Estefany Xironel García Huerta
Expediente 641/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Estefany Xironel García Huerta
- Estefany Xironel García Huerta y Otros.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 641/2021. De conformidad con el Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Estefany Xironel García Huerta, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijos D.S.S.G. y L.L.S.G., en contra del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad responsable, consistente en: El auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del toca I-140/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia interlocutoria, emitida en el incidente de modificación de custodia provisional de los menores, substanciado en el expediente 290/2020, relativo al juicio ordinario oral familiar que sobre divorcio sin expresión de causa promueve la suscrita frente a Carlos Michel Sixtos Flores; y en el que indebidamente se dejó sin efectos el desechamiento por extemporáneo del recurso de apelación interpuesto por Carlos Michel Sixtos Flores, pronunciado en el auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, y decidir sobre la admisión de dicho recurso de apelación; así como cualquier otro auto o actuación que a partir de esta fecha se genere por la responsable, para el trámite del recurso de apelación referido, puesto que tales actos de autoridad vulneran los principios de legalidad, certeza jurídica, equilibrio procesal y viola el interés superior de los menores involucrados, sin haber sido oída y vencida. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa. Que mediante auto de uno de septiembre del año dos mil, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario oral 290/2020, otorgó a la aquí quejosa la custodia provisional de sus menores hijos D.S.S.G. y L.L.S.G; Que el tres de mayo de la presente anualidad, el Juez de origen dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de modificación de custodia provisional de los menores ya referidos; Dicha sentencia fue notificada a Carlos Michel Sixtos Flores (demandado) el cuatro de mayo de la presente anualidad; asimismo, la autoridad responsable tuvo interponiendo al referido demandado, recurso de apelación en efecto devolutivo, en contra de la sentencia interlocutoria de tres de mayo del año en curso, ordenando remitir dicho recurso a la Sala correspondiente; Que el catorce de junio de dos mil veintiuno, la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, registró el recurso de apelación bajo Toca I-140/2021; Asimismo, el dieciocho de junio de la presente anualidad, el Magistrado responsable, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, y por lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por Carlos Michel Sixtos Flores, determinó desecharlo por extemporáneo; Posteriormente, en proveído de veinticuatro de junio del año en curso, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, revocó su propia determinación: .atendiendo a la copia certificada por el secretario de acuerdos del juzgado de origen de la notificación adjunta a su escrito de cuenta de donde se desprende que la sentencia interlocutoria combatida en apelación de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, le fue notificada al autorizado del apelante Luis Jonathan Guerrero Flores el día cinco de mayo del presente año, por lo tanto, con dicha notificación se acredita que Sixtos Flores estuvo en tiempo al interponer el recurso de apelación referido. Siendo este el acto aquí reclamado. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por manifiesto, debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se atiende a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En ese sentido, los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, la cual se actualiza cuando tales actos cumplen con dos notas distintivas que son: Afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse en el mismo momento, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. Por tanto, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. Esto es así pues, como se vio, si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es congruente con la lógica del sistema de amparo establecido tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo. En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, en virtud de que el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, por el que el magistrado responsable revocó su determinación en relación al desechamiento del recurso de apelación interpuesto por Carlos Michel Sixtos Flores, y determinó admitirlo a trámite dentro del Toca I-140/2021, no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la constitución como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio o salud, sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de la tramitación del recurso de apelación, que será definitivo cuando se resuelva, momento en el cual se verá su trascendencia en su sentido, y en caso de que le sea desfavorable, podrá impugnarlo en la vía de amparo que corresponda. Se sostiene lo anterior, ya que los derechos de fondo que en su caso son irreparables son los que tienen que ver con la materia del recurso, por ello para revisar su lesión en el amparo, se debe esperar a que se resuelva el recurso. No pasa desapercibido el hecho de que la autoridad responsable inicialmente desechó el recurso de apelación interpuesto por Carlos Michel Sixtos Flores (parte demandada), mismo que revocó a través del auto dictado el veinticuatro de junio de la presente anualidad, en el cual admitió a trámite el recurso ya referido; sin embargo, el mismo no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ello es así, toda vez que las cosas se mantienen en el estado en que se encuentran, debido a que la determinación que en esta instancia se pretende combatir, sólo tiene un efecto declarativo, y en todo caso el estado de las cosas únicamente cambiaría hasta en tanto el Magistrado responsable