Erika Yolanda Sánchez Villegas

Expediente 485/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
485/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Erika Yolanda Sánchez Villegas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia ocho de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 485/2022- III, promovido por *******. RESULTANDO. PRIMERO. Presentación de la demanda. El dos de junio de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cual fue turnada a este juzgado ese mismo día. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 1º, 3, 5, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de tres de junio de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró bajo el consecutivo 485/2022-III, se admitió a trámite y se solicitó a la autoridad responsable el respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto cuya ejecución se efectuó en el lugar en el que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo1, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclama al Instituto Mexicano del Seguro Social residente en esta Ciudad, en esencia lo siguiente:  La Convocatoria *******, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, de fecha 14 de diciembre de 2021, en su punto 1.2.  Como consecuencia de la ilegal e inconstitucional convocatoria, el oficio expedido por la Subcomisión Mixta de Escalafón, del Instituto mexicano del Seguro Social, a través de su representante *******, de fecha 09 de mayo de 2022, el cual me fue notificado en fecha 13 de mayo de 2022, lo cual afirmo bajo protesta de decir verdad, en dicho documento me niegan la inscripción a la convocatoria *******, solicitada mediante Cedula de inscripción y previa a la nominación. para la 2ª Enfermera Especialista Quirúrgica. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Instituto Mexicano del Seguro Social residente en esta Ciudad, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que transcurrieron los quince días contados a partir del requerimiento del mismo; de ahí que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de tres de junio del año en curso, y de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierto el acto que se les endilga, a saber, la La Convocatoria *******, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, de fecha 14 de diciembre de 2021. Por lo que se tiene por cierto el acto que se les atribuyó. CUARTO. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de tal ley, aplicado en sentido contrario, dado que las responsables carecen del carácter de autoridad para efecto de este juicio, en torno a todos los actos atacados en esta vía, numerales que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]" De los numerales transcritos destaca como uno de los objetos del juicio de amparo la resolución de controversias generadas por normas generales, actos u omisiones de autoridades que vulneren los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, en razón de lo cual tal medio de control constitucional únicamente resulta procedente cuando el ente a quien se atribuye la calidad de autoridad, goza de los rasgos distintivos contemplados en el normativo 5, fracción Il, trascrito, con independencia de su naturaleza formal. La esencia de esas notas características consiste en: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho respecto al cual un particular adquiere una posición de supra a subordinación. b) Que dicha relación emerja de la ley, dotando al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de ello emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni el consenso del afectado. Bajo ese contexto, de no reunirse la totalidad de dichos requerimientos no podrá considerarse que el acto reclamado haya sido emitido por una autoridad, al menos para efectos del amparo, resultando improcedente el juicio biinstancial. Apoya lo anterior la jurisprudencia 164/2011 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, localizada en la página 089. Tomo XXXIV, septiembre de 2011 Materia Común. Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, al analizar el aspecto destacado en el inciso a) deberá verificarse que no se esté en presencia de una relación de coordinación, que son las entabladas entre particulares colocados en un mismo plano, esto es en condiciones de igualdad; puesto que para la resolución de las controversias suscitadas en ese nivel debe acudirse a los procedimientos ordinarios legalmente establecidos en disposiciones de naturaleza civil, mercantil, agraria y de trabajo, por virtud de las cuales ante el sometimiento de las partes a una instancia judicial, coactivamente se imponen consecuencias jurídicas, lo que se traduce en la existencia de bilateralidad. En el caso, resulta necesario establecer que la parte promovente, esencialmente se duele de la convocatoria *******, y su negativa para inscribirla a la dicha convocatoria para integrar el listado escalafonario, para la 2ª enfermera Especialista Quirúrgica, ya que no reúne los requisitos de la convocatoria; lo que se corrobora con las documentales que anexa a dicha demanda la impetrante del amparo, en las cuales se aprecia que le indican que no reúne el requisito siguiente: 1.2) La Institución Educativa sea pública o particular, debe contar con el registro de los planes de estudio, para los cursos Postécnicos y Posgrado con la Opinión Académica Técnico Favorable de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) o su representación en el Estado (La OTAF debe coincidir con el plan de estudios y la sede en la que se impartió el programa educativo y la vigencia del dictamen durante el periodo de desarrollo del curso); aduciendo