Ernesto Alexis Chavira Márquez
Expediente 613/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ernesto Alexis Chavira Márquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Recurso de revisión Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ******************** autorizado en términos amplios de la parte quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en el presente expediente 613/2023-I-2. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente recurso de revisión y de la sentencia, dentro del plazo de tres días remítase al Tribunal del Decimoséptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo 613/2023-I-2, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, para la substanciación del recurso de revisión hecho valer. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución de las copias del medio de impugnación, entre las partes. Acceso expediente electrónico Se autoriza el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar la revisión interpuesta, de conformidad con lo establecido en el ordinal 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese por lista electrónica, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación, así como por oficio a la autoridad responsable y al tercero interesado agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 613/2023-I, promovido por *******, contra actos del Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda. Mediante oficio *******, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad capital, por el que, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional que en proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, declinó la competencia, por los motivos expuestos en el mismo, la cual por razón de turno correspondió conocer a este juzgado. Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneró en su perjuicio el derecho reconocido en el artículo 1, 8, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Atento a lo precisado en el resultando primero, se dio trámite a la demanda promovida por *******, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se desahogó conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, es legalmente competente para resolver el presente Juicio de Amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, modificado por el 8/2013, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, toda vez que el acto que se reclama se atribuye a autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar el acto reclamado, el cual se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, consiste en el siguiente: El auto de vinculación emitido el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal *******, por hechos que la ley señala como delito de Contrabando. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, ya que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Lo que además, se corrobora con el índice cronológico de la audiencia y la copia autorizada del registro de audio y video de la audiencia inicial, así como del auto de vinculación a proceso de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la causa penal *******. Medios de convicción que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa de su arábigo 2º. Sirve de apoyo la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y siete-dos mil, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, el disco óptico de referencia tiene valor probatorio pleno, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en la audiencia respectiva, dada la naturaleza de los procesos orales, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación en materia. Lo precedente tiene sustento en el criterio jurisprudencial de la Décima Época, con número de registro 2004362, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.), Página: 703, con el rubro y contenido siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarto. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgado de Distrito no advierte de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, así como tampoco que la hicieran valer las partes; en consecuencia, procede entrar al estudio de la cuestión planteada. Quinto. Conceptos de violación. En primer lugar, cabe precisar que no es necesario trascribirlos, ya que, al constar en la demanda, se tienen por reproducidos en esta parte, además, no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, XXXI, mayo de dos mil diez, con registro 164618, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Sexto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. Previo al estudio del acto reclamado, debe precisarse que al quejoso le resulta el carácter de imputado; y, por ende, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se debe aplicar en su favor el principio de suplencia de la queja, en la deficiencia de la formulación de los conceptos de violación; incluso ante la ausencia de los mismos. Sin embargo, en el caso, se estima que no procede aplicar la institución mencionada en beneficio del quejoso, en atención a que, del análisis de las constancias y videograbaciones remitidas por la autoridad responsable en su informe justificado, y que sirvieron de base para emitir el acto reclamado, se advierte que no existe materia para su aplicación. Sin que ello signifique una violación de las normas que rigen el procedimiento, ya que la aplicación de esa figura, no es absoluta, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador lo considere útil para favorecer al beneficiado; y, para que resulte procedente el amparo. Además, esto se corrobora, ya que, si se aplica la referida figura jurídica, sin haber materia para ello, tal situación implica que se incluya dicho estudio en la motivación del fallo, a pesar de que, ese análisis, lejos de beneficiar a los impetrantes, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna, dado que su estudio mejora la motivación que ya contiene el acto reclamado. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 263, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." Séptimo. Conceptos de violación. Los conceptos de violación están identificados en el juicio de amparo, cuya reproducción se omite en esta ejecutoria por no ser indispensable para la resolución del asunto y no existir obligación de realizarla para este juzgador. Al efecto, cabe citar la jurisprudencia mil trescientos cuarenta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página mil quinientos dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional, 1. Común, 1a. Parte-SCJN, Décima Primera Sección, que es del tenor literal siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Ahora se procederá a analizar la constitucionalidad del auto de vinculación reclamado, se realizará conforme al artículo 19 Constitucional, que en su parte conducente dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión (.)" De dicho precepto se desprenden los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de los hechos que la ley señala como delito; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: Los datos personales del imputado; Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden vulnerarse derechos diversos a los previstos en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo; fue dictado por autoridad competente, conforme a los artículos 15, fracción I, inciso b), 77, 78, 81, fracción I y 95, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues fue dictado por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien optó por ejercerlo. Luego, se tiene que el Juez responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de contrabando, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 102, fracción I, sancionado en el numeral 104, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el aquí quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor, en la comisión del ilícito mencionado. Del auto de vinculación a proceso emitido el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se desprende que se verificó que el defensor del aquí quejoso tuviera registrada su cédula profesional, llevó a cabo la audiencia inicial en cumplimiento a la orden de aprehensión emitida el diecinueve de octubre de dos mil veintidós. De la lectura hecha por la agente del Ministerio Público del informe policial homologado de seis de enero de dos mil veintiuno, suscrito por ******* y *******, elementos de la Guardia Nacional, en el cual manifestaron que en dicha data se encontraban realizando su servicio dentro de los Protocolos de Prevención de Violencia Fronteriza, sobre el Corredor Fronterizo Chihuahua/ Suroeste de Texas, Nuevo México, y, aproximadamente las dieciocho horas, recibieron una llamada para que se dirigieran al Puente Internacional Reforma, a fin de brindar apoyo al Servicio de Administración Tributaria, llegado a dicho lugar aproximadamente a las diecinueve horas, entrevistándose con la Oficial de Comercio Exterior *******, quien les informó que aproximadamente a las quince horas con treinta minutos en el Puente Internacional Reforma, ingreso a territorio nacional un vehículo marca *******, tipo *******, color *******, el cual al ser sometido al mecanismo de selección automatizada, se le solicitó al conductor se identificara, mismo que dijo llamarse *******, asimismo, manifestó que no contaba con ningún documento que acreditara su calidad migratoria, así como respecto del vehículo. Por lo antes expuesto, y al no cumplir con lo previsto en el artículo 146 de la ley aduanera, en ese momento no se acreditó la importación legal, estancia y/o tenencia en el país del vehículo motivo por el que se solicitó el apoyo a la Guardia Nacional en el citado Puente Internacional, corroborándose que se trataba de un vehículo marca *******, Sub marca *******, color *******, modelo *******, con placas de circulación *******, del Estado de Colorado, número de identificación vehicular *******, y, al realizarse una consulta en el sistema CARFAX, las placas en comento correspondían a un vehículo de la marca *******, sub marca *******, modelo ******* por lo que, a las diecinueve horas con treinta minutos aproximadamente, en dicho cruce internacional, se realizó la formal detención del aquí quejoso, procediendo el Suboficial *******, a leer la cartilla de derechos que asisten a las personas que son detenidas, y se trasladaron con personal del Servicio de Administración Tributaria, con el vehículo y conductor a las instalaciones de la comandancia del Puente Internacional Córdova Américas a fin de elaborar los formatos de la puesta a disposición, y aproximadamente a las veinte horas con quince minutos, el personal del Servicio de Administración Tributaria concluyó con la clasificación arancelaria la cual se estimó por la cantidad de $******* (*******), correspondiente al Procedimiento de Administración en Materia Aduanera, y, conforme a lo dispuesto por el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, es equiparable a contrabando, concluyendo a las veintiún horas para proceder al proceso de certificación médica del quejoso. Mediante oficio *******, de siete de enero de dos mil veintiuno, signado por el licenciado *******, Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2" mediante el cual formuló querella con contra de *******. El Ministerio Público formuló imputación al aquí quejoso, dado que como se precisó en párrafos anteriores al realizarle una revisión al vehículo con placas del Estado de Colorado, y solicitar la documentación que acreditara la legal estancia en el país del mismo, así como la identificación del aquí quejoso, sin que hubiere exhibido ningún documento, y, como