Ernesto Alemán Pérez
Expediente 630/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 630/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ernesto Alemán Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió recurrir el acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO HA ALCANZADO ESTADO. Por lo tanto, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, el presente asunto es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, y carece de relevancia documental. Se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por último, se ordena devolver los seis discos compactos (DVD) y las copias auténticas de la carpeta administrativa +++++++++ al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla que adjuntó al momento de rendir su informe justificado. Además, de manera atenta se solicita (de no tener inconveniente) acuse recibo en un plazo de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo.
- Incidental
Del estado procesal que guardan los presentes autos y la copia certificada de cuenta, se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del cual deriva el incidente en que se actúa. Lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Asimismo, se advierte la inexistencia de billete de depósito o garantía alguna exhibida por el quejoso cuya devolución resulte necesaria. Por lo tanto en esta fecha se ordena el archivo del presente incidente de suspensión. En esas condiciones, con fundamento en los supuestos previstos en el capítulo quinto, puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se determina que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional. Mientras que el duplicado es susceptible de destrucción; lo que acontecerá una vez que transcurran más de seis meses del dictado de la interlocutoria que resolvió sobre la suspensión definitiva. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTIRES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Del estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte el quejoso en su demanda de amparo reclama lo siguiente: La resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la carpeta administrativa 508/2016 donde se negó la petición de excarcelarlo de manera temporal, a fin de estar presente en un acto de investigación en la terminal de almacenamiento y distribución de PEMEX Puebla (inspección física y toma de fotografías), por considerar, dejaba de estar justificada la necesidad de su presencia. Y la diversa determinación emitida en un recurso de revocación de misma fecha y misma audiencia en donde se confirmó la negativa a excarcelarlo para estar presente en la diligencia de investigación. Por cuanto hace a la primera determinación de veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la carpeta administrativa 508/2016 donde se negó la petición de excarcelarlo de manera temporal, a fin de estar presente en un acto de investigación en la terminal de almacenamiento y distribución de PEMEX Puebla (inspección física y toma de fotografías), por considerar, dejaba de estar justificada la necesidad de su presencia, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la legislación la cual hace inejercitable la acción de amparo. Pues de la interpretación de la citada causal, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo cual el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por su parte, la segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Así, aunque puede estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran en su totalidad las transgresiones producidas por éste, esa situación es diferente a la analizada en el presente juicio, pues en el caso particular, la autoridad responsable emitió una nueva determinación la cual vino a sustituir en el proceso a la anterior, de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de amparo biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla . En el presente caso, se acredita la causa de improcedencia aludida, pues el quejoso reclama la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la carpeta administrativa 508/2016 donde se negó la petición de excarcelarlo de manera temporal, a fin de estar presente en un acto de investigación en la terminal de almacenamiento y distribución de PEMEX Puebla (inspección física y toma de fotografías), por considerar, dejaba de estar justificada la necesidad de su presencia, sin embargo, esa determinación fue sustituida por una diversa determinación en esa misma audiencia, porque contra esa resolución promovió recurso de revocación. Entonces, ese acto reclamado fue sustituido por la diversa determinación que resolvió el recurso de revocación en el sentido de confirmar la primera. Ante tal situación, el presente juicio de amparo promovido contra la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la carpeta administrativa 508/2016 donde se negó la petición de excarcelarlo de manera temporal, a fin de estar presente en un acto de investigación en la terminal de almacenamiento y distribución de PEMEX Puebla (inspección física y toma de fotografías), por considerar, dejaba de estar justificada la necesidad de su presencia, resulta improcedente; pues los efectos de dicha determinación han cesado, al haberse emitido una diversa por audiencia de esa misma fecha al resolverse el recurso de revocación, lo cual lleva consigo la imposibilidad de analizar los conceptos de violación formulados en su contra por la parte quejosa. Bajo tales circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por cuanto hace al diverso acto reclamado consistente en la determinación del recurso de revocación en donde se confirmó la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la carpeta administrativa 508/2016 donde se negó la petición de excarcelarlo de manera temporal, a fin de estar presente en un acto de investigación en la terminal de almacenamiento y distribución de PEMEX Puebla (inspección física y toma de fotografías), por considerar, dejaba de estar justificada la necesidad de su presencia, debo mencionar, se trata de una resolución insuficiente al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) motivo por el que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, se explica el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013 determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V, del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales. Así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.) -al resolver la contradicción de tesis 377/2013- publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que éste busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias -como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas- en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Entonces, si el quejoso reclama la determinación del recurso de revocación en donde se confirmó la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho en la carpeta administrativa 508/2016 donde se negó la petición de excarcelarlo de manera temporal, a fin de estar presente en un acto de investigación en la terminal de almacenamiento y distribución de PEMEX Puebla (inspección física y toma de fotografías), por considerar, dejaba de estar justificada la necesidad de su presencia. Como consecuencia, se colige, la falta de la presencia del quejoso en el acto de investigación, sólo puede generar violaciones procesales o adjetivas, porque la resolución combatida nunca resolvió los derechos sustantivos involucrados, por ejemplo, la imposición de una condena que restrinja la libertad personal y genere la obligación de reparar el daño. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al tratarse de una cuestión procesal con el fin de pasar a la fase intermedia, se carece de elementos para visualizar un impacto a derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano -como la libertad, la justicia pronta, la integridad física, entre otros-. Bajo este contexto, se deduce el acto reclamados en la audiencia de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la citada en párrafos anteriores) a partir de la cual también se visualiza la necesidad de limitar de momento el amparo indirecto en la causa penal, y más porque esta debe terminar el periodo de instrucción con las demás pruebas ofrecidas, a fin de privilegiar el derecho de justicia pronta que permita a las partes llegar a la sentencia definitiva, momento en el cual tendrá justificación una eventual impugnación en el terreno constitucional -en la vía directa y una vez agotada la segunda instancia-. Por consiguiente, el quejoso debe esperar la sentencia definitiva de la causa penal, a fin de conocer si la falta de su presencia en el acto de investigación podría llegar a generar un estado de indefensión; y si así fuera podrá alegarlo en el recurso correspondiente donde inicie la segunda instancia, para después acudir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación . Cabe agregar que la improcedencia en comento, también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en la interlocutoria reclamada, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal -a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación- para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Además en ningún momento se alcanza a demostrar el parámetro establecido en la fracción V del artículo 107 de la legislación: existencia de una afectación material a los derechos sustantivos que tutelan la constitución y los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Luego, es imposible ponderar la violación a los derechos tutelados por los artículos 1, 4, 16, 20 y 21 de la constitución -invocados en la demanda de amparo- pues a la fecha se mantiene la posibilidad del quejoso de recibir una sentencia favorable en el procedimiento criminal. Por tanto, se concluye que la resolución de veintiuno de junio de dos mil dieciocho dictada en el recurso de revocación de la causa penal 508/2016, donde el juez de control confirmó la negativa para excarcelar al quejoso para constituirse y estar presente en la realización de un acto de investigación en las instalaciones de almacenamiento y distribución en PEMEX, Puebla, encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. En tales condiciones, al haberse actualizado dichas causales de improcedencia, resulta innecesario examinar la constitucionalidad de los actos reclamados y como consecuencia procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Encuentra aplicación la tesis jurisprudencial 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional, que eran las diez horas con cuarenta minutos del dos de agosto de dos mil dieciocho. En consecuencia, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido en su totalidad. Por último, el estado procesal del presente juicio de amparo, también refleja ha fenecido el plazo de tres días otorgado a la parte tercera interesada Pemex, a través de su representante legal Transformación Industrial, empresa productiva subsidiaria de petróleos mexicanos para señalar domicilio a efecto de recibir y oír notificaciones en la residencia de este órgano jurisdiccional, pues transcurrió del doce al dieciséis de julio del presente año. Además, las constancias del expediente reflejan que la citada parte tercera interesada ha omitido presentar escrito, en el que proporcionara domicilio procesal. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que se le estableció a la parte tercera interesada, en el acuerdo de cinco de julio del año en curso, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se le tienen las listas de este juzgado de distrito para recibir y oír las subsecuentes notificaciones (aún las de carácter personal).
- Principal
Se agrega al expediente el oficio de cuenta, del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en funciones de juez de control por el cual rinde el informe justificado que le corresponde y remita las constancias y discos correspondientes como sustento. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, y serán relacionados con el valor que la ley les concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se ordena agregar al expediente el escrito de cuenta del quejoso +++ por el cual solicita copias certificadas de algunas constancias que integran el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el párrafo segundo de su numeral 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que refiere, y hágase entrega de las mismas a sus autorizados, previa identificación y razón de recibo que obre en autos para constancia. Se hace saber al promovente que habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información, que pudieran contener las constancias de las cuales solicita copias. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 470, del tenor literal siguiente: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA " También se hace saber que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, estableció que dicha restricción relativa a la expedición de copias es conforme a lo previsto en la Ley de Amparo y en los criterios jurisprudenciales que existen al respecto, como se desprende de la ejecutoria dictada en el recurso de queja +++ del citado tribunal. Por otra parte, se ordena formar los cuadernos auxiliares de pruebas I y II con motivo del sobre plastificado que contiene seis discos compactos (DVD) y el diverso con las copias auténticas de la carpeta administrativa ++++. Por último, se ordena glosar copia autorizada del presente acuerdo al incidente de suspensión que deriva del presente juicio, a fin de acordar lo procedente en el mismo.
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