancia. [.]" De lo expuesto anteriormente, puede advertirse que la determinación que constituye el acto reclamado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia; sin embargo, no se trata de una última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que continua con la secuela procesal del juicio, para que la autoridad responsable dé cabal cumplimiento a la sentencia. En el caso, de oficio, se advierte que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" (Énfasis es propio). Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, tiene una naturaleza enunciativa y no limitativa, al prever que la improcedencia del juicio puede derivarse no sólo de las expresamente plasmadas en tal artículo, sino también de alguna disposición de la Constitución o de la propia ley. Entre las disposiciones de la Ley de Amparo, nos encontramos con la señalada en el artículo 107, fracción IV párrafos primero y segundo, en la cual se prevén dos reglas generales y dos específicas. La primera, establece que el juicio resulta procedente contra actos de tribunales (en general) ejecutados fuera de juicio, los cuales han sido identificados por la jurisprudencia, como aquéllos que ocurran antes de que inicie el mismo, por ejemplo, aquéllos acaecidos en los medios preparatorios. La segunda regla general, dispone la procedencia del juicio contra actos ejecutados después de concluido el juicio, los cuales, como su nombre lo indica, serán aquéllos que se realicen una vez dictada la sentencia definitiva en el proceso. Pero aunado a éstas dos reglas generales, el legislador incluyó dos específicas, sobre todo tratándose de actos después de concluido el juicio. La primera de estas reglas específicas, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución, entendiéndose ésta como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en tanto que la segunda, dispone que en los casos de remate, el amparo procederá sólo contra la última resolución; entendiéndose como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En estas reglas específicas, se distingue un propósito común del legislador, que fue, el evitar que el juicio de amparo se utilizara para entorpecer la ejecución de las sentencias dictadas por las autoridades jurisdiccionales, que tienen la calidad de cosa juzgada, ya que dispone que tanto en el período de ejecución, como en aquél relativo al remate, el juicio de amparo sólo resulta procedente contra la resolución final; expresamente así se dice en la primera hipótesis, y se entiende de tal manera en la segunda parte, pues la resolución que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, es la final de tal período. Lo anterior, se encuentra justificado, pues con la emisión de las sentencias definitivas se presume un proceso previo, seguido con las formalidades de la ley, en donde se ha oído y vencido a una de las partes, y en donde ésta tiene la obligación de acatar la autoridad del Estado, contenida y concretada en la decisión del tribunal relativo, ya que emana de la constitución y las leyes respectivas. Además, dicha cuestión otorga seguridad jurídica a los particulares, al tener la certeza de que las controversias sometidas a la potestad del Estado, serán resueltas por una sentencia y que ésta será acatada. Atento a lo anteriormente expuesto, en relación a las reglas específicas analizadas (tratándose de la ejecución de sentencias) es claro que sólo podrá promoverse el juicio de amparo contra la última resolución, la cual es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en el entendido de que en los casos de remate, el amparo procederá sólo contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Cabe señalar que esta regla tiene algunas excepciones, entre las que se encuentran, a saber: 1. que se trate de actos intermedios (que afecten derechos sustantivos) dictados en la etapa de ejecución de sentencia, con autonomía propia y destacada, pero que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; y 2. que el amparo lo promueva una persona extraña al juicio. Sin embargo, adversamente a como lo aduce la parte quejosa, el acto reclamado no podría ser apreciado a partir de la incidencia que pudiera tener en alguno de sus derechos sustantivos, a efecto de establecer la procedencia del reclamo constitucional, en virtud de que el auto de trece de julio del año dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente civil 0099/2017, relativo al Juicio Reivindicatorio del índice de la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Putla, Oaxaca, mediante el cual, otorgó al quejoso el plazo de cinco días, para la desocupación y entrega material y jurídica del bien inmueble materia del juicio reivindicatorio de origen, en el que el disidente participó como demandado, no puede considerarse ajena o desvinculada a lo que constituye