Farrukhkhoj Bobo-Khojaev
Expediente 336/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 12/06/2023
Partes del expediente
- Farrukhkhoj Bobo-Khojaev
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte legitimada interpusiera el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), sin que lo realizara; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal es conservable, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción II del Acuerdo General antes mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la constancia de cuenta, se advierte que al consultar las constancias que integran el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, se advierte que la demanda de amparo fue promovida por ******************** en favor de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California y de otras autoridades, de quienes reclamó entre otros, los siguientes actos: Privación de la libertad fuera de procedimiento, (aseguramiento y/o detención), Orden de traslado a diversa estación migratoria, Orden de deportación y/o expulsión y otros. De igual forma, se obtiene que en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por los motivos ahí expuestos, se desechó la referida demanda de amparo, anterior determinación que causó estado el veintidós del mes y año en curso. Lo anterior, se invoca como hecho notorio, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que para ello sea necesario agregar a los autos copia certificada de las constancias relativas del juicio de amparo antes señalado, en virtud de ser consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación., con el título: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Asimismo, sustenta lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación., bajo el rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por otra parte, de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo 336/2023, se advierte que fue promovida por ******************** en favor de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, y otras autoridades, de quienes en esencia reclamó lo siguiente: La privación de la libertad fuera de procedimiento, ya ejecutándose (aseguramiento y detención), La fijación de algún tipo de garantía económica o fianza con la finalidad de recobrar libertad; La orden de traslado a diversa estación migratoria; La orden de deportación y/o expulsión; y La inexacta aplicación del artículo 102 de la Ley de Migración. En atención a lo anterior, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Por lo expuesto, la suscrita considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" Ahora, del análisis de la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es posible establecer que para su actualización deben colmar dos elementos, a saber: a) Que se trate de leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; b) Que se trate de un caso que se encuentre en los términos de la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo; es decir, que el otro juicio de amparo en el cual se pronunció ya una ejecutoria, se trate del mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Esto es así, pues la causa de improcedencia que establece la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo y, al citar las disposiciones mencionadas, las fracciones que le preceden, se contraen exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sobre la base expuesta, es evidente que los actos que pretenden combatir en esta instancia constitucional ya han sido materia de diverso juicio promovido por el mismo quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XCV/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la página mil ciento siete, libro 29, abril de dos mil dieciséis, de la décima época, cuyo rubro y texto son: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Así también la tesis número V.2o.215K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el del Semanario Judicial de la Federación, en la página doscientos cincuenta y seis, del tomo XIV, de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, con el siguiente rubro y texto: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCION IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en la página doscientos veinticinco, del tomo XII, de julio de mil novecientos noventa y tres, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCION IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." En ese contexto, es importante precisar que la cosa juzgada no sólo opera cuando en la sentencia de un diverso juicio de amparo se haya analizado la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino que también se actualiza por diversas circunstancias, tales como que se haya determinado la inatacabilidad de los mismos a través de un juicio de garantías. Esto, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre. Criterio que es de observancia obligatoria, en virtud de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página noventa y uno, del volumen 181- 186, tercera parte, correspondiente a la séptima época, que establece lo siguiente: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Circunstancia que opera en el caso, pues en el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, promovido por ******************** en favor de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California y de otras autoridades en proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se determinó desechar la demanda de amparo, en virtud de haber agotado los medios de localización del directamente agraviado ante la autoridad señalada como responsable, sin que obtuvieran resultados positivos, anterior determinación que causó estado el veintidós del mes y año en curso. Por tanto, se advierte la actualización de la figura de la cosa juzgada, ya que el promovente pretende reclamar los mismos actos atribuidos a las autoridades migratorias; situación que ya fue motivo de análisis en el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, en el cual se determinó que desechar la demanda de amparo, en virtud de haber agotado los medios de localización del directamente agraviado ante la autoridad señalada como responsable. En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues basta imponerse del contenido de los autos para advertir con claridad que los actos materia del presente juicio de amparo, fueron materia del diverso ********************, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; por tanto, es indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, se estima procedente desechar de plano la demanda promovida a favor de la directa agraviada. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para los directamente agraviados que tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que ésta no haya sido ratificada por éste) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sustenta dicha determinación, la tesis I.16o.T.7 K (10a.), visible en la página 2646, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Décima Época, Materia Común, emitida por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto del agraviado ********************; comuníquese lo anterior a las partes, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora de Juicios de Amparo en suplencia por ausencia del Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración en representación del Director General de Control y Verificación Migratoria de dicho Instituto, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veinte de abril del año en curso, informa que de una búsqueda en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados e Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de Migración, no encontró información del directo agraviado ********************o ********************; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, no obstante se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto se tengan a la vista las constancias relativas al juicio de amparo 372/2023, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en esta entidad federativa. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la comunicación oficial 52/2023, recibida mediante el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), procedente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, por medio de la cual, devuelve diligenciada la diversa comunicación 126/2023, exhorto 120/2023, del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso girar el acuse de recibo correspondiente, ya que el propio Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo genera de forma automática. Dese de baja la comunicación oficial antes descrita y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se toma conocimiento de que el promovente fue notificado del auto de cuatro de abril del año en curso; sin embargo, no es necesario realizar mayor pronunciamiento al respecto toda vez que en determinación de diecinueve del mes y año en curso, se tuvo al promovente cumpliendo el requerimiento formulado en el auto indicado en primer término. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
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