Federico García Carrera

Expediente 1430/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1430/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
29/04/2022

Partes del expediente

  • Federico García Carrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de abril de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo, asimismo, que se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1430/2021, promovido por Federico García Carrera contra los actos y autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar, en caso que se superen los motivos de improcedencia, si el quejoso fue emplazado legalmente al juicio sumario civil 142/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y posteriormente si la orden de lanzamiento del local comercial ubicado en la calle Cuauhtémoc, sin número, en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca, trasgrede los derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. ESCRITO DE DEMANDA, AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTO RECLAMADO Y PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Federico García Carrera, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos atribuidos al Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca y de otra autoridad. El peticionario del amparo señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó al día siguiente a este juzgado, donde quedó registrada con el número 1430/2021 y fue admitida el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; en ese propio auto, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; además, se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos los trámites del juicio, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en el municipio de San Bartolo Coyotepec es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 y del Acuerdo General 46/2016, de seis de octubre de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre siguiente del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque este Juzgado conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; además, los actos reclamados son de naturaleza civil y su ejecución material tiene lugar en Huautla de Jiménez, Oaxaca, donde tuvo lugar la diligencia de lanzamiento y donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos que reclamó Federico García Carrera: Autoridades responsables Actos reclamados Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca La orden de lanzamiento del local comercial ubicado en la calle Cuauhtémoc sin número en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dictada en el juicio sumario de desahucio 142/2021. Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca. La diligencia de emplazamiento a dicha instancia procesal. El cumplimiento material de la providencia de lanzamiento. Tal precisión se realiza acorde a lo establecido en la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca y al ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional. Lo anterior, porque así se advierte de las constancias que remitió como justificación a su informe la primera de las autoridades citadas, donde consta que el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó la providencia de lanzamiento del ahora quejoso, del inmueble ubicado en la calle de Cuahutémoc sin número, en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca, misma que se ejecutó el dieciséis de diciembre siguiente por la ejecutora de dicho Juzgado. Las documentales citadas tienen valor probatorio pleno al tenor de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las propongan o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Con apoyo además por analogía en la jurisprudencia 814 publicada en la página 553 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este juzgado federal advierte en la especie, respecto de la falta de emplazamiento al juicio sumario de desahucio 142/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)". Como se aprecia, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo; en tanto que el diverso 107, fracción VI, en forma expresa establece que el amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, de modo que una interpretación de dicha disposición en sentido contrario, conduce establecer que el amparo es improcedente, cuando habiéndose ostentado la parte quejosa como tercero extraña, aparece demostrado que no cuenta con ese carácter. Ahora bien, en el caso sujeto a estudio, se advierte lo siguiente: Diligencias de jurisdicción voluntaria. ? Mediante escrito presentado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Mirella Irene y Beatriz, de apellidos Cerqueda Peralta, promovieron en la via de jurisdicción voluntaria las diligencias a que hace referencia el artículo 2884 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, con la finalidad de dar a conocer a Federico García Carrera, que ellas son las legítimas propietarias del predio que tiene en arrendamiento; que se le requiriera el pago de la renta y que el mismo debe realizarlo en las oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca. ? Esa diligencia se ejecutó el catorce de julio de dos mil veintiuno, misma que se entendió directamente con Federico García Carrera. Del juicio sumario de desahucio 142/2021. ? Por escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, Mirella Irene y Beatriz, de apellidos Cerqueda Peralta, demandaron en la vía sumaria civil, juicio de desahucio contra Federico García Carrera: i) la desocupación y entrega del local ubicado en la calle Cuauhtémoc sin número, en el centro de esa población. ii) el pago