Evaristo Mendez Gabriel
Expediente 1247/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1247/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Evaristo Mendez Gabriel
Actuaciones
- Principal
Agréguense a las presentes actuaciones las diligencias de ratificación de demanda, practicadas por la actuaria judicial adscrita el veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve; a través de las cuales se da cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de diciembre del año en curso. En ese sentido, toda vez que los quejoso ****, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se continua con la tramitación del sumario constitucional. Por otra parte, de las diligencias de mérito, se advierte que los quejosos manifestaron que al momento de ser detenidos fueron golpeados por parte de los policía federales aprehensores; por consiguiente, es concluyente la necesidad de hacerlo del conocimiento de la representación social de la adscripción, pues tal circunstancia pudiera conducir a la posible comisión del delito de tortura en agravio de los directos quejosos. Es así, porque, se considera que los posibles actos de tortura deben esclarecerse conforme a los extremos del artículo 21 de la constitución federal: investigación efectiva de delitos a cargo del Ministerio Público. Investigación que pueden realizar los fiscales correspondientes, al margen del trámite que se siga en este juicio. Sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que el derecho a la integridad personal es absoluto y genera una prohibición respecto de cualquier acto de tortura. De ahí que nuestro máximo tribunal hubiese delimitado escenarios autónomos para las manifestaciones de tortura: a) El control de las autoridades frente a los postulados de la constitución federal (en la vía de amparo); y b) El esclarecimiento de los hechos conforme al deber estatal de investigación (a cargo del Ministerio Público). Es más, en el amparo directo en revisión 90/2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la sola declaración del imputado en el proceso es insuficiente para acreditar el supuesto de tortura, pero obliga a que se realice una investigación bajo el estándar probatorio de las causas penales, hasta esclarecer si se cometieron actos de tortura . Por tanto, se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que revise la demanda de amparo frente a las diligencias de ratificación de demás y demás constancias de este juicio, y conforme al deber estatal previsto en el artículo 21 de la constitución federal, determine si procede iniciar una averiguación previa o carpeta de investigación, para esclarecer las manifestaciones que se advirtieron respecto de actos de tortura contra la parte quejosa. Ahora, para que el fiscal adscrito esté en condiciones materiales y legales de decidir lo que en derecho proceda, se ordena entregarle por segunda ocasión una copia de la demanda de amparo. Se hace saber al fiscal adscrito que si decide abrir una investigación para esclarecer las manifestaciones relativas a los actos de tortura, puede solicitar a este órgano que se le expidan copias de las actuaciones que integran el juicio de amparo. Incluso tiene expeditas sus facultades para informar de esta segunda vista al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla, en aras de que pueda contribuir a la investigación que establezca o descarte las manifestaciones de tortura, que se advirtieron en este juicio. Todo lo cual se orienta en las tesis siguientes: "TORTURA. CONSTITUYE UNA CATEGORÍA ESPECIAL Y DE MAYOR GRAVEDAD QUE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO BAJO LOS ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES" ; "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA" y "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO" . En otro orden, se instruye al actuario encargado del presente juicio que realice una constancia de notificación, donde justifique el cumplimiento de la vista que se ha otorgado a la Ministerio Público adscrita. Por último, agréguese al expediente el oficio de cuenta signado por el Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, por medio del cual informa acatar la suspensión de plano otorgada por proveído de veintiséis de diciembre e dos mil diecinueve, a favor de los quejosos *******************************. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Se recibe la demanda de amparo signada por *, contra actos del Coordinador Estatal de la Policía Federal en el Estado de Puebla y otra autoridad. Debido a que cumple los requisitos legales establecidos, se admite a trámite con fundamento en los artículos 103 y 107 de la constitución federal, 1, fracción I y último párrafo, 2, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 110, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No se apertura incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, pues con relación a los actos que reclama la parte quejosa se proveerá de plano y de oficio en este mismo proveído la suspensión correspondiente. Lo anterior, porque señala como actos reclamados la incomunicación y la privación ilegal de la libertad de la que pudieran ser objeto. En adición, se estima de mayor beneficio tramitar la suspensión de oficio y de plano respecto de los actos señalados como reclamados. Luego, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se suspende de oficio y de plano todo acto que tienda a mantener incomunicado a los quejosos *, así como para que se suspenda cualquier acto de tortura, golpes, agresiones o maltrato físico o intelectual que se ejerza contra aquellos, y