Eustolia Alvarez Valencia
Expediente 257/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 257/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eustolia Alvarez Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de diez de octubre del año en curso, en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa y por la otra se NEGÓ el amparo y la protección de la justicia federal; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE CONSERVARSE, en razón de haberse NEGADO el amparo, asimismo se estima que el original de los cuadernos incidentales es susceptible de destrucción al haberse negado la suspensión provisional y definitiva, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20, fracción III del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-257/2023, promovido por Eustolia Álvarez Valencia, contra actos de la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco A.C. Módulo de Riego, con residencia en Zamora, Michoacán, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, remitido al día siguiente hábil por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Eustolia Álvarez Valencia solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco A.C. Módulo de Riego, con residencia en Zamora, Michoacán, y otras autoridades. Segundo. Substanciación del juicio. Pese a la aclaración y ratificación del escrito aclaratorio, por auto de trece de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de queja, siendo así que mediante ejecutoria emitida en sesión pública ordinaria virtual de ocho de junio de dos mil veintitrés, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito declaró fundado el recurso de que se trata. En mérito de ello, el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito admitió la demanda registrada con el número IV-257/2023; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 36 de la Ley de Amparo; asimismo, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior por reclamarse actos que tienen ejecución en lugar donde este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten: El oficio S/377/2022 de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, signado por la Síndica Municipal del Municipio de Zamora, Michoacán, por el que solicita la entrega al Municipio para resguardo y conservación de una superficie del módulo de riego II, con número de concesión 08MCH406102/12ATGC99, en concreto el área sobre el camellón ubicado en las calles de Tancítaro y Flamingo que correspondían al canal de riego "Jericó", en desuso (foja 305); y en cumplimiento a lo anterior, se reclama el oficio DR061MOD2/7/02/2023, signado por los integrantes de la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco A.C. Módulo de Riego, con residencia en Zamora, Michoacán, que contiene la revocación de la anuencia otorgada el treinta y uno de julio de dos mil trece, para que la quejosa utilizara y resguardara la parte que se ubica al lado norte, sobre las calles Tancítaro y Flamingo, del fraccionamiento San Joaquín camino al predio de San Fermín, en el ejido de Villa Fuerte, donde anteriormente pasaba un canal de riego denominado "Jericó", cuya concesión 08MCG406102/12ATGC99, fue otorgada por el ejecutivo federal a favor de la citada asociación el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y tres. Del Presidente Municipal; Ayuntamiento de Zamora, Michoacán; Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable; Regidor de Marco Jurídico Municipal y Desarrollo Agroindustrial Sustentable del Municipio; Regidora de Desarrollo Social y Rural; Regidora de la Mujer, Derecho Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad; Regidor de Desarrollo Económico, Comercio y de Trabajo; Regidora de Educación, Cultura y Turismo; Coordinadora del Impuesto Predial del Municipio; Tesorera Municipal; Secretario del Ayuntamiento; Director de Servicios Públicos Municipales; Director de Policía y Tránsito del Municipio; Director Jurídico; Subdirector Jurídico; Subdirector Jurídico Urbano del Departamento de Regularización de Asentamientos Humanos y Vivienda; Director de Desarrollo Social; Director de Participación Ciudadana; Subdirector de Participación Ciudadana; Oficial Mayor; Encargado del Departamento de Construcción; Subdirector de Obras; y, Encargado de Parques y Jardines, todos del Municipio de Zamora, Michoacán, el pretender privarla y despojarla de la propiedad y/o posesión y/o concesión sobre el predio que le fue otorgado en resguardo por la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco A.C. Módulo de Riego, con residencia en Zamora, Michoacán. Del Director de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Zamora, Michoacán, el acuerdo de inspección y comisión de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente SDJU/028/2023; así como la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en dicho expediente. Del Supervisor de Obras de la Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Zamora, Michoacán, se reclama el reporte levantado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, sobre las irregularidades advertidas en el predio antes referido (postes y alambrado de área jardinada); así como la omisión o falta de emplazar o notificar a la quejosa el acuerdo de inspección y comisión de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente SDJU/028/2023; así como la abstención de notificar