datos de prueba ofreció el informe homologado suscrito por ******* y *******, elementos de la Guardia Nacional, dictamen en la especialidad de fotografía, de siete de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el licenciado *******, perito oficial de la Fiscalía General de la República, constante de veinticuatro fotografías del quejoso *******, así como del vehículo motivo del delito que se le imputa, inspección del mismo mediante oficio ******* de siete de enero de dos mil veintiuno, realizada por el licenciado *******, agente de la Policía Ministerial, clasificación arancelaria realizada el seis del citado mes y año, signada por *******, verificador adscrito a la Aduana de Ciudad Juárez, así como la formulación de querella por el licenciado *******, Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Desconcentrada Jurídica de Chihuahua "2"; lo anterior, constituye el delito de contrabando por el artículo 102, fracción I, sancionado en el numeral 104, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, con grado de consumación instantánea, realizado a título de dolo, como autor directo o material con base en el artículo 7 fracción I, artículos 8 y 9 fracción párrafo primero y artículo 13 fracción II, todos del Código Penal Federal. Una vez cerrado el debate el Juez procedió a resolver respecto a la petición formulada por la Representación Social, por lo que con los datos de prueba, y en virtud de que el imputado no acredito la legal estancia del vehículo en esta ciudad fronteriza, aunado a que las placas del automotor marca *******, Sub marca *******, color *******, modelo *******, con placas de circulación *******, del Estado de Colorado, número de identificación vehicular *******, correspondían a un vehículo de la marca *******, sub marca *******, modelo ******* por ello se consideró como delito de contrabando. Con lo que se acredita la probable participación del quejoso, ya que como se dijo en párrafos que preceden al ser detenido para revisión del vehículo, manifestó ser ciudadano americano, sin acreditar su dicho, ni contar con documento que validara la internación o estancia del vehículo en este país, por lo que se procedió a trasladarlos al Puente Córdova Américas, a fin de que personal del Servicio de Administración Tributaria realizara una revisión a dicho automotor, el cual quedó resguardado en el patio fiscal de esa dependencia, asimismo, se realizó una clasificación arancelaria, por parte del verificador de la aduana, para estimar el monto de la omisión arancelaria mismo que ascendió a la cantidad de $******* (*******), correspondiente al Procedimiento de Administración en Materia Aduanera, y, conforme a lo dispuesto por el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, es equiparable a contrabando. En consecuencia, el Juez dictó auto de vinculación a proceso a *******, por los hechos acontecidos el seis de enero de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas con treinta minutos, en el Puente Internacional Reforma, ubicado en calle Malecón, sin número, colonia Centro, en esta ciudad, emitido por el hecho señalado por el Código Fiscal de la Federación como delito de contrabando, establecido en el artículo 102, fracción I, sancionado en el diverso 104, fracción I, de la legislación en cita, en concordancia con los diversos preceptos legales 9, párrafo primero, 13, fracción II, ambos del Código Penal y 95, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Como se puede advertir el Juez responsable fundó, motivó y respetó los artículos 16 y 19 Constitucionales, así como que no se actualizaron los requisitos que establece el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitir su determinación, ello con los elementos que le fueron aportados. Para evidenciar lo anterior, conforme al artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, se realizará el control de legalidad, se formulará imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación; lo anterior, en el orden indicado. En efecto, el primer párrafo de dicho numeral establece lo siguiente: "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. (.)" Ahora bien, el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que: "Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. El Juez de control a petición del imputado o de su Defensor, podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público." Esto es, que una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, ya sea por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención, así como después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado lo siguiente: El hecho que se le atribuye, La calificación jurídica preliminar, La fecha, lugar y modo de su comisión, La forma de intervención que haya tenido el mismo, Así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley. Lo anterior, constituye la formulación de imputación, por parte del agente del Ministerio Público, al imputado, tal como lo dispone el artículo 309 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 309. Oportunidad para formular la imputación a personas detenidas La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito." Indicado lo anterior, se tiene que, en el caso, la formulación de imputación, se realizó de forma apegada a los citados preceptos, pues esa etapa de la audiencia inicial se desarrolló en los siguientes términos: En la audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en lo que interesa, luego de identificar al defensor del aquí quejoso, ahí presente, quien se identificó con cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública y lo acredita como licenciado en Derecho, el Jueza responsable otorgó el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, quien formuló imputación en contra del aquí quejoso, haciéndole