Ernesto Dionicio García
Expediente 323/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ernesto Dionicio García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 323/2023-IX. Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambia de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Declaración de firmeza procesal Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que las partes no recurrieron el acuerdo donde se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, dictado el veinte de abril de dos mil veintitrés en el presente juicio. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas Se instruye a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) realizar las anotaciones correspondientes a la declaración de causa estado. Valoración documental En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo, ya que se decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de todos los actos. Resguardo del expediente (ARCHIVO) Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez que transcurra el lapso de conservación, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Caratula del expediente Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notificación del presente proveído Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo a las autoridades responsables, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de firmeza procesal. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Revisión del expediente Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales Por último, se deja establecido que no se formó el incidente de suspensión en este juicio. Notifíquese; y cúmplase.
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JUICIO DE AMPARO 323/2023-III. Puebla, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla mediante el cual rinde el informe justificado que le corresponde, realiza diversas manifestaciones acerca del acto reclamado, proporciona nombre y domicilio de la persona que tiene el carácter de ofendida en la causa penal de origen y remite copia cotejada de la causa penal. CUADERNO AUXILIAR I Con las constancias remitidas por la citada autoridad, se ordena formar el cuaderno auxiliar I, para lo cual deberá respetarse el folio, rúbrica, entresello de origen y traerse a la vista al momento de resolver el presente asunto, a fin de evitar dificultades con el manejo habitual de este expediente. Sin embargo, con fundamento en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se deja establecido que las referidas constancias recibidas como anexo, no se digitalizarán, y, por tanto, no obrarán en el expediente electrónico y únicamente quedarán glosadas en el cuaderno auxiliar formado por separado. No se provee la vista de ocho días prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo con el informe y constancias recibidas en este auto, debido a que en este proveído habrá de sobreseerse en el juicio fuera de la audiencia constitucional. ANÁLISIS DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS Ahora, del informe remitido por el juez responsable destaca que la causa penal 540/2020/PUEBLA se instruye a Ernesto Dionicio García, a quien el once de abril de dos mil veinte se dictó acto de vinculación a proceso por el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326 fracción II, 328 y 331 en relación con los diversos 13 y 21, todos del Código Penal para el Estado de Puebla. En la misma fecha se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que durara el procedimiento sin que el mismo pudiera exceder el término de dos años, salvo que su prolongación se debiera al ejercicio de defensa. En auto de treinta de mayo de dos mil veintidós la jueza de control emitió un auto en el que tuvo a la defensa pública y agente del ministerio público solicitando, de manera conjunta se prorrogara la medida cautelar impuesta al aquí quejoso Ernesto Dionicio García por el tiempo que durara el procedimiento, a efecto de poder concluir las gestiones correspondientes y obtener la terminación del procedimiento; autorizando la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que durara el procedimiento, debido a que la defensa se encontraba gestionando concluir el procedimiento a través de una salida alterna, en el entendido que la prolongación de la causa penal había estado sujeta al ejercicio efectuado por la defensa del acusado. Posteriormente, el quejoso Ernesto Dionicio García, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés presentó escrito en el cual, entre otro, solicitó señalara audiencia para analizar el plazo máximo de prisión preventiva como lo marca el numeral 20 fracción B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 198 del cuaderno auxiliar). A esa solicitud recayó el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (acto reclamado), en que el juez responsable, en atención a lo manifestado por el imputado y su defensor, respecto a la medida cautelar en que se encontraba el primero, señaló no había lugar a señalar la audiencia de revisión de medida cautelar, en atención a que mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, ante la solicitud expresa del defensor público que asistía al quejoso y la agente del ministerio público, se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a Ernesto Dionicio García por todo el tiempo que dure el procedimiento. Además, que la medida cautelar impuesta fue de carácter oficioso atendiendo a las circunstancias de los hechos por los que se seguía la causa penal de origen, o sea, con la única finalidad de asegurar la presencia del imputado al proceso y evitar la obstaculización del procedimiento. Aunado a ello, refirió que no se anexaba u ofrecía medios de prueba idóneos para justificar que habían cambiado las condiciones de manera objetiva, que se tomaron en cuanta para imponerle a su