la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en dicho expediente. La ejecución del acto antes precisado por parte de los responsables, entre ellas la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; y, el Supervisor de Obras de esta última dirección, acontecida el dos de marzo de dos mil veintitrés. Sin que proceda tener como actos reclamados las diversas violaciones a derechos fundamentales y/o procesales que alude la quejosa; en tanto ello corresponde a conceptos de violación y no propiamente a actos reclamados. Apoya lo anterior la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 223603 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: I. 3o. A. J/26 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 1991, página 69 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta ( activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia. Cuarto. Inexistencia de los actos reclamados señalados en el número 2. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente Municipal y Director Jurídico, en representación de todas y cada una de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, (foja 290 a 292) que fueron precisados en el considerando previo, se advierte que niegan la existencia del acto reclamado consistente en pretender privarla y despojarla de la posesión del predio que le fue otorgado en resguardo por la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco A.C. Módulo de Riego, con residencia en Zamora, Michoacán. Negativa de actos que no fue desvirtuada por la aquí quejosa, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. De ahí que sea innecesario abordar los conceptos de violación relativos. Quinto. Inexistencia del acto reclamado precisado con el número 4. Del contenido del informe justificado rendido por el Presidente Municipal y Director Jurídico, en representación de las autoridades responsables del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán (foja 290 a 292) se advierte que niegan la existencia del acto reclamado consistente en la omisión o falta de emplazar o notificar a la quejosa el reporte levantado el nueve de diciembre de dos mil veintidós; y el acuerdo de inspección y comisión de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente SDJU/028/2023; así como la abstención de notificar la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en dicho expediente. Negativa de actos que no fue desvirtuada por la aquí quejosa; por el contrario, la omisión reclamada queda desvirtuada con las constancias que la quejosa adjuntó a su demanda de garantías, entre las que destaca la copia al carbón del reporte referido; la copia autógrafa del acuerdo de inspección y comisión de veintisiete de enero de dos mil veintitrés (foja 49 a 50), copia al carbón del acta circunstanciada de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, signada por el Supervisor de Obras de la Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, y dos testigos, en la que además señaló que se entrevistó con la quejosa, en cuyo margen obra la leyenda autógrafa que dice "RECIBI 13-02-23" (foja 53 a 54). Asimismo, obra copia autógrafa de la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés (foja 55 a 59), así como copia al carbón del acta circunstanciada firmada por el Supervisor de Obras y Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zamora, Michoacán, y dos testigos, de cuyo contenido se advierte que se entrevistó con la quejosa y se le entregó el acta resolutoria (foja 60 y 61). Documentales que coinciden en su contenido con las remitidas por las autoridades responsables y que obran agregadas a fojas 314 a 328 de autos. Circunstancias que evidencian que la omisión reclamada resulta inexistente, sin que en el caso sea jurídicamente factible analizar la legalidad de dichas actuaciones, toda vez que si bien la falta de emplazamiento o notificación y las diligencias respectivas son actos estrechamente relacionados para efectos de su estudio en el juicio de amparo, lo cierto es que su legalidad debe analizarse desde perspectivas diferentes. Ello es así, ya que en el primer supuesto basta con verificar su inexistencia o existencia, tal como acontece en el caso concreto; mientras que en el segundo supuesto dependerá de que satisfaga los requisitos y formalidades que prevea la ley de la materia, a la luz de conceptos de violación que, en el caso, tampoco fueron formulados contra las diligencias de notificación referidas. De tal modo que, al reclamarse en el presente juicio la omisión señalada y no las diligencias en sí mismas, siendo que en autos obran diversas constancias que acreditan que dicha omisión es inexistente (foja 322 a 325), era menester que la quejosa al tener previo conocimiento de ellas pues, incluso, las anexó a su demanda de amparo inicial, hiciera el señalamiento del acto reclamado respectivo, enderezara conceptos de violación tendente a combatir dichas actuaciones u ofreciera pruebas para desvirtuar lo asentado por la autoridad responsable en compañía de dos testigos, a fin de que quien resuelve estuviera en aptitud de analizar dichas diligencias. Sin que en el caso procediera prevenir a la quejosa para que ampliara su demanda por lo que ve a dichas diligencias, en términos de lo que señala la tesis con registro 2017288, de rubro: "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN AMPARO INDIRECTO QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. LA