de las mensualidades de renta mensual desde el mes de noviembre de dos mil veinte, de las mensualidades futuras y de los intereses que se generen. iii) el pago de daños y perjuicios. iv) el pago de adeudos por concepto de agua y energía eléctrica del inquilino. ? En auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se admitió por el juez de la causa la citada demanda, misma que se registró bajo la partida 142/2021; se ordenó emplazar al demandado y se le requirió para que en el acto de la diligencia de emplazamiento, acreditara estar al corriente del pago de su renta y de no ser el caso, dentro del plazo de cuarenta días desocupe y entregue el citado local, apercibiéndolo de lanzamiento a su costa. De igual forma, se le concedió el plazo de cinco días para que procediera a contestar la demanda. ? En diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se emplazó al ahora quejoso y se le requirió en los citados términos. ? En auto de veintinueve de noviembre siguiente, en atención a lo solicitado por las actoras, se tuvo por perdido el derecho del demandado -ahora quejoso-, para contestar la demanda y se ordenó el lanzamiento del local comercial de que se habla, para lo cual, se señalaron las nueve horas del dieciséis de diciembre siguiente, en que se ejecutó la misma. Siendo ese el estado de dicho expediente, sin que al día de la presentación de la demanda, se haya dictado sentencia en el mismo, en la que se resolviera respecto de las demás prestaciones demandadas, a saber: ii) el pago de las mensualidades de renta mensual desde el mes de noviembre de dos mil veinte, de las mensualidades futuras y de los intereses que se generen. iii) el pago de daños y perjuicios. iv) el pago de adeudos por concepto de agua y energía eléctrica del inquilino. Esto es, existe un juicio en el que: 1) El afectado es parte demandada y arguye que no fue citado en la forma prevenida por la ley. 2) En autos quedó demostrado que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural iniciado en su contra, pero no compareció en él. 3) Aún no se dicta sentencia en el procedimiento de origen. 4) El afectado, después de haber tenido conocimiento del procedimiento incoado en su contra, promovió juicio de amparo indirecto, ostentándose como persona extraña al juicio, esto es, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En ese sentido, es menester determinar si debe entenderse por persona extraña a juicio, aquélla que de las constancias de autos aparece que tuvo conocimiento del juicio natural, donde no se ha dictado la sentencia respectiva. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en los términos del citado artículo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproduce a continuación: Novena Época Registro: 196932 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Página: 56 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por otro lado, la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no necesariamente proviene del mismo acto dentro de la secuela procesal, que comprende desde la presentación de la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que se reclame (y quede debidamente demostrado), sea en relación con el bien debatido en el juicio, con los bienes de que la sentencia disponga, o bien, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando se sigue un juicio sin llamar a la persona que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio; y en segundo lugar, en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Carta Magna otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una individuo a quien no se llamó para que se defendiera. Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria, o la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a derechos legítimamente tutelados. En tales condiciones, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se substancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. De ello deriva que el promovente se ostenta como persona extraña al juicio por equiparación, aduciendo no haber sido emplazado; sin embargo, consta que mediante diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se le emplazó a la instancia de origen y que esa diligencia se llevó a cabo con dicho quejoso; así también que tuvo conocimiento del procedimiento natural, antes de haberse dictado la sentencia respectiva. En ese sentido, el hecho de que el quejoso tuviera conocimiento del juicio natural, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio por equiparación, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, resistieron un desconocimiento total del juicio, en tanto que tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses. En efecto, si de autos se advierte que el promovente tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, antes del dictado de la sentencia respectiva, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, pues tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. En las condiciones apuntadas, el amparo en la vía indirecta es improcedente, fundamentalmente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que, como se ha indicado en forma reiterada, se trata de un sujeto que tuvo conocimiento del juicio natural y por ello, la oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa; por lo que no se da la hipótesis de procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia analizada, debe sobreseerse en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo , respecto de la falta de emplazamiento al juicio sumario de desahucio 142/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Es