saber el hecho que se le imputa. Al respecto, cuando se le dio el uso de la voz al defensor para que manifestara si requería de alguna precisión en cuanto a la formulación de imputación, contestó: "ninguna"; asimismo, al preguntarle al imputado si entendió la formulación de imputación, contestó que "sí"; por lo tanto, el Juez responsable, tuvo por formulada la imputación. Enseguida, el Juez cuestionó al imputado acerca de su deseo de emitir declaración preparatoria, o bien, de ejercer su derecho, en ese momento, a no emitir declaración, a lo cual, el imputado manifestó que no iba a declarar, que no tenía ningún problema en comunicarse en español, que no necesitaba traductor, no fue su deseo comunicarse con la embajada Estadounidense y el Juez responsable lo tuvo ejerciendo su derecho a no declarar. Como se puede advertir, la Representante Social hizo saber al imputado, aquí quejoso, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que tuvo el mismo, así como el nombre de sus acusadoras; incluso cuestionó a la defensa si deseaba solicitar alguna aclaración o precisión, a lo cual indicó que no, mientras que el imputado manifestó expresamente que sí comprendió la formulación de imputación y que es su deseo ejercer su derecho a no emitir declaración. En efecto, luego de formulada la imputación, conforme al artículo 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se cuestionará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo, mientras que, conforme al numeral 313 del mismo ordenamiento legal, hecho lo anterior, procede discutir lo relativo a las medidas cautelares y posteriormente el agente del Ministerio Público podrá solicitar la vinculación a proceso del imputado, pero antes, deberá cuestionar al imputado acerca del término en el cual desea que se resuelva su situación jurídica. En el caso, el aquí quejoso renunció a prorrogar al término de setenta y dos horas, por lo que el Juez el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, continuó con lo que sería la audiencia de vinculación a proceso. Ahora bien, conforme al artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de vinculación a proceso, comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o el desahogo de los medios de prueba que hubieren ofrecido, enseguida se concederá el uso de la palabra, en primer término, al Ministerio Público, luego al imputado; agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación a proceso, o no, del imputado. Así es, el citado artículo 315 establece lo siguiente: "Artículo 315. Continuación de la audiencia inicial La continuación de la audiencia inicial comenzará con la presentación de los datos de prueba aportados por las partes o, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que hubiese ofrecido y justificado el imputado o su defensor en términos del artículo 314 de este Código. Para tal efecto, se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Agotado el debate, el Juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad, el Juez de control podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas, antes de resolver sobre la situación jurídica del imputado." En el caso, se llevó a cabo en los siguientes términos: El agente del Ministerio Público solicitó la vinculación a proceso del imputado y para ello mencionó las diligencias llevadas a cabo en la carpeta de investigación hasta ese momento, así como los datos de prueba que de las mismas se desprenden, sin que haya necesidad de detallarlas nuevamente, en virtud de que se hizo en párrafos anteriores, una vez señalados los datos de prueba, la Jueza responsable interrogó al imputado, acerca del término en el cual era su deseo que se resolviera su situación jurídica, quien previo a consultarlo con su defensor, manifestó que deseaba que se resolviera en ese momento. De igual forma, se llevó a cabo el debate correspondiente; y al cerrarse dicha etapa la Jueza responsable otorgó el uso de la voz a la agente del Ministerio Público, quien manifestó que con fundamento en el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, a quien se le atribuyen hechos constitutivos del delito de contrabando, esto como autor material. Antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, se precisa que el estudio será a nivel conceptual, esto es la acreditación de los elementos esenciales y comunes del concepto desde la lógica formal, y a partir de los datos que se desprendan de los medios de convicción que el agente del Ministerio Público haya hecho del conocimiento del Juez responsable, esto es así, con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que, la comprobación de la configuración de los delitos, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/2 (10ª.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 757, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 2004857, del rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos." Además, debe decirse que como bien lo consideró el Juez responsable, de los datos de prueba referidos se obtiene un grado de razonabilidad suficiente, al menos para la etapa procesal que se estudia, en el sentido que los hechos hayan acontecido en la manera en que fueron narrados y la probabilidad de que el imputado lo cometió. También, debe tenerse en cuenta que el estándar de prueba para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema penal acusatorio, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es: El esclarecimiento de los hechos; Proteger al inocente; Procurar que el culpable no quede impune; y, Asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Al respecto es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así pues, como lo concluyó el Juez responsable, en el caso se encuentra demostrado, en grado de probabilidad y en este momento procesal, que