Federico Morales Vásquez
Expediente 439/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Federico Morales Vásquez
Actuaciones
- Principal
MESA IV A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibidos el oficio y el anexo señalados en la cuenta. Acúsese recibo de la ejecutoria dictada el tres de julio de la presente anualidad, por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la queja 127/2018 de su índice. Ahora bien, como del contenido de la ejecutoria referida se advierte que el Tribunal de Alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se acuerda: Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del mencionado Acuerdo General, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se considera que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria de acuerdos Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, que autoriza y da fe.
- Principal
Mesa de Amparo IV-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. La secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por **************, parte quejosa en esta instancia contra el auto de veintisiete de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Notifíquese.
- Principal
Mesa de Amparo IV-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese el escrito señalado en la cuenta al expediente en que se actúa... el quejoso *****************, interpone recurso de queja contra el auto de veintisiete de abril del año en curso, por ende remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, copia certificada del auto de veintisiete de abril del año en curso, para lo que dicho órgano colegiado tenga a bien acordar en relación con el trámite de dicho medio de impugnación, así como el escrito de agravios. Notifíquese.
- Principal
"... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y el anexo señalados en la cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en el oficio de cuenta, el titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, informa que dicho órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo promovido por ******, contra actos del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca. En consecuencia, por las razones expuestas por la autoridad federal, este juzgado acepta la competencia declinada, por lo que acúsese recibo; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 439/2018. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto debe entenderse lo que se advierte clara y patentemente y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Bajo la premisa contenida en el artículo anterior, resulta claro que antes de admitir a trámite la demanda de amparo, es pertinente examinar si ante todo, existe alguna causal de improcedencia, que por ser manifiesta e indudable, permita de plano su desechamiento. En la especie, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De los artículos transcritos se desprende que autoridad responsable -teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal-, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación, al colocarse el gobernado como titular de los derechos reconocidos en la Constitución Federal frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es claro concluir que, concretamente, los actos que se reclaman al Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, no son actos de autoridad para los efectos de esta instancia constitucional. Lo anterior, atento a que el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, dispone que autoridad responsable es quien, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; o de actos de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, si bien el juicio de amparo procede contra actos de particulares, dichos actos deben de ser unilaterales y obligatorios, así como determinados por una norma general, esto es, por normas creadoras de situaciones jurídicas de carácter general, abstractas y de observancia obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto de la misma naturaleza del que las creó. Otro requisito que establece el artículo de referencia para estimar a un particular como autoridad responsable, es que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siendo que por acto de autoridad se entiende aquél que se emite por facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley, de manera unilateral, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; de ahí que una característica que distingue a este tipo de actos de cualquier otro es la relación de supra a subordinación entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, cuya relación se caracteriza por la unilateralidad, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia mencionada, toda vez que los actos que reclama la parte quejosa, no son de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Esto tiene sentido en razón que si bien el promovente en su demanda de amparo, pretende combatir por vicios propios la privación de la posesión del inmueble que señala; lo cierto, es que la misma atiende al cumplimiento de una sentencia agraria en cuyo procedimiento fue oído y vencido; por lo que de estimar que tal procedimiento se llevó a cabo en contravención a sus derechos humanos, está en aptitud de combatirlo mediante la vía correspondiente; pues, esta vía es improcedente atendiendo a que únicamente se pretende combatir el acto del Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Martín Peras, Juxtlahuaca, Oaxaca, quien no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Aunado a que no existe una relación de supra a subordinación entre el quejoso y dicho órgano de representación del núcleo agrario, en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, se afirma ya que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VII, establece: "Artículo 27. . VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. (.) La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutarlas resoluciones de la asamblea. (.)". La Ley Agraria dispone lo siguiente: "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. "Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 35.- El consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 36.- Son facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." De ahí que, los actos de tal órgano de representación, no puede reputarse como de autoridad para los efectos del amparo, toda vez que no hay en la ley dispositivo alguno que le otorgue facultad de imperio para crear, modificar, reconocer o extinguir algún derecho; es decir, para que actúe, frente a los quejosos en una relación de supra a subordinación, sino que como lo refiere el promovente del amparo, deriva del procedimiento agrario seguido ante el Tribunal Correspondiente en el que fue oído y vencido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Tomo III, Marzo de dos mil quince; correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página dos mil ciento ochenta y cuatro, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES LA ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. Del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, del proceso legislativo de la citada ley, concretamente del dictamen de la Cámara de Origen (Senadores), publicado en la Gaceta 288 de ese órgano el 13 de octubre de 2011, en relación con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 4/2014, cuya parte conducente aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 853, en la que se estableció que la procedencia del juicio está condicionada a que los actos de particulares "creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral, obligatoria, y en una relación de supra subordinación", se infiere que la identificación de las autoridades responsables en el amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan al seno del Estado, a saber, de: subordinación, supraordinación y coordinación. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubiquen en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, según el artículo 21 de la Ley Agraria, la asamblea es un órgano del ejido, no del Estado, por lo cual no puede considerarse como autoridad, máxime que, de acuerdo con la ratio de este último ordenamiento no podría estimarse así, en estricto sentido, pues desde su iniciativa de 10 de febrero de 1992, presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se le perfiló (junto con el comisariado y el consejo de vigilancia) como mero órgano de representación y ejecución del ejido. Por otra parte, del precepto 23 de la Ley Agraria se advierte que: a) la asamblea general de ejidatarios no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, lo cual es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto revela la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad; b) sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplo, los avecindados, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediante los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; y, c) aun cuando su artículo 27 establezca que sus resoluciones son obligatorias, lo cierto es que ello es una mera declaración llana como la dada por cualquier cuerpo director de una sociedad privada, pero que no está cargada del imperio, coerción y unilateralidad de los cuales están dotados los actos de autoridad. Por tanto, la asamblea indicada, en sus relaciones con los sujetos del ejido, no se ubica en una posición de supra a subordinación, sino en una de coordinación, por lo que no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo". Así como, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro; correspondiente a la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página cuatrocientos noventa y cuatro, que a la letra dice: "COMISARIADOS Y CONSEJOS DE VIGILANCIA EJIDAL NO SON AUTORIDADES. Los Comisariados y Consejos de Vigilancia de un ejido no tienen el carácter de autoridad, toda vez que en forma alguna se encuentran investidos de facultades que les otorgue la ley para que, obrando dentro de su esfera de atribuciones, puedan tomar determinaciones o dictar resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, pues de conformidad con lo establecido por el artículo 22 fracciones II y III de la Ley Federal de Reforma Agraria, sólo constituyen órganos de dirección interna de los ejidos por lo que sus actos se consideran como propios de particulares, ya que se realizan en uso de sus atribuciones de administración o dirección, como también lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 24, visible a fojas 53, de la Tercera Parte, Segunda Sala, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación correspondiente a los años de 1917 a 1985, así como la tesis número 37, visible a fojas 38 de la Segunda Parte, Segunda Sala del Informe de actividades rendido a ese máximo Tribunal de la República por su Presidente en el año de 1983, consultables bajo los rubros: "COMISARIADOS EJIDALES, NO SON AUTORIDADES" y " NO ES AUTORIDAD". Por tanto, al carecer del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo el citado órgano de representación ejidal, el amparo promovido en su contra es improcedente. En tales condiciones, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos en relación con el artículo 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Se tiene al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indica, por no estar inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Notifíquese personalmente. Así lo determinó el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria de acuerdos, Alfa Orquídea Monterrubio Valencia, quien autoriza y da fe"
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