Eva Quiroz Torres
Expediente 881/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eva Quiroz Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional así como una parte la suspensión definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente del juicio de amparo VIII-881/2021, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-881/2021 promovido por Eva Quiroz Torres, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le resulta el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado en representación del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad .Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado en representación del Titular de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado en representación del Titular de la Fiscalía de Morelia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Citatorio girado dentro de la carpeta de investigación 1003202133242 Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que únicamente los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 338/2021 presentado el veintiuno de octubre del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VIII-881/2021, promovido por Eva Quiroz Torres, contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre del año en curso, Eva Quiroz Torres, promovió demanda de amparo contra actos del Fiscal General de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, misma que por razón de turno, correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. RADICACIÓN DEL JUICIO. Previo cumplimiento a la prevención realizada por este juzgado y ratificación del escrito aclaratorio, por auto de uno de octubre de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata, registrándola bajo el número de amparo VIII-881/2021, mismo que siguió por sus etapas procesales, se celebró la audiencia constitucional señalada para este día y, se pusieron los autos en estado de dictar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste en: La orden de localización, citación, detención, presentación o comparecencia girada en contra de la quejosa y su ejecución. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, Fiscal Coordinador de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, Fiscal Regional de Morelia, Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán y Directora de Litigación de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, todos con residencia en esta ciudad, se advierte que niegan la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de localización, citación, detención, presentación, retención y/o aprehensión, girada en contra del aquí quejoso y su ejecución. Negativa de actos que no fue desvirtuada por la aquí quejosa, por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como complemento la citada autoridad responsable. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. SEXTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser de orden público y estudio preferente, se analizará de oficio la causa de improcedencia que, en el caso concreto se estima actualizada, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, a saber, la prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5 de la Ley de Amparo, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". En términos de los preceptos transcritos, el juicio de amparo solo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos, los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; así, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. Ahora, si bien es cierto que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece la figura del "interés legítimo" en el juicio de amparo, a la par del "interés jurídico", cuyos contenidos y alcances son diversos, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina, no menos lo es también que la norma Constitucional refiere de manera expresa y clara que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, esto es, deberá acreditar su interés jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para acreditar el interés jurídico, el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado, y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo, que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; lo anterior, según lo establecido en la jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170500, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Mientras que el interés legítimo no necesariamente ha de dar lugar a un derecho subjetivo, ya que para que éste se actualice es suficiente una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, pues no requiere necesariamente la titularidad del derecho subjetivo como ocurre con el interés jurídico. El perjuicio entendido como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo, que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos y/o objetivos, en forma tal que la afectación originada no puede ser reparada por un acto jurídico posterior. Entonces, si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción Constitucional, es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. Ahora bien, precisado el concepto de interés jurídico desde la perspectiva del juicio de amparo, resulta trascendente precisar que del citatorio girado dentro de la carpeta de investigación 1003202133242, que remitió el Director de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con residencia en esta ciudad se advierte que el trece de septiembre de la presente anualidad, se citó a la aquí quejosa, a fin de que compareciera en calidad de imputado a rendir su respectiva declaración ministerial respecto de los hechos por cuales se integra la carpeta de investigación 1003202133242, la cual se instruye en su contra, por su probable comisión en el ilícito de despojo, cometido en agravio de Hilda Espinoza Cisneros, lo anterior bajo apercibimiento que de no comparecer se aplicaría en su contra los medios de apremio establecidos por el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, cabe señalar que en el caso concreto, el acto reclamado analizado en el presente considerando consistente en la emisión de dicho citatorio no transgrede los derechos sustantivos de la quejosa. Lo anterior es así, virtud a que, la etapa de investigación inicial, es decir, la integración de la carpeta de investigación en el juicio penal acusatorio oral, por regla general, está exenta de