su detención siempre y cuando haya sido ejercida sin orden judicial y sin estar en algunos de los casos expresamente permitidos por la ley para ello, como la flagrancia (es decir, si se trata de alguna privación ilegal de la libertad de la parte quejosa fuera de procedimiento). En el entendido que la suspensión de oficio decretada sobre la incomunicación, implica cesar cualquier acto que impida a la parte quejosa se comunique y esté en contacto (con las medidas de seguridad pertinentes que razonable y legalmente sea aplicables) con su defensor y familiares. Igualmente, la suspensión oficiosa decretada implica que las autoridades deberán cesar cualquier acto que implique transgredir, atacar, vulnerar o poner en peligro la vida, salud e integridad física, mental y personal, del quejoso. Lo anterior, dado que la suspensión oficiosa corresponde a los actos señalados en la demanda como de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y el diverso 15 de la Ley de Amparo, tales como: tortura, malos tratos, privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento, desaparición forzada e incomunicación que como lo afirma el promovente, pudieran ser realizados en perjuicio de la parte quejosa. Sin que dicha suspensión de plano concedida implique poner en libertad a los quejosos, pues el promovente en los antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad manifiesta que se dictó auto de vinculación a los quejosos, empero no se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa; y por tanto la detención es ilegal. Manifestación esta última que este juzgado desconoce si es cierta o no, tal afirmación, pues aún y cuando refiere en la demanda de amparo que ofrece como prueba un disco "DVD-R que contiene la audiencia de control de detención, comunicación de imputación y vinculación a proceso de la causa penal * del Juzgado de Control del Centro de Justicia de Penal Federal en el Estado de Puebla, en la cual no se le dictó ninguna medida cautelar a los quejosos" Pese a lo anterior, el disco DVD-R al tener que valorarse como una documental, debe decirse que carece de valor probatorio alguno en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a Ley de Amparo, pues no cuenta con la certificación correspondiente de la autoridad que lo emite. Por tanto, lo mencionado por el promovente en el sentido de que a los quejosos les fue dictado auto de vinculación a proceso por delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de ejército y posesión de arma de fuego delitos contemplados en los artículos 8, 83, fracción II, 11, inciso c y 81 párrafo segundo de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (sic); genera la presunción de que a los quejosos les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, prevista en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. De ahí que el acto que reclama consistente en privación ilegal de la libertad (sic) será materia del fondo del presente juicio de amparo, en el cual se dictará la sentencia que legalmente corresponda. Asimismo, se hacen notar las acotaciones siguientes: a). La suspensión de plano nunca podrá utilizarse para solicitar que se descarten las medidas de seguridad establecidas en los ordenamientos legales, en particular las que rigen dentro del centro penitenciario donde se encuentren internos los quejosos. b) Tampoco podrá alegarse que la suspensión permite a los quejosos la visita de familiares y defensores (abogados) fuera de los horarios normales que existen en el centro de reclusión. c) La suspensión de plano jamás podrán utilizarla los quejosos para exigir condiciones que impliquen privilegios respecto de los demás internos, salvo que alguna situación excepcional relacionada con la salud de aquél, obligara a proporcionarle comida y atención médica especializada para salvaguardar la vida. d). La suspensión de plano carecerá de efectos si el acto reclamado fue en cumplimiento a una resolución en la que se le haya impuesto a los quejosos una medida cautelar. e). La suspensión carecerá de efectos si el acto reclamado se dispuso para alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en estos supuestos se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría el cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, lo cual también repercutiría en el interés de la sociedad en que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan sus funciones de investigación, persecución de delitos e impartición de justicia. f). La suspensión de referencia tampoco surtirá efectos si el acto reclamado fue emitido por autoridades diversas a las responsables, o si se pronuncia después de la presentación de la demanda de amparo. Máxime que la suspensión de que se trata, está sujeta a actos existentes y concretos, nunca probables o eventuales, como deriva de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, razón por la cual sería imposible que la medida cautelar surtiera efectos respecto de actos emitidos en el futuro. g). La suspensión de plano en nada tendrá efectos si el acto reclamado atiende a razones de seguridad en el centro donde se encuentran recluidos los quejosos, así como por las características del hecho imputado, las circunstancias personales de éste o alguna otra que impida el desarrollo adecuado del proceso. De modo que si el acto reclamado obedece a una medida de seguridad fundada en disposiciones de orden público e incluso para salvaguardar la vida de los quejosos, la suspensión carecerá de efectos puesto que una eventual sentencia donde se conceda el amparo, permitiría restablecer el goce del derecho violado al