aplicable a la conclusión adoptada, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto : "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Luego, en relación con la orden de lanzamiento y su ejecución material, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Causal que se relaciona con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" Los preceptos citados disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquélla persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica de gobernado; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al implicado la facultad para acudir ante el órgano competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. El artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, revela que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado real y actual, no existe legitimación para entablar el juicio de amparo, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. En ese entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Así, la causa de improcedencia se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del gobernado, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En el caso, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto, en la cual reclamó la diligencia de lanzamiento del local comercial ubicado en la calle Cuauhtémoc sin número, en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Diligencia contra la que no se inconformó en la instancia de origen, a través del recurso procedente. Ahora bien, en su demanda de amparo, bajo formal protesta de decir verdad, manifestó que es arrendatario de Juan Salvatory Cerqueda, de un local comercial de madera marcado con el número 8, en la calle Cuauhtémoc sin número, en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca, mismo que se encuentra al corriente en el pago de la renta; y para acreditar tales extremos, exhibió copia certificada por notario público de un contrato de arrendamiento de uno de enero de dos mil veintiuno y de tres recibos de dinero. Refiere que en dicho local estableció un giro comercial de venta de abarrotes y bebidas refrescantes, pero el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, como a las diez y media de la mañana, la actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia, en compañía de Mirella Irene y Beatriz, de apellidos Cerqueda Peralta, sus abogados y diez personas más, se hicieron presentes en dicho local donde lo desalojaron y sacaron sus cosas a la calle; ello en cumplimiento a la diligencia de lanzamiento ordenada en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 142/2021, relativo al juicio especial de desahucio promovido por dichas personas, poniéndolas en posesión del citado local comercial. Que en dicha diligencia, se le entregó el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por perdido su derecho para contestar la demanda y por no cumplir voluntariamente el requerimiento de nueve de agosto de dos mil veintiuno; que no fue emplazado a juicio y que desconoce las demás actuaciones de dicha instancia. Sin embargo, dicha documental resulta insuficiente para establecer que el solicitante de la protección de la Justicia Federal demuestra fehacientemente su interés jurídico en el juicio de amparo que nos ocupa. En primer término, porque adquirió fecha cierta, con posterioridad a la emisión del acto reclamado, pues al tratarse de una copia certificada de un documento privado, éste adquiere fecha cierta a partir de que el contrato se presentó ante el fedatario, y no, el día en que según conste en el propio documento, fue celebrado el acto jurídico que ahí se plasme, pues respecto de esto último, el notario no puede tener certeza, menos aún dar fe. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en el Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 314, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 164080, de rubro y texto, siguientes "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." En ese sentido, si la orden reclamada se dictó el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y la certificación del contrato de arrendamiento se realizó el siete de diciembre siguiente; es evidente que el acto jurídico del que emana el derecho posesorio que defiende el quejoso, adquirió fecha cierta con posterioridad a la emisión del acto reclamado. Lo anterior, significa que, al momento de la emisión del acto reclamado, el amparista no detentaba facultad sobre el inmueble que defiende. Además, no existe prueba en el sumario que evidencie que la persona que le arrendó el inmueble, ostente un derecho legítimamente tutelado sobre el mismo; como tampoco ofreció prueba alguna que evidencie que el inmueble a que alude el referido contrato, es el mismo al que se refiere la diligencia de lanzamiento, pues no debe perderse de vista que éste se encuentra marcado con el número 8, de la calle Cuahutémoc y el inmueble objeto del desahucio, se localiza en la calle Cuahutémoc, sin número, en el centro de dicha localidad. Por lo que no se puede acreditar la titularidad del derecho subjetivo que se atribuye en su demanda de amparo, sobre el bien que es materia del juicio 142/2021, de donde deriva el acto reclamado y cuyo desposeimiento reclama a título de arrendatario; extremo que no colmó con el medio de convicción que ofreció en este sumario Constitucional. De ahí que, resulte oportuno destacar que el valor probatorio de una prueba y su alcance, son diferentes, atento a que por lo que hace al primero, es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración; en