Erika Areli Perera George
Expediente 182/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Erika Areli Perera George
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el ocho de mayo de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SENTENCIA Visto, para resolver el juicio de amparo 182/2023-II-A, promovido por ÉRIKA ARELI PERERA GEORGE, en contra de los actos que reclama del Congreso del Estado de Yucatán y de otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el tres de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, turnado el mismo día a este juzgado, compareció ÉRIKA ARELI PERERA GEORGE a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuye al Congreso, Gobernador, Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo con el número 182/2023-II-A; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 61, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, como se precisó desde el auto admisorio, la parte quejosa reclama: Del Congreso del Estado de Yucatán, la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y la consecuente abrogación de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976. Del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, la promulgación y orden de expedición de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y la abrogación de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre 1976. Del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), la aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y la falta de aplicación de la Ley que corresponde a la quejosa de acuerdo con sus derechos adquiridos, es decir, la omisión en la aplicación de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976. Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, la ilegal retención de un monto mayor a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976, en perjuicio de la quejosa. TERCERA. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSTEY), con sede en esta ciudad, pues así lo señaló al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Por tanto, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia número 284, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto señalan: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTA. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso, Gobernador y Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, todos con sede en esta ciudad, pues así lo señalaron al rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Máxime que no es necesario acreditar la existencia de las normas reclamadas, pues basta su publicación en el Diario Oficial respectivo para comprobar esta circunstancia, ya que esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, visible a página 260, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTA. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;.." De conformidad con la porción normativa reproducida, la acción de amparo se tornará improcedente contra actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Asimismo, dicho numeral dispone que la referida causal de improcedencia, no se actualiza cuando se trata de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos, pues en este caso, para que opere tal motivo de improcedencia, resulta necesario que en alguno de los juicios se dicte sentencia firme, en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales y, de declararse la constitucionalidad de las mismas, la referida causal de improcedencia no se actualizará en relación con los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. Esta causa de improcedencia se encuentra inspirada en la figura procesal de la litispendencia, de acuerdo con la cual, cuando existe una pendencia ante el mismo o ante órganos jurisdiccionales distintos, de una misma acción que tiene elementos idénticos (sujetos, objeto del derecho de acción y causa petendi), ante la implicación de que pueda duplicarse la misma actividad jurisdiccional, impide juzgar en el segundo asunto (el presentado segundo en tiempo). Lo anterior, porque no es jurídicamente factible que una causa que tenga unos mismos e idénticos elementos subjetivos (causa o relación jurídica substantiva) y objetivos (partes en el litigio), pueda ser simultánea o sucesivamente llevada al examen ante el mismo o ante otro órgano jurisdiccional del mismo grado. En torno al particular, se cita el criterio de la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 75, Séptima Parte, página: 21, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA, EXCEPCIÓN DE. CONCEPTO Y PROCEDENCIA. El término 'litispendencia', significa que existe algún otro juicio pendiente de