Eva Mora Hernandez

Expediente 379/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
379/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Eva Mora Hernandez
  • Lourdes Peña Mora

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 379/2022. Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Inexistencia de anexos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos para devolver a las autoridades. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese, de forma personal a la representante común de los quejosos; y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 379/2022. Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que los quejosos no interpusieron recurso de queja contra el proveído de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Inexistencia de anexos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos para devolver a las autoridades. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese, de forma personal a la representante común de los quejosos; y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 379/2022-IX. Puebla, Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintidós...., se tiene como representante común de los quejosos a Lourdes Peña Mora, Desechamiento. El artículo 1132 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados: la orden de detención y su ejecución. De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 16 constitucional.... Máxime si se toma en consideración que, de lo narrado por los quejosos en el capítulo de antecedentes y de los citatorios que exhiben, se observa que, en realidad, les fue entregada una invitación a una sesión de mediación, para solucionar el conflicto que, al parecer, tienen con Estela Cruz López, a través de un Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; lo cual robustece la afirmación hecha con antelación en el sentido de que las autoridades señaladas como responsables no tienen facultades para emitir el acto reclamado. Así es, pues el artículo 1, segundo párrafo, y 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, disponen: "Artículo 1. Objeto general.. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad." "Artículo 51. Obligaciones de los Facilitadores. Son obligaciones de los Facilitadores: I. Cumplir con la certificación en los términos de las disposiciones aplicables en esta Ley; II. Conducirse con respeto a los derechos humanos; III. Actuar con prontitud, profesionalismo, eficacia y transparencia, en congruencia con los principios que rigen la presente Ley y las disposiciones que al efecto se establezcan; IV. Vigilar que en los Mecanismos Alternativos no se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, disposiciones de orden público o interés social; V. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o abogados de los asuntos relativos a los Mecanismos Alternativos en los que participen; VI. Excusarse de intervenir en asuntos en los que se vea afectada su imparcialidad; VII. Solicitar a los Intervinientes la información necesaria para el cumplimiento eficaz de la función encomendada; VIII. Cerciorarse de que los Intervinientes comprenden el alcance del Acuerdo, así como los derechos y obligaciones que de éste se deriven; IX. Verificar que los Intervinientes participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de cualquier otra influencia que vicie su voluntad; X. Mantener el buen desarrollo de los Mecanismos Alternativos y solicitar respeto de los Intervinientes durante el desarrollo de los mismos; XI. Asegurarse de que los Acuerdos a los que lleguen los Intervinientes sean apegados a la legalidad; XII. Abstenerse de coaccionar a los Intervinientes para acudir, permanecer o retirarse del Mecanismo Alternativo; XIII. Mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en el ejercicio de su función, salvo las excepciones previstas en esta Ley; XIV. No ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, convivientes, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado, y XV. Los demás que señale la Ley y las disposiciones reglamentarias en la materia. El incumplimiento de las disposiciones anteriores será sancionado en los términos de la legislación correspondiente." Como se ve, los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, en esencia, tienen como finalidad la solución pronta, completa, imparcial y expedita a un conflicto de naturaleza penal. Por ello, las facultades medulares de un facilitador, no son las de emitir una orden de detención, como lo refiere la responsable, sino las de conducir la participación de los intervinientes dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal; vigilar que en los referidos mecanismos no se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, disposiciones de orden público o interés social, así como mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en el ejercicio de su función. En mérito de todo lo anterior, es improcedente el juicio de amparo contra la orden reclamada. Resulta aplicable, por analogía, la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 211, fracción I, inciso b), 213, 216, 321, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que en el procedimiento penal acusatorio, la etapa de investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, para lo cual, antes de finalizar la audiencia inicial el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir el cierre de la investigación complementaria; de lo que se colige que la representación social reasume la dirección de la investigación y, por ende, actúa con el carácter de autoridad, porque cuenta con facultades para reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que pueda sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado, la reparación del daño, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o bien, la suspensión del proceso. Así, durante el desarrollo de dicha fase, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano técnico la realización de todos aquellos actos de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a lo que el Ministerio Público, en uso de la potestad conferida y atento al principio de buena fe, decidirá si los lleva a cabo o no; cuya determinación podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto, siempre que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso, en el entendido de que su procedencia estará supeditada a la satisfacción de los requisitos, presupuestos y cargas procesales exigidos constitucional y legalmente, lo que dependerá del caso concreto." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ++++ por propio derecho, contra la orden de detención y su ejecución, reclamadas, al actualizarse la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber a los quejosos que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas Domicilio procesal y autorizados de los quejosos. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (ubicado en esta ciudad de Puebla). Además, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Andrés Meléndez Manzano, porque así lo solicitan los quejosos y su cedula profesional se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. También se hace saber que desde este momento se les autoriza la toma de fotografías a él y a la persona autorizada en la demanda, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. En ese tenor, se toma conocimiento de los teléfonos proporcionados por el quejoso en la demanda. Notifíquese; de forma personal a la representante común de los quejosos; y cúmplase.