resuelva el recurso de apelación interpuesto. Máxime, del propio escrito de demanda se advierte que la quejosa señaló, bajo protesta de decir verdad, que mantiene la custodia de los menores; por lo que, con la emisión del acto de momento no se advierte afectación alguna a sus derechos sustantivos. Sustenta el criterio la jurisprudencia P. /J. 131/99 (Novena época), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE EL RECURSO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO. La resolución que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV,158, último párrafo, y73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro de la tramitación del recurso; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en esas condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al Toca. Asimismo, tiene aplicación, por ilustrativa, la tesis I.11o.C.108 C (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: RECURSO DE APELACIÓN. EL AUTO POR EL QUE EL JUEZ LO ADMITE NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Los recursos verticales o de alzada en los juicios civiles y familiares son la apelación y la queja; su característica principal es que su conocimiento y resolución corresponde a un tribunal de instancia superior del juzgador que emitió la resolución materia de la impugnación. Conforme a la doctrina procesal, el tribunal de segunda instancia es quien tiene la jurisdicción originaria para resolver la controversia de que se trata, pero la delega en un juzgador de primer grado quien, por virtud de ello, se encargará de sustanciar el proceso y emitir una resolución que dirima la contienda. Ahora bien, el acuerdo a través del cual el Juez de origen admite el recurso de apelación no puede adquirir el estatus de firmeza y menos vincular al tribunal de alzada a resolver en el fondo el aludido recurso. Ello, pues conforme a lo previsto en el artículo693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el Juez de primera instancia sólo realiza los actos preliminares para enviar el recurso al tribunal de alzada, pero es éste quien, una vez que tiene por radicada la apelación, decide con plenitud de jurisdicción sobre la procedencia de este recurso, toda vez que el Juez de origen sólo la admitirá sin sustanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos; ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él; dará vista a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva; transcurridos los plazos señalados, sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán al tribunal de alzada, conjuntamente con el testimonio de apelación o los autos originales según corresponda. Por su parte, el tribunal de apelación, al recibir las constancias, revisará si ésta fue interpuesta en tiempo y calificará, si se confirma o no el grado en que se admitió por el Juez. De acuerdo con la mecánica que se comenta, la admisión del recurso de apelación por el Juez de origen, al no ser un acto definitivo, no afecta materialmente los derechos sustantivos de las partes, por lo que no constituye un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues la admisión definitiva y su calificación de grado corresponde al tribunal de alzada. Por tanto, es necesario que exista el pronunciamiento de la alzada para que, en todo caso, se evidencie que el grado de admisión del recurso pudiera generar una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1o de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José´ de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé´ la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 5/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 5/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandra Cerna Álvarez, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a José Luis Luna Rosales únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogado. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 5/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para esta juzgadora, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Por otro lado, se establece que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de las copias certificadas que solicita o para su reproducción electrónica, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber al promovente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por esa razón, se les invita a que transiten al esquema de juicio en línea a través de la FIREL. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
POR ESTE MEDIO se notifica a la PARTE QUEJOSA ESTEFANY XIRONEL GARCÍA HUERTA, POR PROPIO DERECHO Y EN CUANTO REPRESENTANTE DE SUS MENORES HIJOS S.S.G. Y L.L.S.G. la determinación de SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, toda vez que no acudió dentro de los dos días a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante el citatorio que se dejó en el domicilio señalado para recibir notificaciones en esta ciudad; el contenido de dicho proveído es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, siete de julio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 641/2021. De conformidad con el Acuerdo General 5/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Estefany Xironel García Huerta, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijos D.S.S.G. y L.L.S.G., en contra del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad responsable, consistente en: El auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del toca I-140/2021, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia interlocutoria, emitida en el incidente de modificación de custodia provisional de los menores, substanciado en el expediente 290/2020, relativo al juicio ordinario oral familiar que sobre divorcio sin expresión de causa promueve la suscrita frente a Carlos Michel Sixtos Flores; y en el que indebidamente se dejó sin efectos el desechamiento por extemporáneo del recurso de apelación interpuesto por Carlos Michel Sixtos Flores, pronunciado en el auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, y