que lo anterior vulnera sus derechos fundamentales. Ahora, los artículos 1, 2, 3 y 8 del Reglamento de Escalafón del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, establecen lo siguiente: "Artículo 1. El presente Reglamento determina las normas, trámites y requisitos generales para todo movimiento escalafonario en aplicación de las Cláusulas relativas al Contrato Colectivo de Trabajo. Artículo 2. En el Instituto Mexicano del Seguro Social rige un escalafón nacional que comprende: a) Escalafones Regionales de Puestos de Base, y: b) Escalafones Regionales de Trabajadores de base, que a su vez comprende: 1. Registro de cambios, 2. Registro de regularización de interinos a plaza definitiva 3. Registro de promoción escalafonaria. Artículo 3. Los listados escalafonarios para promoción serán dinámicos, y se elaborarán en un plazo no mayor a 15 días hábiles por la Comisión Nacional o Subcomisión Mixta de Escalafón a partir de la fecha de recepción de las calificaciones enviadas por la Comisión Nacional Mixta o Subcomisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento y relación de trabajadores con Requisito 51 vigente. Los listados escalafonarios cuya eficiencia se calcule con documentos académicos se elaborarán anualmente. Artículo 8. La Comisión Nacional Mixta de Escalafón estará integrada por un Representante del Instituto y otro del Sindicato, designados libremente por las partes, quienes de común acuerdo nombrarán un árbitro que actuará en los casos de discrepancia." De lo anterior, se establece que los actos materia de reclamo por la parte quejosa, derivan de una relación contractual, en virtud que la convocatoria y sus consecuencias, son actos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en coordinación con el Sindicato de Trabajadores de dicha institución, la cual se dirige a los trabajadores, específicamente, a los enfermeros o enfermeras que laboren en dicha institución; de lo que se evidencia que no actuaron como autoridades responsables al emitir los actos que la quejosa aquí recurre, pues para ser considerados de esta naturaleza deben ubicarse dentro de los denominados de supra a subordinación; donde la promovente debe tener el carácter de gobernada. En primer término, es necesario distinguir si se trata de una relación de coordinación, la que excluye la idea de la autoridad ya que por su propia naturaleza existirá un procedimiento establecido en el derecho privado para ventilar cualquier controversia que se suscite en vía civil o mercantil, incluso laboral, o bien, también puede suceder que las normas constitucionales coloquen al estado en situación jurídica parecida a la de un particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 307, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Materia Administrativa, Registro: 194367, cuyo tenor literal es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Así, la interpretación lógica y sistemática del precepto contenido en la legislación de amparo y lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia "equivalencia", del juicio de amparo, deben consistir en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, esto es, que esté autorizado precisamente con la finalidad de que en nombre del Estado emita actos unilaterales y obligatorios a través de los cuales cree, modifique o extinga situaciones jurídicas que pudieran afectar la esfera legal de otro particular, y que para emitir esos actos, no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Cabe mencionar a lo anterior el criterio sustentado en la tesis XI.10.A.T.25 K (10a.), por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 3823, del Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO. PARA DETERMINAR SI UN PARTICULAR ENCUADRA EN ESA CATEGORÍA, NO SOLO DEBE ANALIZARSE SU ACTO U OMISIÓN EN SI, SINO ADEMAS SI AFECTA DERECHOS Y DERIVA DE LAS FACULTADES U OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN UNA NORMA." Cabe precisar que el Instituto Mexicano del Seguro social a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón y Subcomisión Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social, tienen atribuciones que están previstas en la ley y, pueden emitir actos en forma unilateral, en un plano de "supra a subordinación" frente a los particulares, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales para hacer cumplir sus determinaciones; sin embargo, ello no implica que todos los actos que emitan necesariamente sean impugnables a través del juicio de amparo, sino que debe analizarse la naturaleza del acto para determinar si actúa como autoridad y si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante situaciones jurídicas que afectan los derechos fundamentales. Asimismo, los particulares pueden ser autoridades responsables siempre y cuando afecten derechos en los términos destacados y actúen en funciones determinadas en una norma general. En el caso, como se asentó en párrafos que preceden, la quejosa reclamó la convocatoria *******, emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de la Comisión Nacional Mixta de Escalafón, así como su negativa a inscribirse a dicha convocatoria, solicitada mediante cédula de inscripción y previa a la nominación de 2ª Enfermera Especialista Quirúrgica, acto éste último emitido por el Instituto en mención, a través de la Subcomisión Mixta de Escalafón. De lo que se advierte que los actos combatidos, no reúnen las características para ser considerados como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y. por tanto, no resulta impugnable a través de éste. Pues, la promoción a cargos dentro de dicha institución serán