Ezequiel Montiel Garibay
Expediente 1045/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1045/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ezequiel Montiel Garibay
- Oscar Andrik Tello Gutierrez
- Jueza de Control de la Región Judicial Centro, Liszet del Carmen Fuentes Trueba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1045/2023-V.. Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe con justificación Se agregan al expediente los oficios de cuenta, signados por la siguiente autoridad: ? Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. En estos, rinde su informe justificado aceptando los actos reclamados por la parte quejosa. Además, remite copia auténtica de algunas constancias de la causa penal +++++, y un disco versátil digital DVD. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer a las partes, por el plazo de ocho días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Lo anterior con independencia de que los mismos serán relacionados con el valor que la ley les concede al celebrarse la audiencia constitucional. Se ordena formar un cuaderno auxiliar (tomo I), con las constancias y el disco versátil digital DVD, remitidas por la autoridad responsable. Asimismo, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja establecido que las constancias recibidas, dado su volumen, no serán digitalizadas ni quedarán incorporadas al expediente electrónico del presente juicio de amparo; sin embargo, el anexo formado con las mismas podrá ser consultado por las partes en las instalaciones de este juzgado. Por lo que únicamente obrarán agregadas en el cuaderno auxiliar respectivo. Emplazamiento Por otra parte, se desprende que le reviste el carácter de terceros interesados a los siguientes: Representante legal de +++++, +++++ Ahora, toda vez que los terceros interesados tienen su domicilio particular en la misma ciudad donde reside ésta autoridad, se provee: Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario adscrito encargado de éste expediente que se constituya en los domicilios antes citados. Donde deberá localizar a los terceros interesados de mérito y emplazarlos a juicio con tal carácter. Para tal efecto, el encargado del emplazamiento deberá entregarle a los terceros interesados una impresión de la demanda de amparo, auto admisorio y el presente acuerdo. Ello a fin de que los citados terceros interesados puedan comparecer a este juzgado para hacer valer sus derechos, como formular alegatos y ofrecer pruebas con el carácter de parte. Además, les deberá requerir que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos el emplazamiento, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada (San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo). Pero deberá apercibirlos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista que se fije en este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se les notificará por lista, de no haber señalado por escrito un domicilio procesal. Asimismo, deberá informarles que desde el acto de emplazamiento, quedan sujetos a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como los informes justificados y constancias que los apoyen, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del mismo modo, deberá informarle que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Se faculta a la actuaria adscrita correspondiente, a fin de que pueda practicar las diligencias de emplazamiento ordenadas, aun en días y horas inhábiles, para evitar dilaciones innecesarias. En el entendido que al realizar los emplazamientos de los terceros interesados de referencia, la actuaria deberá considerar lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo1 . Notifíquese; y cúmplase el emplazamiento ordenado
- Principal
SE DEJO CITATORIO A LA PARTE MORAL TERCERA INTERESADA, POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y SE TIENE POR EMPLAZADA A JUICIO DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 1045/2023-V.. Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe con justificación Se agregan al expediente los oficios de cuenta, signados por la siguiente autoridad:Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. En estos, rinde su informe justificado aceptando los actos reclamados por la parte quejosa. Además, remite copia auténtica de algunas constancias de la causa penal +++++, y un disco versátil digital DVD. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer a las partes, por el plazo de ocho días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Lo anterior con independencia de que los mismos serán relacionados con el valor que la ley les concede al celebrarse la audiencia constitucional. Se ordena formar un cuaderno auxiliar (tomo I), con las constancias y el disco versátil digital DVD, remitidas por la autoridad responsable. Asimismo, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja establecido que las constancias recibidas, dado su volumen, no serán digitalizadas ni quedarán incorporadas al expediente electrónico del presente juicio de amparo; sin embargo, el anexo formado con las mismas podrá ser consultado por las partes en las instalaciones de este juzgado. Por lo que únicamente obrarán agregadas en el cuaderno auxiliar respectivo. Emplazamiento Por otra parte, se desprende que le reviste el carácter de terceros interesados a los siguientes: Representante legal de +++++, +++++ Ahora, toda vez que los terceros interesados tienen su domicilio particular en la misma ciudad donde reside ésta autoridad, se provee: Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario adscrito encargado de éste expediente que se constituya en los domicilios antes citados. Donde deberá localizar a los terceros interesados de mérito y emplazarlos a juicio con tal carácter. Para tal efecto, el encargado del emplazamiento deberá entregarle a los terceros interesados una impresión de la demanda de amparo, auto admisorio y el presente acuerdo. Ello a fin de