tanto que, lo segundo, se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, en cuanto a la eficacia para corroborar la realización de los hechos que a través suyo han quedado plasmados; por tanto, aun cuando el documento esté relacionado con los hechos a demostrar, ello no implica que por esa sola razón, tenga fuerza demostrativa para acreditar circunstancias que van más allá de su alcance, como el hecho de la fecha de la posesión material, para cuya justificación solamente la prueba documental no resulta la más eficaz. Es así, porque el impetrante de la tutela constitucional debió acreditar que ejercía el dominio de facto sobre el inmueble que dice se le pretende desposeer y que se encuentra sustentado en un título justo (arrendamiento) y no solamente que tiene derechos virtuales posesionarios por virtud del contrato en comento y, por ello, se reitera, un contrato traslativo de uso presupone que el detentador ejerza un poder material sobre el inmueble en cuestión, toda vez que ese documento sólo constituye un indicio insuficiente para tenerlo por acreditado y, al no haberlo hecho de ese modo, es inconcuso que el promovente de la acción constitucional, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo establecido en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, el cual se hace extensivo respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide el estudio de la cuestión de fondo en este juicio de garantías. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 57, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Federico García Carrera, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)

  4. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1430/2021, promovido por Federico García Carrera contra los actos y autoridades que más adelante se precisarán. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar, en caso que se superen los motivos de improcedencia, si el quejoso fue emplazado legalmente al juicio sumario civil 142/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, y posteriormente si la orden de lanzamiento del local comercial ubicado en la calle Cuauhtémoc, sin número, en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca, trasgrede los derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. ESCRITO DE DEMANDA, AUTORIDADES RESPONSABLES, ACTO RECLAMADO Y PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. Mediante escrito presentado el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Federico García Carrera, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos atribuidos al Juez Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca y de otra autoridad. El peticionario del amparo señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se turnó al día siguiente a este juzgado, donde quedó registrada con el número 1430/2021 y fue admitida el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; en ese propio auto, se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; además, se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos los trámites del juicio, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en el municipio de San Bartolo Coyotepec es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de la materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General 03/2013 y del Acuerdo General 46/2016, de seis de octubre de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de octubre siguiente del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, porque este Juzgado conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; además, los actos reclamados son de naturaleza civil y su ejecución material tiene lugar en Huautla de Jiménez, Oaxaca, donde tuvo lugar la diligencia de lanzamiento y donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos que reclamó Federico García Carrera: Autoridades responsables Actos reclamados Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca La orden de lanzamiento del local comercial ubicado en la calle Cuauhtémoc sin número en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca, dictada en el juicio sumario de desahucio 142/2021. Ejecutora adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca. La diligencia de emplazamiento a dicha instancia procesal. El cumplimiento material de la providencia de lanzamiento. Tal precisión se realiza acorde a lo establecido en la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca y al ejecutor adscrito a dicho órgano jurisdiccional. Lo anterior, porque así se advierte de las constancias que remitió como justificación a su informe la primera de las autoridades citadas, donde consta que el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó la providencia de lanzamiento del ahora quejoso, del inmueble ubicado en la calle de Cuahutémoc sin número, en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca, misma que se ejecutó el dieciséis de diciembre siguiente por la ejecutora de dicho Juzgado. Las documentales citadas tienen valor probatorio pleno al tenor de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ESTUDIO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, sea que las partes las propongan o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Con apoyo además por analogía en la jurisprudencia 814 publicada en la página 553 del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al respecto, este juzgado federal advierte en la especie, respecto de la falta de emplazamiento al juicio sumario de desahucio 142/2021, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)". Como se