resolver, y procede como excepción cuando un Juez conoce ya del mismo negocio. La palabra 'mismo' exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que interviene las partes". La configuración de la institución jurídica de la litispendencia guarda una especial característica: si bien se exige la demostración de la identidad de sujetos (quejoso y autoridades responsables) y de objeto del litigio (acto reclamado), no resulta necesaria la identidad en la causa de pedir (violaciones constitucionales alegadas). Porque lo relevante en el señalado procedimiento constitucional, en cuanto a la finalidad de la figura jurídica de que se trata, es que no sea sometido al examen del juzgador la pretensión de un mismo gobernado (planteada en dos o más demandas de amparo), que consista en obtener la declaratoria de inconstitucionalidad de un mismo acto reclamado, aunque en la segunda o ulteriores demandas se expresen distintos preceptos constitucionales que contengan los derechos humanos que se estimen violados, así como distintos conceptos de las violaciones; lo cual persigue la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias y respetar la cosa juzgada que pudiera establecerse sobre la misma controversia. Pero además, debe señalarse que no influye en la configuración de dicha causa de improcedencia tratándose de amparo contra leyes autoaplicativas, el que la pretensión o causa de pedir en los amparos sea distinta, puesto que tal pretensión puede ser satisfecha íntegramente si en el primer amparo se concede la protección constitucional. Es ilustrativa la tesis XIX.2o.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Enero de 1996, Página 312, del tenor siguiente: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable". Así, de lo dispuesto por el invocado numeral se desprende que son dos los requisitos exigidos para que opere la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, que son: a) Que la ley o acto que se reclamen sea materia de otro juicio de amparo y que en éste no exista una sentencia ejecutoriada; y, b) Que ambos juicios de amparo hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el propio acto reclamado, aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas. En el caso concreto, a fin de justificar la actualización de la causal de improcedencia invocada, deviene oportuno señalar que el presente juicio de amparo lo promovió ÉRIKA ARELI PERERA GEORGE, en fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, en contra de los actos atribuidos al Congreso, Gobernador, Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), todos con sede en esta ciudad, Actos que hizo consistir esencialmente en la discusión, aprobación, promulgación, expedición y aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós (Decreto 532/2022). Reclamo que planteó al considerar que la ley le causaba perjuicio con motivo de su primer acto de aplicación, es decir, como si fuese heteroaplicativa. Por otra parte, de las constancias relativas al juicio de amparo 2025/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, cuyo acceso electrónico se autorizó a este juzgado. Se advierte que dicho juicio fue promovido por ÉRIKA ARELI PERERA GEORGE, en fecha veintidós de agosto de dos mil veintidós, en el que señaló como actos reclamados al Congreso, Gobernador, Director del Diario Oficial y al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, todos con sede en esta ciudad. La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, publicación y ejecución del Decreto 532/2022, por el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós. Reclamo que hizo al considerar que la referida ley le causaba perjuicio con su sola entrada en vigor, es decir, que se trataba de una ley autoaplicativa. Asimismo, se desprende que por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite la aludida demanda de amparo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional. Después, por resolución de doce de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en dicho asunto, en la cual por una se sobreseyó el juicio de amparo, y por la otra se le otorgó a la quejosa el amparo de la Justicia de la Unión solicitados. Inconformes con dicha sentencia, la parte quejosa y las autoridades responsables, interpusieron recurso de revisión en su contra, el cual se tuvo por admitido mediante acuerdo de once de abril de dos mil veintidós; dictado por el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con el número de toca 282/2023, y que a la fecha se encuentra pendiente de resolución. Lo anterior constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última