que los citados terceros interesados puedan comparecer a este juzgado para hacer valer sus derechos, como formular alegatos y ofrecer pruebas con el carácter de parte. Además, les deberá requerir que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos el emplazamiento, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo. Pero deberá apercibirlos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista que se fije en este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se les notificará por lista, de no haber señalado por escrito un domicilio procesal. Asimismo, deberá informarles que desde el acto de emplazamiento, quedan sujetos a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como los informes justificados y constancias que los apoyen, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del mismo modo, deberá informarle que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Se faculta a la actuaria adscrita correspondiente, a fin de que pueda practicar las diligencias de emplazamiento ordenadas, aun en días y horas inhábiles, para evitar dilaciones innecesarias. En el entendido que al realizar los emplazamientos de los terceros interesados de referencia, la actuaria deberá considerar lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo1 . Notifíquese; y cúmplase el emplazamiento ordenado. JUICIO DE AMPARO 1045/2023-V.. Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos presentada vía electrónica por +++++++++++++++++++++++, por propio derecho, y contra actos de la Jueza de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al promovente, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante }el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se le exhorta a que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada, y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Manifestaciones de los quejosos Previo a realizar el pronunciamiento, respecto de la admisión, prevención o desechamiento de la demanda, se puntualiza lo siguiente: Los quejosos solicitan se les conceda la suspensión para el efecto de no poner en riesgo su integridad personal de protección a su salud, y derivado de ello, se deje de causar un tormento. Primeramente, se deja establecido que esas manifestaciones, son ajenas los actos reclamados que se visualizas en la demanda -una negativa de señalar fecha para la revisión de la medida cautelar o se les reciba un escrito para que se genere una audiencia de procedimiento abreviado. Además, esas manifestaciones de proporcionar servicios médicos necesarios a los quejosos en virtud de que en la actualidad se encuentran recluidos; son condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la omisión o negativa de proporcionales atención médica. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica. En efecto, del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal1 , se advierte que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. Además, del contenido del artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal2 , se aprecia que las disposiciones de la ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. Así pues, de la interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV3 ; 9, fracciones I, II4 , III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V5 ; y 306 , todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es posible establecer que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación. De ahí que, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la ley en comento7 las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Incluso, cuando las peticiones respecto de las condiciones de internamiento constituyan un acto urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución, quien de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; además, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución establecerá las acciones que deberá realizar la autoridad penitenciaria; así lo dispone el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal8 . Lo anterior encuentra apoyo en las consideraciones vertidas por los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2018, que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) publicada a página 230, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia: Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018548 con el rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"9 . En consecuencia, es menester precisar que, por sí misma, la falta o negativa de atención médica, no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no se puede establecer que esa falta o negativa de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. Por tanto, en la especie, las manifestaciones de los quejosos no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en las "peticiones administrativas" que establecen los artículos 107 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y, como se precisó en los parágrafos anteriores, esas manifestaciones son ajenas al acto reclamado. Por lo anterior, resulta inviable conceder la suspensión solicitada. Una vez, precisado lo anterior, se provee: Prevención. La lectura integral10 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Para demostrarlo, se hace notar que los actos combatidos por los quejosos, fueron delimitados como sigue: ".LA DETERMINACIÓN DICTADA EN AUDIENCIA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE NO SEÑALAR FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR ARGUMENTANDO QUE EN EL ASUNTO SE IMPUSO PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.". Sin embargo, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, señaló lo siguiente: ".y, se me reciba un escrito y por ende se genere audiencia de procedimiento abreviado.". Con lo anterior, existe duda de los actos en concreto que pretenden combatir, pues al parecer, de lo que realmente se duelen los quejosos, es la determinación de la jueza responsable, donde negó señalar fecha y hora para