Ernesto Burgos Jiménez

Expediente 448/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
448/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
26/11/2018

Partes del expediente

  • Ernesto Burgos Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 448/2018-VI; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales, con sede en San Andres Cholula Puebla, *******, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Cámara de Senadores y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del asunto. Mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciocho, se agregó a los autos el oficio signado por el Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a través del cual remitió los autos del juicio de amparo *******, promovido por *******, toda vez que mediante auto de nueve de julio del año en curso, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda que dio origen a dicho juicio, y consideró que se surtía en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad; demanda que por razón de turno fue remitida a este órgano jurisdiccional. Asimismo, en dicho proveído, este juzgado aceptó la competencia para conocer de la demanda en comento, quedando registrada bajo el expediente 448/2018-VI, del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se emplazó tanto a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento se celebró conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este es un asunto que tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados a la autoridad responsable. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que la quejosa reclama lo siguiente: 1.- A la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: La aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; 2.- A la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: La aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; y, 2.- Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: La promulgación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; Por ende, se tiene a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO.- Existencia del acto reclamado. La Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, al rendir informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la aprobación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece. Asimismo, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el informe justificado requerido convino en la certeza del acto reclamado consistente en la promulgación del artículo 93 fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta de once de diciembre de dos mil trece; Sin embargo, la existencia de cada una de las disposiciones normativas reclamadas, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Asimismo, la jurisprudencia número II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, del Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". La autoridad responsable Presidente de la República, manifiesta que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que la presentación de la demanda fue extemporánea. Es fundada la causa de improcedencia, en atención a las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." La porción normativa transcrita, es clara y enfática al señalar que se entenderá consentido tácitamente un acto, y que por ende, el juicio de amparo promovido en su contra será improcedente, cuando no se impugne dentro de los plazos previstos en la propia Ley de Amparo. Así, tenemos que la parte quejosa, al no promover la reclamación constitucional dentro del término legal, asume las consecuencias de la actuación de la autoridad como si estuviera conforme con ellas, dado que en su oportunidad no hizo manifestación alguna al respecto. En ese contexto, es conveniente citar la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Al respecto, los artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La reproducción anterior revela que el término general para promover la demanda de amparo es de quince días, e inicia desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación del mismo, conforme a la ley del acto reclamado, o bien, al día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo o de su ejecución. Sobre el tema, es conveniente citar la tesis aislada sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Ahora, tratándose de la impugnación de normas generales pueden ser combatidas a través del juicio de amparo en dos oportunidades, esto es con motivo de su sola vigencia, en su carácter autoaplicativo, o bien por virtud de su primer acto concreto de aplicación, en su carácter de norma heteroaplicativa, principios que se desprenden del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Para determinar si una ley tiene el carácter de autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario recurrir al concepto de individualización incondicionada, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada, la citada condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede ser administrativo, jurisdiccional, emanado de la voluntad del propio particular o un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana. Cuando la sola vigencia de la norma afecta o vincula al gobernado desde su inicio, sin que sea necesario que se actualice condición alguna o un acto posterior de la autoridad o del propio destinatario para que se genere dicha obligatoriedad y consecuencias, se está en presencia de una norma autoaplicativa o de individualización incondicionada, dado que vincula al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En cambio, cuando se requiere para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione la aplicación de la norma, ya sea, el actuar de la autoridad o que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, se está en presencia de un ordenamiento heteroaplicativo o de individualización condicionada, ya que la autoridad o el gobernado activaron la obligatoriedad del mandato legal. Apoya la conclusión anterior la tesis de jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Tomo VI, julio de 1997, página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCION BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". En ese sentido, el quejoso acude al presente juicio de amparo a reclamar la inconstitucionalidad del artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su carácter de norma heteroaplicativa, con motivo de lo que considera su primer acto de aplicación; precepto que en la parte que interesa, señala: Artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos: . IV. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título. V. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley. . XI. Los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de esta Ley o, en su caso, del presente Título. . Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable tratándose de jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de esta Ley, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en esta Ley. Del análisis del artículo trascrito evidencia que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal; y que por el excedente se pagará el impuesto en los términos del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, del precepto impugnado se desprende que para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere el párrafo anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los pague; y que sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Igualmente, el citado numeral establece que no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los ingresos provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del Título II de Ley del Impuesto sobre la Renta o, en su caso, del IV Título de la citada legislación. Asimismo, refiere que no se aplicará en las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, pensiones vitalicias, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes, contratos colectivos de trabajo o contratos ley, reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, concedidos de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo, seguros de gastos médicos, seguros de vida y fondos de ahorro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos en las fracciones XI y XXI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aun cuando quien otorgue dichas prestaciones de previsión social no sea contribuyente del impuesto establecido en la citada legislación. Ahora, obran en autos las siguientes documentales: a) Copia simple de la "CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO" del hoy quejoso *******, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, del cual se advierte que el retenedor es ******* la cual contiene sello digital (foja 34-35). b) Copia certificada del comprobante de pago realizado al hoy quejoso ******* el uno de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por ******* (foja 74-75). De la "CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIO PARA EL EMPLEO", del hoy quejoso *******, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, se advierte que se le retuvo la cantidad de $*******; constancia en la cual se encuentra plasmada la firma del hoy quejoso. Asimismo, del recibo de pago se desprende que el uno de diciembre de dos mil dieciséis, se le pagó al hoy quejoso únicamente conceptos de ahorro acumulado y premio al ahorro, esto es, percepciones de previsión social y al efecto se realizó una deducción de impuesto por la cantidad de $*******. En ese sentido, si la fecha de pago y la emisión del recibo se efectuaron el uno de diciembre de dos mil dieciséis y de dicho recibo se advierte, sin que quede lugar a duda, que el quejoso pagó impuesto por dichos ingresos, resulta inconcuso que desde dicha fecha (uno de diciembre de dos mil dieciséis) tenía conocimiento de que dicho impuesto lo pagó por concepto de previsión social. En ese orden de ideas, el quejoso contaba con el término de quince días contados a partir de que se efectuó el primer acto de aplicación de la norma combatida; por lo que el plazo para impugnar el artículo 93, fracciones IV, V, XI y último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, transcurrió del dos al veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, debiendo descontar los días tres, cuatro, diez, once, diecisiete y dieciocho del mismo mes y año; siendo que la demanda de amparo se presentó el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; por lo que su presentación resulta extemporánea. No es óbice a lo anterior, las manifestaciones del quejoso en el que señala que: ".nos enteramos de su aplicación por asistencia al contribuyente el quince de mayo de dos mil diecisiete" (foja 16-17) asimismo, manifiesta bajo protesta de decir verdad "nos enteró y replicó el quince de mayo de dos mil diecisiete por el sistema de telefonía de asistencia al contribuyente, y se manifestó en las constancias de retención, que anunciamos en el capítulo de pruebas numeral 9 y recabamos a través de nuestro gremio el once de mayo pasado" (foja 14-15). Siendo la prueba numeral 9 la "CONSTANCIA DE SUELDOS, SALARIOS, CONCEPTOS ASIMILADOS, CRÉDITO AL SALARIO Y SUBSIDIOS PARA EL EMPLEO". Sin embargo, se trata de simples manifestaciones a las cuales, este Juzgado Federal no les otorga valor probatorio pleno, toda vez que existen contradicciones entre las mismas, ya que por una parte el quejoso manifiesta que se enteró de la aplicación el quince de mayo de dos mil diecisiete y por otra que la prueba con la que se enteró fue recabada el once de mayo de dos mil diecisiete. En consecuencia, al resultar extemporánea la presentación de la demanda por parte del hoy quejoso, se impone sobreseer en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido *******, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Directora General de Amparos Contra Leyes en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe. maa

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra en autos el informe justificado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ni el acuse de recibo del oficio 18786/2018, en el que se le solicitó, así como que el día de hoy se encuentra señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la referida audiencia, pues no puede considerarse que la autoridad responsable haya sido omisa, toda vez que del propio estado de los autos, no se advierte que ya hubiere sido requerida para rendir tal informe. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas con veinte minutos del diez de septiembre de dos mil dieciocho, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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