Esteban Guido Pedraza

Expediente 1072/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1072/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Magistrado titular de la Primera Sala Unitaria en Materia Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ciudad
  • Esteban Guido Pedraza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad solicita. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la encargada del despacho por ministerio de ley de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; atento a su contenido y como lo solicita, infórmesele que en proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó y negó el amparo de la justicia, por lo que desde esa data se ordenó su archivo definitivo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. 1. Acusa recepción de oficio y de autos del juicio de origen. Visto el oficio de cuenta, se tiene a la Secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, acusando de recibo el oficio de dos de febrero del año en curso, y tiene por recibidos los autos originales; lo que comunica para los fines legales a que haya lugar. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de febrero de dos mil veintitrés. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponían las partes para recurrir la sentencia definitiva que se sobreseyó y negó el amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 2.2. Incidente de Suspensión. En los autos del cuaderno incidental se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 2.2.1. Duplicado del Incidente de Suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Lo anterior, se ordena hacerlo constar en la carátula de los cuadernos incidentales. 3. Devolución de constancias. Se ordena la devolución de las constancias enviadas por la autoridad responsable como justificación de su informe, en el entendido de que servirá como acuse la evidencia que para ello genere este juzgado. 4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  4. Principal

    VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1072/2022, promovido por Esteban Guido Pedraza, por alegada violación de los artículos 1o, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidas a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y otra autoridad; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO POR UN LADO; Y POR OTRO, NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda y escrito de ampliación, se advierte que la parte quejosa reclama: De los Magistrados de la Primera y Cuarta Sala Civiles del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: La sentencia dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, dentro del toca número I-229/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por Elena Michel Gómez Jaramillo y el aquí quejoso Esteban Guido Pedraza, en contra de la sentencia definitiva pronunciada el cinco de mayo del año en curso, dentro del juicio ordinario civil número 1012/2018, que sobre nulidad de escrituras públicas y otras prestaciones interpuso la parte apelante por conducto de su tutor legal Martín Jaramillo Elguero, frente al codemandado apelante, Rocío Jaramillo Elguero, Gerardo Tapia Castañeda, Eduardo, Maria Fernanda y Gerardo de apellidos Tapia Peñaloza, así como en contra de los Notarios Públicos noventa y cuatro y ciento sesenta y siete en el Estado. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de se trata de acto de naturaleza declarativa emitido por una autoridad jurisdiccional con residencia en esta ciudad, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. TERCERO. Inexistencia de actos. El Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó expresamente el acto que se le atribuye; pues al respecto señaló que en los autos del toca de apelación I-229/2022 de su índice, y del cual el quejoso señala que emana el acto reclamado, no corresponde a la acción y a las partes que se describen en la demanda de amparo. El quejoso no ofreció prueba alguna para desvirtuar la negativa, máxime que es a ésta a quien corresponde probar la existencia del acto; por el contrario, con las manifestaciones vertidas en el informe justificado de la autoridad en cita se le dio vista para que ampliara la demanda respecto de una diversa autoridad. En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento respecto del acto reclamado a la referida autoridad responsable, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en tanto que así lo manifestó expresamente en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió junto con su informe, consistentes en el toca original número I-229/2022 y expediente original del juicio ordinario civil 1012/2018, con los cuales se ordenó formar dos tomos de pruebas, con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que impone el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o bien, de manera oficiosa, no se advierte la actualización de ninguna de ellas, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto SEXTO. Antecedentes. Previo al estudio de los conceptos de violación, conviene precisar los principales antecedentes de donde deriva el acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias que la autoridad responsable acompañó con su informe. 1. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda que en la vía ordinaria civil sobre nulidad de escrituras y otras prestaciones interpuso Martín Jaramillo Elguero, en cuanto tutor legal de Elena Michel Gómez Jaramillo, frente a: 1) Notario Público número siento sesenta y siete; 2) Rocío Jaramillo Elguero; 3) Gerardo Tapia Castañeda; 4) Eduardo Tapia Peñaloza; 5) Maria Elena Tapia Peñaloza; 6) Gerardo Tapia Peñaloza; 7) Notario Público número noventa y cuatro; y, 8) Esteban Guido Pedraza. 2. Mediante escrito presentado el once de enero de dos mil diecinueve, el demandado (aquí quejoso) Esteban Guido Pedraza, dio contestación a la demanda en la que opuso las excepciones y defensas que estimó pertinentes; de igual forma interpuso demanda reconvencional en contra de Elena Michel Gómez Jaramillo a través de su tutor legal Martín Jaramillo Elguero, a quien le reclamó la declaración de inexistencia del contrato de quince de diciembre de dos mil seis y otras prestaciones; demanda reconvencional que se admitió a trámite el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, ordenándose emplazar a la parte demandada reconvencional para que diera contestación en el plazo de ley; reconvención que después fue ampliada también en contra de Gerardo Tapia Castañeda. 3. Seguida la secuela procedimental, el cinco de mayo de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva, en la que el juez natural determinó que al no encontrarse integrada debidamente la litis jurídico procesal entre los contendientes, lo procedente era declarar nulo todo lo actuado a partir del proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno; y como consecuencia, ordenó reponer el procedimiento a fin de que se llamara a juicio a 1) Rocío Jaramillo Elguero; 2) Eduardo Tapia Peñaloza; 3) María Fernanda Tapia Peñaloza; y 4) Gerardo Tapia Peñaloza, este último por conducto de Dulce María Ayala Cruz, tutora especial del menor Gerardo Tapia Ayala en cuanto albacea definitivo y representante legal del citado Gerardo Tapia Peñaloza; todos ellos respecto de la demanda reconvencional interpuesta por el aquí quejoso Esteban Guido Pedraza. 4. Inconformes con la referida sentencia definitiva, tanto la parte actora en la acción principal Elena Michel Gómez Jaramillo, como el actor en la reconvención Esteban Guido Pedraza, interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales fueron turnados a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde se radicaron bajo el número de toca I-229/2022; y con fecha dos de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia que culminó bajo los siguientes resolutivos: "PRIMERO. Esta Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Los agravios esgrimidos por Esteban Guido Pedraza, a través de su mandatario jurídico resultaron infundados y, por tanto inconducentes para variar lo resuelto en el fallo impugnado. TERCERO. Los motivos de disenso expuestos por Elena Michel Gómez Jaramillo, también devinieron infundados y, por lo mismo tampoco son susceptibles de producir los efectos que con ellos fueron perseguidos. CUARTO. En consecuencia, se confirma la sentencia definitiva apelada. QUINTO. No se hace especial condena en costas de esta segunda instancia. (.)" Siendo esta la resolución reclamada en el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los motivos de inconformidad son los que se contienen en la demanda y no se transcriben porque no existe disposición que obligue a hacerlo; sin embargo, para mejor compresión de lo que se resuelve, conviene sintetizarlos de la siguiente manera: a) La autoridad responsable fue omisa en analizar la figura de tutor otorgada a Martín Jaramillo Elguero, para representar a la menor, que debe subsistir e imperar para lo principal del juicio y los accidentes o incidentes de él derivadas directamente, incluso en la reconvención que se hizo valer; ello toda vez que la tutoría se equipara a un mandatario jurídico y al tener de los artículos 486, 517 y 518 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, solo puede ser removido el tutor designado una vez que haya sido oído y vencido en juicio. Señala que las obligaciones del tutor dativo entre otras, son las de administrar los bienes del menor lo que incluye su defensa y que por ello no debe cesar en su cargo hasta no ser removido o que la menor cumpla con la mayoría de edad. b) Es ilegal