la audiencia de revisión de medida cautelar. Por tanto, es necesario que los quejosos aclaren su demanda de amparo, relativo a los actos que presente combatir; sobre todo porque mencionan que la jueza responsable no les ha recibido su escrito donde solicitaron una audiencia respecto del procedimiento abreviado, sin que se advierta de los antecedentes de la demanda, que su intención es que se les conceda un procedimiento abreviado. Sin embargo, debe destacarse que procesalmente corre a cargo de los quejosos señalar con precisión el acto que se reclama, sin que sea dable suplirlo en su deficiencia en ese específico aspecto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"11 . Lo anterior, con la finalidad de establecer la litis constitucional por la cual va a versar este juicio. Máxime que la autoridad debe tener los elementos necesarios para identificar el acto concreto que se le imputa, a fin de que pueda rendir su informe justificado y con esto se realice el análisis de la litis constitucional. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito en el cual bajo protesta de decir verdad: Único. Precise si desean limitar como acto reclamado en el presente juicio de amparo: la determinación de la jueza responsable, realizada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, donde negó señalar día y hora para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de la causa penal 3688/2021/PUEBLA, o La negativa de la jueza responsable de recibirles el escrito donde solicitaron se genere audiencia de procedimiento abreviado (sic). Conviene indicar a la parte quejosa un aspecto importante: al desahogar la prevención debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informó en la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Se formula a la parte quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Domicilio y autorizados. La parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Puebla ni en su zona conurbada donde se ejerce jurisdicción. Ahora, de conformidad con el 305 del Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Sin embargo, considerando que señaló un usuario para tener acceso al expediente, se provee: Esta juzgadora determina que los quejosos habrá de ser notificados a través del usuario proporcionado: ++++++++++++++ al margen de que pueda ser cambiado a petición de los quejosos por uno diverso o señalen algún domicilio para esos efectos (en la ciudad de Puebla o zona conurbada). Luego, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, que habilite la notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico para los quejosos, con el referido nombre de usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se tienen autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones las personas señaladas en la demanda, pues no tienen registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se toma nota de los medios de contacto - correos electrónicos y número telefónico- proporcionados por el quejoso, pero únicamente será para establecer contacto en caso de ser necesario. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la parte quejosa y a sus autorizados que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al promovente el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. }Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; y de manera electrónica a los quejosos.
- Principal
SE DEJO CITATORIO AL TERCERO INTERESADO POR LO TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y SE TIENE POR EMPLAZADA A JUICIO DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 1045/2023-V.. Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe con justificación Se agregan al expediente los oficios de cuenta, signados por la siguiente autoridad:Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla. En estos, rinde su informe justificado aceptando los actos reclamados por la parte quejosa. Además, remite copia auténtica de algunas constancias de la causa penal +++++, y un disco versátil digital DVD. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dan a conocer a las partes, por el plazo de ocho días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Lo anterior con independencia de que los mismos serán relacionados con el valor que la ley les concede al celebrarse la audiencia constitucional. Se ordena formar un cuaderno auxiliar (tomo I), con las constancias y el disco versátil digital DVD, remitidas por la autoridad responsable. Asimismo, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se deja establecido que las constancias recibidas, dado su volumen, no serán digitalizadas ni quedarán incorporadas al expediente electrónico del presente juicio de amparo; sin embargo, el anexo formado con las mismas podrá ser consultado por las partes en las instalaciones de este juzgado. Por lo que únicamente obrarán agregadas en el cuaderno auxiliar respectivo. Emplazamiento Por otra parte, se desprende que le reviste el carácter de terceros interesados a los siguientes: Representante legal de +++++, +++++ Ahora, toda vez que los terceros interesados tienen su domicilio particular en la misma ciudad donde reside ésta autoridad, se provee: Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al actuario adscrito encargado de éste expediente que se constituya en los domicilios antes citados. Donde deberá localizar a los terceros interesados de mérito y emplazarlos a juicio con tal carácter. Para tal efecto, el encargado del emplazamiento deberá entregarle a los terceros interesados una impresión de la demanda de amparo, auto admisorio y el presente acuerdo. Ello a fin de que los citados terceros interesados puedan comparecer a este juzgado para hacer valer sus derechos, como formular alegatos y ofrecer pruebas con el carácter de parte. Además, les deberá requerir que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente en que surta efectos el emplazamiento, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Puebla