aprecia, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo; en tanto que el diverso 107, fracción VI, en forma expresa establece que el amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, de modo que una interpretación de dicha disposición en sentido contrario, conduce establecer que el amparo es improcedente, cuando habiéndose ostentado la parte quejosa como tercero extraña, aparece demostrado que no cuenta con ese carácter. Ahora bien, en el caso sujeto a estudio, se advierte lo siguiente: Diligencias de jurisdicción voluntaria. ? Mediante escrito presentado ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca, Mirella Irene y Beatriz, de apellidos Cerqueda Peralta, promovieron en la via de jurisdicción voluntaria las diligencias a que hace referencia el artículo 2884 del Código Civil para el Estado de Oaxaca, con la finalidad de dar a conocer a Federico García Carrera, que ellas son las legítimas propietarias del predio que tiene en arrendamiento; que se le requiriera el pago de la renta y que el mismo debe realizarlo en las oficinas del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca. ? Esa diligencia se ejecutó el catorce de julio de dos mil veintiuno, misma que se entendió directamente con Federico García Carrera. Del juicio sumario de desahucio 142/2021. ? Por escrito de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, Mirella Irene y Beatriz, de apellidos Cerqueda Peralta, demandaron en la vía sumaria civil, juicio de desahucio contra Federico García Carrera: i) la desocupación y entrega del local ubicado en la calle Cuauhtémoc sin número, en el centro de esa población. ii) el pago de las mensualidades de renta mensual desde el mes de noviembre de dos mil veinte, de las mensualidades futuras y de los intereses que se generen. iii) el pago de daños y perjuicios. iv) el pago de adeudos por concepto de agua y energía eléctrica del inquilino. ? En auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se admitió por el juez de la causa la citada demanda, misma que se registró bajo la partida 142/2021; se ordenó emplazar al demandado y se le requirió para que en el acto de la diligencia de emplazamiento, acreditara estar al corriente del pago de su renta y de no ser el caso, dentro del plazo de cuarenta días desocupe y entregue el citado local, apercibiéndolo de lanzamiento a su costa. De igual forma, se le concedió el plazo de cinco días para que procediera a contestar la demanda. ? En diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se emplazó al ahora quejoso y se le requirió en los citados términos. ? En auto de veintinueve de noviembre siguiente, en atención a lo solicitado por las actoras, se tuvo por perdido el derecho del demandado -ahora quejoso-, para contestar la demanda y se ordenó el lanzamiento del local comercial de que se habla, para lo cual, se señalaron las nueve horas del dieciséis de diciembre siguiente, en que se ejecutó la misma. Siendo ese el estado de dicho expediente, sin que al día de la presentación de la demanda, se haya dictado sentencia en el mismo, en la que se resolviera respecto de las demás prestaciones demandadas, a saber: ii) el pago de las mensualidades de renta mensual desde el mes de noviembre de dos mil veinte, de las mensualidades futuras y de los intereses que se generen. iii) el pago de daños y perjuicios. iv) el pago de adeudos por concepto de agua y energía eléctrica del inquilino. Esto es, existe un juicio en el que: 1) El afectado es parte demandada y arguye que no fue citado en la forma prevenida por la ley. 2) En autos quedó demostrado que el quejoso tuvo conocimiento de la existencia del juicio natural iniciado en su contra, pero no compareció en él. 3) Aún no se dicta sentencia en el procedimiento de origen. 4) El afectado, después de haber tenido conocimiento del procedimiento incoado en su contra, promovió juicio de amparo indirecto, ostentándose como persona extraña al juicio, esto es, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En ese sentido, es menester determinar si debe entenderse por persona extraña a juicio, aquélla que de las constancias de autos aparece que tuvo conocimiento del juicio natural, donde no se ha dictado la sentencia respectiva. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que en los términos del citado artículo, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto se reproduce a continuación: Novena Época Registro: 196932 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, enero de 1998 Materia(s): Común Tesis: P./J. 7/98 Página: 56 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Por otro lado, la afectación que puede resentir una persona extraña a juicio, no necesariamente proviene del mismo acto dentro de la secuela procesal, que comprende desde la presentación de la demanda hasta el cumplimiento de la sentencia, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que se reclame (y quede debidamente demostrado), sea en relación con el bien debatido en el juicio, con los bienes de que la sentencia disponga, o bien, con aquellos que se afecten en la ejecución. Lo anterior es así, porque cuando se sigue un juicio sin llamar a la persona que es titular de los derechos que en el procedimiento habrán de controvertirse, es evidente que conforme al derecho positivo se le causa un perjuicio a sus intereses jurídicamente protegidos, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista constitucional. En primer lugar, porque las disposiciones ordinarias le dan acciones para intervenir en el juicio; y en segundo lugar, en razón de que si