Eva Quiróz Torres

Expediente 1129/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1129/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Eva Quiróz Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1129/2023, promovido por Eva Quiróz Torres, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe previo recibido con antelación y rendido por el FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN. Por otra parte, se hace constar que mediente auto de veintiséis de septiembre de la presente anualidad, se tuvo como autoridad inexistente a la que fue denominada como AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, suspensiéndose cualquier comunicación con tal autoridad. Finalmente, se informa que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a efecto de que informara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por el acuerdo de doce de septiembre del año actual, el cual recayó como respuesta al pliego petitorio que reclama en esta instancia constitucional, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo, se continuaría con el trámite del juicio de amparo respecto del acto ya combatido, el cual transcurrió del veintisiete de septiembre al treinta y uno de octubre dos mil veintitrés, toda vez que el aludido proveído le fue notificado por lista el veinticinco de septiembre del año actual; descontando los días inhábiles, sin que la peticionaria de amparo hubiera cumplido con lo requerido en el proveído en comento. EL JUEZ: Dicho informe se recibió en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión VI- 1129/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de la presente anualidad, EVA QUIROZ TORRES, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en esta vía de amparo, la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la petición que les formuló desde del diecinueve de mayo del año en curso, consistente en que decretaran el archivo definitivo de la carpeta de investigación 1003202133242, instaurada en su contra. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable, se advierte que niega la existencia del acto reclamado; no obstante ello, dicha negativa se desvirtúa habida cuenta que se trata de un acto omisivo. CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. A fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto de la suspensión definitiva solicitada en relación con el acto que se reclama, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo; se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese sentido, no obstante que la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado, satisfaciendo el primer requisito que contempla el artículo 128, de la Ley de Amparo; se estima que dada su naturaleza no se cumple con uno de los supuestos para decretar la suspensión conforme a la teoría de la apariencia del buen derecho, pues dicho acto en sí mismo no es suspendible, ya que reviste el carácter de acto omisivo, de ahí que no procede conceder la suspensión definitiva a la quejosa EVA QUIROZ TORRES, pues de hacerlo, equivaldría a dar efectos restitutorios a la medida cautelar y se agotaría la materia del amparo; efectos que son propios de la sentencia que, en su caso, se pronuncie en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. Apoya lo anterior el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 214, Tomo V, de Abril de 1997, Novena Época, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a EVA QUIRÓZ TORRES, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    ... TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VENTITRÉS... OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretaria, dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-1129/2023, promovido por Eva********************, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo mediante auto de treinta y uno de agosto del año del presente año, se reservó reconocer el carácter de tercero interesado hasta en tanto obraran los informes justificados, lo cual aconteció, lo que se ordena hacer relación para su acuerdo. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Por otra parte, se HACE CONSTAR Y CERTIFICA: que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, a efecto de que informara si era su deseo ampliar la demanda de amparo por el acuerdo de doce de septiembre del año actual, el cual recayó como respuesta al pliego petitorio que reclama en esta instancia constitucional, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo, se continuaría con el trámite del presente asunto respecto del acto ya combatido, el cual transcurrió del veintisiete de septiembre al treinta y uno de octubre dos mil veintitrés, toda vez que el aludido proveído le fue notificado por lista el veinticinco de septiembre del año actual; descontando los días inhábiles, sin que la peticionaria de amparo hubiera cumplido con lo requerido en el proveído en comento. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. Se levanta la reserva ordenada en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, sin que haya lugar a tener como tercero interesado a persona alguna, toda vez que con base a los informes justificados no existe persona alguna que encuadre en los supuestos que refiere el artículo 5°, fracción III de la ley de la materia. En torno a la certificación antecede de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término concedido en auto de diecinueve de septiembre del año actual, sin que la parte quejosa hubiera manifestado su deseo por ampliar el libelo constitucional por el acuerdo de doce de septiembre del año actual, el cual recayó como respuesta al pliego petitorio que reclama en esta instancia constitucional; en tal virtud se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aludido proveído y se continuaría con el trámite del presente asunto respecto del acto ya combatido. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Director de Amparos, en representación de la autoridad señalada como responsable Fiscal General del Estado de Michoacán. Sin soslayar que mediante auto de veintiséis de septiembre del año actual, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA", lo que se ordena hacer relación en la presente audiencia. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Por otra parte, se tiene por inexistente a la autoridad señalada como responsable "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA", por haber sido ordenado así en auto de veintiséis de septiembre del año actual. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la parte quejosa adjuntó documentales al libelo constitucional y el Director de Amparos, en representación de la autoridad señalada como responsable Fiscal General del Estado de Michoacán, remitió documental con su informe justificado, pruebas que se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público formuló manifestaciones mediante escrito de alegatos 773/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo VI-1129/2023, promovido por Eva********************, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, al Jugado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Eva********************, promovió demanda de amparo indirecto contra el Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. La quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. RETURNO. Mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, el Jugado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, registró la demanda de amparo bajo el número 1140/2023 de su índice; y, determinó returnarla a favor de este juzgado, al estimar que se actualiza uno de los criterios de relación de juicios de amparo que contemplan los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. TERECETO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Luego, en auto de treinta y uno de agosto del año en curso, este Juzgado Federal se avocó al conocimiento y aceptó la competencia del presente juicio registrándolo con el número VI-1129/2023 de este índice; y se admitió la demanda de amparo; dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, solicitó los informes justificados; fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previos diferimientos. Sin soslayar que mediante auto de veintiséis de septiembre del año actual, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable "AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA"; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la petición que la quejosa les formuló desde el diecinueve de mayo del año en curso, consistente en que decretaran el archivo definitivo de la carpeta de investigación ******************** instaurada en su contra. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director de Amparos, en representación de la autoridad señalada como responsable Fiscal General del Estado de Michoacán, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa debe desvirtuarse en razón de que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda -veinticinco de agosto de dos mil veintitrés-, existía el acto reclamado, toda vez que fue hasta el doce de septiembre de abril de dos mil veintitrés, que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General de Morelia, Michoacán, emitió el acuerdo el doce de septiembre del año actual, como respuesta a la solicitud reclamada en esta instancia constitucional, en el sentido de no acordar de conformidad su petición de archivar la carpeta de investigación ********************, virtud a que faltan diligencias por desahogar y por ello, se encuentra en trámite No obstante a que existe una respuesta, lo cierto es que no fue emitida por el Fiscal General del Estado, pues del contenido del acuerdo de doce de septiembre de abril de dos mil veintitrés, se advierte que dicha contestación no la realizó en representación del Fiscal General del Estado de Michoacán. Lo que se corrobora de la constancia remitida por la autoridad responsable. En esos términos lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que el acto reclamado existió. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Registro digital: 249047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, página 15 Tipo: Aislada "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL, AUNQUE LAS RESPONSABLES LO NIEGUEN, SI DE LA LECTURA DEL INFORME CON JUSTIFICACION SE DESPRENDE SU CERTEZA. Si las responsables niegan en sus informes con justificación la existencia de los actos reclamados, pero de la lectura de dichos informes se desprenden datos que desvirtúan tal negativa, aun cuando no existan pruebas a ese respecto, necesariamente deben tenerse como ciertos los actos reclamados, ya que procesalmente el reconocimiento que hacen las partes dentro de un juicio, surte efectos de confesión; en consecuencia, al equiparse las autoridades responsables a la parte demandada en el juicio constitucional, resulta lógico y jurídico concluir que el reconocimiento que hagan sobre algún punto de la litis que en sí los perjudique, surte efectos de una confesión, y por ende, dicho punto no está a debate y sí plenamente reconocido". Además, dicha existencia del acto reclamado se corrobora con el acuse de recibo del pliego petitorio que la parte quejosa adjuntó al libelo constitucional. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto fijado en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte TCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, el Director de lo Contencioso adscrito a la Director de Amparos, en representación de la autoridad señalada como responsable Fiscal General del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado refirió actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, ello en razón de que el doce de septiembre de abril de dos mil veintitrés, que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General de Morelia, Michoacán, emitió el acuerdo el doce de septiembre del año actual, como respuesta a la solicitud reclamada en esta instancia constitucional, en el sentido de no acordar de conformidad su petición de archivar la carpeta de investigación ********************, virtud a que faltan diligencias por desahogar y por ello, se encuentra en trámite Atento a lo anterior, el que suscribe comparte con la autoridad responsable, la actualización de la causal de improcedencia invocada, por advertirse de las constancias que obran en autos que ha cesado el acto reclamado. En consecuencia, se omitirá el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados identificados en el considerando tercero de la presente resolución; ello, en virtud de que se advierte actualizada una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente al fondo del negocio, por ser cuestión de orden público en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI, del citado numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al agraviado en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al impetrante en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija. Ante las precisiones anotadas, cabe señalar que en el caso concreto, respecto del acto reclamado que se hace consistir, en no entregarle a la quejosa el título de licenciatura. Ahora, de las constancias que la responsable acompañó a su informe justificado, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda, veinticinco de agsto de dos mil veintitrés, existía el acto reclamado, toda vez que fue hasta el el doce de septiembre de abril de dos mil veintitrés, que el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General de Morelia, Michoacán, emitió el acuerdo el doce de septiembre del año actual, como respuesta a la solicitud reclamada en esta instancia constitucional, en el sentido de no acordar de conformidad su petición de archivar la carpeta de investigación ********************, virtud a que faltan diligencias por desahogar y por ello, se encuentra en trámite. Sin que se ignore el hecho de que la autoridad responsable adujo remitir la constancia de