representado dicha medida en la audiencia inicial, pues para que prosperara su solicitud debía considerar lo previsto en los artículos 161, 163 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el juez indicó hacer del conocimiento del defensor del aquí quejoso que, para ese momento, resultaba inoperante su solicitud para señalar audiencia de revisión de la medida cautelar por lo que debía justificar la variabilidad de las razones que se tomaron en cuenta para imponerle le prisión preventiva de carácter oficioso. Dicha determinación fue notificada al defensor público del quejoso mediante correo electrónico enviado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y al quejoso Ernesto Dionicio García el uno de marzo de la presente anualidad, de forma personal. ACTUALIZACIÓN DE IMPROCEDENCIA La demanda de amparo fue presentada por el quejoso Ernesto Dionicio García el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, turnada en la misma fecha a la diversa Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibida, en la misma fecha en este juzgado. Así, de revisar lo relatado con antelación, resulta innegable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente "Artículo 61. La interpretación lógica y sistemática de los preceptos legales invocados, permite inferir que la causa de improcedencia del juicio de amparo sustentada en el consentimiento tácito de los actos reclamados, se actualiza una vez que el quejoso, a sabiendas de su existencia, no actúa para defenderse instando la acción constitucional respectiva dentro de los términos legales preestablecidos; por lo cual, el silencio mostrado por el impetrante con respecto al acto de autoridad, implica su aceptación. Asimismo, en materia penal, la fracción IV de dicho numeral, establece como excepción en tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; casos en los cuales la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, una vez que se analizan los supuestos hipotéticos que como excepción a la regla general para la interposición del amparo que contempla la norma 17 de la Ley de la Materia, se puede concluir con claridad meridiana, que en el caso, no se actualiza ese supuesto excepcional, lo que conlleva a la vigencia de esa regla general. De esa manera, la negativa plasmada en proveído reclamado de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés de señalar fecha y hora para celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar en autos de la carpeta judicial administrativa 540/2020/Puebla, constituye un acto que si bien afecta la libertad personal del aquí quejoso, lo cierto es que esta fue dictada dentro de un procedimiento penal. De ahí que, en la especie, la oportunidad de interposición del amparo es de quince días, acorde a lo estatuido en el precepto 18 del invocado ordenamiento reglamentario. Ante ese panorama, se estima que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea. Lo anterior resulta, puesto que del referido numeral 18, se desprende que los plazos deben ser computados de la siguiente manera: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ese acto o ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto o su ejecución. En ese sentido, del texto normativo se advierte que el legislador racional previó que bastara con que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, es decir, los supuestos previstos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que se desprenda la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso. Sin embargo, en el presente caso, de las constancias remitidas por el juez de control responsable, se advierte que, la parte quejosa fue notificada de forma personal de ese proveído el uno de marzo de dos mil veintitrés. Por lo que el plazo de quince días para presentar su demanda transcurrió del tres al veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, sin contar los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno del mismo mes y año, por ser sábados, domingos y días inhábiles, ya que se consideran días inhábiles para la promoción del juicio de amparo, los referidos en el numeral 19 de la ley de la materia y el quejoso presentó su demanda de amparo el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, es decir, fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar esa determinación. En ese orden de ideas, deviene inconcuso que transcurrieron en exceso los quince días a que tenía derecho el quejoso para interponer la correspondiente demanda de amparo; pues, como ya se dijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o el acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Y, bajo ese contexto, el quejoso fue notificado de forma personal en su lugar de reclusión el uno de marzo de dos mil veintitrés. Por consiguiente, la acción de derechos fundamentales fue ejercida en forma extemporánea, porque el quejoso presentó su demanda con posterioridad al vencimiento del plazo de quince días que tenía para ello. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2010666, Décima Época, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso consintió tácitamente el acto que ahora pretende reclamar, pues fue notificado personalmente de uno de marzo de la presente anualidad, en su lugar de reclusión, y a pesar de ello, no ejerció la acción de amparo dentro del plazo genérico de quince días. SOBRESESE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De esa manera, al haberse actualizada una causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a. /J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que estaba programada para las diez horas con tres minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese; de manera personal al quejoso en su lugar de reclusión, al defensor público, por oficio a la demás partes y cúmplase.
