Evodio Sánchez Ramírez
Expediente 1013/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 08/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Evodio Sánchez Ramírez
- Evodio Sánchez Ramírez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Incidental
Puebla, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintiuno. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que con esta fecha se decretó el archivo en el juicio principal del cual deriva el incidente en que se actúa. Por lo tanto, también procede ordenar el archivo de este incidente como asunto concluido. En tal virtud, se provee: Valoración documental. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que el cuaderno original de este incidente es susceptible de depuración, pues en acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, fue concedida la suspensión provisional solicitada. De ahí que, trascurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la emisión de este acuerdo, deberán conservarse únicamente las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y, en su caso, de la violación a la misma, así como el presente acuerdo. Por su parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado será destruible dentro de los treinta días siguientes a que concluya el plazo de conservación de seis meses al cual hace referencia el referido artículo. Devolución de billete de depósito. Toda vez que el incidente de suspensión no se exhibió billete de depósito, póliza de fianza o documento alguno a través del cual se hubiera garantizado la medida cautelar concedida, se deja de proveer al respecto. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra dicho lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Deposito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Anotaciones en los libros de gobierno. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la caratula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). Revisión del expediente. Por último, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1013/2019-III. Puebla, Puebla, ocho de febrero de dos mil veintiuno CAUSA ESTADO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 202, de la Ley de Amparo; sin embargo, ninguna de las partes se inconformó contra el acuerdo de catorce de octubre de dos mil veinte, en el que se declaró cumplida a ejecutoria de amparo.., se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar...el presente expediente constituye un asunto concluido, por lo tanto se ordena su archivo. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se concedió la protección constitucional.DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.En virtud de que en el presente juicio fue solicitada la tramitación de la medida cautelar, se ordena proveer lo conducente en los cuadernos respectivos. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES En virtud que en proveído de diecisiete de febrero de dos mi veinte se ordenó la devolución de los cuadernos auxiliares a su lugar de origen, se deja de proveer al respecto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En razón de que en el presente juicio fue solicitada la tramitación de la medida cautelar, se ordena proveer lo conducente en los cuadernos respectivos. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Deposito Documental que corresponda; ello, una vez realizada la depuración del expediente. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto.También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa.Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico.Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo.Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1013/2019 Puebla, Puebla, catorce de octubre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido al quejoso y parte tercera interesada mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, para manifestarse respecto de todas las constancias y anexos remitidos tanto por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, como por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, relativas al cumplimiento dado al fallo protector terminado de engrosar el veintidós de enero de dos mil veinte, dictado por este órgano de control constitucional, sin que hubiesen hecho manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable1, si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso para el quejoso obtener el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos-2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución. Bajo esa premisa, se advierte materializado el derecho de acceso a la justicia (a través de la tutela judicial efectiva) de Evodio Sánchez Ramírez, puesto que las autoridades responsables actuaron conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia de protección de derechos. Para tal efecto se expone el motivo de tal afirmación: En el fallo protector se determinó que las autoridades responsables transgredieron en perjuicio del aquí quejoso el derecho a una adecuada defensa previsto en al artículo 20, apartado A, fracción IX, de la constitución, en su texto anterior a la reforma de dos mil ocho, contenido en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, del texto actual de la ley fundamental. Lo cual ocurrió debido a que los magistrados de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, inadvirtieron que el entonces Juez Segundo de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, pasó por alto el deber de cerciorarse