notificación respectiva, sin que lo hiciera, aunado a que el que suscribe la presente resolución advierte que en el pliego petitorio la peticionaria de amparo no señaló domicilio para recibir notificaciones, sino únicamente señaló a un autorizado; sin que dicha circunstancia le arroje la obligación a la autoridad responsable de investigar el domicilio actual de la quejosa para poder notificarle la respuesta dada a su escrito inicial de petición. Cobra aplicación al caso conreto el criterio de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 181149 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 98/2004 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Julio de 2004, página 248 Tipo: Jurisprudencia DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". Por otra parte, no se soslaya que el quejoso tiene conocimiento de la respuesta de la autoridad responsable al imponerse del informe justificado, pues en auto de diecinueve de septiembre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con la respuesta recaída al pliego petitorio que reclama en esta instancia constitucional, a efecto de requerirle para que dentro del plazo de quince días informara si era su deseo ampliar la demanda por ese acto; sin que la requirente constitucional lo haya hecho dentro del término legal concedido, pues el aludido auto le fue notificado el veinticinco de septiembre del año actual. De ahí que, se corrobora que los efectos de la omisión reclamada, han desaparecido totalmente, ya que se le dio respuesta a la petición planteada ante la autoridad responsable en data de doce de septiembre del año en curso, tal y como lo acredita con la constancia que remitió la autoridad responsable; actualizándose así la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, pues en el caso, se ha generado una situación jurídica que definitivamente destruye a la que dio motivo al amparo y se restituyó a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estimó menoscabado. Lo expuesto se retoma de la jurisprudencia 59/99, que establece: Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es ilustrativa al respecto la diversa jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, identificada con el número 9/98, que dispone: Época: Novena Época Registro: 196820 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Febrero de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Página: 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, es inconcuso que respecto al acto reclamado en esta instancia constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, razón por la cual debe sobreseerse en el mismo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mencionado ordenamiento legal. Finalmente, no se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eva********************, en contra de la autoridad y por los actos precisados en el considerado tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe. aeol

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que encabeza este auto, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada en el presente asunto se encontraba fijada para las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre del presente año. Sin embargo, no fue posible llevar a cabo su desahogo ni proveer respecto su diferimiento, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este Circuito; así como el contenido de las circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre en curso, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, en aras de continuar el procedimiento, se determina diferir la celebración de la audiencia constitucional, y en su lugar señalar las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional mencionada. SE REGULARIZA EL PROCEDIMIENTO DE MANERA OFICIOSA Y SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA. Por otra parte, continuando con la revisión del estado de los autos del Juicio de Amparo en que se actúa, específicamente de la ejecutoria pronunciada en sesión de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, se desprende que ordenó la reposición del procedimiento en este asunto a fin de que este órgano jurisdiccional requiriera a la parte quejosa a fin de que manifestara si ampliaba su demanda con el fin de: Señalar como autoridad responsable al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, En caso afirmativo, externe el acto que atribuya a la mencionada autoridad. Lo anterior en consideración a que acorde a lo señalado en la ejecutoria aludida, fue el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; quien emitió el fallo por el que se ejecutó el lanzamiento de la quejosa; sin embargo, dicha autoridad no fue integrado a la relación procesal en este juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de forma expresa señalada en el artículo 2º, de manera oficiosa se regulariza el procedimiento y con el fin de cumplimentar debidamente la ejecutoria pronunciada por la superioridad, el Juez acuerda: Requiérase a la parte quejosa a fin de que dentro del término de quince días hábiles contados a partir de la legal notificación de este auto, manifieste si desea ampliar su demanda y señalar como autoridad responsable al Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, En caso afirmativo, externe el acto que atribuye a la mencionada autoridad. Lo anterior en consideración a que acorde a lo señalado en la ejecutoria aludida, fue el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; quien emitió el fallo por el que se ejecutó el lanzamiento de la quejosa; sin embargo, dicha autoridad no fue integrado a la relación procesal en este juicio de amparo, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se continuará con el trámite del presente juicio acorde a lo pedido en su libelo constitucional inicial. Una vez que transcurra el término otorgado para los efectos precisados o bien la parte quejosa dé cumplimiento al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional, dése nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese a las partes el contenido de este auto para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio Juzgado que autoriza y da fe.- Doy fe.Avpb*

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. SE DECLARARON DÍAS INHÁBILES Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del diecisiete de octubre del año en curso, no fue posible proveer al respecto, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como mediante circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. TRANSCURRIENDO TÉRMINO Aunado a lo anterior, a la fecha se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de septiembre del año actual, a fin de que manifieste si es su deseo ampliar el libelo constitucional respecto de la respuesta que la autoridad responsable emitió a su petición. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Consecuentemente, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

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