- Principal
SE DEJO CITATORIO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS.- JUICIO DE AMPARO 323/2023-III. Puebla, Puebla, veinte de abril de dos mil veintitrés. INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro en el Estado de Puebla mediante el cual rinde el informe justificado que le corresponde, realiza diversas manifestaciones acerca del acto reclamado, proporciona nombre y domicilio de la persona que tiene el carácter de ofendida en la causa penal de origen y remite copia cotejada de la causa penal. CUADERNO AUXILIAR I Con las constancias remitidas por la citada autoridad, se ordena formar el cuaderno auxiliar I, para lo cual deberá respetarse el folio, rúbrica, entresello de origen y traerse a la vista al momento de resolver el presente asunto, a fin de evitar dificultades con el manejo habitual de este expediente. Sin embargo, con fundamento en los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se deja establecido que las referidas constancias recibidas como anexo, no se digitalizarán, y, por tanto, no obrarán en el expediente electrónico y únicamente quedarán glosadas en el cuaderno auxiliar formado por separado. No se provee la vista de ocho días prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo con el informe y constancias recibidas en este auto, debido a que en este proveído habrá de sobreseerse en el juicio fuera de la audiencia constitucional. ANÁLISIS DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS Ahora, del informe remitido por el juez responsable destaca que la causa penal 540/2020/PUEBLA se instruye a Ernesto Dionicio García, a quien el once de abril de dos mil veinte se dictó acto de vinculación a proceso por el hecho con apariencia de delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 323, 326 fracción II, 328 y 331 en relación con los diversos 13 y 21, todos del Código Penal para el Estado de Puebla. En la misma fecha se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que durara el procedimiento sin que el mismo pudiera exceder el término de dos años, salvo que su prolongación se debiera al ejercicio de defensa. En auto de treinta de mayo de dos mil veintidós la jueza de control emitió un auto en el que tuvo a la defensa pública y agente del ministerio público solicitando, de manera conjunta se prorrogara la medida cautelar impuesta al aquí quejoso Ernesto Dionicio García por el tiempo que durara el procedimiento, a efecto de poder concluir las gestiones correspondientes y obtener la terminación del procedimiento; autorizando la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que durara el procedimiento, debido a que la defensa se encontraba gestionando concluir el procedimiento a través de una salida alterna, en el entendido que la prolongación de la causa penal había estado sujeta al ejercicio efectuado por la defensa del acusado. Posteriormente, el quejoso Ernesto Dionicio García, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés presentó escrito en el cual, entre otro, solicitó señalara audiencia para analizar el plazo máximo de prisión preventiva como lo marca el numeral 20 fracción B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 198 del cuaderno auxiliar). A esa solicitud recayó el proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés (acto reclamado), en que el juez responsable, en atención a lo manifestado por el imputado y su defensor, respecto a la medida cautelar en que se encontraba el primero, señaló no había lugar a señalar la audiencia de revisión de medida cautelar, en atención a que mediante proveído de treinta de mayo de dos mil veintidós, ante la solicitud expresa del defensor público que asistía al quejoso y la agente del ministerio público, se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a Ernesto Dionicio García por todo el tiempo que dure el procedimiento. Además, que la medida cautelar impuesta fue de carácter oficioso atendiendo a las circunstancias de los hechos por los que se seguía la causa penal de origen, o sea, con la única finalidad de asegurar la presencia del imputado al proceso y evitar la obstaculización del procedimiento. Aunado a ello, refirió que no se anexaba u ofrecía medios de prueba idóneos para justificar que habían cambiado las condiciones de manera objetiva, que se tomaron en cuanta para imponerle a su representado dicha medida en la audiencia inicial, pues para que prosperara su solicitud debía considerar lo previsto en los artículos 161, 163 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, el juez indicó hacer del conocimiento del defensor del aquí quejoso que, para ese momento, resultaba inoperante su solicitud para señalar audiencia de revisión de la medida cautelar por lo que debía justificar la variabilidad de las razones que se tomaron en cuenta para imponerle le prisión preventiva de carácter oficioso. Dicha determinación fue notificada al defensor público del quejoso mediante correo electrónico enviado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, y al quejoso Ernesto Dionicio García el uno de marzo de la presente anualidad, de forma personal. ACTUALIZACIÓN DE IMPROCEDENCIA La demanda de amparo fue presentada por el quejoso Ernesto Dionicio García el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, turnada en la misma fecha a la diversa Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y recibida, en la misma fecha en este juzgado. Así, de revisar lo relatado con antelación, resulta innegable que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente "Artículo 61. La interpretación lógica y sistemática de los preceptos legales invocados, permite inferir que la causa de improcedencia del juicio de amparo sustentada en el consentimiento tácito de los actos reclamados, se actualiza una vez que el quejoso, a sabiendas de su existencia, no actúa para defenderse instando la acción constitucional respectiva dentro de los términos legales preestablecidos; por lo cual, el silencio mostrado por el impetrante con respecto al acto de autoridad, implica su aceptación. Asimismo, en materia penal, la fracción IV de dicho numeral, establece como excepción en tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; casos en los cuales la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Sin embargo, una vez que se analizan los supuestos hipotéticos que como excepción a la regla general para la interposición del amparo que contempla la norma 17 de la Ley de la Materia, se puede concluir con claridad