Ernest Loewen Zacharias y Otros.

Expediente 640/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
640/2018
Año
2018
Actuaciones
21
Última actuación
19/06/2019

Partes del expediente

  • Ernest Loewen Zacharias y Otros.
  • Ernest Loewen Zacharias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de treinta y uno de mayo del año en curso, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con las fracciones I y III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténganse ligados. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. En otro contexto, al ser innecesario conservar las copias certificadas constantes de seis tomos que remitió el Juez responsable, hágase la devolución respectiva al lugar de su procedencia, solicitándole el acuse de recibo de estilo. Finalmente, toda vez que el incidente de suspensión derivado del presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del referido cuaderno incidental e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 640/2019-II, promovido por **********y otros. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, el diez de octubre del año próximo pasado, (1) *********, (2) *********, (3) **********, (4) *********y (5) **********, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Jueza Primero Civil del Distrito Judicial Morelos y del Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, a quienes les reclamaron: 1) Al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos: la falta de emplazamiento al juicio hipotecario 145/2013 promovido por el tercero interesado *********. 2) Al Encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: el ilegal asentamiento registral otorgado a la adjudicación derivada de la sentencia emitida en el expediente 145/2013, por el Juez de referencia, sobre los bienes de su propiedad; así como el asentamiento registral sobre su propiedad del convenio de reconocimiento de adeudo número 71, folio 71, del libro 2628, sección segunda de dicha oficina registral, y; la cancelación del asentamiento registral de su predio. SEGUNDO. Derechos humanos que se estimaron vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos humanos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Declaración de incompetencia. Por acuerdo de once de octubre del mismo año, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo, por razón de territorio, y la declinó al Juzgado de Distrito en Turno, con residencia en esta ciudad. CUARTO. Radicación de la demanda. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el oficio 2796-II, signado por el Secretario Encargado del Despacho del referido Juzgado Federal, mediante el cual se remitieron la demanda de amparo origen de este asunto y sus correspondientes anexos. QUINTO. Tramitación de la demanda de amparo. En auto de diecisiete de octubre del año próximo pasado, este Juzgado radicó la citada demanda de amparo, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado ************, quien fue la única persona señalada por la parte quejosa con tal carácter, y posteriormente, derivado que de las constancias que integran el presente juicio, se advirtió la participación del diverso tercero, *********, por lo que en proveído de treinta y uno de enero del actual, se ordenó su emplazamiento. Una vez tramitado el juicio por sus fases procesales, después de diversos diferimientos, se desahogó la audiencia constitucional al tenor de la minuta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia, al tenor del siguiente: CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo toda vez que se reclaman actos dentro de un juicio de naturaleza civil, por personas que aducen ser extrañas al procedimiento, el cual tiene ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención de la parte promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte accionante del amparo y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que los quejosos reclaman: 1) De la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con sede en la ciudad de Chihuahua: la ejecución de la orden emitida en el juicio hipotecario 145/2013, por la cual se les pretende privar de la propiedad y posesión de los predios ubicados en los lotes 12, 16, 17, 18, 24 y 28 del Rancho El **********, ubicado en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, en el que no figuraron como parte demandada, sin habérseles emplazado al juicio especial hipotecario que fue promovido por los terceros interesados, ********** y **********en contra de ***********, ***********, ********** y *********. 2) Del Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: la inscripción registral que se originó con motivo de la sentencia emitida por la Juez responsable dentro del juicio especial hipotecario 145/2013, en la que se otorgó la adjudicación de los predios que nos ocupan en favor Eduardo Patricio Hernández Prieto y Ramón Martín Prieto Chávez; así como el asentamiento registral que se realizó sobre la propiedad de cada uno de ellos derivado del convenio de reconocimiento de adeudo número 71, folio 71, del libro 2628, sección segunda de dicha oficina registral, y; la cancelación del asentamiento registral de sus respectivos predios. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, los que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su correspondiente informe justificado, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, así como el Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos que se le imputan; lo que se corrobora con las constancias que en copia certificada adjuntaron para apoyar su informe, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De manera que, se tienen como ciertos los actos de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Causas de improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. I. Improcedencia del juicio promovido por (1) ********* y (2) *********. En el caso, al formular sus alegatos, los terceros interesados Eduardo Patricio Hernández Prieto y Ramón Martín Prieto Chávez adujeron, de manera general, que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en términos de lo que establece el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. La causa de improcedencia alegada resulta parcialmente fundada, solo respecto de los quejosos (1) ********** y (2) ***********. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, conviene establecer que el artículo 17, 18 y 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, en su orden, disponen lo siguiente: 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en n proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. -.