Eusebia Briseño Vazquez

Expediente 482/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
482/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • Eusebia Briseño Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por Eusebia Briseño Vazquez, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que la parte promovente Eusebia Briseño Vázquez, en su demanda de amparo presentada en este Juzgado Federal el veintisiete de diciembre del año que transcurre, solicitó el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, así como la presentación de promociones vía electrónica. En este sentido, toda vez que el autorizado Francisco Javier Batres Antonio, tiene como nombre de usuario "lic.francisco.batres", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, la realización de notificaciones vía electrónica en el presente juicio de amparo. En consecuencia, túrnese el presente expediente al actuario adscrito a este Juzgado Federal, a fin de que realice la notificación correspondiente a la parte promovente de la determinación de veintiocho de los actuales y del presente proveído. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Eusebia Briseño Vazquez, contra el acto que reclama del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 482/2018-II. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que, a fin de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio Constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. A su vez, la improcedencia es una cuestión de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, en el caso particular de acuerdo el escrito inicial de demanda de amparo, el acto que aquí reclama la promovente del amparo consiste en la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio ordinario civil reivindicatorio registrado con el número de expediente 512/2017 del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí, por el que se requiere a la demandada -aquí promovente- para que dentro del término de cinco días de cumplimiento al resolutivo sexto de la sentencia de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, apercibiéndola que de no cumplir con ello se procederá a la desocupación. En la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a las que ordenan el archivo definitivo del expediente; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En el caso concreto, respecto del acto que por esta vía reclama la promovente, se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que la solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, ya que tiene el carácter de parte demandada, como lo adujo en el escrito que se provee. Manifestaciones vertidas por la propia solicitante del amparo en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención a la jurisprudencia 2a./J. 50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." En este orden de ideas, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, lo que se traduce en aquella resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de los sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que en el caso no acontece, puesto que el acto reclamado es el proveído de veintiuno de diciembre del presente año, dictado dentro del juicio de ordinario civil reivindicatorio número 512/2017, del índice del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, en el que se requirió a la parte demanda en forma personal, para que dentro del término de cinco días dé cumplimiento al resolutivo sexto de la sentencia de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se procederá a la desocupación del bien inmueble. Sobre el particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el máximo tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable, pues el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en segunda instancia del juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Cobra aplicación al caso, por analogía de razón, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 1a./J. 36/2004, publicada en la página 75, Tomo XX, Julio de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada". En efecto, en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento del juicio natural, porque con el mismo se trata de ejecutar lo resuelto en la sentencia de veinte de noviembre de dos mil dieciocho en el expediente relativo al juicio de ordinario civil reivindicatorio número 512/2017, la que causó ejecutoria y por tanto obliga a las partes a cumplir la misma; ahora, la ejecución de dicha sentencia, no resulta ser el último acto en la etapa de ejecución del referido juicio, pues no es independiente a ello. Por lo que el acto de que se duele el impetrante, de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, pues, como ya se vio, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquella como la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Robustece lo aquí deducido, la jurisprudencia número 734, publicada en la página 1204, del apéndice 1917-1988 al Semanario Judicial de la Federación que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." De lo que se sigue, que el acto reclamado por sí sólo no causa a la parte promovente un agravio personal y directo, esto es, se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera, como se dijo, sólo hasta que se pronuncie la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude el hoy inconforme y cuando proceda el juicio de amparo, donde tendrá la oportunidad, se insiste, de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle artes sin número esquina con calle Progreso, colonia Rotarios de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado de la promovente, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe de Jesús Batres de la Rosa, Silvia Leticia Batres Antonio y Francisco Javier Batres Antonio, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Teresa Rodríguez Sánchez, por así haberlo solicitado la promovente. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo; facultad que debe ser utilizada por el Actuario adscrito a este juzgado, solo en caso de que no le sea posible practicar la notificación encomendada en horas y días hábiles, lo cual deberá estar debidamente razonado. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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