ACTUALIZA LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA, CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA Y REMITE LAS CONSTANCIAS DE LA DILIGENCIA RELATIVA, SIEMPRE QUE ELLO HUBIERA TRASCENDIDO AL RESULTADO DEL FALLO.", toda vez que, se insiste, desde la presentación del libelo constitucional la quejosa conocía el contenido y alcance de dichas actuaciones en razón de que ella las adjuntó a su demanda inicial. Por lo que, ante la inexistencia de la omisión reclamada, sin que la quejosa ofreciera prueba de su parte tendente a desvirtuar la negativa de actos, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Máxime si se tiene en consideración que en el acta circunstanciada de dos de marzo pasado, relativa a la demolición y retiro forzoso de estructuras (foja 314 a 315), se asentó que estuvo presente en dicho acto la aquí quejosa y a quien se le reiteró que ya se le había entregado copia de la resolución en la notificación previa que al respecto se le hizo y que consta en el acta de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Sexto. Certeza de los actos reclamados precisados en los números 1, 3 y 5. Son ciertos los actos reclamados al Director de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Zamora, Michoacán, consistentes en el acuerdo de inspección y comisión de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente SDJU/028/2023 y la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en dicho expediente; y, su ejecución realizada el dos de marzo de dos mil veintitrés. Son también ciertos los actos atribuidos a la Síndica Municipal referente al oficio S/377/11/2022, de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, aunque hubiere negado los actos reclamados; así como la ejecución atribuida a las autoridades indicadas en el numeral 5 del considerando tercero, no obstante la negativa de los actos que adujeron. Ello porque la certeza de los actos previamente referidos se evidencia de las constancias remitidas con el informe justificado respectivo y que obran agregadas en autos, documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Por su parte, la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco A.C. Módulo de Riego, con residencia en Zamora, Michoacán, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado relacionado con el oficio DR061MOD2/7/02/2023 de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, que se le atribuye consistente en la revocación de la anuencia otorgada el treinta y uno de julio de dos mil trece, para que utilizara y resguardara la parte que se ubica al lado norte del fraccionamiento San Joaquín camino al predio de San Fermín, en el ejido de Villa Fuerte, donde anteriormente pasaba un canal de riego denominado "Jericó", cuya concesión 08MCG406102/12ATGC99, fue otorgada por el ejecutivo federal a favor de la citada asociación el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y tres. Por lo que de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo procedente es presumir cierto el acto reclamado. Sin que se estimara necesario que quien resuelve se allegara de mayores constancias para dictar la presente sentencia en atención a que obra en autos el oficio DR061MOD2/7/02/2023, suscrito por el Consejo de Administración de la citada asociación de cuyo contenido se advierte que resolvieron revocar la anuencia emitida a favor de la quejosa (foja 306 a 307), así como copia simple de la anuencia otorgada a favor de la quejosa el treinta y uno de julio de dos mil trece (foja 34). Pruebas que al no ser objetadas de falsas, estar adminiculadas y tener fiabilidad, tienen pleno valor probatorio acorde a los artículos 197, 203, 217 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio. Séptimo. Causal de improcedencia que se estima actualizada respecto del acto reclamado precisado en el número 3 y 5. Ahora bien, respecto de los actos reclamados al Director de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Zamora, Michoacán, consistentes en el reporte de nueve de diciembre de dos mil veintidós, el acuerdo de inspección y comisión de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente SDJU/028/2023; así como la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en dicho expediente y su ejecución de dos de marzo de dos mil veintitrés, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es de orden público y preferente, de conformidad con el precepto legal 62 de ese propio ordenamiento jurídico. Ello en razón de que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico, al no probar que cuenta con la licencia de construcción vigente para poner los postes y malla que fue retirada por la autoridad responsable. El precepto legal de trato establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Sobre el particular debe establecerse en primer lugar, que el juicio de amparo es un medio de control sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad, que de conformidad con lo que previsto en la fracción I del artículo 107, de la Constitución, asimila el principio siguiente: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". La anterior disposición se reproduce en el artículo 6 de la Ley de Amparo, al establecer: "El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley.". Sobre el tema, conviene citar la tesis 2ª. LXXX/20133, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2004501, de