regidos por los requisitos y convocatorias que consideren pertinentes y apegadas al contrato colectivo de trabajo, que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias; de ahí que resulte válido concluir que las actuaciones reclamadas, se llevaron a cabo en el ámbito laboral que rige las relaciones entre la institución que representa y los trabajadores, específicamente, enfermeros de dicha institución, como lo es la aquí quejosa; lo cual se relaciona con el contrato colectivo de trabajo. En efecto, la actuación de tales autoridades no deriva de un mandato que tenga su origen en la ley, que le confieran atribuciones para actuar como autoridad de Estado modificando unilateralmente una situación jurídica, sino que se trata de actos que encuadran en una relación directa con los procedimientos de ascenso dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, ello con base en la propia normatividad interna o condiciones de trabajo que de acuerdo con su naturaleza, pueden clasificarse como actos que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales. Esto es, las citadas autoridades responsables, no actuaron en un plano de supra a subordinación entre autoridad y gobernado, sino que los actos que emitieron, se traducen en una actuación unilateral de índole patronal proveniente de la relación laboral entre la dependencia y la enfermera, sin involucrar una potestad pública administrativa que motive la procedencia del juicio de amparo pretendida, por lo que, están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del trabajo; de ahí que en la emisión dichos actos materia de reproche por la impetrante del amparo, no se actúa con potestad imperio. Aunado a lo anterior, para que un particular pueda ser llamado a juicio en calidad de autoridad responsable se requiere que el acto que se le atribuya: 1) Sea equivalente a los de una autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y en forma obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido; 2) Afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confieran las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado. Bajo esa perspectiva, aun cuando se atribuya como actos reclamados la convocatoria en mención y su negativa a inscribir a la quejosa a dicha convocatoria, respecto a la improcedencia de sus documentos que adjuntó en su registro para integrar el listado escalafonario a la nominación de 2ª Enfermera Especialista Quirúrgica, derivado de la convocatoria emitida por la Comisión Nacional Mixta de Escalafón del Instituto Mexicano del Seguro Social; ello por sí solo no colma las exigencias de los puntos destacados, pues dichas funciones no están determinadas en una norma general; y, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, únicamente repercute en la relación laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social de que se trata con su personal (enfermeros o enfermeras). Siendo una cuestión independiente y, de fondo, si se observaron los requisitos previstos en la aludida convocatoria, que prevé los requisitos que deben satisfacer los aspirantes, pues éstos no transforman la naturaleza de la relación laboral a una de supra a subordinación ni generan un acto de autoridad, si se toma en cuenta que la aquí quejosa labora en dicha institución de salud estatal "Instituto Mexicano del Seguro Social", pues la convocatoria se dirigió al personal y específicamente que se desempeñe como enfermero, que en la emisión de ésta no se actúa con imperio, sino en ejercicio de una decisión patronal y que ante el conflicto que pudiera suscitarse, está en posibilidad de deducir sus derechos ante la autoridad competente. En esas condiciones, es inconcuso que las autoridades señaladas como responsables, no actuaron en su calidad de autoridad, al emitir los actos materia de reclamo por la impetrante del amparo, sino como patrón y, siendo así, el juicio de amparo resulta improcedente. La anterior conclusión se robustece con la tesis P. XXVII1/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página ciento diecinueve, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE UNA UNIVERSIDAD CUANDO EL ACTO QUE SE LES ATRIBUYE DERIVA DE UNA RELACIÓN LABORAL. Los funcionarios de los organismos públicos descentralizados, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de garantías, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Así, las universidades, como organismos descentralizados, son entes públicos que forman parte de la administración pública y por ende del Estado, y si bien presentan una autonomía especial, que implica autonormación y autogobierno, tal circunstancia tiende a la necesidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido y que se fundamenta en la libertad de enseñanza, pero no implica de manera alguna su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, y restringida a sus fines, por lo que no se constituye como un obstáculo que impida el ejercicio de las potestades constitucionales y legales de éste para asegurar el regular y eficaz funcionamiento del servicio de enseñanza. Por ello, para analizar si los funcionarios de dichos entes, con fundamento en una ley de origen público ejercen o no un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso de la fuerza pública, debe atenderse al caso concreto. En el que se examina, ha de considerarse que la universidad señalada por el quejoso como responsable, al negar el otorgamiento y disfrute del año sabático a uno de sus empleados académicos, actuó con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal académico, dentro del marco constitucional previsto en la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ello