control Constitucional, debido a que no afecta el interés jurídico del gobernado. En efecto, en el nuevo sistema procesal penal adversarial, se tiene que la investigación realizada por el agente del Ministerio Público está desformalizada, pues, en términos del artículo 217, en relación con el diverso 260, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Representación Social únicamente debe integrar una carpeta de investigación con el registro de aquellos actos que tengan el carácter de antecedentes de la investigación, que son aquellos de los cuales se generan datos de prueba, para establecer que se cometió un hecho que la ley señale como delito y, la existencia de probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de los cuales, eventualmente, se producirán pruebas en el juicio oral. "Artículo 217. Registro de los actos de investigación. El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados." "Artículo 260. Antecedente de investigación El antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba." Lo anterior, se prevé, además, en los artículos 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del contenido siguiente: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e (.)" "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados." "Artículo 216. Proposición de actos de investigación Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su Defensor, así como la víctima u ofendido, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público." "Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados." "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación En la investigación inicial, los registros de ésta, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados. El imputado y su Defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer como imputado, y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para no afectar el derecho de defensa del imputado. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales." "Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de cadáver; VII. La aportación de comunicaciones entre particulares; VIII. El reconocimiento de personas; IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; X. La entrevista a testigos, y XI. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad. Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el presente Código." De la transcripción anterior se colige que, en la etapa de investigación, como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está las de recibir querellas y/o denuncias sobre hechos que pueden constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los caos autorizados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal, cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces por regla general, su integración no causa una afectación real y actual a la esfera jurídica del aquí solicitante de la protección de la justicia federal. Máxime que, hasta cuando el agente del Ministerio Público se presenta ante el Juez de control, y expone los datos de prueba que se allegó, y solicita la conducción del imputado ante el Juez de control, es en que se formaliza la investigación, antes no. Ahora bien, en el presente asunto, se advierte que el acto reclamado se ubica dentro de la etapa de investigación de una carpeta de investigación, cuestión que no evidencia alguna violación a derechos sustantivos y, por tanto, se ubica en la regla general, conforme a la cual, contra actos relativos a la integración de una carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo, virtud a que no se transgreden derechos sustantivos de la parte quejosa y, en consecuencia, se inobjetiva el elemento atinente a su interés jurídico. En efecto, como se estableció previamente, en el presente sumario Constitucional se reclaman actos emitidos por la autoridad que participa en la integración de la carpeta mencionada, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción I, del citado ordenamiento legal, relativa a la falta de interés jurídico de la quejosa, pues no le causa una afectación real, actual y directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico. Se afirma de esa manera, toda vez que los actos dirigidos a la aquí quejosa, derivados de dicha carpeta de investigación, no constituyen actos privativos, ni restrictivos de libertad, ya que se trata únicamente de sendas citaciones, con el objeto de recabar su declaración ministerial respecto de los hechos por los cuales se integra una carpeta de investigación. De ahí que, tales actos por sí solos, no constituyen actos que afecten derecho sustantivo alguno de la quejosa, por tratarse de simples citaciones, es decir, dicho acto no es privativo, ni restrictivo de ningún derecho, pues se emitieron por el Representante Social para integrar debidamente la carpeta de investigación, es decir, están dictados en la etapa de investigación inicial del sistema penal acusatorio, la cual tiene la característica de no ser formalizada, pues es cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, en la cual iniciará y dirigirá la investigación penal desformalizada. De ahí que se estime que las citaciones por parte de la Agente del Ministerio Público responsable, no son actos que afecten algún derecho sustantivo de la quejosa, por tratarse de una simple comunicación que no incide en la esfera jurídica de la citada. Apoya lo anterior la tesis número (X Región)2o.1 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, visible en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2012423, que a la letra dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." En efecto, de las constancias derivadas de la carpeta de investigación no se advierte que los actos reclamados transgredan algún derecho fundamental de la quejosa, o que se intente la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, que en todo caso, sería la excepción a la regla general prevista por la tesis en cita. Por tanto, atento a las razones expuestas, es dable concluir que la citación formulada no genera afectación a algún derecho sustantivo de la quejosa. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya sido citada para recabar su declaración ministerial, pues con independencia de la calidad con la que fue citada, dicho acto no afecta sus derechos sustantivos atento a lo hasta aquí expuesto. Apoya lo anterior la tesis número II.2o.P.51 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 2601, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2015368, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Del mismo modo, apoya lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2018828, que a la letra dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Lo subrayado y resaltado es propio). De ahí que, al no haber demostrado la quejosa que el acto reclamado afecte algún derecho sustantivo de su esfera jurídica; entonces, es evidente que carece del interés jurídico necesario para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Sin que obste el hecho de que se haya formulado apercibimiento en el sentido de que se le aplicaría en su contra los medios de apremio establecidos por el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que con independencia de esa circunstancia el argumento de mérito se sustenta en un hecho fáctico futuro de realización incierta, virtud a que, si bien, en efecto, se realizó el apercibimiento de mérito, la virtual imposición de alguno de los medios de apremio y de lo que se pueda determinar en la carpeta de investigación, depende en un primer momento, de la conducta que despliegue la aquí quejosa, es decir, si comparece o no ante la citada representación social; y, en un segundo momento, depende de que la autoridad señalada como responsable, haga efectivo el apercibimiento correspondiente. Establecido lo anterior, de autos se inadvierte medio de convicción apto para concluir que, aun cuando la quejosa no comparezca ante la autoridad responsable, sin lugar a duda, se le impondrá un medio de apremio en los términos destacados, razón por la cual, no puede considerarse inminente su aplicación, sino en todo caso, constituye un acto futuro de realización incierta, respecto de los cuales, el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente, aunque por diversa causa de la analizada previamente, esto es, la que resulta de relacionar lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, en vinculación con la jurisprudencia 301, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, consultable en el Tomo III, del Apéndice del año dos mil, página 320, registro digital 911234, de rubro: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDEN DE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES." De igual forma se invoca por similitud jurídica sustancial la tesis VII.2o.T.303 L (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, página 2739, con número de registro digital 2022821, de rubro: "APERCIBIMIENTO DE PRESENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA COMO MEDIDA DE APREMIO EN JUICIOS LABORALES. ES UN ACTO DE REALIZACIÓN FUTURA E INCIERTA RESPECTO DEL CUAL ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA VII.2o.T.188 L (10a.)]" En ese sentido, es dable indicar que el primer precepto legal en cita se desprende que el juicio de amparo resulta improcedente en los demás casos que deriven de dicha Ley; del segundo precepto legal se colige el deber de los tribunales federales de observar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, de los criterios jurisprudenciales invocados, se desprende que el apercibimiento con imponer una medida de apremio, constituye un acto futuro de realización incierta, en contra del cual es improcedente el juicio de amparo, porque su existencia depende de la conducta que asuma a quien se dirige el requerimiento y el correspondiente apercibimiento. En efecto, debido a que la imposición de una medida de apremio depende, al menos, de los dos aspectos destacados con anterioridad. Entonces, no se está frente a un acto de ejecución inminente, sino de un acto de realización futura e incierta, porque depende de la conducta que asuman la quejosa y la autoridad. Además, de que el mero apercibimiento carece de ejecución como acto autónomo que lo haga efectivo e imponga una sanción, por no existir un acto de molestia individualizado que implique algún cambio en su esfera jurídica, sino solamente hasta que se imponga la sanción, lo que se efectuará en otro acto autónomo e independiente de aquél y, finalmente, porque el referido apercibimiento no es un acto restrictivo de la libertad personal, sino un acto de molestia, pues aun cuando se hiciese efectivo, sólo tiene como propósito hacer comparecer a quien se encuentra dirigido ante la autoridad ministerial, para el desahogo de una diligencia de investigación. En tal virtud, si lo que aquí se reclama consiste en el apercibimiento contenido en el citatorio en comento, es evidente que la imposición de dicho medio de apremio es un acto de realización futura e incierta y, por tanto el juicio de amparo es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, en vinculación con la citada jurisprudencia 301, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas respecto del acto reclamado por el quejoso, procede sobreseer en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Finalmente, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por EVA QUIROZ TORRES, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que precisadas quedaron, en términos de los considerandos cuarto y sexto de este fallo. NOTIFIQUESE Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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Morelia, Michoacán, uno de diciembre de dos mil veintiuno. SE COMUNICA ADSCRIPCIÓN DEL TITULAR Se hace del conocimiento de las partes que a partir del día de hoy, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Practíquese la notificación del presente proveído mediante lista y a las autoridades responsables por oficio, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A fin de dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. SE PROVEE ESCRITO Agréguese a los autos para que obre como corresponde el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, atento su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado mediante proveído de seis de octubre del año en curso, mediante el cual se proveyó respecto a su solicitud de copias. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN FORMULA ALEGATOS. Por otra parte, intégrese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tiene al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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