rubro y texto: Registro digital: 2004501 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LXXX/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, página 1854 Tipo: Aislada INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. En efecto, conforme a la doctrina constitucional y la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el interés jurídico en el juicio de amparo constituye en realidad un derecho subjetivo, es decir, una facultad o potestad que tiene todo gobernado de acudir a la instancia constitucional, con el objeto de que se anule o se deje sin efecto un acto específico de autoridad que está afectando, un derecho individualizado o legítimo del que dicho gobernado es titular, y que considera violatorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con lo anterior, se deben considerar presupuestos del interés jurídico en el juicio de amparo, los siguientes: a) La existencia y titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En un sentido similar se pronunció la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 240185, que dispone: Registro digital: 240185 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Cuarta Parte, página 132 Tipo: Aislada INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio. Asimismo, como ya quedó establecido en párrafos precedentes, el contenido de la fracción I del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la ley de la materia, disponen que el ejercicio de la acción constitucional está reservado única y exclusivamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto u omisión de autoridad o por una ley. De esa manera, la noción de perjuicio para los efectos del juicio de amparo, supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por una ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa afectación. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 232899, que dispone: Registro digital: 232899 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 76, Primera Parte, página 45 Tipo: Aislada LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Asimismo, la diversa tesis emitida por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro número 232763, cuyo contenido es: Registro digital: 232763 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 97-102, Primera Parte, página 123 Tipo: Aislada PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les de para perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos. En ese contexto, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo para combatir un acto de autoridad, en la medida que aquél sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; actuación que podría ocurrir de dos formas, a saber: 1. Si se afecta en abstracto la esfera jurídica del demandante, porque se le imponga una obligación que antes no tenía; o 2. Si se afecta un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En ese sentido, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de acreditar plenamente su interés jurídico y con ello estar en posibilidad de analizar la eventual trasgresión a un derecho subjetivo público cuya titularidad le corresponda. Es aplicable la jurisprudencia 1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: Registro digital: 187777 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 15 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. En el caso, entre otros, los actos reclamados se hacen consistir en el reporte de nueve de diciembre de dos mil veintidós; el acuerdo de inspección y comisión de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente SDJU/028/2023, así como la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, dictada en dicho expediente, que culminó con su ejecución, traducido en el retiro de los postes y alambrado del área jardinada del inmueble a que se ha hecho referencia acontecido el dos de marzo de dos mil veintitrés. Para reclamar tales actos, el quejoso aportó como medios de prueba, las documentales siguientes: Copia simpe de su identificación. Copia simple de la anuencia otorgada a su favor por la Asociación de Productoras Agrícolas del Canal Principal Chaparaco, A.C. Módulo de Riego II, de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Copia simple del oficio DMICH/AAT/359/2022, de veinte de agosto de dos mil veintidós, en el que se precisa que el canal de riego en comento pertenece a la nación. Copia simple de una demanda de garantías. Copia simple de un escrito dirigido al Módulo de Riego de Zamora, Michoacán y signado por la mesa directiva del Fraccionamiento Jardines San Joaquín. Copia simple de un escrito dirigido al Oficial Mayor y signado por la mesa directiva del Fraccionamiento Jardines San Joaquín. Copia simple del escrito signado por la quejosa y dirigido al Director de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Copia simple del escrito dirigido a la mesa directiva del aludido fraccionamiento, signado por la quejosa. Acuerdo de inspección y comisión de nueve de diciembre de dos mil veintidós y reporte de recorrido de supervisión de esa fecha, en el que se hicieron constar las irregularidades advertidas en el predio (postes y alambrado) sin tener a la vista la pancarta de obra. Copia al carbón del acta circunstanciada de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Copia al carbón del acta circunstanciada de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Copia