- En términos de los preceptos transcritos, se advierte que el Legislador estableció que como plazo genérico para demandar la acción constitucional el de quince días, el cual tiene como las siguientes excepciones: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, es necesario establecer que el referido plazo empezara a contar al día siguiente en que: 1) surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2) tuvo conocimiento el quejoso; o bien, 3) se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, los referidos quejosos se ostentan como terceros extraños al juicio del que derivan los actos reclamados y, en esencia, reclaman la falta de emplazamiento al juicio especial hipotecario 145/2013, así como la inscripción registral que se originó con motivo de la sentencia emitida por la Juez responsable dentro ese procedimiento, así como la cancelación del asentamiento registral de sus respectivos predios, actos que afirmaron, bajo protesta de decir verdad, haber conocido el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. No obstante ese señalamiento, conviene precisar que en el juicio de amparo indirecto 820/2016-I, del índice de este Juzgado, cuya demanda y sentencia obra en autos del TOMO V de pruebas que se integraron en el presente asunto (fojas 632 a 657 y 772 a 777, respectivamente), se advierte que los quejosos (1) ********* y (2) **********, entre otros, previamente promovieron una demanda de amparo el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, también contra actos del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con sede en la ciudad de Chihuahua, ostentándose como terceros extraños (naturales) al juicio al que adujeron no ser parte formal ni material, en el que reclamaron, lo siguiente: a) la ilegal e indebida orden de desalojo, despojo y lanzamiento o cualquiera que sea en nombre del acto que tiende a ese fin, ordenadas en el juicio hipotecario número 145/2013 radicado en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, respecto de los predios ubicados en los Lotes 12, 16, 17, 18, 27, 29, 33, 35, 24, 23, 19 y 13 del Rancho El Águila, ubicado en el Municipio de Ahumada, Chihuahua. b) La ilegal e indebida orden de decomiso, retención o cualquiera que sea el acto mediante el cual me privaron de la posesión de todos los bienes muebles que se encontraban en el interior del predio antes descrito, ordenadas en el juicio hipotecario número 145/2013 radicado en el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos. Asimismo, del contenido de la aludida demanda, se advierte que los señalados quejosos refirieron, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 1.- Que somos propietarios y poseedor de los predios ubicados en los Lotes 12, 16, 17, 18, 27, 29, 33, 35, 24, 23, 19 y 13 (sic) del Rancho El Águila, ubicado en el Municipio de Ahumada, Chihuahua del Rancho El Águila, ubicado en el Municipio de Ahumada, Chihuahua, tal y como lo acredito con la copia certificada de las escrituras celebradas ante el Notario Público número diecisiete del Distrito Judicial Bravos. 2.- Que desde que adquirimos dichos predios que fue desde mes de Noviembre del año dos mil diez, hemos tenido la posesión del mismo ya que nos hemos dedicado a la agricultura de temporal y árboles frutales. 3.- Que tal es el caso que el día 30 de agosto del presente año, encontrándonos en Ciudad Cuauhtémoc en compañía de nuestras familias, nos avisó un empleado, que habían acudido varias personas que brincaron el cerco del rancho y se metieron sin pedir permiso a todos los predios diciendo uno de ellos que traía una orden del Juez primero civil de Chihuahua, y que iban a tomar posesión de nuestras propiedades, poniendo candados, dejándonos sin disfrutar de nuestras propiedades. En virtud de lo anterior y ante las circunstancias expuestas es que acudo a la presente instancia a promover el presente juicio de amparo ya que ninguna autoridad no nos ha notificado ningún procedimiento o emplazamiento, vulnerando en nuestra contra las garantías tanto de legalidad y seguridad jurídica al privarnos del uso y disfrute de los bienes de nuestra propiedad, sin algún mandato por escrito que fundara y motivara la actuación que se llevó acabo de manera ilegal por parte de las responsables. Asimismo, de las constancias que obran en el referido expediente se advierte que mediante acuerdo de cinco de octubre de esa anualidad, el Juez responsable ordenó rendir el informe justificado correspondiente y el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se dictó una primer sentencia, en la que se otorgó el amparo a los referidos quejosos y otros (folios 715 a 722 del TOMO V de pruebas), del que se advierte que, en un inicio, se les otorgó la protección constitucional para los siguientes efectos: -.- Consecuentemente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la Jueza Primero de lo Civil del distrito judicial Morelos, con morada en Chihuahua, Chihuahua, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente la audiencia de remate en primera almoneda llevada a cabo el dieciséis de diciembre de dos mil quince, en la cual, ante la falta de postores, se declaró aprobado el remate a favor de los actores Eduardo Patricio Hernández Prieto y Ramón Martín Prieto Chávez, del inmueble consistente en terreno rústico, lote 2, denominado Rancho El Águila, ubicado en el municipio de Juárez, con superficie de ********** hectáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, en la cantidad de (*********** que corresponde a la cantidad que sirvió de base para el remate; así como sus consecuencias, entre las que se encuentran: - el auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis en el que aprobó el trance, remate y adjudicación del referido bien raíz, - el proveído de veintitrés de junio de dos mil dieciséis en el que ordenó al Registrador Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos cancelara todas las inscripciones de las diversas segregaciones que pesan sobre el inmueble adjudicado a favor de los actores el dieciséis de diciembre de dos mil quince e inscrito bajo el número 82, folio 97, libro 5326, Sección Primera. II. Dado que en diligencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado por la jueza del asunto el oficial notificador y ministro ejecutor del distrito judicial Bravos puso a la parte demandada en posesión del predio rústico adjudicado a su favor la orden de desposesión del referido inmueble, deberá instruir para que se devuelva la posesión de doce