en este caso no resulta ser autoridad para efectos del juicio de amparo, lo que desde luego no implica que en otros supuestos, atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter. En congruencia con todo lo anterior, es evidente que en el caso se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción II, de dicha legislación, aplicado en sentido contrario, porque no estamos en la presencia de un acto de autoridad para efecto de este juicio, ni uno de particular equivalente al respecto, ya que la relación que hay entre la parte impetrante y las autoridades responsables no es de supra a subordinación, sino más bien de coordinación, o sea, entablada entre particulares que actúan en un plano, esto es, de igualdad, por lo cual, lo procedente en este caso es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia, lo que imposibilita a esta juzgadora abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, visible en la página ochenta y ocho, cuyos rubro y texto son los que siguen: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. También es aplicable la tesis quinientos nueve, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, consultable en la página trescientos treinta y cinco del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy ocho de septiembre de dos mil veintidós, en que las labores de este Juzgado lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de junio de dos mil veintidós. Registro y admisión de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por *******, contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 485/2022-III. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Toda vez que la parte quejosa no lo solicitó, ni se está en presencia de algún supuesto que amerite una apertura oficiosa, resulta innecesario ordenar que se abra expediente incidental, para proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De la audiencia constitucional se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por la juez y la secretaria en forma autógrafa, electrónica o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, están en posibilidad de hacerlo mediante escrito que presenten ante la Oficialía de Partes Común o en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de que si es solicitado o esta juzgadora lo estima pertinente se pueda ordenar que la celebración de la audiencia se lleve a cabo a través de videoconferencia, si se trata de un caso que se encuentre debidamente justificado, conforme al artículo 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y los diversos 5, fracción II, 25 y 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. En el entendido que, este órgano jurisdiccional adoptará las medidas necesarias tendentes a garantizar que las personas justiciables tengan la posibilidad de participar en los actos procesales que se desahoguen mediante el uso de la videoconferencia, lo que será posible únicamente si todos los intervinientes se encuentran en igualdad de condiciones, para lograr su participación en la audiencia, de conformidad con el artículo 31 del Acuerdo General 12/2020 en cita. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional ($9,622.00). Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional ($9,622.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 moneda nacional ($2,688.60). Pruebas El promovente ofrece diversas pruebas documentales, las presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, las cuales se tienen por desahogadas, ya que así lo permite su naturaleza. Lo anterior, sin perjuicio de relacionarlas al momento de celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Generación de citas para consulta de expedientes Por otra parte, infórmese a las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. Trabajo presencial en el órgano jurisdiccional En el entendido, que el artículo 15 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, determina que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las siete horas con cuarenta y cinco minutos hasta las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes (horario matutino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de e-Justicia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Dado lo anotado, con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no se atienda la sugerencia, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Autorizados y domicilios En términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios al licenciado *******, toda vez que se encontraron el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación. De conformidad con el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a ******* y *******, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos; al primero de ellos en razón de que no se encontró inscrito ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, ni en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y al segundo porque en esos términos fue autorizado. Además, según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley en cita, se tiene como lugar y los medios electrónicos para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos, cuya entrega se realizará previa cita que registren para acudir al juzgado, esto en acatamiento a las medidas preventivas que deberán implementarse para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, acceso que se permitirá una vez que realicen la cita respectiva para presentarse en el juzgado. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Analista Jurídico adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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