simple de diversos escritos dirigidos al Módulo de riego de Zamora, Michoacán; al Director de la Escuela Secundaria Técnica 79 de dicha ciudad; al Director del CONALEP; Presidente Municipal de Zamora, Michoacán. Documentales que, al margen de su valor probatorio, son insuficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa, pues para ello era necesario que demostrara tener licencia de construcción vigente, por así disponerlo el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Zamora, Michoacán. Ello es así ya que el particular que intente realizar obras en materia de desarrollo urbano, deberá obtener, previo a la ejecución de las mismas, la licencia de construcción que le otorgue el municipio. En esas circunstancias, resulta evidente que para acreditar el interés jurídico, la parte quejosa tenía que probar en esta instancia, que cuenta con la licencia de construcción vigente para realizar la obra que se retiró y por esta vía defiende; sin embargo, no lo realizó. Se afirma lo expuesto, toda vez que las documentales que aportó como prueba, únicamente se encuentran encaminadas a comprobar que tenía en posesión el predio; no así que cuenta con la licencia de construcción correspondiente. Por tanto, omitió cumplir con la exigencia necesaria para que fuera procedente el juicio de amparo, ya que, como se expuso, en autos no obra prueba alguna que demuestre que cuenta con la licencia de construcción correspondiente, expedida por la autoridad competente para tales efectos. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206338, del rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por ello, se reitera, que al no exhibir la citada licencia, no acreditó el requisito de procedibilidad del juicio de amparo de que se trata. Tiene aplicación al respecto, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro: 212270, que dice: "INTERÉS JURIDÍCO. PARA RECLAMAR LA CLAUSURA DE UNA OBRA, SE ACREDITA CON LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVA Y LA PROPIEDAD DEL BIEN. La clausura es un acto de molestia que afecta al propietario del bien inmueble clausurado, y si en el juicio de amparo indirecto el a quo consideró que el quejoso acreditó su interés jurídico para reclamar dicha clausura con la escritura pública que ampara la propiedad del bien referido y con la licencia que autoriza la construcción de una barda perimetral con zaguán en determinada superficie dentro del terreno que acreditó ser propietario, es claro que al desestimar la causa de improcedencia relativa hecha valer por las autoridades responsables, el a quo lo hizo en forma correcta, por tanto el juicio sí era procedente y estuvo en lo acertado al entrar al fondo del asunto." Así como la diversa pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito con registro: 222456, que señala: "CLAUSURA Y DEMOLICIÓN, ÓRDENES DE. LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ES NECESARIA PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Al reclamarse las órdenes de clausura y demolición de una obra en construcción, el interés jurídicamente tutelado a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la existencia de un derecho legítimamente protegido que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese; debe ser acreditado con la licencia de construcción expedida por el ayuntamiento al que pertenece la zona en donde se va a ejecutar la obra. De modo que si el quejoso no acredita haber obtenido la referida licencia, debe estimarse que aquellos actos no afectan su interés jurídico." De igual forma, es aplicable al caso, por las razones jurídicas que la sustentan, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 264896: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido." Luego, si la hoy quejosa se duele del reporte, la inspección y retiro de los postes y alambrado sobre un predio que aduce tiene en posesión, de dos de marzo de dos mil veintitrés; sin justificar ante este órgano jurisdiccional contar la licencia de construcción respectiva, es evidente la falta de derecho subjetivo que legamente se pueda proteger y necesario para analizar los actos reclamados. Ello es así, pues de ser el caso, no sería factible llegar a conceder un amparo para dejar sin efectos el reporte, la inspección y retiro por falta de licencia de construcción, con la consecuencia de que se pudiera seguir realizando la misma sin tenerse derecho a ello o al menos, no se justificó plenamente en este amparo. En ese sentido, al no demostrase que cuenta con un derecho subjetivo legalmente protegido, es que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto de los actos reclamados; ello, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la mencionada legislación. Máxime si se tiene en consideración que la quejosa no combate la resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, virtud a la multa que le fue impuesta, de tal modo que no es factible abordar su análisis en esta vía constitucional. De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación que expresó la parte impetrante de amparo, para demostrar las violaciones que alega respecto de dichos actos. No está por demás decir que la causa de improcedencia referida no se actualiza respecto de los actos precisados en el numeral 1 del considerando tercero, ello porque con independencia de su eficacia, en el caso sí existe el oficio de treinta y uno de julio de dos mil trece, donde la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco A.C. Módulo de Riego, con residencia en Zamora, Michoacán, otorgó a la quejosa su anuencia para utilizar el citado canal en resguardo; así como la petición del Municipio de Zamora, Michoacán, para que tal canal le fuera transmitido. Luego, al vincularse con el estudio de fondo el tema relativo a la eficacia de tales documentos; debe abordarse junto con los motivos de disenso expuestos al resolver la cuestión planteada. Octavo. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Noveno. Estudio de fondo del acto reclamado precisado en el número 1. Es infundado el concepto de violación aducido por la quejosa, por los motivos que a continuación se exponen. En ellos quien se agravia aduce que la asociación responsable viola sus derechos de posesión con la revocación de la anuencia otorgada a su favor el treinta y uno de julio de dos mil trece, para utilizar y resguardar el multicitado predio, sin que previamente se le haya notificado para hacer valer sus derechos. No asiste razón a la quejosa, en atención a que si bien está documentado en autos que el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y tres, el gobierno federal otorgó la concesión 08MCG406102/12ATGC99, a favor de la diversa asociación, aquí señalada como responsable; por lo que, a solicitud de la quejosa, el treinta y uno de julio de dos mil trece, dicha asociación, en su carácter de concesionaria le concedió anuencia para que utilizara y resguardara el aludido predio. No menos verídico resulta que no puede considerarse que la citada anuencia le haya asignado algún derecho, ni constituye un acto jurídico para transmitir la posesión de un canal cuya concesión únicamente corresponde a la asociación de riego. Lo anterior en razón de que el concesionario no tiene la calidad de propietario del inmueble, ello en razón de que la concesión otorgada a la asociación solo la faculta para explotar los derechos que de ella derivan, siendo que el único propietario del canal es la Nación, tal como se precisó en el oficio DMICH/AAT/359/2022 (foja 35). Ello es así en atención a que la Ley Nacional de Aguas dispone que una vez otorgada la concesión el concesionario o asignatario tendrá el derecho de explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales durante el término de la concesión o asignación. Asimismo, se tiene que tales derechos son intransmisibles y la nación conserva la propiedad, pues en caso de variación o modificación al uso debe formularse previamente autorización o permiso para realizar las obras que se requieran incluso para su aprovechamiennto. De ahí que Ley Nacional de Aguas exige que cualquier transmisión relacionada sea registrada, de tal modo que si el titular de una concesión pretende proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas, sólo podrá realizarlo con aviso previo a la autoridad del agua, quien finalmente es quien está facultada para autorizar las transmisiones de los títulos respectivos, mediando una solicitud fundada y motivada y siempre y cuando no se afecte el funcionamiento. Lo que encuentra sustento en los artículos 25, 33, 34, 35 y 37 de la Ley nacional de Aguas que dicen: ARTICULO 25.- Una vez otorgado el título de concesión o asignación, el concesionario o asignatario tendrá el derecho de explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales durante el término de la concesión o asignación, conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos. La vigencia del título de concesión o asignación inicia a partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado en el caso que se menciona en el Artículo anterior. El derecho del concesionario o asignatario sólo podrá ser afectado por causas establecidas en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables, debidamente fundadas y motivadas. La concesión, asignación y sus prórrogas se entenderán otorgadas sin perjuicio de los derechos de terceros inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua y no garantizan la existencia o invariabilidad del volumen de agua concesionada o asignada. Los concesionarios o asignatarios quedarán obligados a dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley, los reglamentos correspondientes u otros ordenamientos aplicables, así como a las condiciones del título, permisos y las prórrogas, en su caso y a responder por los daños y perjuicios que causen a terceros y les sean imputables. El concesionario, cuando no se altere el uso consuntivo establecido en el título correspondiente, podrá cambiar total o parcialmente el uso de agua concesionada, siempre que dicha variación sea definitiva y avise oportunamente a "la Autoridad del Agua" para efectos de actualizar o modificar el permiso de descarga respectivo y actualizar en lo conducente el Registro Público de Derechos de Agua. En caso contrario, requerirá de autorización previa de "la Autoridad del Agua". La autorización será siempre necesaria cuando se altere el uso consuntivo establecido en el título correspondiente, se modifique el punto de extracción, el sitio de descarga o el volumen o calidad de las aguas residuales. La solicitud de autorización a que se refiere el párrafo anterior deberá señalar los datos del título de concesión, el tipo de variación o modificación al uso de que se