el seis de enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas con treinta minutos, en el Puente Internacional Reforma, ubicado en calle Malecón, sin número, colonia Centro, en esta ciudad, fue detenido el aquí quejoso *******, para revisión del vehículo, manifestó ser ciudadano americano, sin acreditar su dicho, ni contar con documento que validara la internación o estancia del vehículo en este país, por lo que se procedió a trasladarlos al Puente Córdova Américas, a fin de que personal del Servicio de Administración Tributaria realizara una revisión a dicho automotor, el cual quedó resguardado en el patio fiscal de esa dependencia, asimismo, se realizó una clasificación arancelaria, por parte del verificador de la aduana, para estimar el monto de la omisión arancelaria mismo que ascendió a la cantidad de $******* (*******), correspondiente al Procedimiento de Administración en Materia Aduanera, y, conforme a lo dispuesto por el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, es equiparable a contrabando. Por lo anterior, se considera que la responsable valoró correctamente los datos de prueba aportados por las partes, dado que al valorar los datos y antecedentes de la causa penal no sólo se basó en la sana crítica y observó las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, sino que también tomó en cuenta todas las demás circunstancias objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, le condujeron a determinar la eficacia y alcance probatorio de los antecedentes y datos de que se trata, para lo cual basta imponerse de la propia resolución reclamada en esta vía. Ahora bien, debe decirse que es verdad que la reforma al artículo 1o. de la carta magna de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el principio pro persona o pro homine, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, de ese principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por el propio gobernado deben resolverse favorablemente a sus pretensiones, ni siquiera con intención de establecer la interpretación más amplia o extensiva, a final de cuentas porque en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de los derechos alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, pues es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias relativas. Al respecto, cabe citar la jurisprudencia 1ª./J.104/2013 (10ª.) sustentada por la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos, rubro y texto son: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro: XXV, octubre de 2013, Tomo 2, Página: 906, del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." No obstante lo anterior, se procederá a dar contestación a cada uno de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo por el quejoso. En el primer concepto de violación, aduce que se violó en su perjuicio el derecho al debido proceso y motivación adecuada respecto al diverso de inmediatez o ser puesto sin demora a disposición del Ministerio Público, sin embargo, lo que refiere el quejoso es infundado, toda vez que tal y como lo expuso el Juez responsable, el procedimiento administrativo, no le genera una violación a los derechos humanos, y la detención fue en flagrancia, dichos procedimientos son autónomos, si bien, el quejoso fue detenido en el Puente Internacional Reforma aproximadamente a las quince horas con treinta minutos, del seis de enero de dos mil veintiuno, por el Servicio de Administración Tributaria, para una revisión, y, una vez que fue entrevistado éste les manifestó ser ciudadano estadounidense, sin que trajera documento que acreditara su dicho, ni la legal estancia en el país del vehículo marca *******, tipo *******, color *******, se solicitó el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, aproximadamente a las dieciocho horas, quienes llegaron aproximadamente a las diecinueve horas, entrevistándose con la Oficial de Comercio Exterior *******, quien les explicó lo sucedido. Por lo antes expuesto, se corroboró que se trataba de un vehículo marca *******, Sub marca *******, color *******, modelo *******, con placas de circulación *******, del Estado de Colorado, número de identificación vehicular *******, y, al realizarse una consulta en el sistema CARFAX, las placas en comento correspondían a un vehículo de la marca *******, sub marca *******, modelo ******* y, a las diecinueve horas con treinta minutos aproximadamente, en dicho cruce internacional, se realizó la formal detención del aquí quejoso, procediendo el Suboficial *******, a leer la cartilla de derechos que asisten a las personas que son detenidas, y se trasladaron con personal del Servicio de Administración Tributaria, con el vehículo y conductor a las instalaciones de la comandancia del Puente Internacional Córdova Américas a fin de elaborar los formatos de la puesta a disposición, y aproximadamente a las veinte horas con quince minutos, el personal del Servicio de Administración Tributaria concluyó con la clasificación arancelaria la cual se estimó por la cantidad de $******* (*******), correspondiente al Procedimiento de Administración en Materia Aduanera, y, conforme a lo dispuesto por el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, es equiparable a contrabando, concluyendo a las veintiún horas para proceder al proceso de certificación médica del quejoso. Ahora bien, el defensor del quejoso, refiere que es un tiempo prolongado desde la detención del quejoso en el Puente Internacional Reforma hasta que es puesto a disposición del Ministerio Público, sin embargo, como bien lo precisó el Juez responsable, la detención fue en flagrancia, y, el delito que se le imputa deriva de un procedimiento administrativo, aunado a que en el citado cruce internacional no se contaba con los elementos para realizar la