Eugenio Cisneros Guerra

Expediente 371/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
371/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Eugenio Cisneros Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de julio de dos mil veintidós. Se recibe pieza postal devuelta Se agrega a los autos únicamente para que obre como constancia, la pieza postal devuelta que contiene el oficio número 12292/2022 del índice de este juzgado federal, dirigido a la autoridad responsable Encargado de Grupo de la Subdirección de Zona Huasteca Sur de la Dirección General de Métodos de Investigación con sede en el Municipio de Xilitla, San Luis Potosí, mediante el cual se le pretendió notificar el proveído de veintisiete de junio del año en curso; misma que el Administrador de Correos de esta ciudad, devuelve con la leyenda "Rehusado destinatario no corresponde a esta zona"; toda vez que en el referido auto, se ordenó el archivo del presente controvertido, como totalmente concluido, al haber adquirido firmeza el auto que sobreseyó el juicio fuera de audiencia, por no haber sido recurrido por las partes.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. Firmeza En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho proveído HA QUEDADO FIRME. Archivo En consecuencia, toda vez que no existen más diligencias que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Valoración Principal. Concluido el plazo conservación de tres años, como lo estipula el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal , que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dentro de los treinta días siguientes. Incidente original. Finalizado el plazo de conservación de tres años, como lo estipula el artículo 21, inciso c), del acuerdo en mención debido a que la suspensión definitiva se negó, este cuaderno es susceptible de DESTRUCCIÓN, dentro de los treinta días siguientes. Incidente duplicado. Con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido acuerdo es DESTRUIBLE, en el lapso de seis meses. Anotaciones Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno que concierne.