los artículos 14 y 16 de la Carta Magna otorgan a todo gobernado las garantías de audiencia y legalidad, no puede válidamente discutirse en juicio sobre un bien o derecho del que es titular una individuo a quien no se llamó para que se defendiera. Consecuentemente, ya sea que se tome en cuenta la ley ordinaria, o la norma constitucional, en el derecho positivo mexicano se demuestra la afectación a la persona extraña, puesto que resiente un perjuicio por la transgresión a derechos legítimamente tutelados. En tales condiciones, cuando dentro del juicio se controvierten los derechos sobre un bien respecto del cual un extraño tiene interés, el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que las leyes le otorgan las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus garantías constitucionales, en virtud de que sin oírlo se substancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés. De ello deriva que el promovente se ostenta como persona extraña al juicio por equiparación, aduciendo no haber sido emplazado; sin embargo, consta que mediante diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se le emplazó a la instancia de origen y que esa diligencia se llevó a cabo con dicho quejoso; así también que tuvo conocimiento del procedimiento natural, antes de haberse dictado la sentencia respectiva. En ese sentido, el hecho de que el quejoso tuviera conocimiento del juicio natural, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio por equiparación, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que como quedó puntualizado con antelación, con ese carácter, en el supuesto mencionado, quedan comprendidos únicamente quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, resistieron un desconocimiento total del juicio, en tanto que tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses. En efecto, si de autos se advierte que el promovente tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, antes del dictado de la sentencia respectiva, es evidente que por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, pues tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permite hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no obtener resolución interlocutoria favorable, esperar a hacer el planteamiento de las violaciones procesales al momento de combatir la sentencia definitiva. En las condiciones apuntadas, el amparo en la vía indirecta es improcedente, fundamentalmente porque deja de ser persona extraña al juicio por equiparación, ya que no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impida imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sino que, como se ha indicado en forma reiterada, se trata de un sujeto que tuvo conocimiento del juicio natural y por ello, la oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa; por lo que no se da la hipótesis de procedencia del juicio de amparo que establece el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia analizada, debe sobreseerse en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo , respecto de la falta de emplazamiento al juicio sumario de desahucio 142/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Es aplicable a la conclusión adoptada, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto : "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Luego, en relación con la orden de lanzamiento y su ejecución material, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Causal que se relaciona con el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)" Los preceptos citados disponen que la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquélla persona que resiente un perjuicio, daño o menoscabo sobre su esfera jurídica de gobernado; entendiéndose por perjuicio la afectación de un derecho legítimamente tutelado por el proceder de una autoridad o por la ley, que otorga al implicado la facultad para acudir ante el órgano competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y ello es precisamente lo que constituye el interés jurídico a que se ha hecho referencia y que la técnica del juicio de amparo toma en cuenta para la procedencia de la vía constitucional. El artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, revela que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las normas o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado real y actual, no existe legitimación para entablar el juicio de amparo, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. En ese entendido, los gobernados tendrán interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que sean titulares de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público. Así, la causa de improcedencia se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del gobernado, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En el caso, la parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto, en la cual reclamó la diligencia de lanzamiento del local comercial ubicado en la calle Cuauhtémoc sin número, en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca. Diligencia contra la que no se inconformó en la instancia de origen, a través del recurso procedente. Ahora bien, en su demanda de amparo, bajo formal protesta de decir verdad, manifestó que es arrendatario de Juan Salvatory Cerqueda, de un local comercial de madera marcado con el número 8, en la calle Cuauhtémoc sin número, en el centro de Huautla de Jiménez, Oaxaca, mismo que se encuentra al corriente en el pago de la renta; y para acreditar tales extremos, exhibió copia certificada por notario público de