o en su zona conurbada San Pedro Cholula, San Andrés Cholula o Cuautlancingo. Pero deberá apercibirlos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les realizarán por medio de lista que se fije en este juzgado. Ello, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo; y sin necesidad de ulterior acuerdo, es decir, transcurrido el plazo de tres días, cualquier determinación de carácter personal se les notificará por lista, de no haber señalado por escrito un domicilio procesal. Asimismo, deberá informarles que desde el acto de emplazamiento, quedan sujetos a consultar las determinaciones que se notifiquen por lista, como los informes justificados y constancias que los apoyen, dado lo previsto en el artículo 328 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Del mismo modo, deberá informarle que se encuentran señaladas las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Se faculta a la actuaria adscrita correspondiente, a fin de que pueda practicar las diligencias de emplazamiento ordenadas, aun en días y horas inhábiles, para evitar dilaciones innecesarias. En el entendido que al realizar los emplazamientos de los terceros interesados de referencia, la actuaria deberá considerar lo establecido en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo1 . Notifíquese; y cúmplase el emplazamiento ordenado. JUICIO DE AMPARO 1045/2023-V.. Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos presentada vía electrónica por +++++++++++++++++++++++, por propio derecho, y contra actos de la Jueza de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al promovente, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante }el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Por ello, se le exhorta a que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida vía electrónica, la misma ya se encuentra digitalizada, y como consecuencia incorporada al expediente electrónico, por lo que no es necesaria su digitalización, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General. Manifestaciones de los quejosos Previo a realizar el pronunciamiento, respecto de la admisión, prevención o desechamiento de la demanda, se puntualiza lo siguiente: Los quejosos solicitan se les conceda la suspensión para el efecto de no poner en riesgo su integridad personal de protección a su salud, y derivado de ello, se deje de causar un tormento. Primeramente, se deja establecido que esas manifestaciones, son ajenas los actos reclamados que se visualizas en la demanda -una negativa de señalar fecha para la revisión de la medida cautelar o se les reciba un escrito para que se genere una audiencia de procedimiento abreviado. Además, esas manifestaciones de proporcionar servicios médicos necesarios a los quejosos en virtud de que en la actualidad se encuentran recluidos; son condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la omisión o negativa de proporcionales atención médica. Sin embargo, de acuerdo a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, como en este caso la falta de atención médica. En efecto, del contenido del artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal1 , se advierte que su objeto es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Parte de su finalidad radica en implementar los mecanismos necesarios a través de los cuales, en un marco irrestricto de derechos humanos, se resuelvan las controversias que surjan con motivo de la prisión preventiva, la ejecución de la sentencia penal o sujeta a medidas de seguridad por delitos del orden común o federal. Además, del contenido del artículo 2 de la Ley Nacional de Ejecución Penal2 , se aprecia que las disposiciones de la ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda. Así pues, de la interpretación sistemática, en la parte conducente, de los artículos 3, fracciones XVII y XXV3 ; 9, fracciones I, II4 , III, VI y VII; 10, fracciones II, IV y V5 ; y 306 , todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es posible establecer que una condición de internamiento es cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad dentro del centro de reinserción social, siendo, entre otros, el suministro de agua corriente y potable, alimentos, prestación de servicio médico o asistencia médica, ropa, colchones y ropa de cama, artículos de aseo personal y de limpieza, libros y útiles escolares, así como los instrumentos de trabajo, y artículos para el deporte y la recreación. De ahí que, conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la ley en comento7 las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Incluso, cuando las peticiones respecto de las condiciones de internamiento constituyan un acto urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución, quien de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva; además, tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución establecerá las acciones que deberá realizar la autoridad penitenciaria; así lo dispone el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal8 . Lo anterior encuentra apoyo en las consideraciones vertidas por los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2018, que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) publicada a página 230, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia: Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2018548 con el rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO"9 . En consecuencia, es menester precisar que, por sí misma, la falta o negativa de atención médica, no constituye, en automático, un acto prohibido por el artículo 22, de la constitución, ya que no se puede establecer que esa falta o negativa de atención médica sea, en todos los casos, un acto que implique una pena de muerte, ni una mutilación o una infamia, ni una marca o un azote, ni tormento de cualquier especie, desde luego, salvo que en algún caso muy particular, se ponga en evidencia una situación de esa naturaleza, supuesto