Esteban Soñanez Gaspar

Expediente 825/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
825/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Agente del Ministerio Público Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión (Patricia Wendolyn Garibay Rodríguez)
  • Esteban Soñanez Gaspar

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda; por tanto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, articulo 20 fraccionen IV, establece que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo anterior mencionado, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ellos a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 4. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo segundo, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTICOHO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Esteban Soñanez Gaspar y Daisy Paola López González, en representación de su menor hijo ESL, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 825/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dentro de los autos de la carpeta de investigación 1003202302693, dictada por la autoridad responsable en la cual determinó no expedirle copias de la carpeta citada, virtud a que de conformidad al numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se ha generado acto de molestia alguno, toda vez que las comparecencias que se realizaron en treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, fue en calidad de testigos. 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 4. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; [.]". En relación con lo anterior, el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 5º. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]". De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos legales, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que la norma o el acto reclamado causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, la parte quejosa quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, al reclamar norma, acto u omisión que violen sus derechos, deberá producirse una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o virtud a su especial situación frente al orden jurídico. De modo tal que, si no se demuestra la referida afectación, ello imposibilita al juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce el quejoso se violentan en su perjuicio. Cabe señalar nuevamente que la parte quejosa se duele del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dentro de los autos de la carpeta de investigación 1003202302693, dictada por la autoridad responsable en la cual determinó no expedirle copias de la carpeta citada, virtud a que de conformidad al numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se ha generado acto de molestia alguno, toda vez que las comparecencias que se realizaron en treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, fue en calidad de testigos. Por lo que como quedó establecido, que al comparecer la quejosa en su calidad de testigo, y no como imputado y al tener solo el temor o la sospecha de ser investigado, y no existe un acto de molestia en concreto, ya sea detención o comparecencia, pues la simple sospecha de ser investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, por tanto, la parte quejosa tiene solo un interés simple. Sin que sea óbice, que el quejoso aduce tenerla calidad de imputado, dado que de las constancias que anexa a su escrito de demanda, en específico el acuerdo de veintidós de junio del año en curso, emitido por la autoridad responsable, se advierte que el mismo fue llamado en calidad de testigo, sin que sea óbice que sea exhibido en copia simple, lo que se robustece con las propias manifestaciones de los padres del menor quejoso en donde expresan "ya que al haber acudido los suscritos a rendir nuestras correspondientes entrevistas, lo fue en calidad de padres y tutores del menor investigado, es por lo cual, el testimonio es especial y no como simple testigos que presencian o saben acerca de una investigación, motivo por el cual contrario a lo acordado por la autoridad responsable, si es un acto de molestia en nuestro perjuicio y de nuestro menor hijo.". De lo anterior se desprende el reconocimiento de la calidad de testigos en la que se acudió a rendirlas diferentes entrevistas incluyendo las del menor quejoso, y que pretende atribuirle la característica de "testimonio especial", no obstante se insiste su calidad es como testigo, y no como imputado, de ahí que se actualice la causa de improcedencia señalada. Ahora bien, en el caso particular , tiene aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2025272, Undécima Época, Materias Común, Penal, Tesis: 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, página 2817, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." 5. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 6. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que menciona; en el entendido de que ********************gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, por lo que ve a las restantes personas que menciona, se les tiene como autorizados en los restringidos términos a que alude el precepto citado, únicamente para que se impongan de autos, consulten el expediente y se les permita obtener copias y recibir documentos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de abogado. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. 1. Registro. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Esteban Soñanez Gaspar y Daisy Paola López González, en representación de su menor hijo ESL, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 825/2023. 2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. Del contexto integral del escrito de demanda, se desprende que se reclama lo siguiente: El acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dentro de los autos de la carpeta de investigación 1003202302693, dictada por la autoridad responsable en la cual determinó no expedirle copias de la carpeta citada, virtud a que de conformidad al numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se ha generado acto de molestia alguno, toda vez que las comparecencias que se realizaron en treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, fue en calidad de testigos. 3. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 4. Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; [.]". En relación con lo anterior, el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 5º. I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [...]". De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos legales, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, que la norma o el acto reclamado causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. En efecto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5º, fracción I de la Ley de Amparo, la parte quejosa quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, al reclamar norma, acto u omisión que violen sus derechos, deberá producirse una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o virtud a su especial situación frente al orden jurídico. De modo tal que, si no se demuestra la referida afectación, ello imposibilita al juzgador a realizar cualquier análisis respecto de los derechos fundamentales que aduce el quejoso se violentan en su perjuicio. Cabe señalar nuevamente que la parte quejosa se duele del acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dentro de los autos de la carpeta de investigación 1003202302693, dictada por la autoridad responsable en la cual determinó no expedirle copias de la carpeta citada, virtud a que de conformidad al numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se ha generado acto de molestia alguno, toda vez que las comparecencias que se realizaron en treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, fue en calidad de testigos. Por lo que como quedó establecido, que al comparecer la quejosa en su calidad de testigo, y no como imputado y al tener solo el temor o la sospecha de ser investigado, y no existe un acto de molestia en concreto, ya sea detención o comparecencia, pues la simple sospecha de ser investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, por tanto, la parte quejosa tiene solo un interés simple. Sin que sea óbice, que el quejoso aduce tenerla calidad de imputado, dado que de las constancias que anexa a su escrito de demanda, en específico el acuerdo de veintidós de junio del año en curso, emitido por la autoridad responsable, se advierte que el mismo fue llamado en calidad de testigo, sin que sea óbice que sea exhibido en copia simple, lo que se robustece con las propias manifestaciones de los padres del menor quejoso en donde expresan "ya que al haber acudido los suscritos a rendir nuestras correspondientes entrevistas, lo fue en calidad de padres y tutores del menor investigado, es por lo cual, el testimonio es especial y no como simple testigos que presencian o saben acerca de una investigación, motivo por el cual contrario a lo acordado por la autoridad responsable, si es un acto de molestia en nuestro perjuicio y de nuestro menor hijo.". De lo anterior se desprende el reconocimiento de la calidad de testigos en la que se acudió a rendirlas diferentes entrevistas incluyendo las del menor quejoso, y que pretende atribuirle la característica de "testimonio especial", no obstante se insiste su calidad es como testigo, y no como imputado, de ahí que se actualice la causa de improcedencia señalada. Ahora bien, en el caso particular , tiene aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2025272, Undécima Época, Materias Común, Penal, Tesis: 1a./J. 95/2022 (11a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, página 2817, de texto y rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." 5. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 6. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a las personas que menciona; en el entendido de que ********************gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, por lo que ve a las restantes personas que menciona, se les tiene como autorizados en los restringidos términos a que alude el precepto citado, únicamente para que se impongan de autos, consulten el expediente y se les permita obtener copias y recibir documentos, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de abogado. 7. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 8. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

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