Estefanía Olascoaga García
Expediente 772/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Integrantes de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán
- Estefanía Olascoaga García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el sobreseimiento decretado fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Ahora, en el incidente de suspensión se concedió la provisional y se negó la definitiva; en consecuencia, el original de dicho cuaderno es susceptible de DEPURACIÓN; por lo que una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente, siempre y cuando exista el original. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
glosase sin mayor acuerdo...
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Agréguese sin mayor acuerdo el oficio signado por la Jefa de Administración Centro Histórico de Correos de México, con residencia en esta ciudad, toda vez que mediante proveído de uno de octubre del año en curso, se tuvieron por recibidos los informes previos de las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las constancias anexas al informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el diez de septiembre del año en curso, dentro del juicio laboral J-VI-34/2018, se emitió acuerdo en el que se reconoció a la aquí quejosa Estefanía Olascoaga García, el carácter de demandada, en el juicio laboral de que se trata; asimismo, que en la contienda obrera de mérito, no se ha emitido laudo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de dicho ordenamiento jurídico. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La quejosa Estefanía Olascoaga García, acude a esta instancia constitucional como tercera extraña por equiparación al juicio laboral de origen, en el que figura como parte demandada; sin embargo, dicho carácter no le asiste, en virtud de que existe evidencia de que se enteró de la tramitación del juicio laboral; lo que se advierte del proveído de diez de septiembre del año en curso, dictado dentro de la contienda obrera, en el que se le reconoció el carácter de demandada, en atención al escrito presentado por ésta, el veinticuatro de agosto del año en curso, en el que solicitó la expedición de copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral de que se trata. Ciertamente la ley de la Materia vigente, en su artículo 61, fracción XVIII, inciso c), establece una serie de excepciones al principio de definitividad, rector del juicio de derechos fundamentales, pues, entre otras, exceptúa a las personas extrañas al procedimiento, de la obligación de interponer los recursos o medios ordinarios de defensa correspondientes, previo a la promoción del juicio constitucional. No obstante ello, debe precisarse que si la parte quejosa se ostenta como tercero extraño a juicio por equiparación, tratándose de un juicio laboral que se instruye en su contra en el cual aún no se ha dictado el laudo respectivo, si el promovente del juicio de garantías durante la tramitación del juicio se hace sabedor por cualquier medio del procedimiento seguido en su contra, ello hace que pierda la calidad de tercero extraño al juicio, en tanto que desde ese momento procesal tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J.198/2008, del siguiente tenor: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo. Jurisprudencia que resulta aplicable al caso concreto en términos del artículo sexto transitorio, del decreto de reformas a la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, pues no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúa en vigor en tanto no se opone a la legislación en vigor. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso, de un análisis a la demanda se advierte que la quejosa reclamó de la autoridad responsable: La diligencia de notificación y emplazamiento practicado dentro de los autos que integran el expediente ordinario número J-VI-34/2018, promovido por Rosa María Torres Ávalos; y, La ilegalidad de todas las actuaciones realizadas en ese juicio; Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que con anterioridad a la interposición de la demanda de garantías -trece de septiembre de dos mil dieciocho-, el diez de septiembre del año en curso, la autoridad responsable emitió auto en el que le reconoció el carácter de demandada, en atención al escrito presentado por la quejosa, el veinticuatro de agosto del año en curso, en el que solicitó la expedición de copias certificadas de las constancias que integran el juicio laboral de que se trata; en ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, la quejosa perdió la calidad de tercero extraño por equiparación al procedimiento laboral de origen. Ello, pues basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño el juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Por lo que forzosamente debió agotar los medios ordinarios de defensa, previstos en la Ley Federal del Trabajo, previo a promover juicio de amparo; esto es, la quejosa debió hacer valer en contra del ilegal emplazamiento reclamado, el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los artículos 761 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, puesto que en el juicio laboral J-VI-34/2018, no se ha dictado laudo respectivo. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No pasa desapercibido, que a Rosa María Torres Ávalos, le enviste el carácter de tercero interesada conforme al artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, pero tomando en consideración la presente determinación adoptada, resulta innecesario llamarla al juicio de garantías en que se actúa. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.
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