decidir sobre la admisión de dicho recurso de apelación; así como cualquier otro auto o actuación que a partir de esta fecha se genere por la responsable, para el trámite del recurso de apelación referido, puesto que tales actos de autoridad vulneran los principios de legalidad, certeza jurídica, equilibrio procesal y viola el interés superior de los menores involucrados, sin haber sido oída y vencida. Ahora bien, para una mejor comprensión del presente asunto, resulta necesario resaltar algunos antecedentes del juicio de origen, que bajo protesta de decir verdad formula la parte quejosa. Que mediante auto de uno de septiembre del año dos mil, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario oral 290/2020, otorgó a la aquí quejosa la custodia provisional de sus menores hijos D.S.S.G. y L.L.S.G; Que el tres de mayo de la presente anualidad, el Juez de origen dictó sentencia interlocutoria dentro del incidente de modificación de custodia provisional de los menores ya referidos; Dicha sentencia fue notificada a Carlos Michel Sixtos Flores (demandado) el cuatro de mayo de la presente anualidad; asimismo, la autoridad responsable tuvo interponiendo al referido demandado, recurso de apelación en efecto devolutivo, en contra de la sentencia interlocutoria de tres de mayo del año en curso, ordenando remitir dicho recurso a la Sala correspondiente; Que el catorce de junio de dos mil veintiuno, la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, registró el recurso de apelación bajo Toca I-140/2021; Asimismo, el dieciocho de junio de la presente anualidad, el Magistrado responsable, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por la quejosa, y por lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por Carlos Michel Sixtos Flores, determinó desecharlo por extemporáneo; Posteriormente, en proveído de veinticuatro de junio del año en curso, el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, revocó su propia determinación: .atendiendo a la copia certificada por el secretario de acuerdos del juzgado de origen de la notificación adjunta a su escrito de cuenta de donde se desprende que la sentencia interlocutoria combatida en apelación de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, le fue notificada al autorizado del apelante Luis Jonathan Guerrero Flores el día cinco de mayo del presente año, por lo tanto, con dicha notificación se acredita que Sixtos Flores estuvo en tiempo al interponer el recurso de apelación referido. Siendo este el acto aquí reclamado. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a examinar la demanda de amparo, debe analizarse la misma en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por manifiesto, debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Ahora, el precepto legal aludido en primer término, en su fracción invocada dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece: Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]. De acuerdo con lo transcrito, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, se atiende a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes de la parte quejosa, la imposición de una multa, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En ese sentido, los actos dentro de juicio susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto, son aquellos que tienen una ejecución de imposible reparación, la cual se actualiza cuando tales actos cumplen con dos notas distintivas que son: Afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse en el mismo momento, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. Por tanto, los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. Esto es así pues, como se vio, si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es congruente con la lógica del sistema de amparo establecido tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo. En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, en virtud de que el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, por el que el magistrado responsable revocó su determinación en relación al desechamiento del recurso de apelación interpuesto por Carlos Michel Sixtos Flores, y determinó admitirlo a trámite dentro del Toca I-140/2021, no es un acto que afecte material y actualmente derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la constitución como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio o salud, sino que se trata de un acto procesal emitido dentro de la tramitación del recurso de apelación, que será definitivo cuando se resuelva, momento en el cual se verá su trascendencia en su sentido, y en caso de que le sea desfavorable, podrá impugnarlo en la vía de amparo que corresponda. Se sostiene lo anterior, ya que los derechos de fondo que en su caso son irreparables son los que tienen que ver con la materia del recurso, por ello para revisar su lesión en el amparo, se debe esperar a que se resuelva el recurso. No pasa desapercibido el hecho de que la autoridad responsable inicialmente desechó el recurso de apelación interpuesto por Carlos Michel Sixtos Flores (parte demandada), mismo que revocó a través del auto dictado el veinticuatro de junio de la presente anualidad, en el cual admitió a trámite el recurso ya referido; sin embargo, el mismo no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ello es así, toda vez que las cosas se mantienen en el estado en que se encuentran, debido a que la determinación que en esta instancia se pretende combatir, sólo tiene un efecto declarativo, y en todo caso el estado de las cosas únicamente cambiaría hasta en tanto el Magistrado responsable resuelva el recurso de apelación interpuesto. Máxime, del propio escrito de demanda se advierte que la quejosa señaló, bajo protesta de decir verdad, que mantiene la custodia de los menores; por lo que, con la emisión del acto de momento no se advierte afectación alguna a sus derechos sustantivos. Sustenta el criterio la jurisprudencia