en el cual, la procedencia del amparo no sería, en sí, por la falta o negativa de atención médica, sino porque se actualiza alguna de las hipótesis prohibidas por el artículo 22 constitucional. Por tanto, en la especie, las manifestaciones de los quejosos no corresponden a un acto de los prohibidos por el artículo 22, de la constitución, ni los referidos en el artículo 15, de la Ley de Amparo; y, por otro lado, deberán ser objeto de estudio en las "peticiones administrativas" que establecen los artículos 107 y 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y, como se precisó en los parágrafos anteriores, esas manifestaciones son ajenas al acto reclamado. Por lo anterior, resulta inviable conceder la suspensión solicitada. Una vez, precisado lo anterior, se provee: Prevención. La lectura integral10 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Para demostrarlo, se hace notar que los actos combatidos por los quejosos, fueron delimitados como sigue: ".LA DETERMINACIÓN DICTADA EN AUDIENCIA DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023 DE NO SEÑALAR FECHA Y HORA DE AUDIENCIA PARA REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR ARGUMENTANDO QUE EN EL ASUNTO SE IMPUSO PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA.". Sin embargo, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, señaló lo siguiente: ".y, se me reciba un escrito y por ende se genere audiencia de procedimiento abreviado.". Con lo anterior, existe duda de los actos en concreto que pretenden combatir, pues al parecer, de lo que realmente se duelen los quejosos, es la determinación de la jueza responsable, donde negó señalar fecha y hora para la audiencia de revisión de medida cautelar. Por tanto, es necesario que los quejosos aclaren su demanda de amparo, relativo a los actos que presente combatir; sobre todo porque mencionan que la jueza responsable no les ha recibido su escrito donde solicitaron una audiencia respecto del procedimiento abreviado, sin que se advierta de los antecedentes de la demanda, que su intención es que se les conceda un procedimiento abreviado. Sin embargo, debe destacarse que procesalmente corre a cargo de los quejosos señalar con precisión el acto que se reclama, sin que sea dable suplirlo en su deficiencia en ese específico aspecto. Sirve de apoyo, la jurisprudencia de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI EL ACTO RECLAMADO. NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO"11 . Lo anterior, con la finalidad de establecer la litis constitucional por la cual va a versar este juicio. Máxime que la autoridad debe tener los elementos necesarios para identificar el acto concreto que se le imputa, a fin de que pueda rendir su informe justificado y con esto se realice el análisis de la litis constitucional. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito en el cual bajo protesta de decir verdad: Único. Precise si desean limitar como acto reclamado en el presente juicio de amparo: la determinación de la jueza responsable, realizada el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, donde negó señalar día y hora para la celebración de la audiencia de revisión de medida cautelar, dentro de la causa penal 3688/2021/PUEBLA, o La negativa de la jueza responsable de recibirles el escrito donde solicitaron se genere audiencia de procedimiento abreviado (sic). Conviene indicar a la parte quejosa un aspecto importante: al desahogar la prevención debe evitar la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informó en la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibimiento. Se formula a la parte quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Domicilio y autorizados. La parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad de Puebla ni en su zona conurbada donde se ejerce jurisdicción. Ahora, de conformidad con el 305 del Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. Sin embargo, considerando que señaló un usuario para tener acceso al expediente, se provee: Esta juzgadora determina que los quejosos habrá de ser notificados a través del usuario proporcionado: ++++++++++++++ al margen de que pueda ser cambiado a petición de los quejosos por uno diverso o señalen algún domicilio para esos efectos (en la ciudad de Puebla o zona conurbada). Luego, se instruye al secretario encargado del trámite del presente asunto, que habilite la notificación electrónica y el acceso al expediente electrónico para los quejosos, con el referido nombre de usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se tienen autorizadas sólo para oír y recibir notificaciones las personas señaladas en la demanda, pues no tienen registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se toma nota de los medios de contacto - correos electrónicos y número telefónico- proporcionados por el quejoso, pero únicamente será para establecer contacto en caso de ser necesario. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a la parte quejosa y a sus autorizados que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al promovente el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. }Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; y de manera electrónica a los quejosos.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1045/2023-V. En treinta de octubre de dos mil veintitrés, se da cuenta a la jueza con el estado procesal de las actuaciones. Conste. Puebla, Puebla, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional Visto el estado procesal de este juicio, resalta el proveído de diez de los cursantes, en el cual se le requirió a la jueza responsable, rindiera su informe con justificación dentro del plazo de quince días (y a la fecha le trascurre el plazo para ello). Por consiguiente, este juicio de amparo todavía no se ha integrado. Bajo ese contexto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada. Notifíquese
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