Fausto Marcos Luis

Expediente 911/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
911/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Fausto Marcos Luis

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que el disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    " . . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el ocurso inicial señalado en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 911/2022. De inicio es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme Fausto Marcos Luis impugna el acto siguiente: Del Alcalde Único Constitucional del Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca, combate: ? La desposesión del bien inmueble ubicado en el paraje "LOJ DANN", localizado al Sur de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo1 una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas, lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por Fausto Marcos Luis, porque respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en los párrafos precedentes se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la propia legislación, dado que esas actuaciones no provienen de una autoridad para los efectos de este juicio de amparo. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de los dispositivos citados, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ""Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano o de la Ley de Amparo. Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción constitucional intentada. Por otro lado, del dispositivo 5, fracción II, de la ley de la materia se desprende que la autoridad responsable será parte en el juicio constitucional y que tendrá tal carácter con independencia de su naturaleza formal la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. La norma citada también establece que para los efectos de la ley de la materia, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de un ente público, que afecten derechos en los términos que ese ordinal dispone y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El análisis sistemático de los preceptos citados pone de relieve que el acto de autoridad constituye un elemento fundamental para la procedencia del juicio constitucional. En otro punto, es necesario señalar que el Alto Tribunal de la Nación ha establecido que una autoridad para los efectos del juicio de amparo será el ente de hecho o de derecho que emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni requerir del consenso de la voluntad del afectado; en ese contexto, la Superioridad puntualizó que una autoridad será la que ejerza facultades decisorias que le son atribuidas por la ley y, por ende, que constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Para fortalecer lo anterior se cita la tesis P. XXVII/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3 , que señala: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Por otro lado, resulta oportuno establecer las bases para distinguir un acto de autoridad y en ese sentido es necesario acudir a la clasificación que la teoría general del derecho ha realizado respecto de las relaciones jurídicas de coordinación, de supra a subordinación y de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares en las cuales éstos actúan en un plano similar, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí se han creado por la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, laboral y agrario en ciertos supuestos. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deberán acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas pactadas por ellas o las contempladas por la legislación aplicable; en ese contexto, ambas partes se encuentran en un nivel equivalente, lo que refleja la existencia de una bilateralidad en el funcionamiento de tales relaciones. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre los gobernantes y los gobernados en las que los primeros actúan en un plano superior respecto de los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre los cuales destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por eso el Pacto Supremo establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los Tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, las cuales también se regulan por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, en este último rubro se encuentran las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el dispositivo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna desde esa perspectiva, para determinar si un acto proviene de una autoridad para los efectos del juicio de amparo es necesario distinguir la relación jurídica de donde derivó y examinar si la que se somete al escrutinio constitucional se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. En ese contexto, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Al respecto cobra aplicación la tesis 2a. XXXVI/99 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación4 , de contenido: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Igualmente resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País5 , que informa: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De acuerdo con lo anterior para que el acto de un órgano estatal sea conceptualizado como de autoridad para los efectos de este medio procesal de tutela constitucional debe originarse con motivo de una relación de supra a subordinación, es decir, entre sujetos colocados en diferentes planos, por un lado los particulares y, por otro, el Estado investido con su imperio. En otro aspecto, para identificar si un acto se generó dentro de una relación de supra a subordinación deberá tener las características siguientes: 1. Ser unilateral, porque para su existencia y su eficacia no requiere del concurso o la colaboración del gobernado frente al cual se ejerce, es decir, su génesis sólo depende de la voluntad de la autoridad. 