punto de regresarlo al centro del que hubiera sido extraído, o en su caso, en la celda donde se encuentra recluido. A fin de que las autoridades responsables acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano, deberán rendir informe a este juzgado dentro del plazo de veinticuatro horas -aparte del informe justificado-; pues la omisión del informe puede generar la comisión del delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, la cual sanciona con prisión, multa, destitución e inhabilitación al servidor público que en el carácter de autoridad, desobedezca un acuerdo de suspensión debidamente notificado. Además, para dar mayor celeridad al trámite de este asunto, indíquese a las autoridades que dicho informe podrán enviarlo a través de mensaje electrónico al correo institucional siguiente: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Por tanto, se instruye al actuario que corresponda, se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Puebla, a fin de localizar a los quejosos *, para lo cual deberá llevar a cabo las acciones siguientes: 1. Vocear o llamar a los directos quejosos * y *, en el lugar señalado con antelación; 2. En caso de localizar a los directamente quejosos, deberá notificarles el presente proveído; y requerirlos para que, en la propia diligencia o dentro del término de tres días, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor por *. 3. Apercibir a los directos quejosos, para el caso de que no ratifiquen la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y que quedarán sin efecto las medidas decretadas; 4. Asimismo, deberá dar fe del estado físico en el que se encuentren los quejosos, sin que exista obligación de tomarles fotos, pues basta con la fe pública con la que cuenta para sustentar algún maltrato o tormento (en caso de existir), pero ello tampoco impide al mencionado fedatario, que de estimarlas necesarias, y cuenta con los medios para ello, las lleve a cabo. 5. También deberá analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresaron las personas buscadas al lugar donde se les ubicó; y, en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento de ingreso a dicho establecimiento, indagando a cargo de qué autoridad se encuentran a disposición, en cuanto a su libertad personal, 6. Reiterar a la autoridad ante quien estén detenidos los agraviados, la suspensión de plano decretada en el presente proveído; por ende, deberá prevenir a tal autoridad para que acate esta orden de inmediato y se abstenga de ejecutar dichos actos -atendiendo los acotamientos decretados en los parágrafos que anteceden- e informe a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la medida decretada. Asimismo, se ordena y faculta al actuario respectivo para que, en caso de no encontrar a los quejosos, los busque en las diversas dependencias, comandancias, direcciones, unidades, agencias del ministerio público y demás áreas que conforman las instalaciones de la Fiscalía General de la República Delegación Puebla, inclusive, si dichas áreas se encontraran físicamente en otro edificio, sede o dependencia, pero sólo dentro de la ciudad de Puebla. De igual modo, en caso de obtener información en los lugares a los que acuda, sobre el paradero de dichos quejosos, deberá buscarlos en el lugar donde se hallen o se le haya indicado, trasladarse inmediatamente a ese sitio y buscarlos que podrían encontrarse, tales como en su caso, el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Por otra parte, con fundamento en el artículo 15, segundo párrafo de la ley de la materia, para determinar la ubicación exacta de los quejosos *, se requiere al Delegado en Puebla de la Fiscalía General de la República, para que en el improrrogable plazo de doce horas contadas a partir de cuando reciba el oficio de notificación, informe a disposición de qué autoridad están los quejosos en mención, el lugar donde se encuentren detenidos, los motivos de ello y si ya fueron puestos en libertad o consignada ante la autoridad judicial. También deberá informar si se le ha decretado a los quejosos arraigo, o alguna medida de seguridad, cautelar, o medidas de protección y providencias precautorias, o cualquier otra análoga, así como si ha cambiado la situación jurídica de los quejosos, por ejemplo, por haberse ejercido acción penal o ejecutado alguna orden de aprehensión. Se apercibe a la citado Delegado, que de omitir informar al respecto en el plazo concedido, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario) , de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Es necesario mencionar que las anteriores medidas se adoptan con el fin de localizar a los quejosos. Máxime que todas las autoridades del Estado Mexicano tenemos el deber de intervenir contra los actos contrarios a los derechos fundamentales, en particular los que lleguen a generar una desaparición forzada de personas y otros de esa gravedad, como deriva de los artículos 1 y 22 de la constitución federal. Lo cual además se orienta en la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE ESTE DELITO SON VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desaparición forzada de personas constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado. En consecuencia, si en un caso concreto, el fenómeno delictivo fue cometido por agentes estatales e implicó la violación intensa a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, no cabe duda que nos encontramos ante una violación grave a los derechos humanos, por lo que la autoridad ministerial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debe garantizar el acceso a