de que Evodio Ramírez Sánchez fuera asistido en todo momento por un defensor acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, para garantizar el derecho a una adecuada defensa en todas las etapas del procedimiento, lo que en la especie no aconteció. Pues se destacó que en la declaración ministerial el aquí quejoso efectuó una confesión calificada divisible y la misma fue ampliada y ratificada en declaración preparatoria, actuaciones donde no fue asistido por una persona que demostrara ser licenciado en derecho. Es por ello que en la sentencia de protección de derechos se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Evodio Ramírez Sánchez, para que por una parte la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, procediera a lo siguiente: Dejar insubsistente el auto de formal prisión de siete de octubre de dos mil tres, dictado en autos del toca de apelación ***de su índice; y en su lugar, emitir otra resolución en la que ordene la reposición del procedimiento de la causa penal ***del Juzgado de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, hasta el momento inmediato anterior a la diligencia de declaración preparatoria, con el fin de que el juez primario cumpla con la obligación de garantizar una adecuada defensa al justiciable (que se encuentre asistido por un licenciado en derecho con cédula profesional). En tanto que por otra parte, el Juez de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, debería recibir la declaración preparatoria del aquí quejoso y con libertad de jurisdicción, resolver su situación jurídica, en la que debería de excluir de valoración su deposado ministerial al resultar nulo, empero, tomando en consideración el restante material probatorio, debería verificar si, incluso de manera circunstancial, se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del justiciable en su comisión, lo que debería realizar de manera fundada y motivada. En acatamiento a lo anterior, de manera inicial la sala responsable realizó las gestiones correspondientes para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: ? Mediante oficio 656 de veinte de febrero de dos mil veinte, la secretaria de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución de esa fecha dictada por los magistrados integrantes de dicha sala en el toca ***de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ? En la citada resolución dejaron insubsistente la diversa de siete de octubre de dos mil tres, que habían dictado en el citado toca penal, y ordenaron la reposición del procedimiento natural imponiéndole al juzgador de la causa el deber de recabar la deposición inicial del incriminado y con libertad de jurisdicción, solventara su situación jurídica, en la que tendría que excluir de valoración su declaración primitiva al resultar nula, empero, justipreciando el restante acervo convictivo, verificando si, al menos circunstancialmente, se materializaba el ilícito afecto y la probable responsabilidad del imputado en su comisión, fundada y motivadamente. Luego fueron suspendidas, las labores de los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación -salvo asuntos de carácter urgente-, de forma genérica, del dieciocho de marzo hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, debido al brote epidémico de infecciones por COVID-19 - enfermedad producida por el virus SARS-CoV-24-, lo cual originó una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar el brote epidémico referido en la República Mexicana. Enseguida, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/20205, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales que había imperado durante la emergencia sanitaria; ello, con la finalidad de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Por lo que el tres de agosto de dos mil veinte, se reanudaron los plazos y términos procesales del presente juicio, lo cual permitió continuar con la ejecución de la sentencia de protección de derechos que también se vio interrumpida, a raíz del brote epidémico de infecciones por COVID-19, tan es así que en esa fecha fue recibido el oficio donde el Juez de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, refirió dar el debido cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente juicio de amparo al realizar lo siguiente: ? Mediante oficio 0496-II de cinco de marzo de dos mil veinte -acordado el tres de agosto del año en curso-, el juez responsable remitió a este órgano jurisdiccional, copia certificada de la resolución de cinco de marzo de dos mil veinte dictada en el proceso penal ***de su índice, en la cual se excluyó la valoración su deposado ministerial, pero al atender el restante material probatorio; entre éste, la declaración preparatoria del aquí quejoso, rendida en el veintiocho de febrero de dos mil veinte, ante el juez de la causa, diligencia en la cual el aquí quejoso estuvo asistido de dos abogados quienes ante la referida autoridad judicial responsable, exhibieron sus respectivas cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, decretando a favor del aquí quejoso, auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, por lo que hace el delito de robo de infante, previsto y sancionado por el artículo 302, fracción V y 303, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social vigente en la época de los hechos. ? Mediante oficio 1347-II recibido en este juzgado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte - acordado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte-, el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, a la solicitud de este órgano de control constitucional - de tres de agosto del mismo año-, remitió copia certificada de la declaración preparatoria del aquí quejoso ***, recibida el veintiocho de febrero de dos mil veinte, de la cual destaca que dicho quejoso designó como defensores particulares para que lo asistieran en dicha diligencia, a Víctor Manuel Bravo Polaco e Isidoro Jiménez Santiago, quienes en ese momento exhibieron ante la mencionada autoridad judicial, sus respectivas cédulas profesionales, expedidas por la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, con las cuales acreditaron su calidad de licenciados en derecho, y expresaron su deseo de aceptar y protestar el cargo conferido, quedando el primero de ellos como representante común de la defensa. De lo anterior, se advierte que se cumplieron con los efectos de la sentencia de protección de derechos terminada de engrosar el veintidós de enero de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo; puesto que como se ha visto, por una parte los magistrados integrantes de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dejaron insubsistente el auto de formal prisión de siete de octubre de dos mil tres, dictado en autos del toca de apelación ***de su índice; y en su lugar, emitieron otra resolución en la cual ordenaron la reposición del procedimiento de la causa penal ***del Juzgado de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, hasta el momento inmediato anterior a la diligencia de declaración preparatoria del aquí quejoso ***. También se advierte que el Juez de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, para dar cumplimiento el fallo protector, obtuvo nuevamente la declaración preparatoria del referido quejoso el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la cual respetó el derecho a una adecuada defensa del impetrante, ya que las personas que designó como defensores para que lo asistieran en la diligencia de mérito, acreditaron ante el juez de la causa su calidad de licenciados en derecho, al haber exhibido en tal diligencia, sus respectivas cédulas profesionales, expedidas por la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública. Luego, dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas, el cinco de marzo de dos mil veinte, el referido juez responsable, decretó a favor del aquí quejoso, auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, por lo que hace el delito de robo de infante, previsto y sancionado por el artículo 302, fracción V y 303, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social vigente en la época de los hechos, resolución en la cual excluyó de valoración la declaración ministerial del inculpado. Por tanto, el cumplimiento de las referidas autoridades responsables, se traduce en una restitución del derecho de una adecuada defensa violado a ***, conforme a los lineamientos indicados por este juzgado de distrito. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina tener por cumplido el fallo protector en este juicio de amparo, sin excesos ni defectos. En consecuencia, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Pero, si la parte quejosa, o tercera interesada, insistieran en estar inconformes con mi decisión de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, les informo tienen derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuentan con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualiza: a) El diecisiete de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia protectora de derechos dictada en este juicio, y se requirió su complimiento. b) El cinco de marzo de dos mil veinte, la última autoridad señalada como responsable dio cumplimiento al fallo protector, al resolver la situación jurídica del aquí quejoso. c) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, remitió el último oficio mediante el cual informó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. d) En esta data (catorce de octubre de dos mil veinte) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; en forma personal al quejoso, por lista a la tercera interesada y fiscal adscrita; por oficio a las autoridades responsables y agentes del Ministerio Público adscritos a las responsables (en su carácter de terceros interesados); cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 1013/2019 Puebla, Puebla, catorce de octubre de dos mil veinte. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido al quejoso y parte tercera interesada mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, para manifestarse respecto de todas las constancias y anexos remitidos tanto por la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, como por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, relativas al cumplimiento dado al fallo protector terminado de engrosar el veintidós de enero de dos mil veinte, dictado por este órgano de control constitucional, sin que hubiesen hecho manifestación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable1, si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso para el quejoso obtener el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos-2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución. Bajo esa premisa, se advierte materializado el derecho de acceso a la justicia (a través de la tutela judicial efectiva) de Evodio Sánchez Ramírez, puesto que las autoridades