2. Ser imperativo, lo cual implica que la voluntad del gobernado quedará sometida a lo dispuesto por el ente público, esto es, el acto se impone aun en contra de la voluntad del particular. 3. Ser coercitivo, ya que podrá constreñir al gobernado para hacer respetar el mandato de la autoridad; en otras palabras, si el acto no se acata en forma voluntaria se podrá lograr su cumplimiento de manera coactiva a través de los mecanismos que la ley establezca, incluso mediante el uso de la fuerza pública en ciertos casos. Bajo esas premisas es inconcuso que no cualquier acto proveniente de un ente público será susceptible de ser reclamado en el juicio de protección de los derechos fundamentales, sino sólo aquél por medio del cual se afecten situaciones jurídicas abstractas (norma general) o concretas con efectos particulares (acto en estricto sentido u omisión), que es imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de tal forma que se evidencien las características señaladas en los párrafos precedentes. En ese sentido es necesario atender a la naturaleza del acto que se impugna para determinar si proviene o no de una autoridad o de un particular con carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio constitucional. Con base en el marco jurídico expuesto es factible sostener que el acto combatido a la responsable -Alcalde Único Constitucional del Municipio de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca- no proviene de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama una intervención de dicha autoridad como fedatario público; sin embargo, a criterio de este juzgado, esa circunstancia no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, como en el caso se advierte, la autoridad actúo a petición de las partes que intervinieron en el acto reprochado, por lo que evidentemente su intervención no puede considerarse un acto de autoridad. Es así, porque del contenido integral de la demanda, se advierte que el quejoso comparece a esta instancia constitucional, reclamando la participación del Alcalde Municipal de San Pablo Villa de Mitla, Tlacolula, Oaxaca, como fedatario, en el contrato de compraventa de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, efectuado entre Pedro Marcos Matías como vendedor y Jorge Alberto Hernández Marcos, como comprador, de un bien inmueble, ubicado en el paraje "LOJ DANN", de dicha población, respecto del cual aduce, tener la posesión, acto que a su juicio se traduce en una desposesión. Empero, esa circunstancia es un acto que carece de imperio, coercibilidad y unilateralidad, y por lo tanto, como se evidenciará, no puede ser sometida a la tutela constitucional. A fin de justificar esta decisión, cabe traer a cita los artículos 2889 y 2890, fracción III, del Código Civil para el Estado de Oaxaca; así como el diverso 145, fracción III, inciso a) de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, que establecen la facultad de los Alcaldes de participar en la elaboración de documentos privados como certificadores de hechos, dichos numerales son del texto siguiente: Artículo 2889.- La inscripción de los títulos en el Registro puede pedirse por todo el que tenga interés legítimo en asegurar el derecho que se va a inscribir, o por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate. Artículo 2890.- Sólo se registrarán: [.] III. Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el registrador, la autoridad municipal o el Alcalde se cercioró de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por las mencionadas autoridades y llevar el sello de la oficina respectiva. [.] ARTÍCULO 145.- Son atribuciones de los alcaldes: [.] III.- Conocer como instancia conciliatoria; y a) En materia civil, mercantil, familiar y vecinal o en aquellos asuntos que sean susceptibles de transacción o convenio, que no alteren el orden público, ni contravengan alguna disposición legal expresa o afecten derechos de terceros. Los procedimientos conciliatorio y de mediación, previstos en la presente Ley será potestativo para las partes, no procederán los procedimientos conciliatorios y de mediación, como mecanismo para terminar la contienda, en casos de violencia familiar y en delitos contra la libertad, la seguridad y el normal desarrollo psicosexual; y [.] En ese contexto, se tiene en cuenta que de los citados numerales se puede advertir los Alcaldes Municipales pueden participar en la elaboración de documentos privados, a fin de hacer constar la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes, las cuales deberán de estar firmada por las mencionadas autoridades y llevar el sello de la oficina respectiva. Por lo que, si la autoridad responsable tuvo la intervención de dar fe del hecho de transmisión del bien, tal actuación, en aras de una función conferida por la ley, a solicitud de las partes intervinientes en el acto de posesión, mismo que se genera en un plano de igualdad, inclusive con el propio disidente, desde el hecho que en este caso en particular, el alcalde no ejerce facultades de imperio, sino que sólo interviene en su calidad de dador de fe y tampoco se advierte que persiga una finalidad que conlleve un interés de orden público o utilidad social; por tanto, es factible sostener que la actuación impugnada a la citada autoridad en este medio procesal de tutela constitucional carece de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, por lo que es inviable considerarla como de una autoridad para los efectos del juicio constitucional y tampoco se puede catalogar como "actos de particulares equivalentes a los de autoridad". Robustece lo anterior, el hecho que al actuar en función de dador de fe pública haciendo el equivalente a la de un notario público, actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que en este caso se reclaman, puesto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar, por lo que