Eusebia Briseño Vazquez

Expediente 481/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
481/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
23/01/2019

Partes del expediente

  • Eusebia Briseño Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, del Estado de San Luis Potosí, con residencia en la capital, por el cual informa que en los autos del amparo directo civil 3/2019, de su índice, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, en virtud de que el Tribunal oficiante, admitió la demanda de amparo de la cual este órgano jurisdiccional declaró que carecía de competencia legal para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Eusebia Briseño Vázquez, contra actos del Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 481/2018-I. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Previo a hacer pronunciamiento alguno sobre la procedencia del amparo, debe establecerse si este órgano jurisdiccional es competente o no para conocer de la misma. Sentado lo anterior se tiene que, respecto del acto que reclama el promovente, consiste en: El auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Primero Civil del Sexto Distrito Judicial de esta ciudad dentro de los autos que integran el juicio ordinario civil reivindicatorio 512/2017 en el que dicha responsable no admitió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, en contra de la sentencia definitiva de fecha primero de junio del presente año, aduciendo que en el mencionado juicio no existe ninguna sentencia con esa fecha. En este contexto, conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, el juicio se tramitará en vía directa o indirecta. Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo segundo de dicho ordenamiento prevé que el juicio de amparo directo procede: "contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". "Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley". Con base en lo anterior y, toda vez que el acto que aquí se reclama consiste en el auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, en el que la responsable no admitió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, en contra de la sentencia definitiva de fecha primero de junio del presente año, este órgano jurisdiccional estima que el acto reclamado se trata de una resolución que puso fin al juicio de la cual debe conocer en razón de competencia un Tribunal Colegiado para pronunciarse al respecto. En efecto, es menester traer a colación el contenido del artículo 46, párrafo primero, de la anterior Ley de Amparo, que establece: "Artículo 46.- Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia. Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." Así, el diverso precepto 170, de dicho ordenamiento, que es del contenido siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido... Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Del numeral 170 antes transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Es preciso mencionar que, en el texto de la Ley de Amparo, el legislador ya no dotó a la sentencia definitiva reclamable en amparo directo, ni a los laudos o resoluciones que sin serlo, ponen fin al juicio, de la exigencia relativa a "respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", requisito que sí establecía la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46. Esto es, en la nueva Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin a juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común. Se afirma lo anterior, ya que el principio de definitividad, se encuentra en el tercer párrafo de la fracción I del precitado numeral 170 de la Ley de Amparo vigente, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales, la sentencia, laudo o resolución reclamada puede ser modificada o revocada, traduciéndose dicha exigencia en un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo y no como un elemento para poder establecer si la sentencia o resolución puede ser reclamada en el amparo uniinstancial. En ese contexto normativo, toda vez que la competencia del Tribunal Colegiado y la procedencia del amparo directo, ya no están estrechamente relacionadas en la nueva Ley de Amparo, pues la primera se surte por el solo hecho de que se reclame una sentencia que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo haya dado por concluido, al margen de que la ley conceda o no un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificada o revocada, habida cuenta que esto último incide únicamente en la procedencia o improcedencia del juicio. Cobra aplicación al respecto, la Tesis número 1a./J. 51/2004 (9a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 21, Tomo XX, agosto de 2004 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Novena Época, número de registro 180958, que a la letra dice: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo, al reclamarse una resolución que puso fin al juicio, por lo que, en su contra procede el juicio de amparo directo, competencia del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. No pasa desapercibido que el artículo 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no ha sido objeto de reformas y que siga estableciendo la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo, en materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. Sin embargo, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, deriva del 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Carta Magna, de similar contenido y, este último debe prevalecer sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación al respecto, la Jurisprudencia por contradicción número P./J. 6/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, número de registro 2008791, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí, capital. II. Formar, con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión del acto reclamado, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Artes sin número esquina con calle Progreso en la colonia Rotarios de esta ciudad. Asimismo, se tiene como autorizado de la promovente, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Felipe de Jesús Batres de la Rosa, Silvia Leticia Batres Antonio y Francisco Javier Batres Antonio, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Teresa Rodríguez Sánchez, por así haberlo solicitado la promovente. Por otro lado, la parte quejosa solicita acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, así como la presentación de promociones vía electrónica. En este sentido, toda vez que el autorizado Francisco Javier Batres Antonio, tiene como nombre de usuario "lic.francisco.batres", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente, la realización de notificaciones vía electrónica en el presente juicio de amparo. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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