Faustino Rivera Ávila
Expediente 447/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 447/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2022
Partes del expediente
- Faustino Rivera Ávila
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En términos del artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.Así lo proveyó y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo firmada por Faustino Rivera Ávila y Virginia Crespo Morales, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 447/2022-F. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que los quejosos reclaman: "IV.- ACTO RECLAMADO: Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que son ciertos los hechos y abstenciones por así constarme, mismos que conforman los siguientes: a).- Autoridad Responsable, el Titular del Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, de quien se le reclama: Nos causa perjuicio, el auto de fecha 25 de abril del 2022, dictado en el juicio especial hipotecario tramitado ante el juzgado referido seguido bajo el número 1597/2017, mismo que en su parte medular reza: ". sin embargo, de los argumentos contenidos en el escrito de cuenta, se advierte que los promoventes no aportan dato alguno a justificar el cumplimiento de citado convenio. Ahora bien, respecto las probanzas que se ofrecen, se insiste, atendiendo el estado procesal del sumario en que se actúa, no ha lugar a admitirlas, máxime que se reitera no son tendientes a justificar el cumplimiento del convenio aprobado y sancionado en autos. Finalmente es de destacar que acode al estado del juicio, no es factible analizar lo pactado en el convenio pues este fue sancionado a categoría de cosa juzgada, luego entonces no es procedente realizar el estudio de los argumentos que se invocan, ya que las partes conforme a lo ordenado en el auto de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete se encuentran condenadas a cumplir con lo establecido en el multicitado convenio y en todo caso, deberá observarse." Asimismo, de los hechos de la demanda, se advierte que los quejosos manifiestan: "1.- Es el caso señalar que los suscritos fuimos demandados por Hipotecaria Crédito y Casa, Sociedad Anónima de Capital Variable respecto del crédito hipotecario que nos fuera otorgado en fecha 22 de diciembre del 2009, mismo que fuera radicado ante el H. Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana Baja California, bajo el número 1597/2017. 2.- Que durante el juicio dentro del juicio referido en el punto que antecede, la entonces actora CEDIO los derechos del juicio a la sociedad mercantil Dessetec Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V. 3.- Que en fecha 29 de Noviembre de 2017, los suscritos y la sociedad mercantil Dessetec Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V., celebramos Convenio Judicial mismo que fue ratificado ante la presencia judicial, sin embargo, en ese momento desconocíamos por nuestra nula experiencia financiera los pagos pactados provocarían que pagáramos durante la vigencia del mismo más de tres veces el monto del Capital por concepto de intereses ordinarios y moratorios provocados a una tasa de interés que se traduce en Usura. 4.- Es al caso señalar que derivado de la crisis económica y de salud que impacto en todo la población, los suscritos no pudimos realizar pagos oportunamente por lo que se publicó un auto en el juicio radicado ante el H. Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, bajo el número 1597/2017 en fecha 11 de Febrero del 2022 en la sociedad mercantil Dessetec Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V., que se nos requería por hacer manifestaciones en cuanto al incumplimiento al Convenio Judicial celebrado en autos. [.]" Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso de la demanda, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" En ese contexto, según lo dispuesto en el artículo y fracción antes citados son requisitos de procedibilidad para el juicio de amparo: 1) la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2) La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; Apoya lo anterior, la tesis I.11o.C.52 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2837, con registro digital 2022741, de texto y rubro siguiente: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." También, la tesis III.5o.T.3 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2599, con registro digital 2021340, de texto y rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, QUE POR SU NATURALEZA NO ESTÁN VINCULADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede: 1. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio; 2. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo realizados después de concluido el juicio; y, 3. Tratándose del procedimiento de ejecución, procede contra la última resolución. En ese sentido, el segundo de los supuestos debe entenderse como aquellos actos emitidos después de concluido el juicio, los cuales, por su naturaleza, no tienen vinculación con el procedimiento de ejecución y pueden originarse antes de que inicie, durante o de forma paralela a dicho procedimiento. Por tanto, lo que diferencia al supuesto segundo del tercero, es que son actos autónomos, ajenos al procedimiento de ejecución, tienen diversidad en el tema de su reclamo y, por ello, se desvinculan de los elementos que infieren con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio natural; por ejemplo: el auto que niega declarar nulo el convenio que puso fin al juicio laboral. Así, procede su análisis en el juicio de amparo indirecto, sin que se considere necesario vislumbrar su procedencia conforme a las condiciones que se deben satisfacer cuando se reclaman actos emitidos durante la etapa relativa al procedimiento de ejecución del juicio natural." Ahora, como se expuso la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veinticinco de abril del dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario con el número de expediente 1597/2017, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el cual no le fueron admitidas diversas