menos, tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en ese sentido, no existe una relación de supra a subordinación, Entonces, en contra de ese acto no es procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo establecido por el precepto 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, de la propia legislación, pues finalmente ambos sujetos actúan en un plano de igualdad, además que la función del Alcalde como se indicó únicamente fue la de dar fe, como en el caso se advierte lo realizó. En esos términos, se evidencia que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, de ese ordenamiento; de ahí que este medio extraordinario de defensa sea improcedente. En consecuencia, al patentizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, de ese ordenamiento, en cuanto a los actos reclamados a las autoridades responsables, se desecha de plano la demanda, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Ilustra lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia: 1a./J. 99/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 199 , registro digital 167897, del tenor siguiente: NOTARIOS PÚBLICOS. CUANDO UN TERCERO EXTRAÑO RECLAMA EL TRÁMITE DE UNA SUCESIÓN LLEVADA ANTE ELLOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y NUEVO LEÓN). Conforme a los artículos 934, 935, 936, 937 y 938 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 800, 881, 882, 883, 884 y 885 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, una vez radicada la sucesión ante el juez natural y hecha la declaratoria de herederos, cuando éstos sean mayores de edad, los menores estén debidamente representados y haya designación del albacea, podrá continuarse extrajudicialmente el trámite sucesorio ante notario público, siempre y cuando no se suscite controversia, pues en caso de haberla, el mencionado fedatario debe suspender su intervención y a costa de los interesados remitir testimonio de lo que haya practicado al juzgado que previno, para que judicialmente continúe el procedimiento, sin que los interesados puedan volver a separarse de éste. Así, el notario público actúa en dicho trámite como simple fedatario de los actos o hechos que para su protocolización le someten los particulares, de manera que si entre éstos y aquél no existe una relación de supra a subordinación, en tanto que la actividad del fedatario no es un acto unilateral que pueda prescindir del consentimiento de los gobernados, pues son ellos quienes la solicitan, es evidente que su intervención no puede considerarse acto de autoridad; máxime que no actúa unilateralmente para crear, modificar o extinguir por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los particulares, sino que sólo las hace constar. En ese sentido, se concluye que cuando un tercero que se dice extraño al trámite de una sucesión llevada ante notario público, lo reclama alegando que se le desconocieron sus derechos hereditarios, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo el aludido fedatario no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, además de que la falta de llamamiento al trámite indicado no constituye un acto definitivo sino una controversia que debe resolver el juez natural que previno en el conocimiento del juicio sucesorio. Así como la diversa jurisprudencia: 1a./J. 202/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 103 , registro digital 176011, del tenor siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EN EL QUE SE DEMANDA LA NULIDAD DE UNA ESCRITURA SUSCRITA POR LA COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL FUERO COMÚN.La Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra es un organismo público descentralizado que realiza actos que revisten las características de unilateralidad, coercitividad e imperio; sin embargo, no siempre actúa en su calidad de autoridad, pues cuando suscribe una escritura producto de un proceso de regularización de un predio, actúa en su carácter de ente privado, toda vez que tal actuación (que no es otra cosa que la firma) la realiza en un plano de igualdad con la parte compradora, ya que no ejerce facultades de imperio, sino que interviene en su calidad de propietario de tierras como vendedor, además de que no persigue una finalidad que conlleve un interés de orden público o utilidad social. En esa virtud, al tratarse de un acto entre particulares, la competencia para conocer del juicio en que se demanda la nulidad de una escritura suscrita por dicho organismo público, corresponde a un Juez Civil de primera instancia del fuero común. De igual manera cabe citar la jurisprudencia: 1a./J. 41/2019 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1144, registro digital 2020413, del tenor siguiente: NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión al quejoso, puesto que en su caso, se encuentra en aptitud de acudir a ante los tribunales jurisdiccionales del fuero común correspondientes a defender la posesión que aduce. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su ocurso y como su autorizado en términos restringidos de los normativos 12 y 24 del citado ordenamiento a la persona que indica, esto es, para recibir notificaciones e imponerse de los autos, porque su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ni acreditó que ejerza la profesión de licenciado en derecho. Exhortación para el señalamiento de correo electrónico y de teléfono celular. Con fundamento en el ordinal 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal requiérase a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y un correo electrónico, para mantener contacto con este órgano jurisdiccional. En la inteligencia que dichos datos serán únicamente para contacto y no un medio para practicar notificaciones. Juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "efirma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

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