el actuar de la responsable al pretender que se integre a la litis reconvencional a Rocío Jaramillo Elguero, en cuanto representante legal de la entonces menor de edad Elena Michel Gómez Jaramillo, cuando hay un conflicto de intereses entre éstas, pues en la acción principal la referida menor a través de su tutor demandó entre otros a su progenitora, por lo que, ante tal situación es que a dicha menor se le designó un tutor a quien en todo caso le corresponde representar a la señalada Elena Michel Gómez Jaramillo en todo lo concerniente tanto de la acción principal como de todos los incidentes o accidentes que se hubieran derivado de aquélla como consecuencia; máxime que el tutor fue legalmente emplazado en la reconvención y salió a defender los intereses de la entonces menor de edad. c) Contrario a lo que señaló la responsable en la sentencia que se reclama, no es verdad que se surta el litisconsorcio pasivo necesario por cuanto ve a los demandados en el juicio principal, hermanos Eduardo Tapia Peñaloza, Maria Fernanda Tapia Peñaloza y Gerardo Tapia Peñaloza -este último por conducto Dulce María Ayala Cruz, en cuanto tutora especial del menor Gerardo Tapia Ayala albacea de la sucesión de Gerardo Tapia Peñaloza-, ya que, por una parte, ninguna de estas personas suscribieron el contrato cuya nulidad se reclama en la reconvención y que además es el documento fundatorio de la acción principal; y por otro lado, es la actora en la acción principal quien demandó la nulidad de todos los contratos posteriores a la celebración del que ella aporta como fundatorio de su acción, entre los cuales está el de dieciocho de junio de dos mil trece suscrito por los que ya fueron demandados en la acción principal. d) La autoridad responsable se extralimita en su análisis y resolución al justificar un litisconsorcio pasivo necesario que no se actualiza, causando un grave perjuicio al aquí quejoso, toda vez que de comparecer a la reconvención como litisconsortes, sería tanto como dar oportunidad de cambiar de parecer y entonces se estaría ante una nueva situación jurídica de consecuencias penales, por fraudes procesales y declaraciones falsas ante una autoridad judicial, además de responsabilidades civiles que se pudieran generar con tales conductas. e) Es incorrecta la apreciación de la autoridad responsable a foja once de la sentencia que se impugna, pues no existe la subrogación que sugiere, ya que los hermanos Tapia Peñaloza, al comparecer a suscribir el contrato de fecha dieciocho de junio de dos mil trece, lo hacen con la capacidad jurídica, con la legitimación debida, por propio derecho y expresamente dejando sin efecto cualesquier contrato que se haya celebrado con anterioridad, incluyendo en el que hubiera participado su padre Gerardo Tapia Peñaloza. f) La sentencia reclamada es infundada y motiva pues como se advierte a foja doce de la determinación reclamada no obstante que reconoce que el quejoso hizo valer entre otras excepciones la de nulidad absoluta e inexistencia del contrato fundatorio de la acción principal, aduce que no es verdad que se tenían que analizar en primer término para después analizar la reconvención, cuando los artículos 36 y 335 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, señala que las excepciones dilatorias y perentorias deben estudiarse en la sentencia definitiva al mismo tiempo; y la reconvención debe estudiarse juntamente con la principal, decidiéndose en la misma sentencia; de ahí que se debió analizar en primer lugar los agravios realizados por la actora en la acción principal por ser primero en tiempo, para que una vez determinada la procedencia o improcedencia de la acción principal, pronunciarse sobre el estudio necesario o no de la reconvención, para de esta forma determinar si existía o no, el litisconsorcio pasivo necesario; no como lo resolvió el juzgado de primera instancia y después confirmó la sala responsable al señalar que por razón de método estudiaría primero los agravios de la parte apelante en la reconvención, sin explicar que método o con base en qué, resultado por ello su resolución carente de fundamentación y motivación que le causó agravio porque trascendió al resultado del fallo. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados en una parte e inoperantes en otra, por las razones que se explican enseguida. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece -entre otras cosas-, el derecho al debido proceso legal. Esta prerrogativa se traduce en que los procesos jurisdiccionales deben substanciarse en cumplimiento de las condiciones fundamentales establecidas en la ley. Por su parte, el artículo 16 de la citada Carta Magna impone la obligación a todas las autoridades de fundar y motivar los actos que emitan, esto es, a expresar las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado. La vinculación de estos dos derechos fundamentales nos permite concluir que toda resolución de carácter jurisdiccional debe cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Por tanto, las resoluciones jurisdiccionales deben emitirse de forma fundada y motivada. En ese sentido, para que un acto jurisdiccional se considere fundado y motivado, es necesario que en éste se expresen los preceptos jurídicos que establezcan la hipótesis a la cual son aplicados, así como la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En síntesis, debe expresarse el precepto que se considere aplicable al caso, la razón por la cual se considere de esa manera y que exista una relación lógica entre esos dos razonamientos. Lo anterior, tiene como finalidad que el gobernado conozca en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurisdiccional, de manera que sea evidente y claro para las partes poder controvertir -en su caso-, la decisión tomada. Luego, no basta que las resoluciones jurisdiccionales contengan una motivación meramente formal, sino se requiere además, para cumplir con la finalidad mencionada, que dichos actos sean congruentes, suficientes y precisos; exponiéndose, se reitera, los hechos relevantes, citando la norma aplicable y expresando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la subsunción realizada. De igual manera, no es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión. Es sustento de lo argumentado, la jurisprudencia 1ª./J.139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Novena Época, diciembre de dos mil cinco, página ciento sesenta y dos, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso". Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia I.4º.A.J/43, sustentada por el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Novena Época, mayo de dos mil seis, página mil quinientos treinta y uno, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción". En el caso, este órgano de control constitucional estima que la sentencia reclamada de dos de septiembre de dos mil veintidós si se encuentra debidamente fundada y motiva, pues el Magistrado responsable no solo invocó los artículos que consideró pertinentes para sustentarla, sino además explicó a detalle las razones por las que determinó confirmar la sentencia dictada por el Juzgado de origen contestando a cada uno de los agravios que hizo valer el apelante aquí quejoso. Además, en cuanto al resto de los conceptos de violación antes sintetizados, el identificado con el inciso a) resulta por una parte, infundado y por otra, inoperante. Es infundado porque contrario a lo que refirió el quejoso, la Sala responsable sí se ocupó de dar respuesta al agravio que vertió el quejoso relacionado con la representación de la entonces menor de edad Elena Michel Gómez Jaramillo, pues en las fojas cinco y seis de la sentencia reclamada, señaló: ".precisado por la primigenia debe decirse que, de entrada no cuenta con razón el apelante cuando aduce que no se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario respecto de la señora Rocío Jaramillo Elguero. A tal conclusión se arriba, porque si bien es verídico que la mayoría de edad comienza legalmente cuando se cumplen 18 dieciocho años, en otro tanto de cierto lo es que, contrario a lo que afirma el apelante, la actora Elena Michel Gómez Jaramillo, adquirió su mayoría de edad con posterioridad a la presentación del libelo reconvencional, ya que mientras que este evento data del 11 once de enero de 2019 dos mil diecinueve, la demandante adquirió su mayoría de edad, hasta el 25 veinticinco de mayo de esa misma anualidad." Así que, indudablemente, tenía que ser reconvenida por conducto de su representación legal, misma que, para ese efecto, no podía recaer en el tutor interino que se le nombró mediante resolución final pronunciada en las diligencias de jurisdicción voluntaria 778/2018, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial (.) puesto que de su contenido se advierte con meridiana claridad que ese nombramiento se hizo para el exclusivo efecto de que el tutor representara a la menor de edad en el juicio de nulidad de contratos de compraventa que se pretendía promover en contra de su progenitora. De modo que si la reconvención se está impugnado un acto que la señora Rocío Jaramillo Elguero, concertó a favor de su hija Elena Michel Gómez Jaramillo, es aquélla quien debe salir a su defensa, mayormente si se toma en cuenta que, derivado de ese acuerdo de voluntades, celebró diversos actos jurídicos con el ahora inconforme y con otros de los codemandados para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales (.)" Por lo que, ya sea por la representación legal que tenía de su menor hija al momento de que presentó el