  3. Incidental

    Pieza postal devuelta Se tiene por recibida la pieza postal devuelta por el Servicio Postal Mexicano con la leyenda "No Aceptado 07-06- 2022", la que contiene el oficio número 10603/2022 del índice de este juzgado federal, dirigido a la autoridad responsable Encargado de Grupo de la Subdirección de Zona Huasteca Sur de la Dirección General de Métodos de Investigación de Xilitla, San Luis Potosí, por el que se le pretendió notificar la interlocutoria pronunciada el veintisiete de mayo de la presente anualidad. Se reenvía vía correo electrónico En atención a lo anterior y a efecto de evitar dilaciones procesales innecesarias, reenvíese el oficio de que se trata a la autoridad de referencia, al correo electrónico subdir.pdi.zhs.sdltr21@gmail.com, para lo cual se comisiona al actuario adscrito a este juzgado federal, quien deberá certificar la recepción de la comunicación en comento.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintidós. Se recibe escrito Se recibe el escrito remitido por ****-autorizado en términos restringidos de la parte quejosa-, mediante el cual acompaña acta certificada de defunción del directo quejoso ***, emitida por el Oficial 01 del Registro Civil de Xilitla, San Luis Potosí. Ahora bien, de las constancias que integran el presente asunto se advierte que el acto reclamado por el que se admitió a trámite la demanda de amparo consiste en la orden de presentación y/o comparecencia en la carpeta de investigación CDI/FGE/IX/D07/00499/21, así como su ejecución en contra del quejoso de referencia. En ese sentido, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que el directo quejoso ha fallecido; preceptos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; [.]" De conformidad con dichos numerales, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Federal, o de la Ley de Amparo, como en el caso acontece, toda vez que de acuerdo a la fracción III, del numeral 63 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento del juicio, cuando el quejoso muere durante éste, si es que el acto reclamado sólo afecta a su persona. En ese tenor, del acta certificada de defunción de mérito, se desprende y acredita que el directo quejoso Eugenio Cisneros Guerra falleció el cuatro de mayo de la presente anualidad, a causa de un infarto agudo al miocardio. Entonces, si de las constancias se puso de manifiesto que Eugenio Cisneros Guerra murió es inconcuso que sólo afectaban sus derechos personales dado que las ordenes de presentación y/o comparecencia, así como su ejecución se trataban de cumplimentar contra el referido finado, por lo que en las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción III, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 34/2019, emitida por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, publicada en la página 1086, Tomo I, Febrero de 2019, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Décima Época, con número de registro 2019390, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral." En esa virtud, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos. No pasan inadvertidas para la suscrita Juzgadora las manifestaciones que el ocursante refiere, en cuanto a que se suspenda el juicio de amparo en que se actúa, así como los términos y plazos desde la defunción del quejoso, ello a efecto de que Alma Lilia García Cisneros -prima del quejoso- comparezca en el presente controvertido constitucional en nombre de éste. Empero, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Amparo, el juicio solo podrá continuarse cuando lo planteado no afecte derechos estrictamente personales, siendo que, en el caso, el acto reclamado en la demanda de amparo lo constituyó, en esencia, la orden de presentación y/o comparecencia en la carpeta de investigación CDI/FGE/IX/D07/00499/21, así como su ejecución, cuyos efectos no trascienden más allá de los derechos personales del solicitante de amparo, máxime que de autos se advierte su inexistencia; por lo que al ser esto así, de cualquier forma el juicio no podría haber continuado después del fallecimiento de quejoso Eugenio Cisneros Guerra. Sin embargo, aun de coincidir con lo así alegado, no podría llegarse a una conclusión distinta a la ya sostenida, puesto que sobre ese tema también existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -misma que ya fue citada en párrafos que anteceden- en el sentido de que el sobreseimiento en el juicio de amparo por fallecimiento del quejoso opera cuando el acto reclamado sólo afecta sus derechos personales, aunque hubiese generado daños y perjuicios a sus familiares susceptibles de reparación mediante el pago de una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria. Lo anterior, sostuvo la Segunda Sala, debido a que la condición consistente en que los actos reclamados sólo afecten los derechos personales del quejoso, no implica que debe continuarse con el procedimiento hasta el dictado de la sentencia respectiva cuando se advierta que pudieron trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, pues si éstos no instaron la protección de la Justicia Federal, carecería de lógica y sentido práctico analizar los actos reclamados si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron. A lo que agregó, que si bien es cierto que el derecho a la reparación integral comprende, entre otras medidas, la restitución del agraviado a la situación que prevalecía antes de cometerse la violación a sus derechos humanos y de ser el caso, la compensación económica por los daños sufridos como consecuencia de ello, también es verdad que el juicio de amparo no es el único mecanismo para garantizar ese derecho, en tanto su objeto se constriñe a restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado y, por ende, la posible afectación económica, psicológica o emocional que el acto reclamado haya producido a sus familiares, no puede ser materia de la litis constitucional, dado que no sería jurídicamente posible concederles el amparo y protección de la Justicia Federal para que les sean reparados los daños y perjuicios que hubiesen sufrido, en tanto ello implicaría transgredir los principios constitucionales que lo rigen, específicamente el de instancia de parte agraviada y de relatividad. Ese criterio quedó reflejado en la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 34/2019 (10a.), publicada en la página 1086 del Libro 63, Tomo I, Febrero de 2019, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral". Una última consideración que debe quedar clara es que la legitimación del autorizado en amplios términos no puede entenderse extendida hasta que el juez de Distrito suspenda el procedimiento en términos del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Amparo. Para evidenciarlo así, conviene citar el contenido del referido artículo 16, que a la letra dice lo siguiente: "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto". De la lectura del numeral transcrito puede apreciarse que se estableció la posibilidad de que, al fallecer el quejoso, su representante legal continúe el juicio de amparo, siempre que lo planteado en éste no afecte únicamente derechos personales; mientras que, de no contar con representante legal, el juzgador federal deberá suspender el procedimiento de manera inmediata, para que la sucesión del fallecido tome su lugar. Así, una primera razón para sostener que la legitimación del autorizado en amplios términos no depende de la declaratoria de suspensión, es que la paralización del procedimiento no se da en todos los casos, sino que se encuentra condicionada a que las violaciones alegadas no afecten únicamente derechos estrictamente personales, esto es, a que exista un perjuicio de naturaleza patrimonial y a que, además, el fallecido no cuente con un representante legal, pues solo en ese caso su sucesión deberá tomar su lugar; cuestión que por obvias razones no es inmediata y requiere de un tiempo de espera -de ahí la lógica de la paralización del procedimiento-. Por ello, en los casos como el que nos ocupa, en los que el derecho que se estimó vulnerado tiene relación estrictamente con derechos personales del solicitante de amparo, sería ilógico esperar por una declaratoria de suspensión que nunca llegará, al no trascender las afectaciones alegadas a derechos de naturaleza patrimonial, y mientras tanto, pensar que el autorizado en amplios términos aún puede representar a su autorizante. Dicho argumento también sirve de base para explicar una segunda razón por la cual el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dejará de contar con legitimación para actuar en el juicio después del fallecimiento del quejoso. Este segundo motivo se basa en el hecho de que el artículo 16, así como del criterio de rubro "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES" que en el presente auto ya fue citado, ni si quiera contemplan la posibilidad, ya sea de que se traten de derechos personales o patrimoniales, de que el autorizado, ni siquiera aunque lo fuera en amplios términos siga actuando en representación del fallecido, menos aún que continúe el juicio en su nombre, como lo sería si se le permitiera interponer recursos por cuenta propia, o bien imponer una persona para que comparezca al presente controvertido constitucional para continuar con el mismo en nombre del finado quejoso, como en el caso fue intentado, puesto que como ya se dijo, los actos reclamados solo afectaban la esfera jurídica del solicitante de amparo. Notifíquese y personalmente al autorizado del quejoso.

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