fracciones del terreno afecto a los quejosos, en la siguiente forma: 1. ********* predios rústicos identificados como lotes 19 y 20 del Rancho El **********, ubicados en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, inscripciones 118 y 119, folios 118 y 119, libro 5382, Sección Primera, de nueve de agosto de dos mil once.2. ********* predio rústico identificado como lote 13 del Rancho El Águila, municipio de **********, Chihuahua, inscripción 80, folio 87, libro 5466, Sección Primera, de trece de marzo de dos mil doce. 3. ********* predio rústico identificado como lote 27 del Rancho El *********, Villa Ahumada, Chihuahua, inscripción 73, folio 73, libro 5363, Sección Primera, de siete de julio de dos mil once. 4. ********** predio rústico identificado como lote 35 del Rancho El Á*********, Villa Ahumada, Chihuahua, inscripción 126, folio 126, libro 5376, Sección Primera, de veinticinco de julio de dos mil once. 5. ***********predio rústico identificado como lote 23 del Rancho El *********, Villa Ahumada, Chihuahua, inscripción 71, folio 71, libro 5363, Sección Primera, de siete de julio de dos mil once. 6. **********predio rústico identificado como lote 33 del Rancho El ********, Villa Ahumada, Chihuahua, inscripción 70, folio 70, libro 5363, Sección Primera, de siete de julio de dos mil once. 7. ************predio rústico identificado como lote 29 del Rancho El Águila, Villa Ahumada, Chihuahua, inscripción 69, folio 69, libro 5363, Sección Primera, de siete de julio de dos mil once. 8. *********** predios rústicos identificados como lotes 12, 16, 17 y 18 del Rancho El **********, Villa Ahumada, Chihuahua, inscripciones 55, 56, 57 y 58; folios 56, 57, 58 y 59; libro 5383, Sección Primera, de diez de agosto de dos mil once. III. Provea lo necesario a fin de que el Notario Público que corresponda cancele la escritura pública otorgada a favor de los aquí terceros interesados Eduardo Patricio Hernández Prieto y Ramón Martín Prieto Chávez, sólo en cuanto hace a los lotes de los accionantes del amparo que corresponden a las doce fracciones del inmueble que les fue adjudicado, ello, pues los quejosos *********, *********, ***********, ************, ***********, ***********, *********** e ********* demostraron ser propietarios de lotes 27, 35, 29, 12, 16, 17, 18 19, 20, 13, 23 y 33 que forman parte del Rancho El *********, ubicado en el municipio de Juárez, con superficie de ********** hectáreas. Se precisa que a dicho fedatario, con motivo del presente fallo protector, no se le puede vincular a que obre en cierto sentido, pues no le asiste el carácter de autoridad responsable en este juicio de garantías, debido a que aun cuando tiene la calidad de funcionario público, tal circunstancia no significa que actúe como autoridad, porque el otorgamiento ante su potestad del mencionado instrumento notarial de adjudicación, fue en acatamiento de un mandato jurisdiccional; de ahí, que corresponde a la juzgadora de origen proveer lo antes apuntado. [.] IV. Ordene al encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio distrito Bravos, cancele la inscripción del inmueble adjudicado a favor de los aquí terceros interesados Eduardo Patricio Hernández Prieto y Ramón Martín Prieto Chávez el dieciséis de diciembre de dos mil quince, en el juicio especial hipotecario 145/2013, ubicado en el lote 2, del Rancho El***********, con superficie de ********** hectáreas, inscrito bajo el número 82, folio 97, del libro 5326, de la Sección Primera, sólo en cuanto a las correspondientes notas marginales en las que constan los títulos de propiedad de los quejosos. Restituyendo así a la parte garante en el pleno goce de la garantía individual violada en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. No obstante, después de diversas impugnaciones y reposiciones del procedimiento, en auto de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete (TOMO V, fojas 746 y 747), se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo promovida por (1) ********** y (2) **********, al no haber realizado manifestación alguna respecto a la prevención realizada en diverso acuerdo de nueve de octubre de ese mismo año, e inconformes con tal determinación, el autorizado en términos amplios de los quejosos interpuso recurso de queja, mismo que fue radicado como toca 2/2018 de la estadística del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, órgano que en sesión de uno de marzo de dos mil dieciocho, señaló que no fue materia de ese recurso la determinación atinente a tener por no presentada la demanda, por cuanto a (1) **********, (2) ********** y otro, quienes no desahogaron el requerimiento formulado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, ya que el recurrente no formuló agravios al respecto y por ello se dejó intocada dicha determinación. Como se aprecia de lo anterior, previo a la promoción del juicio de amparo que aquí se resuelve, (1) ********** y (2) ************, promovieron una primer demanda de amparo el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, contra la orden emitida por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, en el juicio hipotecario 145/2013 de su índice, en el cual, refirieron que se les pretendía privar de la propiedad y posesión de los predios ubicados en los lotes 29 y 33, entre otros, del Rancho El Águila, ubicado en el municipio de Ahumada, Chihuahua, y que por razón de turno, le correspondió conocer a este Juzgado. Por tanto, a juicio de quien resuelve, resulta evidente que la existencia de los actos ahora reclamados y los reclamados en el juicio de amparo anterior, guardan una identidad tal, que permiten concluir que los citados quejosos tuvieron conocimiento de la existencia del juicio natural, desde el treinta de agosto de dos mil dieciséis, en que refirieron en el diverso juicio de amparo (820/2016-I) haber tenido conocimiento de que existía una orden del Juez Primero Civil de Chihuahua, que ordenaba tomar posesión de los predios que refirieron ser de su propiedad y, en su caso, tuvieron la oportunidad de tener conocimiento completo de las constancias que integran el referido juicio, cuando este juzgado les dio vista en aquel juicio de amparo, en acuerdo de diecisiete de octubre de aquel año, en el que se les dio vista con el informe justificado rendido por la citada Juez, en los siguientes términos: -.- Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que consten como legalmente corresponda, el oficio que remite el Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua -.- Luego, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable, con el que se deberá dar vista a las partes para que se impongan de su contenido, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se ordena que las copias certificadas que anexa a su informe consten en dos anexos, dad su voluminosidad, para un mejor manejo del expediente. Sin perjuicio de lo anterior, considérese el informe justificado y los anexos en la audiencia constitucional, como se establece en el artículo 124 de la mencionada legislación. Notifíquese. -.- Dicho proveído se notificó personalmente a los aquí quejosos, por conducto de su autorizada, el dieciocho de octubre de esa anualidad, de conformidad con la siguiente imagen digital: Lo que hasta aquí ha sido narrado revela que los aludidos quejosos tuvieron conocimiento completo de la existencia del juicio del que derivan los actos reclamados y al que se ostentan como terceros extraños el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, fecha en que se les notificó el acuerdo en el que se les dio vista con el informe justificado rendido por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con motivo de la demanda de amparo que dio origen a la tramitación de ese juicio. Lo anterior, revela que los quejosos conocieron de forma completa de la existencia del juicio en el que se emitieron los actos reclamados y al que se ostentan como terceros extraños, cuando menos, desde el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, fecha en la cual ya existían actos que afectaban el derecho de propiedad que ahora señalan como transgredido. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, pues si se considera que (1) ********* y (2) *********** tuvieron conocimiento de manera completa de la existencia del proceso civil en que se dictaron diversos actos que afectaron su derecho de propiedad de los bienes ubicados en diversos lotes del Rancho El *********, ubicado en el Municipio de Ahumada, Chihuahua, y en el cual no figuraron como parte procesal, en la fecha indicada (martes dieciocho de octubre), fue a partir del día hábil siguiente a la notificación del acuerdo en el que se les dio vista con el informe justificado rendido por la Juez responsable (miércoles diecinueve de octubre), en que inició el plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y, por tanto, concluyó el jueves diez de noviembre inmediato siguiente, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre, así como uno, dos, cinco y seis de noviembre, todos ellos de dos mil dieciséis, por tratarse de días no laborables. Apoya lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia P./J. 115/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, de Enero de 2011, materia común, página 5, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se recibió en la Oficialía de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el diez de octubre de dos mil dieciocho, a esa fecha ya había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda de amparo; de ahí que su presentación resultó extemporánea respecto de los aludidos quejosos. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Finalmente, conviene establecer que de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así como de las copias certificadas que allegó la autoridad judicial responsable no obra prueba fehaciente que permita concluir que los restantes quejosos (3) **********, (4) ********* y (5) **********, hayan tenido conocimiento de la existencia de los actos reclamados en una fecha previa a la que señalaron en su demanda de amparo, es decir, el miércoles diecinueve de septiembre de dos mil ocho. Por tanto, fue a partir del día hábil siguiente a esa data (jueves veinte), en que inició el plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y, por tanto, concluyó el miércoles diez de octubre inmediato siguiente, sin contar los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre, así como seis y siete de octubre, todos ellos de dos mil dieciséis, por tratarse de días no laborables. Por tanto, si (3) ***********, (4) ********** y (5) **********, presentaron su demanda de amparo en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, el diez de octubre del año próximo pasado, es evidente que se formuló oportunamente, respecto de tales quejosos. Corolario de lo antes expuesto, respecto de (1) ********* y (2) **********, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea la promoción del juicio de amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo respecto de aquéllos, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo. II. Improcedencia del juicio promovido por (3) ********, (4) ********** y (5) **********. En la especie, este juzgado advierte oficiosamente que el presente juicio deviene improcedente en atención a que las quejosas (3) **********, (4) ********** y (5) ********** no justificaron contar con un derecho jurídicamente tutelado, que fuera lesionado por el actuar de la autoridad responsable, es decir, no demostraron fehacientemente que gozaban del interés jurídico necesario para promover el juicio de control constitucional. A fin de evidenciar el aserto anterior, es menester precisar que, de la demanda de amparo, así como de las copias certificadas que las responsables acompañaron a su informe justificado y las remitidas a solicitud de este Juzgado, se advierten los siguientes antecedentes relevantes del juicio de origen: 1. Eduardo Patricio Hernández Prieto y Ramón Martín Prieto Chávez demandaron en la vía especial hipotecaria a *********, **********, ********** y ***********, entre otras prestaciones, el cumplimiento del contrato de reconocimiento de adeudo con garantía hipotecaria, que celebraron el veintitrés de noviembre de dos mil diez ante Notario Público, así como el pago de una cantidad de dólares americanos. 2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de mérito al Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua, quien el doce de febrero de dos mil trece la admitió a trámite, la registró bajo el número 145/2013 y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 3. Una vez emplazados los demandados, por autos de treinta de octubre y seis de noviembre, ambos de dos mil trece, la juzgadora natural al tomar en consideración que los demandados no comparecieron dentro del término que se les confirió en el auto de radiación, declaró su rebeldía y presumió su confesión de los hechos de la demanda que dejaron de contestar, ordenó su notificación por cédula y señaló hora y fecha para la audiencia de conciliación y depuración. 