Felipe Avitia Serellana

Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 49 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
171/2022
Año
2022
Actuaciones
49
Última actuación
19/09/2023

Partes del expediente

  • Felipe Avitia Serellana
  • Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California
  • SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 49.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo definitivo en el asunto que nos ocupa; por tanto, al resultar innecesarias, devuélvanse a las autoridades responsables Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros para Adolecentes; y Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, ambas con sede en Mexicali, Baja California, las constancias que remitieron consistentes en copia certificada de las constancias relativas de la resolución administrativa contenida en el oficio ********************/********************/********************/********************, de seis de marzo del año en curso, las cuales fueron registradas por Oficialía de Partes de este juzgado, con folios 5922 y 5923. Sin que exista necesidad que acusen recibo de las mismas, ya que fungirá como tal el comprobante de entrega del oficio que se emita para tal efecto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa ante José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta suscrito por el Subdirector de Área de Control de Gestión de Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, por el cual devuelve el oficio 11726/2023, dirigido a la autoridad responsable Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con sede en Mexicali, ya que le fue enviado por equivocación. Por tanto, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, reexpídase vía estafeta el oficio 11726/2023, relativo al proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, a fin de que la referida autoridad responsable se imponga de su contenido. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal a pesar de haberse sobreseído, es catalogado como depurable en un plazo de tres años, a partir de esta fecha, conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados por la parte quejosa. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Respecto del original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez que se cumplan tres años a partir de esta fecha; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo décimo octavo del mismo acuerdo, debiéndose conservar la determinación por la cual se concedió la suspensión definitiva. Por lo que corresponde al duplicado del citado incidente, se establece que éste es susceptible de destrucción una vez que se cumplan seis meses a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes referido. Notifíquese.

  4. Principal

    Resultando. Primero. Demanda de amparo. El ocho de marzo de dos mil veintidós, fue recibida en la entonces Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y turnada el mismo día a este Juzgado de Distrito, la demanda de amparo promovida ********************, por conducto de ********************, en la cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades que a continuación se mencionan: Autoridades responsables. Juez de Distrito en funciones del Juez de Control del Centro de Justicia Penal en Tijuana. Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros de Internamiento para Adolescentes (en su correcta denominación). Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California (denominación correcta de la indicada por el quejoso como "Secretario de la Guardia Estatal de Baja California en esta ciudad") Director del Centro de Reinserción Social de Tijuana. Comisariado de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria (en su correcta denominación) Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17, ubicado en Tomatlán, Estado de Michoacán. Acto reclamado. "En su carácter de autoridades ordenadoras y ejecutoras reclamo el ANTICONSTITUCIONAL ILEGAL e INFUNDADO "TRASLADO" de mi representado ********************del CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE TIJUANA donde anteriormente se encontraba interno, al CENTRO FEDERAL DE READAPTACION SOCIAL NUMERO 12, VARONIL, QUE SE UBICA EN LA CARRETERA LA RUANA CASUNDOS KILOMETRO 2, MUNICIPIO DE BUENA VISTA EN TOMATLAN ESTADO DE MICHOACAN, que se llevó a cabo en perjuicio del hoy quejoso, el día siete de marzo del año dos mil veinte y dos, aproximadamente a las tres horas con treinta minutos, cuando estando en el interior de su estancia, llegaron alrededor de un grupo de diez elementos de seguridad y custodia, y con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, golpeado y amenazado de muerte, lo sacaron de su estancia golpeándolo con la mano abierta en la cara en reiteradas ocasiones, con los puños en el estómago, jalándolo del cabello, empujándomelo y mediante palabras altisonantes le dijeron "ya te chingaste Verguero, si no quieres que te volemos y te matemos te vas a caer con cien mil varos en este puto momento o te llevamos a certificar y te plantamos lo que se nos hinchen los huevos para que to abran otro proceso putito". Esto fue en presencia de otros reclusos que se localizaban en la misma celda. Mientras sacaban de su dormitorio a mi representado, a las siete de la mañana del día siete de marzo del presente año, un compañero que le llama ******************** (sic), y quien era su compañero de celda me realizo (sic) una llamada al suscrito y a la esposa del quejoso, para que se presentara en las instalaciones del Reclusorio de Reinserción de Tijuana y que solicitara información con respecto a los hechos de tortura, golpes, vejaciones maltratos así como el ILEGAL y ARBITRARIO TRASLADO del cual fue objeto el quejoso ********************. Así las cosas, nos informaron ese mismo día siete de los corrientes, los internos ******************** Y OTRAS DOS RERSONAS, que el día siete de marzo en la madrugada llegaron personas vestidas de negro y empezaron a torturar, golpear y amenazar al ********************, que lo sometieron a base de golpes en la cara con la mano abierta, lo golpearon en el estómago y le jalaban del cabello para llevarlo a certificar para posteriormente trasladarme a diverso Centro Penitenciario, del cual hasta ese momento no tenía información. Aproximadamente a las doce horas con treinta minutos, arribó a las instalaciones del Centro de Reinserción social de Tijuana, para solicitó hablar con el Director del Reclusorio o con el Titular de la Subdirección Jurídica en la puerta del reclusorio, para lo que el elemento de guardia en ese momento llevó a cabo una llamada telefónica mediante la extensión con la que cuentan y hablando con la secretaria del Subdirector Jurídico del cual se desconoce su nombre, ésta le hizo saber al elemento de seguridad y custodia de una forma muy prepotente que: "no necesito informar a nadie lo que se estaba haciendo al interior, y no la recibirá el Director ni el Subdirector Jurídico del Centro, y que le haga como quiera; o que presente su denuncia en Derechos Humanos, de cualquier manera, ni les hacen caso y para cuando lleguen ya se habrá ido el interno a otro lugar." Asimismo, es importante mencionar que estos hechos se llevaron a cabo sin una debida fundamentación ni motivación, y mucho menos notificación previa al quejoso, a los abogados o a alguno de mis familiares por lo que en esta vía reclamo la incomunicación de la cual fue objeto por parte de las autoridades del Centro de Reinserción Social de Tijuana. En esta misma tesitura, señalo también como acto reclamado los indebidos, arbitrarios e ilegales traslado e incomunicación de la que fue objeto -por parte de los elementos de seguridad y custodia en turno en el Centro de Reinserción Social de Tijuana, ya que sin orden alguna o mandamiento escrito por una autoridad competente se llevaron a cabo los hechos que he declarado. Asimismo, representa una violación flagrante a los derechos humanos de mi representado ******************** SERELLANA, el haber OMITIDO la FUNDAMENTACIÓN y/o MOTIVACIÓN establecida claramente como requisito en el artículo 16 Constitucional, con respecto a las razones y/o motivos del traslado e incomunicación del que fui objeto por parte de los elementos de seguridad y custodia del turno del Centro de reinserción Social de Tijuana el día siete (07) de marzo del año dos mil veintidós (2022) a las tres horas con treinta minutos. [.]" Posteriormente, en ampliación de demanda; señaló las siguientes: Autoridades responsables. Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California Segundo. Derechos fundamentales que se estiman transgredidos. La parte quejosa estimó que con el actuar de las autoridades responsables, fueron violados los derechos fundamentales que a su favor consagran los artículos 1, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Radicación de la demanda, admisión y trámite del juicio. Mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la demanda de garantías promovida por ********************, por conducto ********************; se concedió la suspensión de plano; se giró exhorto efecto de que el quejoso directo ratificara su demanda de amparo, lo cual realizó y por ello se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; además, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en acuerdo de veintitrés de marzo del presente año, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, por dos autoridades responsables más; y después, de varios diferimientos, y sin que exista tercero interesado, se llevó a cabo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 13/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, es preciso señalar que de una lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que se reclama lo siguiente: La incomunicación, tortura y malos tratos, con motivo del traslado del quejoso al Centro de Reinserción Social Tijuana al Centro Federal de Readaptación Social número 17, Tomatlán, Estado de Michoacán. La determinación de nueve de marzo del dos mil veintidós, en el cuaderno de ejecución ********************, que calificó de legal el traslado ejecutado el siete de marzo anterior, del Centro de Reinserción Social Tijuana al Centro Federal de Readaptación Social número 17, Tomatlán, Estado de Michoacán, solicitada por la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como la tesis del propio tribunal con título: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA LA FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Inexistencia del acto reclamado consistente en la incomunicación, tortura y malos tratos. No son ciertos los actos reclamados mencionados, que se atribuyen a las autoridades responsables siguientes: Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control -en su correcta denominación- Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California -en su correcta denominación. Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California y Al rendir su informe justificado, negaron los actos reclamados. Por su parte, el Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros de Internamiento para Adolescentes en su correcta denominación-, en su informe justificado, negó lo relativo a la existencia del acto consistente incomunicación, tortura y malos tratos. El Comisariado de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria-en su correcta denominación-, fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de estar notificado para ello. Y el Director del Centro Federal número 17, ubicado en Tomatlán, Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado, fue omiso en realizar algún pronunciamiento respecto de los actos de incomunicación, tortura y malos tratos. Sin embargo, por cuanto hace a estas dos últimas autoridades mencionadas, se considera que no ha lugar a declarar la presunción de certeza, en virtud de que de la constancia de notificación realizada al quejoso el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se hizo constar que no presentaba en ese momento huellas de violencia física apreciables a simple vista, además manifestó que sí había tenido comunicación con su familia y que no había sufrido de maltrato alguno (foja 155). Documentales que alcanzan valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Y sin que, en el caso, la quejosa haya aportado medio de prueba alguno, tendente a desvirtuar tal negativa, por lo que éste órgano de control constitucional no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ante su inexistencia. En consecuencia, ante la inexistencia de los mencionados actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por cuanto hace a la incomunicación, tortura y malos tratos, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Inexistencia del acto reclamado por cuanto hace al traslado del quejoso. Tampoco es cierto el acto reclamado atribuido al Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en funciones de Juez de Control -en su correcta denominación-, relativo al acuerdo de nueve de marzo del dos mil veintidós, emitido en el cuaderno de ejecución ********************, en el que se otorgó la autorización del traslado del hoy quejoso a diverso centro de reinserción social. Así como la ejecución del traslado del quejoso, atribuido al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, ya que así lo expuso en su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que obran en autos, del mencionado cuaderno de ejecución, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y con las cuales se corrobora que la mencionada autoridad no participaron en la autorización y ejecución del traslado reclamado. Por lo que ante la inexistencia del mencionado acto reclamado a la autoridad indicada, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por cuanto hace a la autorización de traslado del quejoso a diverso centro de reinserción social; en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Quinto Existencia del acto reclamado consistente en el traslado del quejoso a diverso centro de reclusión y su ejecución. Es cierto el acto reclamado a las siguientes autoridades responsables en su denominación correcta: Juez de Control Especializado en Ejecución del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en Tijuana. Comisionada Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California. Subdirector General de Centros Penitenciarios y Centros de Internamiento para Adolescentes; Director del Centro de Reinserción Social de Tijuana, ciudad; y Director del Centro Federal número 17, ubicado en Tomatlan, Estado de Michoacán, consistente en el traslado realizado del hoy quejoso, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado que les fue solicitado. Lo que se corrobora con las constancias que remitieron en apoyo de su respectivo informe. Documentales públicas a las que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral. Con relación al acto reclamado atribuido al Comisariado de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, relativo a la ejecución de la orden de traslado reclamada, cabe señalar que fue omiso en rendir su informe justificado, a pesar de estar notificado para ello. Por ello, opera la presunción de certeza de dicho acto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sexto. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la inconforme, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe abordar el estudio de la procedencia del presente juicio de protección de derechos humanos, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en el numeral 61 de la legislación en consulta, haría imposible el examen de la litis constitucional. No obstante la certeza del acto reclamado consistente en la determinación de nueve de marzo de dos mil veintidós, emitida en el cuaderno de ejecución ******************** que calificó de legal la determinación de desplazamiento físico del quejoso, ejecutada el siete de marzo anterior, solicitada por la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, y su ejecución. Resulta innecesario analizar su constitucionalidad, ya que este juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa fue omisa en cumplir con el principio de definitividad. Para avalar la anterior postura, conviene citar el contenido del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la transcripción anterior se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto -por regla general- previo a instar la acción constitucional el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto exige la exclusión de interpretaciones arbitrarias ambiguas, so pena de generar una amplia gama de excepciones ajenas a las establecidas legalmente y contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa que representa. Por tanto, ante el reclamo de algún acto en juicio de amparo indirecto, el órgano constitucional está obligado a verificar que el demandante haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad su modificación, revocación o anulación. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; así como órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos en los que se establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resoluciones que nieguen la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, aquellas que decidan sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En el presente caso, el acto reclamado consistente en la determinación de nueve de marzo del dos mil veintidós, en el cuaderno ejecución ********************, que calificó de legal el traslado de ********************, no representa alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; por tanto, le era exigible a la parte quejosa agotar el recurso de apelación que para el caso contempla el artículo 132, fracciones I y VII, en relación con el numeral 52, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual tiene por objeto su modificación, revocación o anulación. En efecto, al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las quejas 36/2020 y 46/2020, sostuvo que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida. Asimismo, precisó que dicho numeral establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada. Por tanto, conforme a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, y previo a instar el juicio de amparo, tendrá que agotar el referido medio de defensa. Consideraciones que fueron plasmadas en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2023063, cuyo texto y contenido son: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento. En ese sentido, es claro que en contra de la resolución de nueve de marzo de dos mil veintidós, que calificó de legal el traslado de ********************, efectuado el siete de marzo de dos mil veintidós, del Centro de Reinserción Social Tijuana al Centro Federal número 17, ubicado en Tomatlán, Estado de Michoacán, la parte quejosa debió interponer el medio ordinario de defensa procedente -recurso de apelación-. Por lo que al no hacerlo así, se estima que no cumplió con el principio de definitividad que se requiere para acudir al juicio de amparo, motivo por el cual, éste resulta improcedente. Aunado a lo anterior, es preciso destacar que no se está en alguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes citado, ya que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, toda vez que, como quedo precisado, la orden de traslado constituye un acto dictado dentro del procedimiento; incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; lo anterior, toda vez que la resolución por la que actualmente se encuentra restringida la libertad personal del quejoso, lo constituye la pena de prisión impuesta en la sentencia condenatoria dictada en el proceso que fue instruido en su contra por la autoridad judicial. Ni se actualiza el supuesto de excepción previsto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el contenido del artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal -aplicable al caso concreto-, que prevé el medio ordinario de defensa, no requiere de interpretación adicional para desentrañar su sentido ya que claramente establecen en qué supuestos procede el recurso de apelación, por lo que constituye un fundamento suficiente para el efecto indicado. Luego, al no surtirse ningún supuesto de excepción, es inconcuso que el quejoso estaba constreñido a agotar el medio ordinario de defensa idóneo -recurso de apelación- que pudiera revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, previo a instar en esta vía constitucional y al no haberlo realizado lo procedente es sobreseer en el presente juicio, en conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente respecto de los actos reclamados a las diversas autoridades administrativas porque hay un cambio de situación jurídica, en la medida de que el traslado que ejecutaron actualmente no se rige por lo decidido por ellas sino por lo acordado por el Juez de Control Especializado en Ejecución de Tijuana, quien mediante determinación de primero de abril de dos mil veintidós, calificó de legal ese traslado, en contra del cual, ya se justificó, procedería el recurso de apelación. En ese orden de ideas, al actualizarse las causas de improcedencia señaladas, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 75 y 76 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por el acto precisado en el considerando segundo, y en términos de lo establecido en los considerandos tercero, cuarto y sexto del presente fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistida por el Secretario José Alejandro Ortiz Monroy, quien autoriza y da fe, hoy dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

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