legislación, mismo que se invoca para resolver el presente juicio, aunque no haya sido alegado ni probado por las partes, por así disponerlo el aludido precepto legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2017123, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Como se puede observar, los actos reclamados en la presente instancia de control constitucional, son materia de un diverso juicio de amparo, que se encuentra pendiente de dictar resolución firme y que fue anterior al presente juicio de amparo, razón suficiente para decretar la improcedencia del juicio acorde a lo dispuesto en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque se está ante la presencia de dos juicios de amparo promovidos por la misma quejosa, en los que hay identidad de actos reclamados a las mismas autoridades y otras diversas, ya que en ambos juicios de amparo se reclama esencialmente, como ya se dijo, la discusión, aprobación, expedición y ejecución del Decreto 532/2022, por el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós. Y para ponerlo de manifiesto se realiza la presente tabla comparativa de los señalados juicios de amparo. Juicio de amparo 2025/2022-IV del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado. Juicio de amparo 182/2023-II-A, del índice de este Juzgado de Distrito. AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado. Gobernador del Estado. Director del Diario Oficial del Estado Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado. Gobernador del Estado. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY) ACTO RELAMADO La iniciativa, discusión, aprobación, expedición, publicación y ejecución del Decreto 532/2022, por el que se emitió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós ACTO RECLAMADO La discusión, aprobación, promulgación, expedición y aplicación de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintiuno de julio de dos mil veintidós (Decreto 532/2022). CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PRIMERO. La Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y, en específico, sus artículos 3 fracción XIX y 20 violan en perjuicio dela Quejosa los preceptos contenidos en los numerales 1, 14, 16 y 123 apartado B de nuestra Carta Magna, en relación con el diverso 8 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976, abrogada por el Transitorio Segundo del Decreto que expide la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán. En efecto, la Ley ahora abrogada ordena: (transcribe artículo 8 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán) Por su parte, la "nueva" Ley, dispone lo siguiente: (transcribe artículos 3 y 20 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán). En efecto, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán expedida mediante decreto 532/2022 ya referido, viola en perjuicio de la parte quejosa las garantías de seguridad jurídica, así como el principio de irretroactividad de la Ley, al no solamente imponer conceptos limitativos "novedosos" en esta nueva Ley, sino además al incrementar las cuotas que debemos aportar como trabajadores al mismo sistema de seguridad social que hemos tenido desde nuestra incorporación al trabajo. Como se puede apreciar, bajo el sistema previsto en la Ley de 1976, los trabajadores aportábamos una cuota equivalente al Instituto un total equivalente al 8% de nuestro sueldo; mientras que bajo el nuevo régimen propuesto en la nueva ley, aportaremos un total de 15% de nuestro sueldo, lo cual implica un INCREMENTO DESPROPORCIONADO; y si bien es cierto el Transitorio Octavo del Decreto establece un mecanismo de transición que inicia este mismo año, la realidad es que el objetivo final es la aportación del 15% del sueldo nominal de los trabajadores en activo, lo que significará que una vez terminado dicha transición, un menoscabo en las percepciones de la suscrita, violentando por completo su seguridad, integridad y derechos fundamentales. De una operación aritmética, se puede llegar al resultado de que, en perjuicio de los trabajadores que ya tenían derechos adquiridos y se regían por un régimen y ley definidos, implicará un incremento en la carga al salario del trabajador de un 87.5% en comparación con el régimen anterior, lo cual deviene en claramente violatorio de derechos de no retroactividad en perjuicio, y de no regresividad de las normas jurídicas. Igual de relevante es que, como se acreditará más adelante, incluso se obliga al trabajador a "pagar más por menos", dado que contemplan aún menos (y peores) prestaciones de seguridad social, por un monto de aportación SUPERIOR sin que exista oportunidad