trate; los inherentes a la modificación del punto de extracción, el sitio de descarga y la calidad de las aguas residuales, la alteración del uso consuntivo y la modificación del volumen de agua concesionado o asignado, mismos que no podrán ser superiores al concesionado o asignado; en caso de proceder será necesario presentar la evaluación del impacto ambiental, en términos de Ley. El derecho del concesionario o asignatario sólo podrá ser afectado por causas establecidas en la presente Ley, debidamente fundadas y motivadas. Conjuntamente con la solicitud de cambio de uso, se solicitará permiso para realizar las obras que se requieran para el aprovechamiento. El solicitante asumirá la obligación de destruir las obras anteriores en su caso, la de sujetarse a las Normas Oficiales Mexicanas, a las condiciones particulares de descarga y a las establecidas por esta Ley y los reglamentos derivados de ella. ARTICULO 33.- Los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, legalmente vigentes y asentados en el Registro Público de Derechos de Agua, así como los Permisos de Descarga, podrán transmitirse en forma definitiva total o parcial, con base en las disposiciones del presente Capítulo y aquellas adicionales que prevea la Ley y sus reglamentos. Los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, para su transmisión se sujetarán a lo siguiente: I. En el caso de cambio de titular, cuando no se modifiquen las características del título de concesión, procederá la transmisión mediante una solicitud por escrito presentada ante "la Autoridad del Agua", quien emitirá el acuerdo correspondiente de aceptación o no, así como la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua; II. En el caso de que, conforme a los reglamentos de esta Ley, se puedan afectar los derechos de terceros o se puedan alterar o modificar las condiciones hidrológicas o ambientales de las respectivas cuencas o acuíferos, se requerirá autorización previa de "la Autoridad del Agua", quien podrá, en su caso, otorgarla, negarla o instruir los términos y condiciones bajo las cuales se otorga la autorización solicitada, y III. La presentación ante el Registro Regional o Nacional, al tratarse de aquellos títulos que hubiese autorizado "la Autoridad del Agua", a través de acuerdos de carácter general que se expidan por región hidrológica, cuenca hidrológica, estado o Distrito Federal, zona o localidad, autorización que se otorgará solamente para que se efectúen las transmisiones de los títulos respectivos, dentro de una misma cuenca o acuífero. Los acuerdos referidos deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Cuando no se transmitan derechos o se modifique el título respectivo, si el titular de una concesión pretende proporcionar a terceros en forma provisional el uso total o parcial de las aguas concesionadas, se actuará conforme a lo dispuesto en el Artículo 23 BIS y los reglamentos de la presente Ley. ARTICULO 34.- "La Autoridad del Agua", en los términos del reglamento aplicable y mediante acuerdos de carácter regional, por cuenca hidrológica, estado o Distrito Federal, zona o localidad, podrá autorizar las transmisiones de los títulos respectivos, dentro de una misma cuenca hidrológica o acuífero, mediando una solicitud fundada y motivada siempre y cuando no se afecte el funcionamiento de los sistemas hidrológicos y se respete la capacidad de carga de los mismos. Los acuerdos a que se refiere este Artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos de mayor circulación en la región hidrológica que corresponda. En los casos de transmisión de títulos a que se refiere el presente Artículo, la solicitud de inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua, se deberá efectuar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la autorización por parte de "la Autoridad del Agua" y hasta entonces dicha inscripción producirá efectos frente a terceros, siempre y cuando con antelación se haya efectuado el acto o contrato de transmisión. El aviso o la solicitud de autorización de transmisión de derechos se harán en la forma y términos que establece la Ley para las promociones; además cumplirán con los requisitos que establezcan los reglamentos de la presente Ley. Las autoridades competentes podrán otorgar la autorización, negarla o instruir los términos y condiciones bajo los cuales se concederá. Tratándose de las transmisiones de derechos a que se refiere la Ley, el adquirente queda obligado a formular aviso y a acreditar ante las autoridades mencionadas, dentro de los quince días siguientes al aviso de transmisión o a la autorización que se otorgue, que se encuentra usando efectivamente el volumen de agua materia de la transmisión conforme al uso materia de la concesión o permiso de descarga. La inscripción de la transmisión que se haga, no perjudicará y dejará a salvo los derechos de terceros. ARTICULO 35.- La transmisión de los derechos para explotar usar o aprovechar aguas del subsuelo en zonas de veda o reglamentadas, se convendrá conjuntamente con la transmisión de la propiedad de los terrenos respectivos y en todo caso será en forma definitiva, total o parcial. Si se desea efectuar la transmisión por separado, se podrá realizar en la forma y términos previstos en los reglamentos de la presente Ley. En todo caso, existirá responsabilidad solidaria entre quien transmite y quien adquiere los derechos, para sufragar los gastos que ocasione la clausura del pozo que no se utilizará. En ningún caso se celebrarán actos de transmisión de títulos de asignación de aguas nacionales. Una vez efectuada la transmisión de derechos, "la Autoridad del Agua" expedirá, a favor del adquirente, previo aviso o autorización, el título de concesión que proceda. ARTICULO 37.