clasificación arancelaria, por lo que, fue necesario trasladarse al Puente Internacional Córdova Américas, solicitando la colaboración de elementos de la Guardia Nacional para ello, y, en lo que se elaboraban los documentos del procedimiento es lógico que iba a transcurrir el tiempo, sin que esto afecte la detención del quejoso, por lo que como se dijo en párrafos que preceden dicho concepto de violación resulta infundado. En su segundo concepto de violación manifestó que se violaron sus derechos al no serle proporcionada asistencia consular; sin embargo, tal y como lo manifestó el Juez responsable, no se puede tener como falso todo lo expuesto en el momento de la audiencia, porque no genera un perjuicio ya que al no estar asistido en ese momento tiene que haber una relación entre la violación y el dato de prueba específico, lo anterior se cumple cuando el quejoso llega a la Fiscalía y se comunica con el Consulado, aunado a lo anterior, una vez que se inicia la audiencia el quejoso manifestó no tener problema para comunicarse e español, ser de nacionalidad estadounidense, que no necesita traductor y que no hace uso de comunicarse con la embajada, por lo que, se considera infundado dicho concepto de violación. En el tercer concepto de violación el quejoso, manifestó que el Juez responsable al momento de dictarle auto de vinculación a proceso por el delito de contrabando, soslayo una serie de disposiciones publicadas año con año, ya que considera que en el caso tienen aplicación las Reglas Generales de Comercio Exterior para el dos mil veinte publicadas en el Diario Oficial de la Federación, incluyendo las del dos mil veintidós y las del presente año, que tienen la misma redacción, y que redundan en su beneficio al existir una norma posterior que le beneficia, ello al asistirle la calidad de ciudadano norteamericano, residente en ese país, quien conducía un vehículo con placas de circulación americanas, por lo que, la conducta que se le pretende atribuir no es constitutiva de delito y hace alusión a lo siguiente: [.] "Circulación dentro de franja y en la región fronteriza para vehículos extranjeros 3.4.8. Para efectos del artículo 136 de la Ley, los vehículos propiedad de residentes en el extranjero, podrán circular dentro de una franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional y en la región fronteriza, siempre que cumplan con lo siguiente: I. El vehículo cuente con placas extranjeras o documento comprobatorio de circulación en el extranjero, vigentes al momento de que cruce la línea divisoria internacional y durante su permanencia en territorio nacional. II. Se encuentre un residente en el extranjero a bordo del vehículo." Lo anterior, en concordancia con lo preceptuado por el artículo 136 de la Ley Aduanera que refiere: "ARTICULO 136. Para los efectos de esta Ley, se considera como franja fronteriza al territorio como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país. Por región fronteriza se entenderá al territorio que determine el Ejecutivo Federal." [.] Ahora, si bien el quejoso manifestó ser ciudadano americano, y conducía un vehículo con placas extranjeras, al momento de la revisión que se realizó una vez que cruzó el Puente Internacional Reforma, no acreditó su ciudadanía, ni la legal estancia o ingreso de dicho automotor, aunado que al realizar la revisión del vehículo marca *******, Sub marca *******, color *******, modelo *******, con placas de circulación *******, del Estado de Colorado, número de identificación vehicular *******, al realizarse una consulta en el sistema CARFAX, las placas en comento correspondían a un vehículo de la marca *******, sub marca *******, modelo ******* por ende, no se le violento derecho alguno, ya que traía un vehículo con placas de uno diverso, por lo tanto, su concepto de violación es infundado. En su último concepto de violación, el impetrante de garantías refiere que al momento de que el agente del Ministerio Público formulara imputación, en específico, a la forma de intervención en el hecho ilícito, preciso que se cometió en términos de lo dispuesto por el artículo 13 fracción II, del Código Penal, manifestando que al tratarse de un ilícito fiscal debió precisar su intervención de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, en cualquiera de sus nueve fracciones, lo que no aconteció. Antes de dar contestación a dicho concepto se precisará cada uno de los artículos a los que hizo referencia el quejoso. El artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal establece: Artículo 13.- Son autores o partícipes del delito: [.] II.- Los que los realicen por sí; [.] Por su parte el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación dice: Artículo 95.- Son responsables de los delitos fiscales, quienes: Concierten la realización del delito. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley. Cometan conjuntamente el delito. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo. Ayuden dolosamente a otro para su comisión. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior. Tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas, de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Dicho concepto de violación es infundado, ello toda vez que el Juez Responsable al momento de analizar los hechos aportados por el Ministerio Público, realizó una reclasificación, en virtud de que el Ministerio Público determinó que la conducta era conforme al artículo 13 fracción II, del Código Penal Federal, y toda vez que se está aplicando una Ley especial como lo es el Código Fiscal de la Federación, la conducta se ubica en lo dispuesto por el numeral 95, fracción II, del citado código, ello para una debida aplicación de la figura, esto es como autor material, no obstante que ambos ordenamientos refieren lo mismo, por lo que, al haber realizado dicha reclasificación, no hay motivo para considerar fundado el concepto de violación expuesto por el quejoso. En las relatadas condiciones, al no resultar violatorio el auto de vinculación a proceso, reclamado en esta vía de control constitucional la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, procede negar al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, bajo el texto y rubro siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". De ahí que se estima correcta la determinación reclamada e infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. Por lo tanto, al resultar debidamente fundada y motivada la calificación y ratificación de detención, así como el auto de vinculación a proceso reclamado, esto contrariamente a lo aducido en sus conceptos de violación por el quejoso, lo cual resulta infundado, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, en la causa penal *******, por el hecho considerado como delito de contrabando. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: Único. La justicia de la unión no ampara ni protege a *******, en relación al acto reclamado y autoridad responsable precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica, vía juicio en línea a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público que intervino en la causa penal. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende del informe justificado rendido por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, que al agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-4 Ciudad Juárez Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, le reviste el carácter de tercero interesado en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5°, fracción e), de la Ley de Amparo. Emplazamiento de tercero interesado En consecuencia, con fundamento en el numeral 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a la actuaria judicial de la adscripción, realice el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-4 Ciudad Juárez Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para lo cual deberá entregársele copia simple de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, del auto admisorio de veintiuno de junio de dos mil veintitrés; asimismo, deberá hacer de su conocimiento la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Diferimiento Atento a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del cinco de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio al agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-4 Ciudad Juárez Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Martha Angélica Ríos Corella. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 613/2023-I-2; y, Resultando Primero. Recepción de la demanda. Mediante oficio *******, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, remitió la demanda de amparo promovida por *******, quien solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, a quienes reclama el auto de vinculación a proceso dictado el diecisiete de mayo del año en curso en la causa penal ******* del índice de dicho juzgado. Segundo. Tramitación del Incidente de suspensión. Previa aclaración, por auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a la autoridad responsable, se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia legal. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades que tienen su residencia dentro del territorio en el que la suscrita ejerce su jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado materia del presente incidente de suspensión. Del análisis del escrito de la demanda se advierte que la parte quejosa solicita se le conceda la suspensión respecto del auto de vinculación a proceso emitido en su contra. Entonces, para los efectos de la presente medida cautelar tal acto será materia del presente incidente de conformidad con los artículos 128, 129 y 139, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 98, tomo XVIII, diciembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Tercero. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe previo la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en Funciones de Juez de Control, conviene en la existencia del acto que se le reclama, consistentes en el auto de vinculación emitido en la causa penal *******, el diecisiete de mayo del año en curso. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la citada autoridad. Es aplicable al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se publicó en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995, Materia Común, visible en la página 133, de registro 204855, con rubro y texto: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. Cuarto. Determinación respecto de la suspensión definitiva. A efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa impugna el auto de vinculación a proceso dictado el diecisiete de mayo del año en curso en la causa penal ******* del índice de dicho juzgado. En los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, se establece la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el quejoso debe reunir, para que sea procedente la suspensión, los cuales son: a) la naturaleza de la violación alegada; b) que lo haya solicitado el agraviado; c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y d) análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. El objetivo primordial de esa providencia es mantener viva la materia del juicio de amparo, con el fin de impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Ahora, para resolver sobre tal medida precautoria, debe examinarse si conforme a su naturaleza sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados; enseguida, si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis propugnada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Octava