de no hacerlo dada la obligatoriedad de las cuotas establecidas en la propia Ley. Por su parte, el legislador pretende justificar su actuar cuando, en su exposición de motivos, expresa "Este incremento, es con el propósito de continuar cumpliendo con las obligaciones del organismo para con las personas servidoras públicas en activo y las personas pensionadas, por tanto resulta necesario considerar los ajustes correspondientes al pago de las cuotas que realizan los trabajadores y las aportaciones que entregan las entidades públicas para los respectivos fondos de pensiones y de servicio médico." Y sigue: "Asimismo, a través de esta medida se le otorga la fortaleza financiera que requiere el sistema de pensiones, para que sea un instrumento útil a largo plazo y de esta forma el ISSTEY cumpla con los fines sociales que la ley le encomienda"; para rematar con: "Con ello se estarían equiparando los niveles de aportación que se realizan en otras entidades del país, para sus institutos de jubilaciones y pensiones, así como las correspondientes en materia federal"; Sin embargo, se contradice al desaparecer, en la misma forma, "el fondo parcial permanente de un millón de pesos", que prevé el artículo 8 fracción I de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, con lo que se demuestra que no se busca un fortalecimiento del sistema de seguridad social del ISSTEY, sino captar recursos a fin de "llenar" los huecos dejados por malas administraciones, pretendiendo cubrir los gastos necesarios con una reforma con fines meramente recaudatorios. De igual forma, aporta justificantes falsos al expresar que se equiparan a los niveles de aportación, puesto que, por un lado, no especifica con qué Estados se compara y supuestamente "equipara" - Por ejemplo, en Campeche el descuento por seguridad social a los burócratas es del 10% (Artículo 30 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche) y en Quintana Roo del 8% (Artículo 15 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Quintana Roo) y por el otro, omite realizar un análisis respecto del nivel de salarios, que por todos es sabido que, en Yucatán, son de los más bajos del país. Se aduce como hechos notorios que Yucatán es de los Estados en los que menores sueldos se pagan (véase como referencia el portal de internet: https://sipse.com/novedades-yucatan/noticias-de-hoy-yucatan-sueldos-profesionistas-egresados-menos-sueldos-salarios-bajos-381621.html). Con ello, de nueva cuenta, se robustece el argumento de que la esencia y sentido de esta reforma es sanear las finanzas del instituto derivado de malas administraciones, en perjuicio de los trabajadores, sin justificación de las medidas aplicadas, las cuales devienen desproporcionadas y parciales para TODOS los trabajadores en activo al momento de la entrada en vigor de la nueva ley. Pero todavía más, no conforme con el incremento en las cuotas que debemos aportar como trabajadores, el legislador propone y el ejecutivo sanciona que, a partir de la entrada en vigor de la ley, ningún trabajador podrá cotizar con un salario superior a la cantidad señalada en su artículo 3 fracción XIX ($43,876.35MN), lo cual contraviene directamente lo consagrado en el Artículo Primero de nuestra Carta Magna, al discriminar de forma directa y sin reparo a quienes en su momento ganen más que dicho sueldo; y si bien, la parte quejosa no entra en ese supuesto, no menos cierto resulta que el escalafón y carrera judicial permiten que cualquier trabajador pueda ser Juez u ocupar cualquier otro cargo con un sueldo superior al señalado, lo cual vendría inútil y causaría evidentemente u desaliento al progreso del trabajador, conculcando el libre desarrollo de su personalidad al no permitir que aspire a un puesto y sueldo mayor si las prestaciones no irán en incremento según lo ordenado por la nueva ley, además de que limitaría directa e innecesariamente todas las prestaciones dentro del ramo de retiro, por lo que dicha violación se hace valer desde este momento; máxime que en la Ley anterior, no se encontraba un límite a las aportaciones, menos con miras a limitar las prestaciones a las que un trabajador tiene derecho. (transcribe jurisprudencia) En resumen, la "nueva" Ley (Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán), es violatoria de las garantías de no retroactividad de las leyes en perjuicio de personas, de seguridad jurídica y de los derechos sociales de los quejoso, por lo que deberá declararse su no aplicabilidad o, al menos, la de los artículos en cita, en términos de lo expresado en el presente concepto de violación, mediante el Amparo y la Protección de la Justicia Federal. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. UNICO. La Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y, en específico, sus artículos 3 fracción XIX y 20 violan en perjuicio dela Quejosa los preceptos contenidos en los numerales 1, 14, 16 y 123 apartado B de nuestra Carta Magna, en relación con el diverso 8 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976, abrogada por el Transitorio Segundo del Decreto que expide la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán En efecto, la Ley ahora abrogada ordena: (transcribe artículo 8 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán) Por su parte, la "nueva" Ley, dispone lo siguiente: (transcribe artículos 3 y 20 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán). En efecto, la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán expedida mediante decreto 532/2022 ya referido, viola en perjuicio de la parte quejosa las garantías de seguridad jurídica, así como el principio de irretroactividad de la Ley, al no solamente imponer conceptos limitativos "novedosos" en esta nueva Ley, sino además al incrementar las cuotas que debemos aportar como trabajadores al mismo sistema de seguridad social que hemos tenido desde nuestra incorporación al trabajo. Como se puede apreciar, bajo el sistema previsto en la Ley de 1976, los trabajadores aportábamos una cuota equivalente al Instituto un total equivalente al 8% de nuestro sueldo; mientras que bajo el nuevo régimen propuesto en la nueva ley, aportaremos un total de 15% de nuestro sueldo, lo cual implica un INCREMENTO DESPROPORCIONADO; y si bien es cierto el Transitorio Octavo del Decreto establece un mecanismo de transición que inicia este mismo año, la realidad es que el objetivo final es la aportación del 15% del sueldo nominal de los trabajadores en activo, lo que significará que una vez terminado dicha transición, un menoscabo en las percepciones de la suscrita, violentando por completo su seguridad, integridad y derechos fundamentales. De una operación aritmética, se puede llegar al resultado de que, en perjuicio de los trabajadores que ya tenían derechos adquiridos y se regían por un régimen y ley definidos, implicará un incremento en la carga al salario del trabajador de un 87.5% en comparación con el régimen anterior, lo cual deviene en claramente violatorio de derechos de no retroactividad en perjuicio, y de no regresividad de las normas jurídicas. Actualmente, ya existe un incremento a tal carga, puesto que desde el mes de enero de 2023, ya se encuentra causando sus efectos la nueva retención del 9% sobre el sueldo bruto del trabajador, sin que media incremento con respecto a los ingresos del año pasado, lo que resulta un decremento salarias en términos reales. Conviene precisar que el incremento en años anteriores a los sueldos y salarios de los trabajadores del Estado, en específico a los trabajadores del poder judicial, rondan el 3% anual, por lo que, atendiendo a las tasas de inflación que imperan en nuestro país (y que son hechos notorios para esta autoridad), sumando el incremento en la carga de cuotas de seguridad social, los trabajadores a partir de este años recibiremos un decremento en nuestras percepciones en términos reales, lo cual constituye una forma de explotación del hombre por el hombre, al pretender que aporte más al sistema de seguridad social (que dicho sea de paso dará menos prestaciones) en perjuicio de los ingresos de los trabajadores, violentando así su derecho humano a una vida digna y decorosa. Igual de relevante es que, como se acreditará más adelante, incluso se obliga al trabajador a "pagar más por menos", dado que contemplan aún menos (y peores) prestaciones de seguridad social, por un monto de aportación SUPERIOR sin que exista oportunidad de no hacerlo dada la obligatoriedad de las cuotas establecidas en la propia Ley. Por su parte, el legislador pretende justificar su actuar cuando, en su exposición de motivos, expresa "Este incremento, es con el propósito de continuar cumpliendo con las obligaciones del organismo para con las personas servidoras públicas en activo y las personas pensionadas, por tanto resulta necesario considerar los ajustes correspondientes al pago de las cuotas que realizan los trabajadores y las aportaciones que entregan las entidades públicas para los respectivos fondos de pensiones y de servicio médico." Y sigue: "Asimismo, a través de esta medida se le otorga la fortaleza financiera que requiere el sistema de pensiones, para que sea un instrumento útil a largo plazo y de esta forma el ISSTEY cumpla con los fines sociales