  4. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. JUICIO DE AMPARO 379/2022-IX. Puebla, Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintidós...., se tiene como representante común de los quejosos a Lourdes Peña Mora, Desechamiento. El artículo 1132 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ahora, de la demanda de amparo se advierte como actos reclamados: la orden de detención y su ejecución. De ello, se actualiza una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con la fracción V del diverso 107, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo y el artículo 16 constitucional.... Máxime si se toma en consideración que, de lo narrado por los quejosos en el capítulo de antecedentes y de los citatorios que exhiben, se observa que, en realidad, les fue entregada una invitación a una sesión de mediación, para solucionar el conflicto que, al parecer, tienen con Estela Cruz López, a través de un Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal; lo cual robustece la afirmación hecha con antelación en el sentido de que las autoridades señaladas como responsables no tienen facultades para emitir el acto reclamado. Así es, pues el artículo 1, segundo párrafo, y 51 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, disponen: "Artículo 1. Objeto general.. Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad." "Artículo 51. Obligaciones de los Facilitadores. Son obligaciones de los Facilitadores: I. Cumplir con la certificación en los términos de las disposiciones aplicables en esta Ley; II. Conducirse con respeto a los derechos humanos; III. Actuar con prontitud, profesionalismo, eficacia y transparencia, en congruencia con los principios que rigen la presente Ley y las disposiciones que al efecto se establezcan; IV. Vigilar que en los Mecanismos Alternativos no se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, disposiciones de orden público o interés social; V. Abstenerse de fungir como testigos, representantes jurídicos o abogados de los asuntos relativos a los Mecanismos Alternativos en los que participen; VI. Excusarse de intervenir en asuntos en los que se vea afectada su imparcialidad; VII. Solicitar a los Intervinientes la información necesaria para el cumplimiento eficaz de la función encomendada; VIII. Cerciorarse de que los Intervinientes comprenden el alcance del Acuerdo, así como los derechos y obligaciones que de éste se deriven; IX. Verificar que los Intervinientes participen de manera libre y voluntaria, exentos de coacciones o de cualquier otra influencia que vicie su voluntad; X. Mantener el buen desarrollo de los Mecanismos Alternativos y solicitar respeto de los Intervinientes durante el desarrollo de los mismos; XI. Asegurarse de que los Acuerdos a los que lleguen los Intervinientes sean apegados a la legalidad; XII. Abstenerse de coaccionar a los Intervinientes para acudir, permanecer o retirarse del Mecanismo Alternativo; XIII. Mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en el ejercicio de su función, salvo las excepciones previstas en esta Ley; XIV. No ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, convivientes, de sus ascendientes o descendientes, de sus hermanos o de su adoptante o adoptado, y XV. Los demás que señale la Ley y las disposiciones reglamentarias en la materia. El incumplimiento de las disposiciones anteriores será sancionado en los términos de la legislación correspondiente." Como se ve, los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, en esencia, tienen como finalidad la solución pronta, completa, imparcial y expedita a un conflicto de naturaleza penal. Por ello, las facultades medulares de un facilitador, no son las de emitir una orden de detención, como lo refiere la responsable, sino las de conducir la participación de los intervinientes dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal; vigilar que en los referidos mecanismos no se afecten derechos de terceros, intereses de menores, incapaces, disposiciones de orden público o interés social, así como mantener la confidencialidad de la información a la que tengan acceso en el ejercicio de su función. En mérito de todo lo anterior, es improcedente el juicio de amparo contra la orden reclamada. Resulta aplicable, por analogía, la tesis de rubro, texto y datos de localización siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. ASUME EL CARÁCTER DE AUTORIDAD DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, POR LO QUE SUS ACTOS U OMISIONES SON IMPUGNABLES POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE AFECTEN DE MANERA DIRECTA E INMEDIATA SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 127, 211, fracción I, inciso b), 213, 216, 321, 324 y 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se obtiene que en el procedimiento penal acusatorio, la etapa de investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, para lo cual, antes de finalizar la audiencia inicial el Juez de control determinará, previa propuesta de las partes, el plazo en que el Ministerio Público deberá concluir el cierre de la investigación complementaria; de lo que se colige que la representación social reasume la dirección de la investigación y, por ende, actúa con el carácter de autoridad, porque cuenta con facultades para reunir indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que pueda sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado, la reparación del daño, solicitar el sobreseimiento parcial o total, o bien, la suspensión del proceso. Así, durante el desarrollo de dicha fase, el imputado o su defensor podrá solicitar al órgano técnico la realización de todos aquellos actos de investigación que estime pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a lo que el Ministerio Público, en uso de la potestad conferida y atento al principio de buena fe, decidirá si los lleva a cabo o no; cuya determinación podrá impugnarse en el juicio de amparo indirecto, siempre que afecte de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del quejoso, en el entendido de que su procedencia estará supeditada a la satisfacción de los requisitos, presupuestos y cargas procesales exigidos constitucional y legalmente, lo que dependerá del caso concreto." Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ++++ por propio derecho, contra la orden de detención y su ejecución, reclamadas, al actualizarse la referida causa de improcedencia manifiesta e indudablemente. Pese a todo lo anterior, se le hace saber a los quejosos que quedan expeditos sus derechos para presentar una nueva demanda de amparo, pero ahora, contra autoridades facultadas Domicilio procesal y autorizados de los quejosos. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda de amparo (ubicado en esta ciudad de Puebla). Además, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Andrés Meléndez Manzano, porque así lo solicitan los quejosos y su cedula profesional se encuentra dada de alta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito. También se hace saber que desde este momento se les autoriza la toma de fotografías a él y a la persona autorizada en la demanda, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. se requiere a las partes para que en el plazo de tres días proporcionen un correo electrónico y número de teléfono por medio del cual puedan ser contactadas. En ese tenor, se toma conocimiento de los teléfonos proporcionados por el quejoso en la demanda. Notifíquese; de forma personal a la representante común de los quejosos; y cúmplase.

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