Época, consultable en la página 312, Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 216236, del texto siguiente: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. En esa tesitura y en el caso en concreto, debe precisar que el acto reclamado consiste en el auto de vinculación a proceso dictado en contra de *******, por el delito de contrabando, establecido por el artículo 102, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en autos de la causa penal *******; y, Determinación respecto del auto de vinculación a proceso Toda vez que se advierte que el quejoso reclama el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez señalado como responsable, con fundamento en el numeral 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, en virtud de que se trata de actos consumados, de modo que de conceder la medida que pide se daría a los actos efectos restitutorios, que sólo son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 12 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 13, del Apéndice 2000, Tomo VI, materia común, Jurisprudencia SCJN, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, correspondiente al mes de Diciembre de 1992, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. De igual manera, conviene indicar que, en el nuevo sistema acusatorio, el auto de vinculación es, en estricto sentido, la decisión judicial de continuar con la etapa de investigación en su parte formalizada. En otras palabras, el juez autoriza continuar con el proceso, pero esta decisión no implica una segunda consecuencia, como sucedía con el auto de formal prisión, pues éste tenía como secuela seguir con el proceso y traía aparejada, en la mayoría de los casos, la prisión preventiva; en tanto, en el sistema acusatorio, la prisión preventiva resulta una decisión separada de la vinculación a proceso, pues ella se decide a través de diversa determinación -medidas cautelares-. Por lo que, la vinculación a proceso es la decisión judicial de continuar con la etapa de investigación en su parte formalizada, cuyos efectos consisten en dar pleno acceso al imputado a la investigación y establecer un periodo para cerrar la investigación. En otro contexto, respecto de los efectos procesales del auto de vinculación a proceso y con independencia de lo que se resolvió en el acuerdo de admisión, debe precisarse que toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, a efecto de evitar un cambio de situación jurídica que haga imposible restituir al quejoso en los derechos que aduce le fueron transgredidos. De este modo, indíquese al Juez responsable, con sede en esta ciudad, que se encarga de la causa penal ******* instruida en contra del aquí quejoso *******, en atención a que en este asunto se reclama la vinculación a proceso, y a efecto de evitar un cambio de situación jurídica que acarree la consumación irreparable de las violaciones constitucionales reclamadas por el peticionario de amparo, que con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para efectos de suspender el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. En el entendido, de que con relación a la suspensión mencionada en el párrafo que antecede, este juzgado de igual manera proveyó al respecto en el expediente principal, esto es, para que una vez concluida la etapa de audiencia intermedia la Juez de Control se reserve a dictar el auto de apertura a juicio oral. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis III.2o.P.124 P (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, de enero de 2018, Tomo IV, materias común y penal, página 2338, del siguiente tenor: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL QUEJOSO EXPRESAMENTE LA SOLICITÓ EN SU DEMANDA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIAR SU DETERMINACIÓN POR CUERDA SEPARADA, AUN CUANDO AL ADMITIRLA, HUBIERE INDICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE SUSPENDIERA EL PROCEDIMIENTO EN LA CAUSA RESPECTIVA UNA VEZ CERRADA LA ETAPA INTERMEDIA, SIN APERTURAR LA DE JUICIO ORAL. Los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo establecen, esencialmente, que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso, y que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias (con las excepciones previstas), cuando la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; asimismo, que la medida se tramitará en incidente por separado y por duplicado. En ese orden, si el quejoso expresamente solicitó en su demanda de amparo la suspensión definitiva del acto reclamado (auto de vinculación a proceso), la determinación que quien resuelva adopte debe pronunciarse por cuerda separada, es decir, en el cuaderno relativo al incidente de suspensión; sin que obste a lo anterior que quien resuelva, en el juicio principal, al admitir la demanda, hubiere indicado a la autoridad responsable que suspendiera el procedimiento en la causa respectiva una vez cerrada la etapa intermedia, sin abrir la etapa de juicio oral, con el fin de mantener viva la materia del juicio de amparo; pues con dicha determinación no se suspendió el acto que es la pretensión del quejoso, aunado a que ese pronunciamiento es una obligación que surge de la propia ley para las autoridades responsables, específicamente del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la ley citada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ******* en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en la primera parte del considerando cuarto. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ******* en contra de la autoridad precisada en el considerando tercero, por los motivos expuestos en la última parte del considerando cuarto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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