4. Seguido el juicio por sus cauces legales, el dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la resolutora primaria dictó sentencia definitiva, en la que consignó los puntos resolutivos que se enlistan enseguida: PRIMERO. Ha procedido la Vía Especial Hipotecaria. SEGUNDO. El actor probó su acción y los demandados se declararon en rebeldía. TERCERO. Se condena al cumplimiento del Contrato de Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria, que celebraron con fecha 23 de noviembre del 2011, (sic) ante la Fe del LIC. **********, Notario Público número 17 del Distrito Judicial Bravos, por una parte los señores **********, (sic) **********, ********** y **********, en su carácter de deudores y garantes hipotecarios y por la otra parte los promoventes ********* y **********, como acreedores. CUARTO. En consecuencia se condena a los señores ***********, (sic) **********, ********** y *********** en su carácter de deudores y garantes hipotecarios al pago de la cantidad de $************ DÓLARES MONEDA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) por concepto de suerte principal. QUINTO. Se condena a los señores ************, (sic) **********, ********* y ***********, en su carácter de deudores y garantes hipotecarios al pago de intereses ordinarios pactados a razón del 8% anual sobre saldos insolutos, pagaderos del 1º de enero del 2011 al 26 de agosto del 2012, esto es la cantidad de ********** DÓLARES MONEDA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA).SEXTO. Se condena a los señores RAFAEL FIERRO GARCÍA TERRAZAS, (sic) **********, ********** y **********, en su carácter de deudores y garantes hipotecarios al pago de los intereses moratorios legales causados al 8% sobre saldos insolutos, caudados (sic) a partir del día 26 de agosto de 2012, en delante hasta en tanto no se realice el pago total de la prestación principal reclamada, en el inciso b) del presente capítulo de prestaciones. SÉPTIMO. Se condena a los señores ***********, (sic) **********, ************ y ************, en su carácter de deudores y garantes hipotecarios al pago de los gastos y las costas que se originen con motivo de la tramitación del presente juicio, de conformidad con el artículo 145 del Código de Procedimientos Civiles. OCTAVO. Si en los próximos cinco días los demandados no hacen pago de las prestaciones a las que se les condena, hágase trance y remate de los bienes dados en garantía y con su producto el pago al actor. -.- 5. En autos de veinte y veintiséis de noviembre de dos mil catorce, la jueza de primer grado aclaró el resolutivo tercero de la sentencia en el sentido que el contrato celebrado entre las partes es de veintitrés de noviembre de dos mil diez y no de dos mil once, como se indicó; y, además que el nombre correcto del demandado de apellidos García Terrazas es Rafael Fernando García Terrazas y no Rafael Fierro García Terrazas como se asentó en la resolución. 6. El autorizado de la parte actora mediante promoción presentada el diecisiete de febrero de dos mil quince, informó que sobre el bien inmueble objeto del juicio hipotecario 145/2013, existían diversas segregaciones a nombre de **********, ***********, **********, **********, **********, **********, *********, Franz ********** y ************; pues, así lo advirtió del certificado de gravámenes que le expidió el registrador Público de la Propiedad y del Comercio distrito Bravos, por lo que, solicitó les fuese notificado el estado de autos para no vulnerar sus derechos. 7. El dieciocho de febrero de dos mil quince, la juzgadora señalada como responsable dictó un auto en el que ordenó que se hiciera saber el estado procesal de autos a los compradores a fin de no vulnerar sus derechos, para lo cual, giró diversos despachos y exhortos a los jueces competentes para que ellos, a su vez, ordenaran a quien correspondiera notificaran a **********, ***********, **********, **********, **********, **********, *********, Franz ********** y ************. 8. Los jueces exhortados, en auxilio de la autoridad responsable, ordenaron las notificaciones a los referidos sujetos. Así, los diligenciaros les hicieron saber en diversas datas el auto de dieciocho de febrero de dos mil quince que dictó la juez responsable, esto es, el veintiocho de abril de dos mil quince, a **********, *********- y **********; el doce de junio de dos mil quince, a **********, el veintidós de junio de dos mil quince, a ***********, y el veintiséis de junio de dos mil quince a *********** y ***********. 9. Por escrito presentado el doce mayo de dos mil quince, ante el juzgado civil, ***********, quien dijo ser apoderada de **********, **********, *********** y ***********, promovió una tercería excluyente de dominio (fojas 660 a 666 del anexo II). 10. En auto de doce de mayo de dos mil quince, la jueza encargada del juicio civil, previo a la admisión de la tercería, requirió a la promovente para que señalara el domicilio de los ejecutantes y ejecutados, a fin de que pudiese ordenar el emplazamiento de los mismos. 11. Dado que la persona que se ostentó como apoderada no acató la prevención, en auto de cuatro de noviembre de dos mil quince, la jueza del conocimiento desechó la tercería excluyente de dominio e hizo devolución a la promovente de los documentos que había presentado -sin dejar copia de los mismos-. 12. Por sentencia de trece de octubre de dos mil quince, el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado resolvió el recurso de apelación que interpuso el demandado ***********contra la sentencia de primera instancia, en cuyos puntos resolutivos, esencialmente, determinó lo siguiente: PRIMERO. Se confirma la sentencia y autos aclaratorios de la misma, que en fechas dieciocho, veinte y veintiséis de noviembre de dos mil catorce, respectivamente, dictó el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, dentro del juicio hipotecario de antecedentes. SEGUNDO. Se condena a la parte demandada apelante al pago de las costas de ambas instancias. -.- 13. El dieciséis de diciembre de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de remate en primera almoneda, en la cual, ante la falta de postores, se declaró aprobado el remate a favor de los actores Eduardo Patricio Hernández Prieto y Ramón Martín Prieto Chávez, del inmueble consistente en terreno rústico, lote 2, denominado Rancho El Águila, ubicado en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, con superficie de 1918-79-41.9400 hectáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, en la cantidad de (once millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde a la cantidad que sirvió de base para el remate. 