Eutimio Tinoco Miranda

Expediente 642/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
642/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Eutimio Tinoco Miranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de agosto de dos mil veintiuno. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de julio de dos mil veintiuno, en la que se negó la Protección de la Justicia Federal el presente asunto, promovido por Eutimio Tinoco Miranda; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable -Juez Tercero Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad- adjuntó a su informe. SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depurarse dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 642/2020-X, promovido por Eutimio Tinoco Miranda, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el nueve de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, turnado en esa misma data a este Juzgado Tercero de Distrito, Eutimio Tinoco Miranda compareció a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, y otra autoridad; en los términos siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA SENTENCIAN INTERLOCUTORIA, DICTADA DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 485/2018, EN FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, TRAMITADO ANTE EL JUEZ TERCERO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN.". En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación y prevención. Mediante auto de trece de octubre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito radicó la demanda de que se trata bajo el progresivo 642/2020-X y en el mismo proveído determinó prevenir a la promovente para que aclarara el acto reclamado que en concreto atribuía al Actuario señalado como responsable, lo cual evacuó oportunamente en escrito de veintidós del mes y año anotados. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Así, en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite el libelo constitucional; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable y dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte se reconoció como tercero interesada en este juicio a Sistema de Crédito Automotriz, S.A. de C.V., en términos de lo que dispone el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por lo que se ordenó su emplazamiento para todos los efectos legales. Finalmente, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro.". De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.". En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, que resuelve el incidente de planilla de liquidación, dentro del juicio ejecutivo mercantil 485/2018, del índice del juzgado responsable, que se declaró procedente la incidencia y condenó al aquí quejoso al pago de $527,232.66 (quinientos veintisiete mil doscientos treinta y dos pesos 66/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios generados del uno de octubre de dos mil trece al quince de mayo de dos mil dieciocho. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, toda vez que al rendir su informe con justificación aceptó su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278.". Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias que la autoridad responsable remitió junto con su informe justificado, consistentes en la copia certificada de los autos que integran el juicio ejecutivo mercantil 485/2018, de su índice, en donde se observa la resolución interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, que se reclama en este juicio constitucional. Documentales que adquieren plena eficacia probatoria en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de su función que con arreglo a la ley goza de fe pública. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando que antecede, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior se encuentra robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335.". Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos.". Así, al no existir alguna causal alegada por las partes, además de que este juzgado federal no observa la actualización de una hipótesis de inejercibilidad de la acción constitucional, lo que procede es entrar al estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de garantías, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca." Además, se invoca la jurisprudencia que se transcribe en seguida: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. En sus conceptos de violación la parte quejosa medularmente sostiene que el juez resolutor no tomó en consideración las manifestaciones que en su momento vertió al desahogar la vista al incidente promovido, de las que se advierte que la condena de aplicar el 3.27% mensual, sobre la suerte principal, es contraria a lo dispuesto en el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y al diverso 2395 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria. Por ello, el peticionario de amparo aduce que en la especie el interés resulta tan desproporcionado o usurario -39.4% anual- que obliga al juzgador a tomar en cuenta las especiales circunstancia del caso y reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. En otro aspecto, argumenta que el juez responsable indebidamente acepta y reconoce los pagos realizados aplicados a intereses por vencimiento, cuando en realidad dichos pagos fueron efectuados con cargo al capital. Lo considera de esta manera porque el artículo 364 del Código de Comercio, no establece claramente si la manifestación de voluntad respecto de "aplicación expresa" de las cantidades entregadas a cuenta del adeudo, deben provenir unilateralmente del deudor, o bien, del consenso de voluntades de las partes, que solo establece que "si la aplicación no resulta expresa, se aplicará en primer lugar el pago de intereses"; de ahí que estime insuficiente la disposición relativa para resolver sobre la cuestión propuesta. Lo anterior es inoperante. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las ejecutorias que dieron lugar a la integración de la jurisprudencia 2a./J. 109/2009, visible a foja 77 del Tomo XXX de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA", instituyó que deben calificarse como inoperantes los agravios que reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin impugnar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida y que dan respuesta completa a aquellos agravios. En el mismo sentido, la Primera Sala del Alto Tribunal, en las ejecutorias que originaron la jurisprudencia 1a./J. 85/2008, consultable a foja 144 del Tomo XXVIII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA", matizó que si bien la repetición o abundamiento de argumentos vertidos en la primera instancia, puede dar lugar a la inoperancia de los agravios, para que se surta esa calificativa es menester que con dicha repetición o abundamiento no se impugnen las consideraciones de la sentencia recurrida. Explicó que puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo y que, en tal hipótesis, la autoridad revisora tendría que observar una argumentación del juez a quo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados en la demanda. Trasladado lo anterior al juicio de amparo, puede afirmarse que, en ocasiones, es válido e incluso necesario, la reiteración o abundamiento de los conceptos de impugnación que el quejoso vertió ante la autoridad responsable; sin embargo, para que ese supuesto se justifique y genere la obligación de llevar a cabo el análisis constitucional, es necesario que el tribunal de amparo observe una argumentación inconsistente o incompleta en las consideraciones mediante las cuales la responsable haya dado contestación a los planteamientos impugnativos de origen. También es factible que el quejoso exprese en sus conceptos de violación que el juzgador de origen no dio puntual respuesta a los planteamientos expuestos, a fin de que, de ser verídica la omisión, sean analizados por el tribunal de amparo o, en su caso, se constriña a la responsable a llevar a cabo el estudio. Sin embargo, si las razones sostenidas en los conceptos de violación ya fueron respondidas a cabalidad por el juzgador primigenio, tanto en su aspecto cualitativo como cuantitativo y no se observan nuevos elementos tendientes a rebatir las consideraciones en que se basa el fallo reclamado, sino que sólo se insiste o se abunda sobre lo ya alegado en la instancia anterior, ello conduce a declarar la inoperancia del planteamiento constitucional, al no controvertirse la ratio decidendi del fallo reclamado. Conforme a lo anterior, se estima que las alegaciones relativas no combaten toralmente la consideración principal que tomó en cuenta el juez responsable para aprobar la planilla de liquidación, es decir, no confronta el hecho de que no se ha liquidado en su totalidad el adeudo principal a que fue condenado y la cuantificación que se hace sobre los intereses moratorios transcurridos del uno de octubre de dos mil trece al quince mayo de dos mil dieciocho. Así, aun cuando el quejoso insiste en que no se tomaron en cuenta sus manifestaciones vertidas al momento de desahogar la vista del incidente, lo cierto es que, en este momento, se reiteran tales manifestaciones, sin que se observe que éstas hayan sido dejadas de atender en la resolución reclamada, dado que expresamente se dijo que no eran procedentes. Asimismo, debe precisarse que las alegaciones relativas a que, en la especie, la cuantificación de intereses moratorios resulta usuraria, es inoperante dado que se trata de una cuestión firme que en su momento fue valorada en la sentencia definitiva, sin que la aprobación de la planilla de liquidación pueda variar lo ya resuelto, pues se trata de una mera cuantificación. Por último, si bien el quejoso argumenta que el juez responsable indebidamente acepta y reconoce los pagos realizados aplicados a intereses por vencimiento, cuando en realidad dichos pagos fueron efectuados con cargo al capital, en términos de lo que establece el artículo 364 del Código de Comercio, lo cierto es que esa alegación es novedosa en esta instancia constitucional. Es así porque al desahogar la vista del incidente de liquidación el aquí quejoso no hizo referencia a algún pago aplicado ya sea a la suerte principal o intereses generados y, por el contrario, aun cuando éste existiere, se toma en cuenta que la sentencia definitiva dictada en autos condenó al aquí quejoso al pago de la suerte principal, debiendo tomarse en cuenta los abonos efectuados por la parte demandada, siguiendo el orden establecido en el artículo 364, segundo párrafo, del Código de Comercio. De esta manera, es claro que el orden de los pagos efectuados con motivo de la condena principal, es una cuestión que quedó firme al momento de que se dictó sentencia definitiva, sin que pueda ser materia de análisis en esta instancia constitucional, ya que al dictarse la resolución interlocutoria reclamada únicamente se siguieron los lineamientos ya establecidos para la liquidación de intereses moratorios. En tales condiciones, resulta evidente que mediante los conceptos de violación la parte solicitante de amparo no combate y menos aún supera las consideraciones en base a las cuales la autoridad responsable aprobó la planilla de liquidación propuesta, de ahí que los motivos de disenso que aquí se analizan merezcan el calificativo de inoperantes, de acuerdo a los criterios aplicables por identidad jurídica sustancial y son del tenor literal siguiente: Época: Novena Época Registro: 189224 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Común Tesis: XIV.1o. J/6 Página: 1009 "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en la sentencia sujeta a revisión el Juez de Distrito declaró inoperantes los conceptos de violación enderezados contra la resolución reclamada, por no controvertirse los razonamientos torales de ésta, y en los agravios el recurrente omite demostrar cuáles fueron los argumentos que esgrimió para combatir las consideraciones del acto reclamado, y no ataca de ninguna otra manera los razonamientos que el Juez de amparo tomó en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos conceptos de violación, es de concluirse que los agravios resultan también inoperantes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 594/2000. Unión de Autotransportistas Carlos Cantú Rosas, A.C. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Gabriel Alfonso Ayala Quiñones. Secretaria: Silvia Beatriz Alcocer Enríquez. Amparo en revisión 579/2000. Patricia Magdalena Lara Navarrete. 