meridiana, que en el caso, no se actualiza ese supuesto excepcional, lo que conlleva a la vigencia de esa regla general. De esa manera, la negativa plasmada en proveído reclamado de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés de señalar fecha y hora para celebrar la audiencia de revisión de medida cautelar en autos de la carpeta judicial administrativa 540/2020/Puebla, constituye un acto que si bien afecta la libertad personal del aquí quejoso, lo cierto es que esta fue dictada dentro de un procedimiento penal. De ahí que, en la especie, la oportunidad de interposición del amparo es de quince días, acorde a lo estatuido en el precepto 18 del invocado ordenamiento reglamentario. Ante ese panorama, se estima que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea. Lo anterior resulta, puesto que del referido numeral 18, se desprende que los plazos deben ser computados de la siguiente manera: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ese acto o ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor del acto o su ejecución. En ese sentido, del texto normativo se advierte que el legislador racional previó que bastara con que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, es decir, los supuestos previstos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, pues basta con la actualización de uno de esos supuestos (el que cronológicamente se presente primero), para su operancia. Además, la esencia del referido artículo 18, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pues es suficiente que se desprenda la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, para que se constituya el punto de partida para la contabilización del cómputo que ha de constituirse como la oportunidad de interposición del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre un dato diverso. Sin embargo, en el presente caso, de las constancias remitidas por el juez de control responsable, se advierte que, la parte quejosa fue notificada de forma personal de ese proveído el uno de marzo de dos mil veintitrés. Por lo que el plazo de quince días para presentar su demanda transcurrió del tres al veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, sin contar los días cuatro, cinco, once, doce, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno del mismo mes y año, por ser sábados, domingos y días inhábiles, ya que se consideran días inhábiles para la promoción del juicio de amparo, los referidos en el numeral 19 de la ley de la materia y el quejoso presentó su demanda de amparo el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, es decir, fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar esa determinación. En ese orden de ideas, deviene inconcuso que transcurrieron en exceso los quince días a que tenía derecho el quejoso para interponer la correspondiente demanda de amparo; pues, como ya se dijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ese plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o el acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto, al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Y, bajo ese contexto, el quejoso fue notificado de forma personal en su lugar de reclusión el uno de marzo de dos mil veintitrés. Por consiguiente, la acción de derechos fundamentales fue ejercida en forma extemporánea, porque el quejoso presentó su demanda con posterioridad al vencimiento del plazo de quince días que tenía para ello. Sustenta la anterior determinación la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital 2010666, Décima Época, Materia Común de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque el quejoso consintió tácitamente el acto que ahora pretende reclamar, pues fue notificado personalmente de uno de marzo de la presente anualidad, en su lugar de reclusión, y a pesar de ello, no ejerció la acción de amparo dentro del plazo genérico de quince días. SOBRESESE EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De esa manera, al haberse actualizada una causa de improcedencia de manera manifiesta e indudable, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a. /J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tales condiciones, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional en este juicio, que estaba programada para las diez horas con tres minutos del cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese; de manera personal al quejoso en su lugar de reclusión, al defensor público, por oficio a la demás partes y cúmplase.
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JUICIO DE AMPARO 323/2023-III. Puebla, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. FISCAL GENERAL DEL ESTADO CUMPLE REQUERIMIENTO Se agrega al expediente el oficio y anexo signado por el Coordinador General de Asuntos Jurídicos, en representación del Fiscal General de Puebla, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado al fiscal general en proveído de once de abril del año en curso, remite la constancia de emplazamiento del oficio 7754/2023 practicado a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación en Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al ser la encargada de la carpeta judicial administrativa y proporciona sus medios de contacto. Entonces se tiene emplazada a la referida fiscal en su correcta denominación de Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación en Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía General de Estado de Puebla; y en su carácter de tercera interesada y queda cumplido el requerimiento efectuado al titular de la citada institución; en consecuencia, se deja insubsistente el apercibimiento de multa que se le formuló al respecto. Se ordena a la oficial judicial A encargada del - Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes- (SISE), realizar las anotaciones correspondientes acerca del nombre de la agente del ministerio público tercera interesada. CORREO ELECTRÓNICO, DOMICILIO Y NÚMERO DE TELÉFONO Se toma conocimiento el correo electrónico, domicilio y número de teléfono de la referida fiscal para los efectos legales a los que haya lugar. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, no ha lugar a acordar lo solicitado por la autoridad oficiante en relación a tener como delegados a los profesionistas que nombra en su ocurso, debido a que dicha autoridad no fue asignada como autoridad responsable en la demanda de amparo. Notifíquese y cúmplase.
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