Eugenio Cisneros Guerra

Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
374/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Eugenio Cisneros Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Certificación Vista la certificación que antecede... En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó; por tanto, el citado documento será destruido. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de ocho de junio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del plazo de diez días previsto en el numeral 81 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en comento, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Archivo Al no existir diligencias pendientes que realizar dentro del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido. ... Devolución de un documento a la parte quejosa En otro aspecto, se deja a disposición de la parte quejosa, la documental que exhibió en el juicio, para que dentro del plazo de noventa días hábiles, comparezca a recogerla; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, la misma será destruida con el presente expediente

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de junio de dos mil veintidós. Se recibe escrito Se recibe el escrito signado electrónicamente por ***-autorizado en términos restringidos de la parte quejosa-, mediante el cual acompaña copia certificada del certificado de defunción del directo quejoso ***; en ese tenor, agréguese para que obre para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de las constancias que integran el presente asunto se advierte que el acto reclamado por el que se admitió a trámite la demanda de amparo consiste en la orden de presentación y/o comparecencia en la carpeta de investigación ***, así como su ejecución en contra del impetrante de referencia. En ese sentido, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 63, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso ha fallecido; preceptos que establece; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; De conformidad con dichos numerales, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Federal, o de la Ley de Amparo, como en el caso acontece, toda vez que de acuerdo a la fracción III, del numeral 63 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento del juicio, cuando el quejoso muere durante éste, si es que el acto reclamado sólo afecta a su persona. Bien, de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto que nos ocupa, se desprende que el directo quejoso Eugenio Cisneros Guerra falleció el cuatro de mayo de la presente anualidad, lo que se acredita con la copia certificada del certificado de defunción del promovente de amparo. Entonces, si de las constancias se puso de manifiesto que los actos reclamados son la orden de presentación y/o comparecencia en la carpeta de investigación CSC/FGE/IX/D07/00159/2021, que ***falleció el cuatro de mayo de dos mil veintidós, es inconcuso que sólo afectaban sus derechos personales, por lo que en las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción III, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de amparo. En esa virtud, se deja sin efectos la fecha para la celebración de la audiencia constitucional señalada en autos -once horas del diez de junio de dos mil veintidós -. No pasan inadvertidas para la suscrita Juzgadora las manifestaciones que el ocursante refiere, en cuanto a que se suspenda el juicio de amparo en que se actúa, así como los términos y plazos desde la defunción del quejoso, ello a efecto de que ***-prima del impetrante- comparezca en el presente controvertido constitucional en nombre de éste. Empero, conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Amparo, el juicio solo podrá continuarse cuando lo planteado no afecte derechos estrictamente personales, siendo que, en el caso, el acto reclamado en la demanda de amparo lo constituyó, en esencia, la orden de presentación y/o comparecencia en la carpeta de investigación ***** así como su ejecución, cuyos efectos no trascienden más allá de los derechos personales del solicitante de amparo, máxime que de autos se advierte su inexistencia; por lo que al ser esto así, de cualquier forma el juicio no podría haber continuado después del fallecimiento de quejoso****. Sin embargo, aun de coincidir con lo así alegado, no podría llegarse a una conclusión distinta a la ya sostenida, puesto que sobre ese tema también existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, -misma que ya fue citada en párrafos que anteceden- en el sentido de que el sobreseimiento en el juicio de amparo por fallecimiento del quejoso opera cuando el acto reclamado sólo afecta sus derechos personales, aunque hubiese generado daños y perjuicios a sus familiares susceptibles de reparación mediante el pago de una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria. Lo anterior, sostuvo la Segunda Sala, debido a que la condición consistente en que los actos reclamados sólo afecten los derechos personales del quejoso, no implica que debe continuarse con el procedimiento hasta el dictado de la sentencia respectiva cuando se advierta que pudieron trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, pues si éstos no instaron la protección de la Justicia Federal, carecería de lógica y sentido práctico analizar los actos reclamados si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron. A lo que agregó, que si bien es cierto que el derecho a la reparación integral comprende, entre otras medidas, la restitución del agraviado a la situación que prevalecía antes de cometerse la violación a sus derechos humanos y de ser el caso, la compensación económica por los daños sufridos como consecuencia de ello, también es verdad que el juicio de amparo no es el único mecanismo para garantizar ese derecho, en tanto su objeto se constriñe a restituir al quejoso en el goce del derecho vulnerado y, por ende, la posible afectación económica, psicológica o emocional que el acto reclamado haya producido a sus familiares, no puede ser materia de la litis constitucional, dado que no sería jurídicamente posible concederles el amparo y protección de la Justicia Federal para que les sean reparados los daños y perjuicios que hubiesen sufrido, en tanto ello implicaría transgredir los principios constitucionales que lo rigen, específicamente el de instancia de parte agraviada y de relatividad. Una última consideración que debe quedar clara es que la legitimación del autorizado en amplios términos no puede entenderse extendida hasta que el juez de Distrito suspenda el procedimiento en términos del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Amparo. Para evidenciarlo así, conviene citar el contenido del referido artículo 16, que a la letra dice lo siguiente: "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión. Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente según el caso de que se trate. Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto". De la lectura del numeral transcrito puede apreciarse que se estableció la posibilidad de que, al fallecer el quejoso, su representante legal continúe el juicio de amparo, siempre que lo planteado en éste no afecte únicamente derechos personales; mientras que, de no contar con representante legal, el juzgador federal deberá suspender el procedimiento de manera inmediata, para que la sucesión del fallecido tome su lugar. Así, una primera razón para sostener que la legitimación del autorizado en amplios términos no depende de la declaratoria de suspensión, es que la paralización del procedimiento no se da en todos los casos, sino que se encuentra condicionada a que las violaciones alegadas no afecten únicamente derechos estrictamente personales, esto es, a que exista un perjuicio de naturaleza patrimonial y a que, además, el fallecido no cuente con un representante legal, pues solo en ese caso su sucesión deberá tomar su lugar; cuestión que por obvias razones no es inmediata y requiere de un tiempo de espera -de ahí la lógica de la paralización del procedimiento-. Por ello, en los casos como el que nos ocupa, en los que el derecho que se estimó vulnerado tiene relación estrictamente con derechos personales del solicitante de amparo, sería ilógico esperar por una declaratoria de suspensión que nunca llegará, al no trascender las afectaciones alegadas a derechos de naturaleza patrimonial, y mientras tanto, pensar que el autorizado en amplios términos aún puede representar a su autorizante. Dicho argumento también sirve de base para explicar una segunda razón por la cual el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dejará de contar con legitimación para actuar en el juicio después del fallecimiento del quejoso. Este segundo motivo se basa en el hecho de que el artículo 16, así como del criterio de rubro "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES" que en el presente auto ya fue citado, ni si quiera contemplan la posibilidad, ya sea de que se traten de derechos personales o patrimoniales, de que el autorizado, ni siquiera aunque lo fuera en amplios términos siga actuando en representación del fallecido, menos aún que continúe el juicio en su nombre, como lo sería si se le permitiera interponer recursos por cuenta propia, o bien imponer una persona para que comparezca al presente controvertido constitucional para continuar con el mismo en nombre del finado quejoso, como en el caso fue intentado, puesto que como ya se dijo, los actos reclamados solo afectaban la esfera jurídica del solicitante de amparo. Notifíquese y personalmente al autorizado del quejoso.

  4. Incidental

    Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 146 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a ***, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando quinto de la presente interlocutoria, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese.

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