responsables actuaron conforme a los efectos esgrimidos en la sentencia de protección de derechos. Para tal efecto se expone el motivo de tal afirmación: En el fallo protector se determinó que las autoridades responsables transgredieron en perjuicio del aquí quejoso el derecho a una adecuada defensa previsto en al artículo 20, apartado A, fracción IX, de la constitución, en su texto anterior a la reforma de dos mil ocho, contenido en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, del texto actual de la ley fundamental. Lo cual ocurrió debido a que los magistrados de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, inadvirtieron que el entonces Juez Segundo de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, pasó por alto el deber de cerciorarse de que Evodio Ramírez Sánchez fuera asistido en todo momento por un defensor acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, para garantizar el derecho a una adecuada defensa en todas las etapas del procedimiento, lo que en la especie no aconteció. Pues se destacó que en la declaración ministerial el aquí quejoso efectuó una confesión calificada divisible y la misma fue ampliada y ratificada en declaración preparatoria, actuaciones donde no fue asistido por una persona que demostrara ser licenciado en derecho. Es por ello que en la sentencia de protección de derechos se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Evodio Ramírez Sánchez, para que por una parte la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, procediera a lo siguiente: Dejar insubsistente el auto de formal prisión de siete de octubre de dos mil tres, dictado en autos del toca de apelación ***de su índice; y en su lugar, emitir otra resolución en la que ordene la reposición del procedimiento de la causa penal ***del Juzgado de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, hasta el momento inmediato anterior a la diligencia de declaración preparatoria, con el fin de que el juez primario cumpla con la obligación de garantizar una adecuada defensa al justiciable (que se encuentre asistido por un licenciado en derecho con cédula profesional). En tanto que por otra parte, el Juez de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, debería recibir la declaración preparatoria del aquí quejoso y con libertad de jurisdicción, resolver su situación jurídica, en la que debería de excluir de valoración su deposado ministerial al resultar nulo, empero, tomando en consideración el restante material probatorio, debería verificar si, incluso de manera circunstancial, se acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del justiciable en su comisión, lo que debería realizar de manera fundada y motivada. En acatamiento a lo anterior, de manera inicial la sala responsable realizó las gestiones correspondientes para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: ? Mediante oficio 656 de veinte de febrero de dos mil veinte, la secretaria de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, remitió a este órgano jurisdiccional copia certificada de la resolución de esa fecha dictada por los magistrados integrantes de dicha sala en el toca ***de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ? En la citada resolución dejaron insubsistente la diversa de siete de octubre de dos mil tres, que habían dictado en el citado toca penal, y ordenaron la reposición del procedimiento natural imponiéndole al juzgador de la causa el deber de recabar la deposición inicial del incriminado y con libertad de jurisdicción, solventara su situación jurídica, en la que tendría que excluir de valoración su declaración primitiva al resultar nula, empero, justipreciando el restante acervo convictivo, verificando si, al menos circunstancialmente, se materializaba el ilícito afecto y la probable responsabilidad del imputado en su comisión, fundada y motivadamente. Luego fueron suspendidas, las labores de los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación -salvo asuntos de carácter urgente-, de forma genérica, del dieciocho de marzo hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, debido al brote epidémico de infecciones por COVID-19 - enfermedad producida por el virus SARS-CoV-24-, lo cual originó una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar el brote epidémico referido en la República Mexicana. Enseguida, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General 21/20205, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la presencia de la enfermedad COVID-19, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales que había imperado durante la emergencia sanitaria; ello, con la finalidad de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Por lo que el tres de agosto de dos mil veinte, se reanudaron los plazos y términos procesales del presente juicio, lo cual permitió continuar con la ejecución de la sentencia de protección de derechos que también se vio interrumpida, a raíz del brote epidémico de infecciones por COVID-19, tan es así que en esa fecha fue recibido el oficio donde el Juez de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, refirió dar el debido cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente juicio de amparo al realizar lo siguiente: ? Mediante oficio 0496-II de cinco de marzo de dos mil veinte -acordado el tres de agosto del año en curso-, el juez responsable remitió a este órgano jurisdiccional, copia certificada de la resolución de cinco de marzo de dos mil veinte dictada en el proceso penal ***de su índice, en la cual se excluyó la valoración su deposado ministerial, pero al atender el restante material probatorio; entre éste, la declaración preparatoria del aquí quejoso, rendida en el veintiocho de febrero de dos mil veinte, ante el juez de la causa, diligencia en la cual el aquí quejoso estuvo asistido de dos abogados quienes ante la referida autoridad judicial responsable, exhibieron sus respectivas cédulas profesionales expedidas por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, decretando a favor del aquí quejoso, auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, por lo que hace el delito de robo de infante, previsto y sancionado por el artículo 302, fracción V y 303, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social vigente en la época de los hechos. ? Mediante oficio 1347-II recibido en este juzgado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte - acordado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte-, el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, a la solicitud de este órgano de control constitucional - de tres de agosto del mismo año-, remitió copia certificada de la declaración preparatoria del aquí quejoso ***, recibida el veintiocho de febrero de dos mil veinte, de la cual destaca que dicho quejoso designó como defensores particulares para que lo asistieran en dicha diligencia, a Víctor Manuel Bravo Polaco e Isidoro Jiménez Santiago, quienes en ese momento exhibieron ante la mencionada autoridad judicial, sus respectivas cédulas profesionales, expedidas por la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, con las cuales acreditaron su calidad de licenciados en derecho, y expresaron su deseo de aceptar y protestar el cargo conferido, quedando el primero de ellos como representante común de la defensa. De lo anterior, se advierte que se cumplieron con los efectos de la sentencia de protección de derechos terminada de engrosar el veintidós de enero de dos mil veinte, dictada en el presente juicio de amparo; puesto que como se ha visto, por una parte los magistrados integrantes de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en resolución de veinte de febrero de dos mil veinte, dejaron insubsistente el auto de formal prisión de siete de octubre de dos mil tres, dictado en autos del toca de apelación ***de su índice; y en su lugar, emitieron otra resolución en la cual ordenaron la reposición del procedimiento de la causa penal ***del Juzgado de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, hasta el momento inmediato anterior a la diligencia de declaración preparatoria del aquí quejoso ***. También se advierte que el Juez de lo Penal del distrito judicial de Tehuacán, Puebla, para dar cumplimiento el fallo protector, obtuvo nuevamente la declaración preparatoria del referido quejoso el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la cual respetó el derecho a una adecuada defensa del impetrante, ya que las personas que designó como defensores para que lo asistieran en la diligencia de mérito, acreditaron ante el juez de la causa su calidad de licenciados en derecho, al haber exhibido en tal diligencia, sus respectivas cédulas profesionales, expedidas por la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública. Luego, dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas, el cinco de marzo de dos mil veinte, el referido juez responsable, decretó a favor del aquí quejoso, auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, por lo que hace el delito de robo de infante, previsto y sancionado por el artículo 302, fracción V y 303, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social vigente en la época de los hechos, resolución en la cual excluyó de valoración la declaración ministerial del inculpado. Por tanto, el cumplimiento de las referidas autoridades responsables, se traduce en una restitución del derecho de una adecuada defensa violado a ***, conforme a los lineamientos indicados por este juzgado de distrito. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina tener por cumplido el fallo protector en este juicio de amparo, sin excesos ni defectos. En consecuencia, dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Pero, si la parte quejosa, o tercera interesada, insistieran en estar inconformes con mi decisión de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, les informo tienen derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuentan con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se puntualiza: a) El diecisiete de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia protectora de derechos dictada en este juicio, y se requirió su complimiento. b) El cinco de marzo de dos mil veinte, la última autoridad señalada como responsable dio cumplimiento al fallo protector, al resolver la situación jurídica del aquí quejoso. c) El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, remitió el último oficio mediante el cual informó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. d) En esta data (catorce de octubre de dos mil veinte) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; en forma personal al quejoso, por lista a la tercera interesada y fiscal adscrita; por oficio a las autoridades responsables y agentes del Ministerio Público adscritos a las responsables (en su carácter de terceros interesados); cúmplase.
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