libelo de reconvención, o bien, por su participación directa en los actos jurídicos que derivaron del contrato que se pretende nulificar, cuenta con la legitimación pasiva necesaria para ser integrada a la relación jurídica procesal de la reconvención planteada en el juicio natural." De lo que se desprende que la autoridad responsable no fue omisa como lo señala el quejoso de hacer pronunciamiento sobre la figura de la representación legal de la actora en la acción principal del juicio de origen. Por otra parte, la inoperancia de su motivo de inconformidad, radica en que el quejoso pretende hacer valer argumentos que no fueron materia de la sentencia reclamada porque no los hizo valer en los agravios con motivo del recurso de apelación. En ellos, señala el quejoso que la tutoría se equipara a un mandatario jurídico y que al tenor de los artículos 486, 517 y 518 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, solo puede ser removido el tutor designado una vez que haya sido oído y vencido en juicio, señalando que las obligaciones del tutor dativo -entre otras-, son las de administrar los bienes del menor lo que incluye su defensa y que por ello, no debe cesar en su cargo hasta no ser removido o que la menor cumpla con la mayoría de edad; sin embargo, como se indicó, estos motivos de disconformidad al no haber sido argumentados en su momento por el apelante ahora quejoso en su escrito de agravios no es posible analizar en esta instancia constitucional su legalidad, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas. Sirve de sustento por analogía la tesis de Jurisprudencia VI.2o.A. J/7, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas". Los motivos de disenso expuestos en el inciso b), también resultan inoperantes, pues en ellos el quejoso insiste que quien debe representar a la entonces menor de edad Elena Michel Gómez Jaramillo, en la acción reconvencional es el tutor que ya le había sido designado que es el mismo quien la representa en la acción principal porque para eso se le nombró es decir para que la representara en la acción de nulidad de contratos, lo que significa que también debe representarla en todos los incidentes que se generen con posterioridad o como consecuencia, máxime que dicho tutor ya fue emplazado en la reconvención y salió en defensa de la referida menor a deducir los intereses que estimó pertinentes. No obstante, la autoridad responsable específicamente dio respuesta a esa inconformidad y al respecto indicó que la representación legal de la menor en la reconvención no podía recaer en el tutor interino que se le nombró mediante resolución pronunciada en las diligencias de jurisdicción voluntaria 778/2018, del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar de este Distrito Judicial, puesto que de las constancias de tales diligencias se advertía claramente que ese nombramiento se hizo para el exclusivo efecto de que el tutor representara a la menor de edad en el juicio de nulidad de contratos de compraventa que se pretendía promover en contra de su progenitora; y que ante dicha situación, si en la reconvención se está impugnado un acto que Rocío Jaramillo Elguero, concertó a favor de su hija Elena Michel Gómez Jaramillo, es aquélla quien debía salir a su defensa; máxime que derivado de ese acuerdo de voluntades, la citada Rocío Jaramillo celebró diversos actos jurídicos con el ahora inconforme y con otros de los codemandados razón por la que resultaba inconcuso que ésta debía ser integrada a la litis reconvencional. Argumentos los anteriores, sobre los cuales el quejoso ningún razonamiento lógico jurídico vertió para controvertirlos como era su obligación pues como ya se adelantó únicamente se concretó a repetir los mismos argumentos que ya había puesto a la consideración de la Sala responsable. Es aplicable a lo anterior la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya". Así como lo señalado en la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 122, 145-150 Cuarta Parte, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando éstos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar supliendo la deficiencia de la queja en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho". Ahora, en cuanto a los conceptos de violación sintetizados en los incisos c) y e) -analizados en su conjunto dada la relación que existe entre ambos y por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados. Lo anterior es así, porque contrariamente a lo que sostiene el quejoso resulta correcto lo determinado por la Sala responsable al confirmar la sentencia de primer grado, para que se integre a la litis reconvencional, además de la representante legal de la accionante en el juicio principal como quedó de manifiesto, a los hermanos Eduardo, Maria Fernanda y