P. /J. 131/99 (Novena época), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO. LA RESOLUCIÓN QUE ADMITE EL RECURSO, NO ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DEL AMPARO. La resolución que admite el recurso de apelación en el efecto devolutivo es un acto dentro de juicio que no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo con su contenido y alcances legales, no es una resolución constitutiva de derechos, ni de condena, sino que es simplemente declarativa, al haber admitido a trámite el recurso de que se trata, pero el juicio continúa porque no es una resolución con la que culmina; por lo tanto, el amparo promovido en su contra resulta improcedente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo107, fracción III, inciso b), de la Constitución, en relación con los diversos 114, fracción IV,158, último párrafo, y73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Luego, como el acto reclamado en la presente vía no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues como se advierte del mismo, en los términos en que fue impugnado por la parte quejosa, este último no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro de la tramitación del recurso; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en esas condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al Toca. Asimismo, tiene aplicación, por ilustrativa, la tesis I.11o.C.108 C (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: RECURSO DE APELACIÓN. EL AUTO POR EL QUE EL JUEZ LO ADMITE NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Los recursos verticales o de alzada en los juicios civiles y familiares son la apelación y la queja; su característica principal es que su conocimiento y resolución corresponde a un tribunal de instancia superior del juzgador que emitió la resolución materia de la impugnación. Conforme a la doctrina procesal, el tribunal de segunda instancia es quien tiene la jurisdicción originaria para resolver la controversia de que se trata, pero la delega en un juzgador de primer grado quien, por virtud de ello, se encargará de sustanciar el proceso y emitir una resolución que dirima la contienda. Ahora bien, el acuerdo a través del cual el Juez de origen admite el recurso de apelación no puede adquirir el estatus de firmeza y menos vincular al tribunal de alzada a resolver en el fondo el aludido recurso. Ello, pues conforme a lo previsto en el artículo693 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, el Juez de primera instancia sólo realiza los actos preliminares para enviar el recurso al tribunal de alzada, pero es éste quien, una vez que tiene por radicada la apelación, decide con plenitud de jurisdicción sobre la procedencia de este recurso, toda vez que el Juez de origen sólo la admitirá sin sustanciación alguna si fuere procedente, siempre que en el escrito se hayan hecho valer los agravios respectivos; ordenará se forme el testimonio de apelación respectivo con todas las constancias que obren en el expediente que se tramita ante él; dará vista a la parte apelada, para que en el término de tres días conteste los agravios si se tratare de auto o sentencia interlocutoria, y de seis días si se tratare de sentencia definitiva; transcurridos los plazos señalados, sin necesidad de rebeldía y se hayan contestado o no los agravios, se remitirán al tribunal de alzada, conjuntamente con el testimonio de apelación o los autos originales según corresponda. Por su parte, el tribunal de apelación, al recibir las constancias, revisará si ésta fue interpuesta en tiempo y calificará, si se confirma o no el grado en que se admitió por el Juez. De acuerdo con la mecánica que se comenta, la admisión del recurso de apelación por el Juez de origen, al no ser un acto definitivo, no afecta materialmente los derechos sustantivos de las partes, por lo que no constituye un acto de imposible reparación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, pues la admisión definitiva y su calificación de grado corresponde al tribunal de alzada. Por tanto, es necesario que exista el pronunciamiento de la alzada para que, en todo caso, se evidencie que el grado de admisión del recurso pudiera generar una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1o de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José´ de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé´ la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esas condiciones, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, y por consecuencia, SE DESECHA la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 5/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizada (escaneado), directamente al correo electrónico del Juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del Juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 5/2021, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todos los interesados. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Vista la certificación de cuenta, se tiene como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandra Cerna Álvarez, toda vez que tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; mientras que a José Luis Luna Rosales únicamente para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acredite contar con la facultad para ejercer la profesión de abogado. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 5/2021, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para esta juzgadora, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Por otro lado, se establece que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de las copias certificadas que solicita o para su reproducción electrónica, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber al promovente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por esa razón, se les invita a que transiten al esquema de juicio en línea a través de la FIREL. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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