la averiguación previa que investiga estos hechos." Por otra parte, se ordena notificar en forma personal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que intervenga en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar copia autorizada de este proveído y copia de la demanda de amparo promovida. A fin de materializar el cumplimiento de lo anterior se ordena al actuario correspondiente que deje constancia legal en el expediente. Por otro lado, se requiere a las autoridades responsables su informe con justificación -independiente del informe que deberán rendir respecto a la suspensión del plano- el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de que haya quedado legalmente hecha la notificación, de conformidad con el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace notar a las autoridades responsables que el informe deberá reunir los requisitos del artículo 117, cuarto párrafo, de la ley en mención, por lo que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad de los actos reclamados. También deberán remitir a este juzgado copia certificada completa, legible y ordenada de las actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación, el cual podrán rendir a través de los medios legales establecidos. Se apercibe a las autoridades responsables que de omitir la rendición del informe justificado o de presentarlo sin acompañar copia certificada, ordenada, completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, se requiere a las autoridades responsables que manifiesten si en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados, se ha tramitado diverso juicio de protección y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Por ello, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que pudieran tener el carácter de terceros interesados, así como remitan las constancias necesarias relativas a la causa o procedimiento disciplinario del cual se desprende tal información. Se apercibe a las autoridades responsables que si omiten cumplir lo ordenado en el párrafo anterior en el plazo señalado, sin causa justificada, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Dicho plazo se concede al considerar el hecho notorio consistente en la carga de trabajo de las autoridades responsables, pese a que el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles contempla un plazo de tres días, así como el hecho de que el incumplimiento del presente requerimiento les generaría consecuencias de trascendencia relevante, tanto en lo económico, como en su caso, de naturaleza penal, por resistirse a dar cumplimiento a lo ordenado por este juzgado federal; lo anterior, en conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 262, fracción V, de la Ley de Amparo. También se hace saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Además, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: ".a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días". Para lograr el eficaz cumplimiento de lo anterior, se instruye al secretario encargado de la tramitación del presente asunto la emisión completa y correcta de todos los oficios y traslados ordenados en este acuerdo, para lo cual deberá firmar el espacio correspondiente a su cargo al final de la minuta para constancia y en caso de que posteriormente se solicite una reimpresión de los mismos, se deberá asentar una razón de ello, con la inserción del cargo y nombre del personal de este juzgado que lo solicite. De la misma forma, se ordena a los demás funcionarios públicos quienes tengan encomendada la revisión, tramitación y captura de este expediente, deberán verificar y cuidar los traslados y oficios de referencia y firmar el espacio relativo a su cargo, pues ello apoyará para que el presente sumario se mantenga en buen estado y los traslados lleguen en forma íntegra a los actuarios que deban notificarlos. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace saber a las responsables con fundamento en los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial) y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado de distrito. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se hace saber a la parte quejosa que en caso de que la denominación de alguna de las autoridades responsables, sea incorrecta; será requerida para corregir o aclarar el nombre de ella, apercibida que de no hacerlo, se declarará como inexistente. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 153/2019 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR." . Luego, se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la citada legislación; y de ser posible acompañen las constancias que la acrediten. Para lograr el cumplimiento de lo anterior, se les apercibe con la imposición de una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones los usuarios proporcionados en la demanda. Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a los usuarios *. También, se tiene autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a * por encontrarse registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Y en términos restringidos del referido numeral a las demás personas que señala. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias -lo cual se refiere al trámite de este asunto-. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Se ordena a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). En último lugar, se tiene anunciada como prueba de la parte quejosa, el disco exhibido en su demanda, y será relacionado al celebrarse la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo.
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