Ernesto Dionicio García
Expediente 240/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ernesto Dionicio García
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, once de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Inexistencia de anexos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos para devolver a las autoridades. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Desahogo de prevención. Se agrega al expediente el ocurso signado por el quejoso XXXXX, en el que da cumplimiento a la prevención formulada en el proveído inicial de este juicio, como sigue: 1. Retira el señalamiento de autoridad responsable que hizo en la demanda, contra la ".Defensoría Pública del Estado de Puebla."; 2. Indica que el primer acto reclamado en su demanda, corresponde a la omisión del juez responsable de verificar que el defensor que lo asistió durante la audiencia inicial de la causa penal 540/2020/Puebla, tuviera conocimientos en la lengua y comunidad indígena a la cual afirma pertenecer; 3. Expone que el segundo acto combatido, es el exceso de la prisión preventiva conforme a la medida cautelar que tiene impuesta en la referida causa penal; y 4. Manifiesta que sí estuvo presente durante la audiencia en la cual se emitió la resolución que prorrogó la citada medida, y que en esa audiencia estuvo asistido por un defensor público. Por tanto, se declara cumplida la prevención formulada en el citado proveído. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo,1 establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".2 En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse a partir de su escrito aclaratorio en la hipótesis prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causal de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que el primer acto reclamado por aquél, en términos de su escrito aclaratorio, 1 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". 2 Tesis jurisprudencial I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. corresponde a la omisión del juez responsable de verificar que el defensor que lo asistió durante la audiencia inicial de la causa penal 540/2020/Puebla, tuviera conocimientos en la lengua y comunidad indígena a la cual afirma pertenecer. Sin embargo, la omisión combatida por el quejoso no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal de improcedencia, porque resulta manifiesta e indudable conforme a los antecedentes y conceptos de la demanda. De hecho, es la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los temas procedimentales, al grado de evitar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Ello a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así quedó establecido en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad,3 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, que involucran por lo general a víctimas y probables 3 Para entender el principio de progresividad tenemos la opinión doctrinaria siguiente: ".De manera complementaria, la prohibición de regresividad indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. Este principio debe observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales y, en general, en toda conducta estatal que afecte derechos. Se trata de un análisis sustantivo sobre las decisiones estatales; es decir, que los contenidos asignados a su actividad no decrezcan lo ya logrado en cuanto al contenido y alcance del derecho. Se trata de evaluar a quién beneficia la medida, a quién perjudica, en qué medida cumple el derecho y, en su caso, cómo lo amplía. De disminuir su alcance en alguna forma estaremos frente a una regresión prohibida.". Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica. Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano. Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La introducción de la opinión doctrinaria previa, se realizó con apoyo en la tesis aislada 2a.LXIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII de Mayo de 2001, página 448, de rubro: "DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS". responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia definitiva por parte del juzgador. Entonces, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos procesales -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas en esencia para la resolución de derechos sustantivos. Por consiguiente, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los procesos para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias, como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal.4 Todas esas premisas conducen a visualizar que la omisión combatida por el quejoso, la cual representa el primer acto combatido, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que el primer reclamo del quejoso comprende la omisión del juez responsable de verificar que el defensor que lo asistió durante la audiencia inicial de la causa penal 540/2020/Puebla, tuviera conocimientos en la lengua y comunidad indígena a la cual afirma pertenecer. Pero la relatada omisión de ninguna forma repercute en derechos sustantivos, porque la supuesta falta de detección del 4 Esto se robustece con la tesis aislada (III Región)5o.14 K (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Morelia, Michoacán, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2521, que se titula: "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, AL RESTRINGIR LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS EN JUICIO CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS TUTELADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, NO LO VULNERA". juez responsable a la ausencia de conocimientos en lengua indígena del defensor que hubiera asistido al quejoso, en la audiencia inicial de la mencionada causa, sólo puede encuadrar en actos procesales que no tienen el carácter de irreparables. Sobre todo porque la eventual sentencia definitiva que se pronuncie en la fase de juicio oral, todavía puede ser favorable a los intereses del quejoso, y entonces ninguna repercusión habrá tenido la supuesta omisión del juez responsable, de no verificar que el defensor que lo asistió durante la audiencia inicial de la causa penal 540/2020/Puebla, tuviera conocimientos en la lengua y comunidad indígena a la cual afirma pertenecer. Ello impide considerar que la omisión combatida en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados en la demanda y los conceptos de violación, reflejan que únicamente se pretenden cuestionar aspectos procesales suscitados durante la audiencia inicial de la referida causa. Lo cual permite afirmar que la omisión combatida, no determinó una ruta específica de análisis para el hecho con apariencia de delito por el cual haya sido vinculado el quejoso, en la causa penal, y esa omisión tampoco implica que vaya a declararse la plena culpabilidad de éste en la fase de juicio oral, ni siquiera se advierte que la supuesta falta de verificación del juez responsable, haya generado una restricción a los derechos que le asisten como imputado. En efecto, la omisión de marras no impuso restricciones a los derechos sustantivos que tiene el quejoso en la causa penal, pues ningún indicio existe en la demanda para considerar que el juez responsable hubiera establecido restricciones a los derechos que tiene aquél, para continuar el ejercicio de su defensa en la causa penal o en la etapa de juicio oral y como se dijo, aquella omisión nunca implicó que se vaya a declarar la materialidad del delito o la plena responsabilidad penal de aquél, según se desprende del contenido de la demanda. reclamada (el primer acto combatido). Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra la mencionada omisión, permiten descartar que esta hubieran trascendido a derechos sustantivos del quejoso, como imputado en la causa penal. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe afirmarse que la omisión atribuida al juez señalado como responsable, constituye un acto de mero impacto a derechos procesales en la causa penal, es decir, una violación procesal que si llegara a trascender al dictado de la sentencia definitiva, podrá alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, conforme al artículo 173, apartado B, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral. [.] XIII. No se respete al imputado el derecho de contar con una defensa adecuada .; cuando el imputado sea indígena no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura.". De ahí que tampoco pueda considerarse que la omisión reclamada, haya afectado derechos sustantivos del quejoso en el trámite de la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación, conforme a la técnica del juicio de amparo indirecto. Entonces, debe estimarse que la omisión combatida en la demanda, conforme a lo delimitado en el escrito aclaratorio, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal, porque no constituye un acto de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que el primer acto combatido por aquél, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. Establecido lo anterior, tenemos que el segundo acto combatido, es el exceso de la prisión preventiva conforme a la medida cautelar que tiene impuesta el quejoso en la causa penal 540/2020/Puebla. Pero el mencionado exceso también encuentra una causal de improcedencia, en particular la prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". La causal transcrita contempla el principio de definitividad tratándose de actos jurisdiccionales, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone al quejoso la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que mediante su interposición se pueda conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. En efecto, la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a la que tuviera acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad, se vulneren sus derechos fundamentales. Luego, el principio de definitividad del juicio de amparo tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que el peticionario del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos humanos. El mismo precepto en mención exceptúa de lo anterior, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues en ese caso, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Luego, el Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga la posibilidad a los imputados a quienes se les instruye un proceso penal, que soliciten la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva que les hayan impuesto, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio previstas en los artículos 153 a 171 del mencionado código. Pero la procedencia y análisis sobre la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, porque ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado) y el debate que sostengan las partes durante la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Así que no se puede analizar en el juicio de amparo, de modo autónomo e independiente al proceso penal de origen, la subsistencia de la prisión preventiva ni el posible exceso de la misma, pues previamente el quejoso en el proceso penal que se le instruye, debe solicitar la revisión, modificación, sustitución o cese de la prisión preventiva que se le haya impuesto, conforme a las reglas del sistema penal acusatorio. Ello conduce a imponer la causal de improcedencia que descansa en el principio de definitividad, sobre el segundo acto combatido, que es el exceso de la prisión preventiva conforme a la medida cautelar que tiene impuesta el quejoso en la causa penal 540/2020/Puebla. Lo anterior, porque el segundo acto reclamado concierne en su totalidad al exceso de prisión preventiva de la que se duele el quejoso, quien se encuentra al interior del centro penitenciario respectivo, privado de la libertad. Por tanto, ese acto es susceptible de ser impugnado mediante el medio de defensa consistente en la revisión de la prisión preventiva, de conformidad con las invocadas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Nacionales. Sobre todo porque al accionante de amparo le reviste el carácter de parte en la indicada causa penal, porque es el imputado, lo cual implica que se encuentra facultado para hacer valer sus derechos y cargas procesales y, en razón de ello, en aptitud de interponer el medio de impugnación referido. Luego, en cumplimiento al principio de definitividad, si el ordenamiento aplicable prevé la revisión de la prisión preventiva de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Nacionales, ésta debe agotarse antes de promover el juicio de amparo, porque el supuesto exceso de la prisión preventiva no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Tampoco puede considerarse que el exceso de la prisión preventiva, encuadre en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, auto de formal prisión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto y el quejoso no tiene el carácter de persona extraña al procedimiento. Por consiguiente, éste debe agotar el procedimiento de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva, contra el segundo acto combatido: el exceso de la prisión preventiva conforme a la medida cautelar que tiene impuesta en la causa penal 540/2020/Puebla. Apoya lo considerado, la jurisprudencia de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" (Jurisprudencia I.6o.C. J/37, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época Materias(s): Común, página 902). Así como la tesis de rubro "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. REQUISITOS NECESARIOS PARA TENERSE POR CUMPLIDO" (Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: II.4o.C.1 K. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Agosto de 2009, página 1676) Sólo resta indicar que los preceptos invocados del Código Nacional de Procedimientos Penales, también permiten afirmar que la subsistencia de la prisión preventiva por más de dos años, que corresponde al segundo acto reclamado, no se puede analizar en el juicio de amparo de modo autónoma e independiente al proceso penal acusatorio, porque es necesario que en primer término y dentro del procedimiento penal acusatorio, todas las partes involucradas conozcan, controviertan o confronten los medios de prueba y de esa manera se opongan a las peticiones y alegatos de sus contrarias. En efecto, en términos de la Ley de Amparo no se podría analizar el exceso de la prisión preventiva, sin que previamente se haya realizado el debate correspondiente en el proceso de origen, ya que de lo contrario, es decir, de aceptar el análisis del segundo acto reclamado, se haría el análisis directo de la información, sin que las partes del proceso de origen hayan tenido la oportunidad de ejercer los derechos protegidos constitucionalmente, bajo los principios del proceso penal acusatorio. De hecho, el análisis del segundo acto combatido, implicaría vulnerar el artículo 20, apartado A, fracciones IV y VI, de la constitución federal, así como lo establecido al respecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso se soslayaría directamente el artículo 75, de la Ley de Amparo, que impide valorar pruebas no practicadas o desahogadas ante la responsable y que vía excepción lo permite en materia penal, a condición de que ello no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. Lo anterior, con independencia de que el imputado, ahora quejoso, de acuerdo a lo que refiere en el capítulo de antecedentes de su demanda, en cuanto al tiempo que lleva en prisión preventiva, debe en términos de lo dispuesto en los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, plantear la revisión, modificación y sustitución de la prisión preventiva que contempla el artículo 19 de la constitución federal de la mencionada medida cautelar. En el entendido de que la revisión de la medida no tiene el alcance de que el juzgador declare procedente, de facto o en automático, la sustitución, modificación o cese de la misma, porque ello está sujeto a los parámetros normativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales (como la evaluación del riesgo que representa el imputado) y el debate que sostengan las partes durante la audiencia respectiva, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento procesal. Además de que, en caso de sustituir la medida cautelar, el juez deberá aplicar las medidas de vigilancia o supervisión a que se refieren los artículos 176 a 182 del Código Nacional en cita. De ahí que se actualice en la especie, de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia estudiada, en el segundo acto combatido. Incluso puede señalarse que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito sostuvo un criterio que puede aplicarse al caso por analogía jurídica, en un diverso asunto con algunas similitudes, que fue objeto de la ejecutoria del recurso de queja 179/2022 de su índice, donde estimó correcto imponer la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, sobre actos relativos al exceso de la prisión preventiva, como el segundo acto combatido por el quejoso. A la luz de lo anterior, se concluye que el segundo acto combatido, que es el exceso de la prisión preventiva conforme a la medida cautelar que tiene impuesta el quejoso en la causa penal 540/2020/Puebla, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con las características de notoria y manifiesta. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por el quejoso y que aclaró con el escrito recibido, pues los dos actos que reclamó encontraron sendas causales de improcedencia, con las características de manifiestas e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Conclusión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL 5 Tesis XVI.1º A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167. ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Directora designa nuevo defensor para el quejoso. Por otro lado, se integra al expediente el oficio signado por la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública, del Poder Judicial del Estado de Puebla, a través del cual se pronuncia sobre el requerimiento formulado en el proveído inicial, pues comunica que a pesar de haber designado a Julio Arturo Gómez Peña, como defensor público del quejoso, éste no tiene conocimientos en la lengua indígena solicitada, razón por la cual designa como nuevo defensor a Jorge Amador Tlatilolpa, porque este tiene esos conocimientos. De lo anterior, esta juzgadora queda enterada y provee lo siguiente: Requerimiento al defensor público designado. Se requiere al defensor público Jorge Amador Tlatilolpa, que comparezca de manera física a este órgano jurisdiccional el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, debidamente identificado, para aceptar y protestar el cargo conferido. Se apercibe al defensor de marras que en caso de no comparecer a este juzgado en la data señalada, o dejar de manifestar el impedimento que tenga para cumplir lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Dado lo acordado en párrafos precedentes se deja sin efectos el requerimiento formulado al defensor Julio Arturo Gómez Peña, en proveído de catorce de los cursantes. Defensor solicita se dejen sin efectos requerimientos y se le otorgue acceso al expediente electrónico. Por último, se agregan al expediente los escritos del defensor Julio Arturo Gómez Peña, a través de los cuales solicita en primer lugar, se dejen sin efectos los requerimientos formulados en acuerdo de catorce de los presentes, y en segundo lugar, le sea otorgado el acceso al expediente electrónico para lo cual proporciona un nombre de usuario. Respecto del primer punto, se le hace saber que debe estarse a lo acordado en párrafos precedentes; y sobre el segundo punto, se le informa que la solicitud para el acceso al expediente electrónico, deberá solicitarla el defensor que protestará el cargo correspondiente: Jorge Amador Tlatilolpa. Notifíquese; de forma personal al quejoso (en el lugar donde se encuentra recluído); y cúmplase.
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Puebla, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Directora cumple requerimiento. Se integra al expediente el oficio signado por la Directora General del Instituto de la Defensoría Pública, del Poder Judicial del Estado de Puebla, a través del cual atiende el requerimiento formulado en el proveído inicial, pues comunica haber designado a Julio Arturo Gómez Peña, como defensor público del quejoso. Por tanto, se tiene cumplido el requerimiento formulado a la citada directora, en el proveído inicial de nueve de los cursantes, motivo por el cual queda sin efectos el apercibimiento de multa que se le hizo al respecto. Requerimiento al defensor público designado. Entonces, se requiere al defensor público Julio Arturo Gómez Peña, que comparezca de manera física a este órgano jurisdiccional el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en un horario de 10:00 a 14:00 horas, debidamente identificado, para aceptar y protestar el cargo conferido. Por último, se apercibe al defensor de marras que en caso de no comparecer a este juzgado en la data señalada, o dejar de manifestar el impedimento que tenga para cumplir lo anterior, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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Puebla, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por el quejoso XXXXXX, por derecho propio, contra actos del ".Juez de Control de la Región Judicial Centro Joel Daniel Baltazar Ávalos." (sic) y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al quejoso y a su defensor que de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso y al defensor que le será asignado a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades desde las autoridades señaladas como responsables y hasta los actos combatidos, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Para demostrar lo primero, se hace notar que el quejoso introdujo a la ".Defensoría Pública del Estado de Puebla.", como autoridad responsable ejecutora. 1 La lectura integral encuentra fundamento en la tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, consultable en la página 32, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Sin embargo, la demanda carece de datos para visualizar el acto concreto que aquél reclama a la citada institución, y si bien fue alegada una falta de defensor con conocimientos en la lengua y comunidad indígena a la cual afirma el quejoso pertenecer, lo cierto es que ese acto únicamente podría corresponder al juez encargado de la causa penal, dado que este tiene el deber de verificar la defensa técnica y adecuada. De ahí la necesidad de que se aclare el señalamiento de autoridad responsable, que hizo aquél contra la ".Defensoría Pública del Estado de Puebla.". Por otro lado, se detectó que los actos reclamados son irregulares porque fueron delimitados de la forma siguiente: ".1. Violación a la defensa adecuada a las personas indígenas, a ser asistidas por intérpretes y defendidos en juicios y procedimientos judiciales. 2. El plazo máximo de prisión preventiva, el cual es superior a dos años.". Esa delimitación no permite visualizar los actos concretos que desea combatir el quejoso. Sobre todo porque los antecedentes que relató bajo protesta de decir verdad, parecieran conducir a un acto distinto: la resolución emitida el treinta de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que tiene impuesta el quejoso, en la causa penal 540/2020/PUEBLA. Entonces, debe requerirse al quejoso la aclaración de su reclamo, para tener certeza de los actos que habrán de constituir la litis constitucional. Al margen de lo anterior, debe indicarse que la aclaración debe realizarla aquél, sin omitir hechos que le consten y tampoco con manifestaciones que puedan ser falsas, porque esto podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Es más, la aclaración corresponde al quejoso porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los distintos aspectos que resultaron irregulares. Así, con fundamento en los artículos 108 fracciones III, IV y V, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito con la protesta de decir verdad en el cual: 1. Indique el acto concreto que pretende reclamar a la ".Defensoría Pública del Estado de Puebla."; o 2. Retire a esa institución de las autoridades responsables, dado que el juez encargado de su causa penal (del quejoso) era el único obligado a verificar que tuviera una defensa técnica y adecuada, conforme a su lengua y comunidad indígena; 3. Manifieste si el primer acto reclamado en su demanda, corresponde a la omisión del juez responsable de verificar que el defensor que lo asistió durante la audiencia inicial de la causa penal 540/2020/Puebla, tuviera conocimientos en la lengua y comunidad indígena a la cual afirma pertenecer; 4. Exponga si el segundo acto que combate, es el exceso de la prisión preventiva oficiosa conforme a la medida cautelar que tiene impuesta en la causa penal citada en la demanda; o 5. Si el segundo acto corresponde a la resolución de treinta de mayo de dos mil veintidós, que prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en la mencionada causa penal; y 6. Comunique si estuvo presente durante la audiencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, en la cual se emitió la resolución que prorrogó la citada medida, y si en esa audiencia estuvo asistido por un defensor ya fuera público o privado. Copias del escrito aclaratorio. Se requiere al quejoso que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes y el incidente de suspensión. Pese a lo anterior, se le informa que si obtiene su firma electrónica y presenta con esta su escrito aclaratorio, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, quedará exento de la obligación de exhibir copias del escrito aclaratorio. Apercibimiento. Se formula al quejoso el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Requerimiento de defensor público para el quejoso. La demanda de amparo refleja que el quejoso no designó personas para que intervengan a su favor en el presente juicio; y se tiene el hecho de que está recluido en un centro penitenciario. Por tanto, se requiere a la Directora General del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Puebla, designe a un asesor jurídico o un defensor público que asista al quejoso Ernesto Dionicio García, en el trámite de este juicio de amparo y conforme a la normativa de dicho instituto. Sobre todo porque el citado quejoso está interno en un centro penitenciario y carece de personas que lo asistan en su defensa -pues omitió nombrar autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo-. Asimismo, se requiere a la citada Directora que de ser posible designe un asesor jurídico o defensor público con conocimientos en la lengua o comunidad indígena a la cual afirma pertenecer el quejoso. Pero ante la falta de personal con dicho conocimiento, podrá designar a cualquier defensor público o asesor jurídico que estime conveniente, y será esta juzgadora la que evalúe la pertinencia de requerir un intérprete, en caso de resultar indispensable. Se pide a la directora de dicho instituto, que atienda este requerimiento en un plazo de tres días contados a partir del siguiente a la legal notificación del mismo. Asimismo, se le apercibe a la citada autoridad que de ser omisa en cumplir lo requerido en el plazo indicado y sin causa justificada, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 237, fracción I, y sancionado con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, la jurisprudencia de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO". Domicilio procesal del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones personales, el inmueble señalado en la demanda de amparo: el centro donde está recluido. No se hace pronunciamiento de autorizados, porque ninguno designó aquél en la demanda. Autorización para fotografías. Se hace saber al quejoso y al defensor que le será asignado, que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso y al defensor que le será asignado, el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de forma personal al quejoso (en el centro penitenciario donde se encuentra recluido); y cúmplase.
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