que la ley le encomienda"; para rematar con: "Con ello se estarían equiparando los niveles de aportación que se realizan en otras entidades del país, para sus institutos de jubilaciones y pensiones, así como las correspondientes en materia federal"; Sin embargo, se contradice al desaparecer, en la misma forma, "el fondo parcial permanente de un millón de pesos", que prevé el artículo 8 fracción I de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, con lo que se demuestra que no se busca un fortalecimiento del sistema de seguridad social del ISSTEY, sino captar recursos a fin de "llenar" los huecos dejados por malas administraciones, pretendiendo cubrir los gastos necesarios con una reforma con fines meramente recaudatorios. De igual forma, aporta justificantes falsos al expresar que se equiparan a los niveles de aportación, puesto que, por un lado, no especifica con qué Estados se compara y supuestamente "equipara" - Por ejemplo, en Campeche el descuento por seguridad social a los burócratas es del 10% (Artículo 30 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche) y en Quintana Roo del 8% (Artículo 15 de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Quintana Roo) y por el otro, omite realizar un análisis respecto del nivel de salarios, que por todos es sabido que, en Yucatán, son de los más bajos del país. Se aduce como hechos notorios que Yucatán es de los Estados en los que menores sueldos se pagan (véase como referencia el portal de internet: https://sipse.com/novedades-yucatan/noticias-de-hoy-yucatan-sueldos-profesionistas-egresados-menos-sueldos-salarios-bajos-381621.html). Con ello, de nueva cuenta, se robustece el argumento de que la esencia y sentido de esta reforma es sanear las finanzas del instituto derivado de malas administraciones, en perjuicio de los trabajadores, sin justificación de las medidas aplicadas, las cuales devienen desproporcionadas y parciales para TODOS los trabajadores en activo al momento de la entrada en vigor de la nueva ley. Pero todavía más, no conforme con el incremento en las cuotas que debemos aportar como trabajadores, el legislador propone y el ejecutivo sanciona que, a partir de la entrada en vigor de la ley, ningún trabajador podrá cotizar con un salario superior a la cantidad señalada en su artículo 3 fracción XIX ($43,876.35MN), lo cual contraviene directamente lo consagrado en el Artículo Primero de nuestra Carta Magna, al discriminar de forma directa y sin reparo a quienes en su momento ganen más que dicho sueldo; y si bien, la parte quejosa no entra en ese supuesto, no menos cierto resulta que el escalafón y carrera judicial permiten que cualquier trabajador pueda ser Juez u ocupar cualquier otro cargo con un sueldo superior al señalado, lo cual vendría inútil y causaría evidentemente u desaliento al progreso del trabajador, conculcando el libre desarrollo de su personalidad al no permitir que aspire a un puesto y sueldo mayor si las prestaciones no irán en incremento según lo ordenado por la nueva ley, además de que limitaría directa e innecesariamente todas las prestaciones dentro del ramo de retiro, por lo que dicha violación se hace valer desde este momento; máxime que en la Ley anterior, no se encontraba un límite a las aportaciones, menos con miras a limitar las prestaciones a las que un trabajador tiene derecho. No es obstáculo para el reclamo de la quejosa, el incremento al salario mínimo general, en términos de la proporción de dicho incremento con la de la carga tributaria (social) que ahora se impone, principalmente, como ya se ha dicho y se acredita, porque los trabajadores del poder judicial, y en particular la quejosa, no ha tenido un incremento en los sueldos desde este año, ni mucho menos han tenido incrementos similares en años anteriores, puesto que para 2022, el incremento salarial fue apenas del 2%. (transcribe jurisprudencia) En resumen, la "nueva" Ley (Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán), es violatoria de las garantías de no retroactividad de las leyes en perjuicio de personas, de seguridad jurídica y de los derechos sociales de los quejoso, por lo que deberá declararse su no aplicabilidad o, al menos, la de los artículos en cita, en términos de lo expresado en el presente concepto de violación, mediante el Amparo y la Protección de la Justicia Federal. Además se advierte que mediante sentencia de doce de enero de dos mil veintitrés, en relación al concepto de violación antes citado, el resolutor federal en el juicio de amparo 2025/2022, determinó lo siguiente: [...] (190) Incremento de cuotas y aportaciones. (191) La parte