14. Por auto de treinta de marzo de dos mil dieciséis, la natural estimó que dado que la actora tenía a su favor cantidades superiores al valor del inmueble que le fue adjudicado, lo declaró fincado y aprobado y previno a la demandada para que en el término de tres días otorgase la escritura correspondiente. 15. Mediante escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el autorizado de la parte actora solicitó en el juicio de origen se ordenara cancelar las inscripciones de las diversas segregaciones que se llevaron a cabo sobre el inmueble objeto del litigio, el cual fue adjudicado a la actora en un cien por ciento el dieciséis de diciembre de dos mil quince. El promovente aseguró que la parte actora constituyó garantía hipotecaria sobre el inmueble en controversia el veintisiete de mayo de dos mil once, y con posterioridad fue que se llevaron a cabo diversas ventas con las cuales se transmitió la propiedad de algunas fracciones del terreno rústico. 16. En la misma data la juzgadora competente ordenó al Registrador Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos, que cancelara todas las inscripciones de las diversas segregaciones que pesan sobre el inmueble adjudicado a favor de los actores el dieciséis de diciembre de dos mil quince e inscrito bajo el número 82, folio 97, libro 5326, Sección Primera. 17. En diligencia de treinta de agosto de dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo ordenado por la jueza del asunto, el oficial notificador y ministro ejecutor del distrito judicial Bravos puso a la parte actora en posesión del predio rústico adjudicado a su favor. En la especie, las quejosas aducen que tienen la calidad de terceras extrañas al procedimiento civil de origen, pues adquirieron algunas fracciones del predio rústico lote 2, denominado Rancho El Águila, ubicado en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, con superficie de 1918-79-41.9400 hectáreas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos bajo el número 82, folio 97, libro 5326, Sección Primera. Y, tal compraventa la efectuaron sus cónyuges mediante diversos contratos de compraventa pasados ante la fe del Notario Público Diecisiete con ejercicio en el Distrito Bravos, con sede en Juárez, Chihuahua, con data anterior a la constitución de la hipoteca, a través de los gananciales que les correspondan como cónyuges de *********-(3) ***********-, ********** -(4) *********- y ********* -(5) *********-; sin embargo, no acreditaron el vínculo matrimonial con el que se ostentan en su demanda de amparo, lo que conduce a estimar improcedente el presente juicio de amparo. Para evidenciar este aserto, es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo que, respectivamente, estatuyen: 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; -.- 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] De la interpreación conjunta de los preceptos transcritos se deduce que la acción constitucional de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que quien acuda en ejercicio de la acción de amparo, debe cumplir las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Desde esta perspectiva, al referirse la Ley de Amparo a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico y éste se acredite fehacientemente y no a partir de presunciones. Sobre este aspecto, es oportuno precisar que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Así, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés jurídico, pues sólo tiene legitimación para promover el juicio de amparo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que aquélla pudiera parecer. Lo anterior se concibe de esa manera, ya que el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se identifica con el derecho subjetivo, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible frente al resto de los gobernados e, incluso, de la Autoridad. Como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando las afectaciones que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar verse afectado por el acto que se tilda de inconstitucional. Ilustra lo anterior, analógicamente al nuevo sistema constitucional, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, de julio a diciembre de 1988, página 224, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. De manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por su naturaleza excepcional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad, según se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, así como la tesis XXV/89 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, señalan: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo. A partir de esas bases, se concluye que la afectación al interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo, tiene como sustento la titularidad de un derecho que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude la parte quejosa al juicio, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En el caso, (3) **********, (4) ********** y (5) **********, señalaron como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: De la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con sede en la ciudad de Chihuahua: la ejecución de la orden emitida en el juicio hipotecario 145/2013, por la cual se les pretende privar de la propiedad y posesión de los predios ubicados en los lotes 12, 16, 17, 18, 24 y 28 del Rancho El Águila, ubicado en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, en el que no figuraron como parte demandada, sin habérseles emplazado al juicio especial hipotecario que fue promovido por los terceros interesados, ********** y ********* en contra de ***********, ***********, ********** y ***********. 