un contrato de arrendamiento de uno de enero de dos mil veintiuno y de tres recibos de dinero. Refiere que en dicho local estableció un giro comercial de venta de abarrotes y bebidas refrescantes, pero el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, como a las diez y media de la mañana, la actuaria del Juzgado Mixto de Primera Instancia, en compañía de Mirella Irene y Beatriz, de apellidos Cerqueda Peralta, sus abogados y diez personas más, se hicieron presentes en dicho local donde lo desalojaron y sacaron sus cosas a la calle; ello en cumplimiento a la diligencia de lanzamiento ordenada en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente civil 142/2021, relativo al juicio especial de desahucio promovido por dichas personas, poniéndolas en posesión del citado local comercial. Que en dicha diligencia, se le entregó el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por perdido su derecho para contestar la demanda y por no cumplir voluntariamente el requerimiento de nueve de agosto de dos mil veintiuno; que no fue emplazado a juicio y que desconoce las demás actuaciones de dicha instancia. Sin embargo, dicha documental resulta insuficiente para establecer que el solicitante de la protección de la Justicia Federal demuestra fehacientemente su interés jurídico en el juicio de amparo que nos ocupa. En primer término, porque adquirió fecha cierta, con posterioridad a la emisión del acto reclamado, pues al tratarse de una copia certificada de un documento privado, éste adquiere fecha cierta a partir de que el contrato se presentó ante el fedatario, y no, el día en que según conste en el propio documento, fue celebrado el acto jurídico que ahí se plasme, pues respecto de esto último, el notario no puede tener certeza, menos aún dar fe. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en el Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 314, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 164080, de rubro y texto, siguientes "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." En ese sentido, si la orden reclamada se dictó el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, y la certificación del contrato de arrendamiento se realizó el siete de diciembre siguiente; es evidente que el acto jurídico del que emana el derecho posesorio que defiende el quejoso, adquirió fecha cierta con posterioridad a la emisión del acto reclamado. Lo anterior, significa que, al momento de la emisión del acto reclamado, el amparista no detentaba facultad sobre el inmueble que defiende. Además, no existe prueba en el sumario que evidencie que la persona que le arrendó el inmueble, ostente un derecho legítimamente tutelado sobre el mismo; como tampoco ofreció prueba alguna que evidencie que el inmueble a que alude el referido contrato, es el mismo al que se refiere la diligencia de lanzamiento, pues no debe perderse de vista que éste se encuentra marcado con el número 8, de la calle Cuahutémoc y el inmueble objeto del desahucio, se localiza en la calle Cuahutémoc, sin número, en el centro de dicha localidad. Por lo que no se puede acreditar la titularidad del derecho subjetivo que se atribuye en su demanda de amparo, sobre el bien que es materia del juicio 142/2021, de donde deriva el acto reclamado y cuyo desposeimiento reclama a título de arrendatario; extremo que no colmó con el medio de convicción que ofreció en este sumario Constitucional. De ahí que, resulte oportuno destacar que el valor probatorio de una prueba y su alcance, son diferentes, atento a que por lo que hace al primero, es un concepto concerniente a la autoridad formal de la probanza para la demostración de hechos en general, derivada de sus características de elaboración; en tanto que, lo segundo, se relaciona con el contenido del elemento demostrativo correspondiente, en cuanto a la eficacia para corroborar la realización de los hechos que a través suyo han quedado plasmados; por tanto, aun cuando el documento esté relacionado con los hechos a demostrar, ello no implica que por esa sola razón, tenga fuerza demostrativa para acreditar circunstancias que van más allá de su alcance, como el hecho de la fecha de la posesión material, para cuya justificación solamente la prueba documental no resulta la más eficaz. Es así, porque el impetrante de la tutela constitucional debió acreditar que ejercía el dominio de facto sobre el inmueble que dice se le pretende desposeer y que se encuentra sustentado en un título justo (arrendamiento) y no solamente que tiene derechos virtuales posesionarios por virtud del contrato en comento y, por ello, se reitera, un contrato traslativo de uso presupone que el detentador ejerza un poder material sobre el inmueble en cuestión, toda vez que ese documento sólo constituye un indicio insuficiente para tenerlo por acreditado y, al no haberlo hecho de ese modo, es inconcuso que el promovente de la acción constitucional, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Consecuentemente, al quedar demostrado que se actualiza la causa de improcedencia invocada, con fundamento en lo establecido en el precepto 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, el cual se hace extensivo respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide el estudio de la cuestión de fondo en este juicio de garantías. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a foja 57, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Federico García Carrera, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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