- Serán nulas y no producirán ningún efecto las transmisiones que se efectúen en contravención a lo dispuesto en la presente Ley. De ahí que si bien la quejosa aparentemente contaba con la anuencia de la asociación para el uso y resguardo del canal, sin que en autos esté acreditado que ésta le hubiera transmitido a la quejosa su título de concesión y que dicha transmisión hubiera sido autorizada por la autoridad correspondiente, al ser el aludido canal propiedad de la Nación, no existía obligación de la asociación para notificarle previamente la revocación de la anuencia, ya que para efectos legales dicho permiso no es constitutivo de algún derecho a favor de la promovente del amparo. De ahí que no le asiste razón en sus alegaciones. Por ello tampoco trasciende al caso si el Municipio responsable tiene o no facultades para solicitar la transmisión de los derechos sobre el canal de riego, pues para considerar que la quejosa resiente una afectación, primero era menester que acreditara la existencia de derechos oponibles respecto de los actos reclamados. Luego, ante lo infundado del concepto de violación hecho valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Eustolia Álvarez Valencia, en contra del acto que reclamó de la asociación responsable, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eustolia Álvarez Valencia, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en términos de los considerandos cuarto, quinto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eustolia Álvarez Valencia, en contra de los actos reclamados precisados en el numeral 1 del considerando tercero, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy diez de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número IV-257/2023, promovido por Eustolia Álvarez Valencia, contra actos de la Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparaco A.C. Módulo de Riego, con residencia en Zamora, Michoacán, y otras autoridades; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eustolia Álvarez Valencia, contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en términos de los considerandos cuarto, quinto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eustolia Álvarez Valencia, en contra de los actos reclamados precisados en el numeral 1 del considerando tercero, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy diez de octubre de dos mil veintitrés, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.
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Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo IV-257/2023, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IV-257/2023 promovido por Eustolia Álvarez Valencia, contra actos del Presidente Municipal de Zamora, Michoacán y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zamora Michoacán, por sí y en representación del Regidor de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Planeación, Programación y Desarrollo Sustentable, Regidor del marco Jurídico Municipal y Desarrollo Agroindustrial Sustentable, Regidora de Desarrollo Social y Rural, Regidora de la Mujer, Derecho Humanos y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Regidor de Desarrollo Económico, Comercio y de Trabajo, Regidora de Educación, Cultura y Turismo, Coordinadora del Impuesto Predial, Tesorera Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Director de Servicios Públicos Municipales, Director de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Supervisor de Obras, adscrito a la Dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Director de Servicios Públicos Municipales, Director de Policía y Tránsito del Municipio, Subdirector Jurídico del Municipio, Subdirector Jurídico Urbano del Departamento de Regularización de Asentamientos Humanos y Vivienda, Director de Obras Públicas, Director de Desarrollo Social, Director de Participación Ciudadana, Subdirector de Participación Ciudadana, Oficial Mayor, Encargado del Departamento de Construcción del Municipio, Subdirector de Obras y Encargado de Parques y Jardines, todos del Municipio de Zamora, Michoacán. De la misma forma, se hace constar que las autoridades señaladas como responsables Asociación de Productores Agrícolas del Canal Principal Chaparraco A.C. Módulo de Riego y Sindica Municipal de Zamora, Michoacán fueron omisas en rendir su respectivo informe justificado, no obstante de haber sido requeridas para tal efecto con la oportunidad debida, como se obtiene del acuse de recibo que obra en autos. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia y respecto a la omisión en que incurrió la responsable en cita, prosígase con la audiencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridades responsables; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, mediante su pedimento número 446/2023 recibido por este juzgado el veintinueve de junio de la presente anualidad. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LEONEL LÓPEZ PÉREZ.
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