21 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. Amparo en revisión 1/2001. Naranjos de la Joya, Sociedad de Producción Rural de R.L. de C.V. 6 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. Amparo en revisión 3/2001. Luis Antonio Briceño Sosa y otra. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Jorge Salazar Cadena. Amparo en revisión 17/2001. Armando de Jesús González Ávila. 20 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Rafael Quero Mijangos, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Juliana Martínez Cerda.". Época: Octava Época Registro: 394644 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 688 Página: 463 "CONCEPTOS DE VIOLACION. CONTRA DECLARACION DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIEN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ESTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUELLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, sí se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Octava Epoca: Amparo directo 223/91. Cosme Fierro Palafox. 3 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Amparo directo 445/91. Francisco Baranzini Coronado. 22 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 292/92. Víctor Francisco Corral Celaya. 13 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 306/92. Arnulfo Soto Aranda y otra. 26 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Amparo directo 6/93. Rafaela Sauceda Galavís. 27 de enero de 1993. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis V.2o.J/62, Gaceta número 63, pág. 53; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI-Marzo, pág. 105.". Época: Novena Época Registro: 188866 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Septiembre de 2001 Materia(s): Común Tesis: XXI.1o. J/19 Página: 1137 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 79/97. Jesús Membrila Hernández. 3 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: Luis Almazán Barrera. Amparo directo 127/97. Romeo Orlando Galeana Radilla. 24 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: José Refugio Raya Arredondo. Secretario: José Luis Arroyo Alcantar. Amparo en revisión 60/2001. Sergio Adame Eugenio. 5 de abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado López Morales. Secretario: Jerónimo Nicolás Arellanes Ortiz. Amparo directo 234/2001. Darío Miranda Vázquez. 7 de junio de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado López Morales. Secretario: Ignacio Cuenca Zamora. Amparo directo 282/2001. Luciana Adame de Lozano. 8 de agosto de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Amado López Morales. Secretario: Jerónimo Nicolás Arellanes Ortiz.". Época: Novena Época Registro: 192315 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: II.2o.C. J/11 Página: 845 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 80/94. Guillermo Gómez Aguilar. 7 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretaria: E. Laura Rojas Vargas. Amparo directo 987/98. Soldaduras Especiales y Equipos de Proceso, S.A. de C.V. 16 de febrero de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Everardo Shain Salgado. Amparo directo 52/99. Pablo Barranco Sandoval. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Francisco Trenado Ríos, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Amparo directo 368/99. Rosalío Badillo Ocampo. 26 de octubre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretario: Gerardo Daniel Gatica López. Amparo directo 602/99. Alejandro Gutiérrez González. 18 de enero de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretario: Gerardo Daniel Gatica López. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 112 y 472, tesis 166 y 702, de rubros: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.", respectivamente.". Los criterios jurisprudenciales citados en la presente ejecutoria son aplicables aun y cuando se refieren a la anterior Ley de Amparo, pues no se oponen a la ley de la materia en vigor, de conformidad con lo dispuesto a su artículo Sexto Transitorio. Así, toda vez que las manifestaciones vertidas a título de conceptos de violación resultaron inoperantes, conllevando así la imposibilidad jurídica para demostrar la inconstitucionalidad del acto que se reclama, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y con fundamento legal, además en los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eutimio Tinoco Miranda, en relación al acto atribuido a la autoridad que quedó precisada, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy trece de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  3. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo X-642/2020 promovido por ******************** contra actos del Juez Tercero Civil de este Distrito Judicial, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene reconocido el carácter de tercero interesado ********************, por conducto de su endosataria en procuración ********************, quien se encuentra debidamente emplazada en autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario, dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio, ofreció diversas documentales; asimismo, la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de diversas actuaciones dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, mismo que obra en un tomo de pruebas por separado. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que únicamente realizó lo conducente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través de su pedimento 76/2021. EL JUEZ: Téngase por reproducido dicho alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintiuno. PARTE QUEJOSA OFRECE PRUEBAS Visto el escrito de cuenta signado por Eutimio Tinoco Miranda, parte quejosa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas que señala en su escrito en atención a su propia y especial naturaleza, consistentes en instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; sin perjuicio de hacer relación de todo lo anterior en la audiencia constitucional Notifíquese. Así lo acordó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST766/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano