Ernesto Aleman Perez
Expediente 1024/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ernesto Aleman Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1024/2021-IV. Puebla, Puebla, siete de enero de dos mil veintidós. Recepción de ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio signado por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q-*, cuyo punto resolutorio establece: "...ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja.". Además, el secretario de marras devuelve el legajo de copias de este juicio de amparo, que se envió para la resolución del citado medio de impugnación. En consecuencia, glósese al presente juicio el testimonio recibido con el oficio de cuenta; y este juzgado queda enterado de que resultó infundado el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el proveído inicial donde fue desechada su solicitud de tutela constitucional. También, se ordena acusar recibo al tribunal colegiado por el testimonio y legajo mencionados. Asimismo, instruye destruir el legajo de copias recibido, en la trituradora de este juzgado, porque sólo tiene reproducciones del presente juicio, motivo por el cual es innecesario conservarlas y menos ante el hecho de que en párrafos posteriores habrá de decretarse el archivo definitivo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial administrativa encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la decisión del tribunal colegiado sobre el recurso de queja. Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, porque fue desechada la solicitud de amparo en el proveído inicial. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos originales y de incidente de suspensión. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso, porque sólo exhibió su demanda de amparo y esta no actualiza la hipótesis de devolución. Tampoco existe incidente de suspensión, porque este juicio fue desechado en el proveído inicial. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación de este proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal puede ejercer dado que resultó infundado el recurso interpuesto contra el proveído que desechó la solicitud de amparo. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde será publicado este acuerdo. De ahí que este proveído se habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del acuerdo en comento, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Indicación a la actuaria de este órgano. Se ordena a la actuaria encargada del presente asunto, que el oficio dirigido al tribunal colegiado, lo entregue en forma física. Pero deberá observar de manera estricta el "Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID 19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF", y hacer uso del Kit de seguridad proporcionado para tal efecto. Revisión del expediente. Por último, se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1024/2021-IV. Puebla, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Tribunal colegiado informa admisión de queja. Se agrega al expediente un oficio del secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito -que tiene adjunta la impresión de su firma electrónica-. En ese oficio informa que el magistrado presidente del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contra el proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional; y en forma implícita acusa recibo de los anexos remitidos. También comunica que el mencionado recurso, quedó radicado con el número de expediente Q-141/2021, de su índice. De todo lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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JUICIO DE AMPARO 1024/2021-IV. Puebla, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Recurso de queja. Se agrega al expediente el escrito firmado por el quejoso , mediante el cual interpone recurso de queja y formula agravios contra el proveído de once de octubre de dos mil veintiuno, en el que fue desechada su solicitud de tutela constitucional. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso -con el señalamiento genérico de constancias para la resolución de la queja-. Empero, se descarta hacer pronunciamientos para los diversos aspectos procesales que obran en el recurso del quejoso, como el señalamiento de domicilio para recibir notificaciones, designación de autorizados, entre otros, porque fueron dirigidos al tribunal colegiado que habrá de disponer el trámite para el citado medio de impugnación. Informe de esta juzgadora. En este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes1: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el once de octubre de dos mil veintiuno se emitió un proveído, en el que fue desechada de plano la demanda de amparo por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin embargo, se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Para justificar lo anterior, se instruye adjuntar copias de todo este juicio y el original del recurso de queja -en el cual obran los agravios-, al oficio que se dirija al tribunal colegiado. Se ordena envío del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del original del recurso de queja -porque tiene los agravios-, con las copias necesarias de este juicio para su resolución, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno. Ello implicará que el envío se haga por medio de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Estado de Puebla. Se hace notar que este acuerdo sólo tendrá las respectivas firmas electrónicas, vigentes y reconocidas por el Poder Judicial de la Federación, porque se ha trabajado a distancia por la contingencia de salud pública derivada de la enfermedad COVID-19. Indicación a la actuaria. Se ordena a la actuaria encargada del presente asunto, que el oficio de remisión, copia del recurso de queja, el original del mismo y las copias de este juicio, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Ello, con las medidas de protección por la situación actual de contingencia sanitaria, derivada de la enfermedad COVID-19. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para el quejoso, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 1024/2021-IV. Puebla, Puebla, once de octubre de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. , se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso, debe subsumirse en la hipótesis normativa prevista en el artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de dos actos: a). La resolución emitida por la jueza señalada como responsable, en la que declaró improcedente (infundada) la acción incidental ejercida por el quejoso para excluir tres pruebas ofrecidas por el fiscal en la acusación de la etapa intermedia, esto es, un desarmador, una varilla y un sello de plástico; y b). La resolución de la jueza responsable en la que admitió esas tres pruebas materiales (desarmador, varilla y sello de plástico), para el auto de apertura a juicio con el cual terminó la etapa intermedia. Ambas resoluciones emitidas en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, desahogada en la carpeta judicial * Ello conduce a visualizar que el reclamo planteado en la demanda, no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse en amparo indirecto durante el trámite de un proceso, motivo por cual debe imponerse desde este momento una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, pues en la actualidad fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica, y es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que las resoluciones combatidas por el quejoso, no encuadran en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, se hace notar que la decisión judicial relativa al incidente de exclusión de pruebas, sólo declaró improcedente (infundada) la acción de nulidad ejercida contra tres pruebas ofrecidas por el fiscal en la acusación: un desarmador, una varilla y un sello de plástico. Mientras la diversa resolución de la jueza responsable, únicamente comprende la admisión de esas tres pruebas materiales (desarmador, varilla y sello de plástico), en el auto de apertura a juicio con el cual terminó la etapa intermedia. Entonces, el único efecto de las decisiones comentadas, estriba en que las pruebas de marras hayan quedado incorporadas al auto de apertura a juicio, que habrá de regir la etapa siguiente de la carpeta judicial; lo cual de ninguna forma implica una decisión anticipada sobre la eficacia plena de esas pruebas, para la responsabilidad penal del quejoso en el hecho con apariencia de delito que se le impute. Además, si esas pruebas materiales (desarmador, varilla y sello de plástico), fueran ineficaces en la fase de juicio para los extremos de la responsabilidad penal, es decir, si la valoración que se realice a esas pruebas resulta favorable a los intereses del quejoso, ninguna repercusión habrá tenido la resolución que declaró improcedente (infundada) su acción incidental de exclusión, y tampoco la admisión de esas pruebas materiales que decretó la jueza responsable. Ello conduce a estimar que las resoluciones combatidas en la demanda de amparo, no tienen las características de los actos de imposible reparación, pues los antecedentes relatados por el quejoso y sus conceptos de violación, revelan que su pretensión atañe a un espectro de valoración probatoria, es decir, a la eficacia que puedan tener el desarmador, la varilla y el sello de plástico, para los extremos de la responsabilidad penal. Lo cual de ninguna forma puede analizarse con las resoluciones combatidas en la demanda, porque estas, como se dijo, únicamente determinaron que las pruebas de marras hayan quedado incorporadas al auto de apertura a juicio, y esto de ninguna forma implica una decisión anticipada sobre el valor de esas pruebas, para la responsabilidad penal del quejoso en el hecho con apariencia de delito que se le impute. Por consiguiente, debe imponerse la causal de improcedencia anunciada en líneas precedentes, pues las resoluciones combatidas en la demanda sólo comprenden la admisión de las pruebas materiales de marras, porque la primera negó la exclusión que se pretendía de ellas en la vía incidental, y la segunda declaró su admisión para su estudio con el auto de apertura a juicio. De modo que el quejoso tiene la posibilidad de cuestionar el alcance de esas pruebas materiales, cuando se discuta su utilidad para los extremos de la responsabilidad penal, en la fase de juicio de la carpeta judicial. Todo lo cual permite afirmar que las resoluciones combatidas, no determinaron una ruta específica de análisis para esas pruebas materiales (desarmador, varilla y sello de plástico), incorporadas al auto de apertura a juicio de la carpeta judicial. Aparte, las resoluciones de marras nunca impusieron restricciones a los derechos sustantivos que tiene el quejoso como imputado en la causa penal, como se desprende de los antecedentes y conceptos de violación, pues las decisiones de la jueza responsable -combatidas en la demanda-, jamás impusieron restricciones al derecho de aquél para cuestionar el alcance de esas pruebas en la fase de juicio, y ni siquiera abordó (la jueza) cuestiones relacionadas con la materialidad del delito o la plena responsabilidad, como también se desprende de los antecedentes y conceptos de violación. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en las comentadas resoluciones, pues la jueza responsable nunca afectó derechos sustantivos del quejoso, por ejemplo, su derecho de alegar como imputado en la fase de juicio. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra las mencionadas resoluciones, permiten descartar que estas hubieran trascendido a derechos sustantivos del quejoso en la carpeta judicial. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Así, debe afirmarse que las resoluciones emitidas por la jueza responsable en la audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno (una relativa al incidente de exclusión y la segunda relacionada con la admisión de pruebas), representan decisiones circunscritas a derechos procesales en la carpeta judicial, que sólo pueden generar violaciones procesales si llegaran a trascender en la sentencia definitiva, y de ser así pueden alegarse en la instancia de apelación y eventualmente hasta el juicio de amparo directo, conforme al artículo 173, apartado A, fracción VII, de la Ley de Amparo,...De ahí que no pueda considerarse que las resoluciones combatidas en la demanda, hayan afectado derechos sustantivos del quejoso en la carpeta judicial, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación. Entonces, debe estimarse que las resoluciones combatidas en la demanda, sólo pueden generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la carpeta judicial y por ende no constituyen actos de ejecución irreparable, porque una sólo desestimó un incidente de exclusión promovido contra las pruebas mencionadas, y la segunda únicamente admitió las pruebas relativas a ese incidente, sin haber determinado la eficacia de ellas para la fase de juicio, motivo por el cual jamás generaron afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Así, debe concluirse que el quejoso pretende combatir resoluciones que sólo generaron afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadren en los actos de ejecución irreparable. Sobre todo porque ningún indicio se advierte en la demanda, para estimar que alguna de las resoluciones combatidas, hubiera trastocado aspectos mayores a la admisión de las pruebas materiales comentadas, razón por la cual debe estimarse la regla general de violaciones procesales que no constituyen actos de imposible reparación. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, en ejercicio de sus arbitrios judiciales, realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas, al resolver si el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba en el proceso penal acusatorio constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del Juez de Control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, el amparo por regla general es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la admisión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la admisión de pruebas en el auto de apertura a juicio constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; escenario en el que el amparo sí es procedente. De ahí que cuando se presenta un acto dentro del proceso penal que haga procedente el juicio de amparo -de imposible reparación-, dicho acto debe implicar que se le deje de ver en el plano del proceso penal y se le encuadre en el juicio de protección constitucional. Sólo resta decir que esta juzgadora detectó los conceptos de violación donde el quejoso manifestó que las resoluciones combatidas, dieron como resultado una privación arbitraria de su libertad, porque no ha sido puesto a disposición de la autoridad administrativa de manera fundada y motivada, y por el exceso en el plazo otorgado por la ley sin que de manera justificada se dé pie a ello (sic). Pero esas alegaciones fueron introducidas en forma expresa, como una consecuencia de la decisión relativa al incidente de exclusión, y de la admisión para las tres pruebas materiales comentadas. Además, la lectura integral que se efectuó a la demanda, reveló que los únicos actos combatidos por el quejoso, son las resoluciones atinentes a su incidente de exclusión de tres pruebas materiales y a la admisión de estas (desarmador, varilla y sello de plástico). Todo lo cual permitió corroborar que las mencionadas alegaciones, no constituyen actos reclamados, porque se hicieron depender en forma expresa de las resoluciones atribuidas a la jueza responsable, ambas vinculadas a las tres pruebas materiales comentadas. Por tanto, se declara que las resoluciones combatidas por el quejoso -en su demanda-, encuentran la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. En tales condiciones, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso Ernesto Alemán Pérez, dado que las resoluciones que éste reclamó a la jueza señalada como responsable, no encuadran en los actos de imposible reparación conforme a las razones expuestas con antelación, y que determinaron la actualización de la invocada causal de improcedencia, con las características de manifiesta e indudable. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Consulta física del expediente. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el inmueble que designó para ese propósito en la primera página de su demanda (ubicado en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla). Por otro lado, con fundamento en el numeral 24 de la Ley de Amparo, quedan autorizadas en términos restringidos las personas nombradas por aquél en la primera página de la demanda, porque sólo las designó en forma genérica, es decir, no les otorgó facultades amplias en forma expresa , se tiene la dirección de correo electrónico y el número telefónico proporcionados por el quejoso al principio de su demanda, como medios para ser contactado. Se hace la precisión que los referidos medios electrónicos de comunicación, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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