cosa juzgada en el juicio reivindicatorio seguido en contra de este, pues precisamente se trata de una orden dirigida a quien resultó vencido en dicha contienda, para que cumpla con aquello que constituye lo resuelto por la autoridad común. Por tanto, ante la mencionada vinculación que tiene el requerimiento de entrega de la posesión del inmueble materia del reclamo en un juicio reivindicatorio, con la sentencia definitiva respectiva, no sería posible llevar a cabo el análisis constitucional de ese acto de autoridad, aun cuando llegara a tener alguna incidencia en los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues el cumplimiento de lo que constituye cosa juzgada, ubica a dicho acto de autoridad no en la hipótesis de excepción, sino en aquella regla específica alusiva a los actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, conforme a la cual el amparo solo procede contra la última determinación dictada en el procedimiento de ejecución. Aquí cabe destacar que la orden de requerimiento de entrega de la posesión con apercibimiento de lanzamiento señalada como acto reclamado, no puede equipararse a la última que podría dictarse en el procedimiento de remate, prevista por la Ley y la jurisprudencia: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el indicado criterio interpretativo, está relacionado con la subclasificación de actos que pueden presentarse en el periodo de ejecución de sentencia, consistente en el remate de bienes embargados, en el que la procedencia del amparo directo en su contra por disposición de lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, solo procede contra la orden de escrituración o contra el mandato de entrega de la posesión del bien adjudicado. Sin embargo, por la naturaleza de la que participa el juicio reivindicatorio, en el que la acción ejercida es de tipo real y tiene por finalidad obtener la restitución del bien reclamado por su propietario, queda excluida la realización de un procedimiento de remate como forma de materializar el cumplimiento de lo que constituye sentencia definitiva en la referida contienda civil. Es decir, el quejoso no puede beneficiarse de la hipótesis de procedencia de amparo indirecto para analizar la constitucionalidad de los actos emitidos en un procedimiento de remate, para someter al conocimiento de la justicia federal, aquel acto que identificó como el requerimiento de entrega de la posesión del inmueble que detenta, con apercibimiento de lanzamiento, que a decir suyo, se habría emitido en el juicio reivindicatorio promovido en su contra, en el que como él mismo lo refiere, participó formal y materialmente como demandado. Bajo esa premisa, la demanda de amparo deberá presentarse, en su caso, contra la última resolución dictada dentro de ese procedimiento, en donde el impetrante estará en aptitud legal de hacer los planteamientos formulados, relativos a cuestiones relativas a inconformarse en contra de todas aquellas violaciones que durante el procedimiento respectivo se hayan cometido en su perjuicio y que la hayan dejado sin defensa. Tiene aplicación en lo conducente, al presente asunto la tesis cuyo rubro indica: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, a contrario sensu, del ordenamiento legal invocado, procede desechar la demanda de plano promovida por Federico Aguilar Aguilar, por las razones expuestas con anterioridad. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda y como su autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Blas Comonfort Sánchez por contar con cédula 1584160, registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y a las personas restantes que menciona con las restricciones que impone dicho precepto al no contar con cedula profesional registrada. Téngase al promovente del amparo, proporcionando el correo electrónico y el número telefónico que refiere, los cuales - de ser necesario- se utilizarán para para mantener contacto entre dicha parte procesal con este órgano jurisdiccional, en relación al presente asunto, no así como un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Notificación prioritaria por otros medios electrónicos. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4º y 17 de la Constitución Federal, 3º, 15, 27, fracción II y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente correo oficial 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el artículo 2°, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente.
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- Fausto Sergio Santiago Hernández872/2016
- Fco. Javier Espinosa Gutiérrez694/2017
- Federico Bernal Osorio639/2021
- Federico Castañeda Aparicio345/2022
- Federico García Carrera1430/2021
- Federico Morales Vásquez439/2018
- FEDERICO PACHECO GARCÍA y otros327/2019
- FEDERICO RAMOS RAMIREZ y otros825/2018