quejosa atribuye una violación al principio de progresividad, pues señala esencialmente una regresión por la modificación de cuotas y aportaciones que establecía la ley anterior. (192) Los numerales 20 a 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán17, establecen que toda persona servidora pública deberá cubrir al instituto una cuota obligatoria equivalente al 15% de su salario de cotización. La cual se aplicará de la siguiente forma: 13% para el fondo de pensiones y 2% para el fondo de servicio médico. Cuando la ley abrogada establecía un dos por ciento de su sueldo básico18, que comprende el sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación, para cubrir los seguros de enfermedades y de maternidad; y un seis por ciento para tener derecho a las demás prestaciones. (193) Por su parte, el artículo 21 de dicha legislación señala que las entidades públicas entregarán al Instituto, como aportaciones, el equivalente al 21.75% del salario de cotización de cada persona servidora pública que labore en ellas las que se aplicarán 15.75% para el fondo de pensiones y 6% para el fondo de servicio médico. (194) Ahora bien, ya se indicó que dichas modificaciones no violan el principio de irretroactividad de la ley, ya que no restringen ni menoscaban las prestaciones relativas al seguro de jubilación, de retiro en edad y tiempo de servicios, invalidez, muerte y cesantía en edad avanzada, que contemplaba la anterior ley abrogada, (195) Luego, en el caso, el incremento en las cuotas tampoco puede estimarse violatorio del principio de progresividad, ni implica una regresión, ya que por una parte, no se aprecia que sea desproporcional si se toma en consideración que se hará paulatinamente y además tiene como finalidad garantizar la consecución de esos fines asociados a la seguridad social, como es el derecho a recibir pensión o jubilarse. (196) Cabe señalar que si bien la pensión y la jubilación son el resultado del esfuerzo en la vida laboral de los trabajadores, cierto es también que sólo se accede a estas mediante la cobertura de una serie de requisitos previstos en la ley correspondiente. Uno de los primordiales para su otorgamiento por parte del Estado es de naturaleza contributiva, que precisamente consiste en el pago por parte de los trabajadores y del propio Estado de las cuotas y aportaciones de seguridad social durante todo el tiempo en el cual prestaron sus servicios. (197) Entonces, sin ese pago de las cuotas y aportaciones no sería factible el pago de las pensiones presentes o futuras para cualquier persona servidora pública. (198) Luego, si ya se vio que el legislador tiene plena libertad configurativa para establecer los mecanismos y requisitos para la protección del derecho a la seguridad social, lo que implica la adopción de un sistema con diferentes planes, en cuyo diseño los Estados gozan de un margen de configuración, para lograr que todos tengan acceso a las prestaciones de seguridad social en un nivel suficiente, es claro que el aumento de cuotas y aportaciones, forma parte de esos mecanismos para garantizar el derecho a la seguridad social. (199) Ahora bien, en el caso de la ley reclamada, no se aprecia que el incremento de cuotas sea regresivo, pues además de tener como finalidad garantizar el sistema de pensiones presente y futuro, no se advierte que sea desproporcional si se toma en consideración que se hará paulatina o gradualmente de conformidad con la tabla que aparece en el artículo octavo transitorio, como se ve enseguida: (200) "Octavo. Cuotas de las personas servidoras públicas en transición Tratándose de las personas servidoras públicas en transición, las cuotas a que se refiere la fracción I del artículo 20 de esta ley, serán de un porcentaje de su salario de cotización establecido en el artículo séptimo transitorio de este decreto, de acuerdo con la siguiente tabla: Año Porcentaje 2022 6.00% 2023 7.00% 2024 8.00% 2025 9.00% 2026 10.00% 2027 11.00% 2028 12.00% 2029 en adelante 13.00% Las cuotas a que se refiere la fracción II del artículo 20 de esta ley, serán del 2.00% del salario de cotización del servidor público en transición. Las personas servidoras públicas en transición que perciban por jornada normal de trabajo únicamente el salario mínimo, quedan relevados del pago de las cuotas que se fijan en este artículo transitorio, las cuales serán cubiertas por la entidad pública en donde presten sus servicios. (201) Lo expuesto implica que los aumentos son graduales, cada uno equivalente al uno por ciento por cada año, que si se compara con el incremento que en un año tuvo el salario (mínimo general del