Fábricas y Bodegas S.C.

Expediente 142/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 59 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
142/2019
Año
2019
Actuaciones
59
Última actuación
12/01/2023

Partes del expediente

  • Fábricas y Bodegas S.C.
  • Juez Primero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
  • Fábricas y Bodegas S.C. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 59.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, doce de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos se obtiene que en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, se recibió la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión 96/2021 de su índice, en la que confirmó la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento en el presente asunto. Y en virtud de que en el incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa la parte quejosa exhibió el billete de depósito número N **** valioso por la cantidad de $**** pesos (**** pesos, moneda nacional), expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para garantizar la suspensión provisional, se ordenó la devolución del aludido numerario al apoderado legal de la parte quejosa. Luego, mediante comparecencia de diez de noviembre de dos mil veintidós el apoderado de la parte quejosa manifestó que el referido billete de depósito sea entregado y endosado nombre de Emmanuel Osorio Vergara; por tanto, se hace del conocimiento a la parte quejosa que dicho numerario queda a disposición del interesado a fin de que comparezca a este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en hora y fecha hábil para recibir éste. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte quejosa que subsiste el apercibimiento decretado en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, en el sentido de que en caso de incomparecencia para recoger el billete de depósito de que se trata dentro del término de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación de ese proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se declarará prescrito y se hará efectivo a favor del Erario Federal. Se deja a disposición póliza de fianza. Por otra parte, del estado que guardan los autos se obtiene que en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento a la parte quejosa que en relación con la póliza de fianza **** con número de serie y folio DF321982 expedida por Fianzas y Cauciones Atlas, Sociedad Anónima (antes Fianzas Atlas, Sociedad Anónima) valiosa por la cantidad de $**** pesos (*** pesos, moneda nacional) a fin de garantizar la suspensión definitiva dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, una vez que transcurrieran los seis meses siguientes al día en que surtiera efectos la notificación de ese proveído, se acordaría lo conducente respecto a su devolución, ordenándose notificar dicho auto de manera personal a las partes. Atento a lo anterior y en virtud de que la última notificación del proveído de ocho de abril pasado, fue realizada el seis de junio de dos mil veintidós al último de los terceros interesados, es claro que a la fecha han transcurrido, los seis meses a que se refiere el artículo 1561 de la Ley de Amparo para que en su caso se promueva el incidente respectivo, sin que a la fecha se haya hecho lo propio. Por tanto, en términos del artículo 1662 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, comuníquese a la parte quejosa, que la póliza de fianza **** con número de serie y folio **** expedida por Fianzas y Cauciones Atlas, Sociedad Anónima (antes Fianzas Atlas, Sociedad Anónima) valiosa por la cantidad de $*** pesos (*** pesos, moneda nacional), queda a su disposición para su devolución. En razón de lo anterior, este órgano jurisdiccional señala las doce horas con tres minutos del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a fin de que se presente ante Juzgado con identificación oficial vigente, en la hora y fecha señalada, para la entrega de la aludida póliza de fianza. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que de no comparecer en la fecha y hora señalada, sin ulterior acuerdo de requerimiento, se procederá a la cancelación en su caso, de la referida garantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 156 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, once de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por René Humberto Romandia Tamayo, en su carácter de representante legal de la parte tercero interesada International Packaging Solutions de Baja California sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, mediante el cual solicita nuevamente que este órgano jurisdiccional de vista al Agente del Ministerio Público Federal para que se presente una denuncia penal en contra del apoderado legal de la moral quejosa en el presente asunto, porque a su consideración éste se condujo con falsedad ante este órgano jurisdiccional al ostentarse como persona extraña al juicio de origen del que emanaron los actos reclamados. Atento a lo anterior, dígase a la parte promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que del estado que guardan los autos se obtiene que el presente asunto se encuentra totalmente concluido en virtud de que