2) Del Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad: la inscripción registral que se originó con motivo de la sentencia emitida por la Juez responsable dentro del juicio especial hipotecario 145/2013, en la que se otorgó la adjudicación de los predios que nos ocupan en favor Eduardo Patricio Hernández Prieto y Ramón Martín Prieto Chávez; así como el asentamiento registral que se realizó sobre la propiedad de cada uno de ellos derivado del convenio de reconocimiento de adeudo número 71, folio 71, del libro 2628, sección segunda de dicha oficina registral, y; la cancelación del asentamiento registral de sus respectivos predios. Lo anterior permite establecer que las peticionarias de amparo formularon la demanda de amparo, ostentándose como terceras extrañas al juicio al proceso del que derivan los actos reclamados (terceras extrañas naturales) y, con tal carácter, reclamaron, sustancialmente, la ejecución de la orden emitida en el juicio hipotecario 145/2013, por la cual se les pretende privar de la propiedad y posesión de los predios ubicados en los lotes 12, 16, 17, 18, 24 y 28 del Rancho El **********, ubicado en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, en el que no figuraron como parte demandada. Ahora, para acreditar que cuentan con un derecho protegido constitucionalmente, las citadas quejosas ofrecieron copias certificadas de los siguientes documentos: 1. Copia certificada de la escritura pública sesenta y ocho, de veintitrés de noviembre de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público Diecisiete con ejercicio en el distrito Bravos, con sede en Juárez, Chihuahua, en la que consta que ********** adquirió el predio rústico identificado como lote 24 del Rancho El *********, ubicado en el municipio de **********, distrito Bravos, Estado de Chihuahua, con una superficie de ***********, cero cero áreas, veinticuatro centiáreas, sesenta decímetros cuadrados) y en la que aparece que el comprador, al momento de la celebración del contrato, informó que se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la aquí quejosa (3)***********, sin acreditarlo ante el notario respectivo. 2. Copia certificada de la escritura pública sesenta y cinco, de dieciséis de noviembre de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público Diecisiete con ejercicio en el distrito Bravos, con sede en Juárez, Chihuahua, en la que consta que Peter ********** adquirió el predio rústico identificado como lote 12 del Rancho El **********, ubicado en el municipio de ***********, distrito Bravos, Estado de Chihuahua, con una superficie de **********, cero cero áreas, veinticuatro centiáreas, sesenta decímetros cuadrados) y en la que aparece que el comprador, al momento de la celebración del contrato, informó que se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la aquí quejosa (4) **********, sin acreditarlo ante el notario respectivo. 3. Copia certificada de la escritura pública cincuenta y uno, de diez de noviembre de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público Diecisiete con ejercicio en el distrito Bravos, con sede en Juárez, Chihuahua, en la que consta que Franz ********** adquirió el predio rústico identificado como lote 28 del Rancho El Águila, ubicado en el municipio de Villa Ahumada, distrito Bravos, Estado de Chihuahua, con una superficie de **********, cero cero áreas, veinticuatro centiáreas, sesenta decímetros cuadrados) y en la que aparece que el comprador, al momento de la celebración del contrato, informó que se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal con la aquí quejosa (5) **********, sin acreditarlo ante el notario respectivo. Por las particularidades del caso, esas documentales no confieren a las quejosas el interés jurídico necesario para defender su propiedad en esta instancia constitucional. En principio, debe traerse a colación que las quejosas acuden a esta instancia constitucional ostentándose como terceras extrañas al juicio del que derivan los actos reclamados, en sentido estricto, al no haber sido señaladas como parte formal en el juicio natural y manifestando, bajo protesta de decir verdad, que son propietarias de los lotes 12, 16, 17, 18, 24 y 28 del Rancho El Águila, ubicado en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, por concepto de gananciales, al estar unidas en matrimonio civil con **********, ********** y **********, respectivamente, sin ser parte en el juicio de origen. Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que las solicitantes del amparo no allegaron al juicio prueba idónea para comprobar la afectación a su derecho de propiedad con la emisión de los actos reclamados, ni ser parte actora o demandada en el procedimiento natural para, bajo ciertas condiciones, encontrarse legitimadas para impugnar las determinaciones ahí dictadas. Así se sostiene, pues las copias certificadas de los contratos de compraventa que las quejosas exhibieron, únicamente demuestran que en noviembre de dos mil diez, **********, ********** y *********, adquirieron los predios ubicados en los lotes 24, 12 y 28 del Rancho El Águila, ubicado en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, respectivamente; no así de los diversos 16, 17 y 18 del citado Rancho de los que la quejosa, María Dick Wolf, se ostentó como propietaria. Asimismo, se advierte que, al dar sus generales, los referidos compradores aseveraron encontrarse casados bajo el régimen de sociedad conyugal con las ahora quejosas; sin acreditar esa circunstancia ante el Notario actuante.No obstante, tales documentos no son suficientes para tener por acreditado, en forma fehaciente, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, dado que las solicitantes del amparo fundamentaron el derecho que alegaron transgredido, en que se encontraban casadas, bajo el régimen de sociedad conyugal, con las personas que aparecen como compradoras de los citados lotes 24, 12 y 28 del Rancho El Águila, ubicado en el municipio de Villa Ahumada, Chihuahua; sin embargo, no exhibieron copia certificada del acta de matrimonio o diversa probanza que permitiera tener por acreditado el vínculo matrimonial, el régimen conyugal, la fecha de celebración del matrimonio y que, a la presentación de la demanda, aún permanecieran unidas en ese vínculo jurídico con los contratantes. En efecto, el contrato de compraventa por sí mismo, no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico de las quejosas para instar la acción de amparo, porque de su contenido no se advierte, intrínsecamente, que sean titulares de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa con los actos reclamados en este juicio, lo que constituye la exigencia del interés jurídico. Lo anterior es así, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002, definió que la posesión constituye objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, siempre que se funde en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Sobre estas bases, el simple señalamiento de que las quejosas se encuentran casadas, bajo el régimen de sociedad conyugal, con quienes aparecen como compradores en el contrato de compraventa que se exhibe, resulta insuficiente para tener por acreditado ese vínculo jurídico, el régimen matrimonial y la vigencia del matrimonio a la fecha de presentación de la demanda, pues