probranzas y se acordó no procedente realizar el estudio de los argumentos presentados, esto debido a que versaban sobre el convenio celebrado por las partes el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el cual fue sancionado y elevado a cosa juzgada, obligando a las partes condenadas a cumplirlo. De lo anterior se advierte que el citado juicio se encuentra en etapa de ejecución del convenio celebrado por las partes, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada. Por tanto, el acto que reclama la parte quejosa consistente en el auto de veinticinco de abril del dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario con el número de expediente 1597/2017, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, no cumple con el requisito de procedibilidad establecido el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Ya que dicho proveído no constituye la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución, tampoco versa sobre actos que gocen de autonomía; ni constituye actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Domicilio y autorizados. Se tiene a los quejosos señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Héctor Orlando Díaz Cervantes, Fausto César Ramírez Morales, Arturo Camacho Ocampo, Karina Guadalupe Carbajal López, toda vez que sí cuentan con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Autorización de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del multicitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, ante Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
A las nueve horas del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se hace constar que en virtud de que el autorizado de la parte quejosa no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el aviso dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados del edificio del poder judicial de la federacion en esta ciudad, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el autorizado de la parte quejosa, el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio de amparo 447/2022 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del auto de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso c) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo firmada por Faustino Rivera Ávila y Virginia Crespo Morales, contra actos del Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, y otras autoridades, fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 447/2022-F. Desechamiento. Ahora bien, previamente a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora, del escrito inicial de demanda, se advierte que los quejosos reclaman: "IV.- ACTO RECLAMADO: Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que son ciertos los hechos y abstenciones por así constarme, mismos que conforman los siguientes: a).- Autoridad Responsable, el Titular del Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, de quien se le reclama: Nos causa perjuicio, el auto de fecha 25 de abril del 2022, dictado en el juicio especial hipotecario tramitado ante el juzgado referido seguido bajo el número 1597/2017, mismo que en su parte medular reza: ". sin embargo, de los argumentos contenidos en el escrito de cuenta, se advierte que los promoventes no aportan dato alguno a justificar el cumplimiento de citado convenio. Ahora bien, respecto las probanzas que se ofrecen, se insiste, atendiendo el estado procesal del sumario en que se actúa, no ha lugar a admitirlas, máxime que se reitera no son tendientes a justificar el cumplimiento del convenio aprobado y sancionado en autos. Finalmente es de destacar que acode al estado del juicio, no es factible analizar lo pactado en el convenio pues este fue sancionado a categoría de cosa juzgada, luego entonces no es procedente realizar el estudio de los argumentos que se invocan, ya que las partes conforme a lo ordenado en el auto de fecha ocho de diciembre de dos mil diecisiete se encuentran condenadas a cumplir con lo establecido en el multicitado convenio y en todo caso, deberá observarse." Asimismo, de los hechos de la demanda, se advierte que los quejosos manifiestan: "1.- Es el caso señalar que los suscritos fuimos demandados por Hipotecaria Crédito y Casa, Sociedad Anónima de Capital Variable respecto del crédito hipotecario que nos fuera otorgado en fecha 22 de diciembre del 2009, mismo que fuera radicado ante el H. Juez Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana Baja California, bajo el número 1597/2017. 2.- Que durante el juicio dentro del juicio referido en el punto que antecede, la entonces actora CEDIO los derechos del juicio a la sociedad mercantil Dessetec Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V. 3.- Que en fecha 29 de Noviembre de 2017, los suscritos y la sociedad mercantil Dessetec Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V., celebramos Convenio Judicial mismo que fue ratificado ante la presencia judicial, sin embargo, en ese momento desconocíamos por nuestra nula experiencia financiera los pagos pactados provocarían que pagáramos durante la vigencia del mismo más de tres veces el monto del Capital por concepto de intereses ordinarios y moratorios provocados a una tasa de interés que se traduce en Usura. 4.- Es al caso señalar que derivado de la crisis económica y de salud que impacto en todo la población, los suscritos no pudimos realizar pagos oportunamente por lo que se publicó un auto en el juicio radicado ante el H. Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, bajo el número 1597/2017 en fecha 11 de Febrero del 2022 en la sociedad mercantil Dessetec Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V., que se nos requería por hacer manifestaciones en cuanto al incumplimiento al Convenio Judicial celebrado en autos. [.]" Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso de la demanda, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" En ese contexto, según lo dispuesto en el artículo y fracción antes citados son requisitos de procedibilidad para el juicio de amparo: 1) la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2) La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; Apoya lo anterior, la tesis I.11o.C.52 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, Febrero de 2021, Tomo III, página 2837, con registro digital 2022741, de texto y rubro siguiente: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que indistintamente en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." También, la tesis III.5o.T.3 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2599, con registro digital 2021340, de texto y rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, QUE POR SU NATURALEZA NO ESTÁN VINCULADOS CON EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede: 1. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio; 2. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo realizados después de concluido el juicio; y, 3. Tratándose del procedimiento de ejecución, procede contra la última resolución. En ese sentido, el segundo de los supuestos debe entenderse como aquellos actos emitidos después de concluido el juicio, los cuales, por su naturaleza, no tienen vinculación con el procedimiento de ejecución y pueden originarse antes de que inicie, durante o de forma paralela a dicho procedimiento. Por tanto, lo que diferencia al supuesto segundo del tercero, es que son actos autónomos, ajenos al procedimiento de ejecución, tienen diversidad en el tema de su reclamo y, por ello, se desvinculan de los elementos que infieren con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio natural; por ejemplo: el auto que niega declarar nulo el convenio que puso fin al juicio laboral. Así, procede su análisis en el juicio de amparo indirecto, sin que se considere necesario vislumbrar su procedencia conforme a las condiciones que se deben satisfacer cuando se reclaman actos emitidos durante la etapa relativa al procedimiento de ejecución del juicio natural." Ahora, como se expuso la parte quejosa señaló como acto reclamado el auto de veinticinco de abril del dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario con el número de expediente 1597/2017, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, en el cual no le fueron admitidas diversas probranzas y se acordó no procedente realizar el estudio de los argumentos presentados, esto debido a que versaban sobre el convenio celebrado por las partes el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el cual fue sancionado y elevado a cosa juzgada, obligando a las partes condenadas a cumplirlo. De lo anterior se advierte que el citado juicio se encuentra en etapa de ejecución del convenio celebrado por las partes, el cual fue elevado a categoría de cosa juzgada. Por tanto, el acto que reclama la parte quejosa consistente en el auto de veinticinco de abril del dos mil veintidós, dictado en el juicio especial hipotecario con el número de expediente 1597/2017, del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil de Primera Instancia en este Partido Judicial de Tijuana, Baja California, no cumple con el requisito de procedibilidad establecido el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu. Ya que dicho proveído no constituye la última resolución pronunciada en el procedimiento de ejecución, tampoco versa sobre actos que gocen de autonomía; ni constituye actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, julio de dos mil seis, página 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." Domicilio y autorizados. Se tiene a los quejosos señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Héctor Orlando Díaz Cervantes, Fausto César Ramírez Morales, Arturo Camacho Ocampo, Karina Guadalupe Carbajal López, toda vez que sí cuentan con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Autorización de medios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Asimismo, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" (que localizarán en la siguiente dirección electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, dentro del cual encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional, ello en términos de la fracción II, del artículo 6, del multicitado Acuerdo General 21/2020. En la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Requerimiento a las partes. Con independencia de lo anterior se requiere a las partes para que, a la brevedad, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que este órgano jurisdiccional estime necesarios; esto con apoyo en el artículo 22, fracción II, del multicitado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación a las partes para continuar la tramitación mediante "juicio en línea". Con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; así como lo establecido en los numerales 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia del virus COVID-19; se exhorta a las partes para que de ser su deseo continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo que se hace de su conocimiento que, para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea -presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, entre otros- será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación; como lo es la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o en su caso, la firma electrónica "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), o bien, cualquier otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. Asimismo, para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (I) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (II) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (III) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo; en el entendido, que el registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Directrices para cualquier notificación personal que derive de la tramitación del presente juicio. Se hace del conocimiento a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones personales que en su caso, pudieran derivar en este asunto durante su tramitación, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, fracción I, del referido Acuerdo General 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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