en proveído de ocho de abril del año en curso, se recibió la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión 96/2021 de su índice, en la que confirmó la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento en el presente asunto y se ordenó el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido. Además de que la petición formulada por el tercero perjudicado en el sentido de que, ante la conducta desplegada por el quejoso, se dé vista al agente del Ministerio Público de la adscripción por la probable comisión de hechos delictuosos, no vincula al juzgador de amparo para acceder a ella, en virtud de que esa pretensión se encuentra fuera del ámbito de los derechos que asisten a quien interviene en el juicio de amparo con tal carácter, habida cuenta que el interés que tiene deriva del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y se circunscribe a que el acto reclamado subsista, razón por la cual no constituye un derecho del tercero interesado en el proceso constitucional, sino una facultad discrecional de la autoridad judicial federal, poner en conocimiento del representante social las conductas mencionadas. Sin embargo, se hace de su conocimiento que la anterior determinación no impide que, de estimarlo conveniente, haga valer sus derechos ante la representación social que corresponda. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicado a contrario sensu, la jurisprudencia, cuyos rubro, texto y datos de localización, son los siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." (Época: Décima Época, Registro: 2014917, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 13/2017 (10a.), Página: 5)" Así como la tesis VI.2o.C. J/9 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, con número de registro digital 2001816 de rubro y texto siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO. EL TERCERO PERJUDICADO CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR AL JUZGADOR DE AMPARO SE DÉ INTERVENCIÓN A AQUÉL CON MOTIVO DE LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS POR EL QUEJOSO. La petición formulada por el tercero perjudicado en el sentido de que, ante la conducta desplegada por el quejoso, se dé vista al agente del Ministerio Público de la adscripción por la probable comisión de hechos delictuosos, no vincula al juzgador de amparo para acceder a ella, en virtud de que esa pretensión se encuentra fuera del ámbito de los derechos que asisten a quien interviene en el juicio de amparo con tal carácter, habida cuenta que el interés que tiene deriva del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y se circunscribe a que el acto reclamado subsista, razón por la cual no constituye un derecho del tercero perjudicado en el proceso constitucional, sino una facultad discrecional de la autoridad judicial federal, poner en conocimiento del representante social las conductas mencionadas." Finalmente, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase la copia simple que solicita de la presente determinación, previa razón que por su recibo deje en autos, autorizando para recibirlas a las personas que señala en el escrito que se atiende. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por René Humberto Romandia Tamayo, en su carácter de representante legal de la parte tercero interesada International Packaging Solutions de Baja California sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, atento a su contenido, solicita que este Juzgado de Distrito gire oficio a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, a fin de que se le indique "la forma en que dio cumplimiento a la resolución resuelta por el tribunal colegiado", toda vez que la parte quejosa dentro del expediente 456/2009 presentó un escrito ante el Juez responsable y con motivo de ello éste "dejó sin efecto todo el procedimiento relativo al remate llevado a cabo en dicho expediente". Ahora, del estado que guardan los autos se obtiene que en proveído de ocho de abril del año en curso, se recibió la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión 96/2021 de su índice, en la que confirmó la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento en el presente asunto y se ordenó el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido, determinación que le fue realizada al Juez Primero de lo Civil, con residencia en esta ciudad mediante oficio 7975/2022 recibido el dieciocho de abril siguiente. Por tanto, dígase a la parte promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que en el presente asunto -como se anticipó-, a la fecha se encuentra totalmente concluido; de ahí que no exista -requerimiento alguno- por parte de este Juzgado de Distrito en el que el Juez responsable tenga que dar cumplimiento en determinado sentido. No obstante lo anterior y en relación con las manifestaciones a que se hace alusión en el escrito de cuenta, queda expedito el derecho de la parte promovente para que de considerarlo necesario manifieste lo que a su derecho convenga dentro del expediente de origen del cual derivaron los actos reclamados en el presente asunto, y en términos de la ley que rige el acto la autoridad responsable provea lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, uno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el tercero interesado Carlos Alberto Sánchez Osuna, mediante el cual refiere notificarse y conformarse con la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 96/2021 dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad. Así también, refiere que en virtud de que la sentencia dictada en el presente asunto no le fue favorable a la parte quejosa al tramitar el juicio de amparo en que se actúa y toda vez que al solicitar la medida cautelar de los actos reclamados exhibió la póliza de fianza que ampara la cantidad de $100,000.00 pesos para efecto de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa en el incidente de suspensión que deriva del presente asunto, que serviría para garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con la tramitación del presente asunto, es por lo que refiere hacer valer su derecho y realizar su "formal" reclamo de la cantidad antes mencionada. Así también, refiere designar a la de nombre Laura Ramírez Arellano, a efecto de que en su nombre y representación comparezca para que se le haga entrega de la aludida póliza de fianza. Atento a lo anterior, dígase a la parte promovente que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado en atención a las siguientes consideraciones. El artículo 156 de la Ley de Amparo, señala que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. Entonces, si en proveído de ocho de abril del año en curso, se recibió la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión 96/2021 de su índice, en la que confirmó la sentencia recurrida que decretó el sobreseimiento en el presente asunto. Y en virtud de que en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa exhibió la póliza de fianza N II-547087-RC, valioso por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por Fianzas y Cauciones Atlas, Sociedad Anónima, a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida en resolución dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se hizo del conocimiento a la parte quejosa que una vez que transcurrieran los seis meses siguientes al día en que surtiera efectos la notificación de presente proveído, se acordaría lo conducente respecto a su devolución, motivo por el cual se ordenó notificar de manera personal ese proveído a los terceros interesados, haciéndoles de su conocimiento que si en seis meses contado a partir de que les surtiera efectos la notificación de presente proveído, no hacían valer el derecho que les da el referido numeral 156 de la legislación en cita, se pondría la garantía a disposición de la parte quejosa; así como que, si en el acto de la notificación o antes de que venciera el plazo citado, expresamente manifestaban su negativa a hacer valer el derecho previsto en aquél precepto, se proveería lo relativo a la devolución de la póliza de fianza a la impetrante de amparo, sin esperar el vencimiento del citado plazo. Por lo anteriormente expuesto, se hace del conocimiento al promovente que en términos del artículo 156 del citado ordenamiento legal que, el derecho hecho valer a que se refiere el referido numeral lo faculta -en todo caso- para tramitar el incidente respectivo, no así para que este órgano jurisdiccional de oficio proceda a realizar la devolución de la aludida garantía a la parte tercero interesada; de ahí que no se acuerde de conformidad lo solicitado por el promovente. Sin perjuicio de que con posterioridad y dentro del plazo establecido para tal efecto plantee el aludido incidente en términos del numeral en cita. Sirve de apoyo a lo anterior por los motivos que la integran la Jurisprudencia 1a./J 80/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 161105 de rubro y texto siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista." Por otra parte, téngase al promovente señalando únicamente para oír y recibir notificaciones a Yared Sarai Gasca Quintana y Elizabeth de Iturbide Barajas, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que a la fecha no obran en autos las notificaciones personales de la parte quejosa y de los diversos terceros interesados Delivery Express Solution, sociedad anónima de capital variable, Carlos Alberto Sánchez Osuna y Gerardo Herrera Zavala del proveído de ocho de abril del año en curso. En consecuencia, se instruye al actuario de la adscripción que se encuentra a cargo de la notificaciones que recaigan al presente expediente para que exhiba la constancia de notificación de la parte quejosa y de los diversos terceros interesados Delivery Express Solution, sociedad anónima de capital variable, Carlos Alberto Sánchez Osuna y Gerardo Herrera Zavala del proveído de ocho de abril del año en curso, en el entendido de no haber practicado las referidas notificaciones, lo realice en los términos ordenados en dicho auto. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada Carlos Alberto Sánchez Osuna; y notifíquese personalmente a la parte quejosa y a los diversos terceros interesados Delivery Express Solution, sociedad anónima de capital variable, Carlos Alberto Sánchez Osuna y Gerardo Herrera Zavala el proveído de ocho de abril del año en curso y cúmplase

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