los citados contratos traslativos de dominio debieron ser acompañados de otro medio probatorio que genere la plena convicción de la existencia del matrimonio, así como del resto de los elementos indicados, los cuales sí podrían servir, en su conjunto, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial que culminó en condena que afecta sus derechos patrimoniales. En otras palabras, dado que las quejosas promovieron el presente juicio de amparo, se ostentaron como personas extrañas al juicio en el que aducen que se afectó su derecho de propiedad, sobre de un bien inmueble adquirido por sus respectivos esposos, durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal, pero sólo exhibieron como prueba de su parte los contratos de compraventa celebrados por sus consortes, tales documentos no acreditan su interés jurídico en el presente juicio de amparo, ya que no es suficiente que hayan justificado la existencia del acto jurídico traslativo de dominio, pues al no haber intervenido en su celebración como compradoras, resultaba necesario que exhibieran el documento idóneo que amparara el atestado de matrimonio con el que se acreditara que contrajeron nupcias con los referidos compradores, que se pactó bajo el régimen de sociedad conyugal, que el predio de referencia se adquirió durante la vigencia del matrimonio y, por último, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo ese matrimonio se encontraba vigente, toda vez que con esta última documental se estaría en condiciones de establecer si el inmueble en cuestión debe ser o no considerado como gananciales del matrimonio y con ello determinar si las quejosas tienen derecho a disfrutar del cincuenta por ciento del bien respectivo; por lo que al no haber ocurrido de esa manera, las quejosas no acreditaron al existencia de un derecho jurídicamente tutelado con la emisión de los actos reclamados. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia VIII.2o. J/7, aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, de Agosto de 1996, materia civil, página 598, del siguiente contenido: SOCIEDAD CONYUGAL. INSUFICIENCIA DEL ACTA DE MATRIMONIO RELATIVA PARA ACREDITAR POR SI SOLA EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL BIEN QUE ASEGURA FORMA PARTE DE LA. Si en un juicio de amparo la quejosa exhibe como prueba de su parte la documental pública relativa a la copia certificada que contiene el acta de matrimonio que la une con el demandado en el juicio de origen, bajo el régimen de sociedad conyugal, para acreditar que el inmueble embargado y rematado pertenece a ésta; tal documental, por sí sola, resulta ineficaz para acreditar su interés jurídico, cuenta habida que omitió aportar el documento idóneo respecto de la adquisición que ampare la propiedad del referido inmueble a nombre de su cónyuge, por lo que evidentemente el acto reclamado no afecta la esfera jurídica de la impetrante y el juicio constitucional resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 73, de la Ley de Amparo. De la misma manera, se invoca por analogía, la tesis XX.118 C, aprobada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, de Noviembre de 1996, materia civil, página 399, del siguiente tenor: AMPARO PROMOVIDO POR TERCERA OPOSITORA AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, DOCUMENTOS QUE DEBE EXHIBIR TRATÁNDOSE DEL EMBARGO DE VEHÍCULOS PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO EN EL. Si la quejosa promueve amparo como tercera opositora al juicio ejecutivo mercantil, en el que se va a rematar un vehículo propiedad del esposo de aquélla y del cual le corresponde el cincuenta por ciento por encontrarse casada bajo el régimen de sociedad conyugal y exhibe únicamente el atestado de matrimonio con el que se acredita que contrajo nupcias con el demandado, tal documento no acredita su interés jurídico en el juicio de garantías, ya que no es suficiente que haya justificado ser casada con el demandado en el juicio respectivo, y que ese contrato de matrimonio se encuentre sujeto al régimen de sociedad conyugal, sino que es necesario que exhiba el documento idóneo que ampara la propiedad del vehículo embargado y del que se dio la orden de rematarlo en pública subasta, toda vez que con esa documental se estaría en condiciones de establecer si el mueble en cuestión fue adquirido por su esposo durante la vigencia del matrimonio y con ello determinar si la quejosa tiene derecho a disfrutar del cincuenta por ciento del bien en comento.En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio, respecto de las quejosas (3)**********, (4) ********** y (5) ***********. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por la impetrante de amparo.Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye:SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 73, 74, 75, 76, 77, 107, fracción VI y 217 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por (1) **********, (2) ***********, (3) ***********, (4) ********** y (5) *************, contra los actos emitidos por la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con residencia en Chihuahua. Notifíquese personalmente a los quejosos y los terceros interesados, y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista, hoy treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito de cuenta y téngase al tercero interesado *******, realizando diversas manifestaciones, de las cuales toma conocimiento este juzgado en vía de alegatos, de conformidad con lo que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notificar por lista. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio y anexos remitidos por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con residencia en la ciudad de Chihuahua, por medio del cual, remite a este juzgado copia certificada de todo lo actuado a partir del tres de diciembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio hipotecario 145/2013, de su índice, y a su vez, informa que subsiste el embargo decretado sobre el lote **, del predio denominado **********, registrado bajo el número **, a folios **, del libro ****, de la Sección Primera del Distrito Judicial Bravos, propiedad de ******************** y la aquí quejosa. En ese sentido, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Po último, debido a lo voluminoso de las constancias que se reciben, apertúrense los tomos IV, V y VI de pruebas por separado para su mejor manejo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****************. Doy fe.******

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