Gerardo, todos de apellidos Tapia Peñaloza -el último a través de su sucesión-, porque aún y cuando éstos no formaron parte del contrato sobre el cual, el aquí quejoso reconvino su nulidad, lo cierto es que éstos una vez que adquirieron su mayoría de edad, se manifestaron conformes con la subsistencia de aquél acuerdo de voluntades ratificando su validez y convalidado los vicios que pudo haber tenido, reconocimiento con el cual los referidos hermanos adquirieron derechos y obligaciones que derivaron de ese documento en cuanto titulares del derecho de propiedad, ratificación que de alguna manera los legitima para para salir en defensa de lo actuado por su progenitor y aceptado como subsistente y válido por ellos. Es por ello, que asiste la razón a la Sala responsable cuando señala que los aludidos litisconsortes omitidos sí pueden resentir alguna afectación en sus intereses con lo que se resuelva en el fondo del asunto, debido a que las acciones principal y reconvencional se encuentran vinculadas, debido a la relación que existe con los contratos sobre los cuales se reclama la nulidad en ambas acciones. El argumento destacado en el inciso d), relativo a evidenciar a la Sala responsable en el sentido de que ésta se extralimitó en su análisis a fin de justificar un litisconsorcio pasivo necesario, deviene inoperante, toda vez que para sustentar su afirmación señala que esa decisión le causa un grave perjuicio ya que de llamar a los litisconsortes sería tanto como dar oportunidad a que éstos cambien de parecer y entonces se estaría generando una nueva situación jurídica con consecuencias incluso de carácter penal, por fraudes procesales y declaraciones falsas. Empero, tales argumentaciones carecen de sustento legal pues se realizan bajo una apreciación subjetiva sobre acontecimientos futuros de realización incierta que no pueden surtir algún efecto legal dada su inexistencia. Finalmente, los conceptos de violación a través de los cuales el quejoso alega que la autoridad responsable se equivoca al confirmar la sentencia de primer grado al considerar que fue correcto que el juez primigenio analizara en primer lugar la figura del litisconsorcio, cuando la obligación era que primero estudiara la acción principal, para luego analizar las excepciones y defensas que opuso en la contestación de demanda; y finalmente, resolver cualquier situación dada con la acción reconvencional -sintetizados en el inciso f)-; son infundados. Lo anterior se afirma de esa manera, porque el actuar de la responsable fue correcto en tanto que también fue acertado que el juez primario analizara en primer lugar el litisconsorcio pasivo necesario, debido a que dicha figura constituye un presupuesto procesal sin cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia válida en tanto que involucra cuestiones de orden público; por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional como así lo hizo, en atención a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 2002). El litisconsorcio pasivo necesario implica pluralidad de demandados y unidad de acción; de ahí que deban ser llamados a juicio todos los litisconsortes, quienes al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso deben ser afectados por una sola sentencia, conforme a los artículos 1.86, 1.87 y 1.88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En ese sentido, cuando se interpone un recurso de apelación y el tribunal de alzada advierte que en el juicio natural hubo litisconsortes que no fueron llamados, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento está obligado a mandar reponerlo de oficio, para el efecto de que el Juez de primera instancia los oiga y dicte una sentencia completa, en atención a los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, siendo que en términos del último numeral, los efectos son reponer el procedimiento a fin de que el Juez de primer grado prevenga al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario. Lo anterior en virtud de que el litisconsorcio constituye un presupuesto procesal sin cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia válida en tanto que involucra cuestiones de orden público; por lo que la carga procesal de citar a todas las partes corresponde al órgano jurisdiccional. Bajo las relatadas consideraciones, al resultar infundados en una parte e inoperantes en otra, los conceptos de violación, lo que procede es NEGAR al quejoso la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio por lo que respecta al acto reclamado a la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Esteban Guido Pedraza, contra el acto reclamado al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los Artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

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