país, a excepción de la zona fronteriza), por ejemplo, de dos mil veintiuno a dos mil veintidós, pasó de $141.70 a 172.87, el porcentaje de aumento fue del 22% -dato que es publicado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos19-, por lo que resulta que el incremento en la cuota es notoriamente menor al aumento del salario mínimo. (202) Así, si las cuotas y aportaciones derivan del salario de cotización y éste en términos del artículo 3, fracción XIX se integra con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación, pero el salario de cotización mensual en ningún caso podrá ser menor que el salario mínimo general, entonces, como el aumento de la cuota es gradual de uno por ciento cada año, el porcentaje de aumento es paulatino y al inicio es por 6%, el cual es menor a la cuota que previa la ley anterior y tiene un tope de 13%, se estima que no es desproporcional, incluso para un trabajador que obtenga el salario mínimo, pues ya se vio en el ejemplo que el porcentaje de incremento de salario mínimo es mayor al de cuota, por lo que puede advertirse que tratándose de incrementos que son de sólo un punto porcentual anual de manera paulatina y existe un tope, no son desproporcionales, dado que la relación que puede guardar ese aumento porcentual en comparación con el del salario, podrían ser inclusive menores y se prevé una gradualidad para aminorar su efecto y cumplir con los objetivos de la nueva ley. (203) Además, de conformidad con el artículo 107 de la ley reclamada20, las pensiones se incrementarán anualmente e independientemente de su monto, en la misma proporción en que se incremente el índice nacional del año calendario anterior. De lo anterior, es claro que si bien existe un aumento gradual en las cuotas y aportaciones, también se estableció un incremento de las pensiones, lo que evidencia o vislumbra que existe un objetivo de proporcionalidad entre una y otra situación, pues no sólo se impone una carga, sino también el derecho a la pensión incrementa. (204) En esa virtud, la modificación de cuotas y aportaciones con independencia de que su pago con la vigencia de la presente ley inicie en un porcentaje menor al que establecía la ley anterior, de cualquier forma está sujeto a ciertos aumentos graduales, que en todo momento tienden a garantizar la viabilidad del sistema de pensiones en términos financieros. (205) Por otra parte, no puede afirmarse que los incrementos en las cuotas así previstos vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores, pues las modalidades en la procuración de los distintos aspectos de la seguridad social prevista en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, de la Constitución Federal, no se encuentran en dicho precepto, sino que el Constituyente ha dejado al legislador la facultad de su regulación, por lo que válidamente puede cambiar el régimen de financiamiento de los seguros mientras éste resulte razonable, lo que así se demostró con el análisis de proporcionalidad efectuado. (206) Además, el régimen de pensiones y jubilaciones debe ser un sistema sólido que permita retribuir a los trabajadores la función desempeñada durante su vida en activo, pues justamente en la vejez, muerte o con motivo de una incapacidad permanente cuando el trabajador o dependientes económicos no se encuentran en la posibilidad de generar recursos propios que les permitan la continuidad de una vida digna y decorosa que les asegure su subsistencia o la de sus dependientes económicos. (207) Al respecto, en la exposición de motivos del Decreto reclamado se consideró que en la actualidad el ramo de seguridad social gasta más de lo que percibe por el concepto de cuotas y aportaciones, por tanto, se estimó necesario ir incrementando su cobertura y mejorar el servicio; por lo cual, se estableció el aumento gradual de las cuotas no sólo de los trabajadores, sino también las aportaciones provenientes tanto de las entidades públicas como de las personas servidoras públicas. Lo cual tiene como objetivo primordial dar cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer la seguridad social, como derecho humano y por ende, debe realizar los ajustes necesarios para lograr esa finalidad en favor de las personas. (208) Se enfatizó que, la iniciativa tiene como objetivo central garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras y que dicho objetivo sólo podrá cumplirse dentro del marco de un sano financiamiento, soportado por las aportaciones de las entidades públicas patronales y los afiliados, en la forma gradual y equitativa que se detalla en la iniciativa en comento, así como la modificación de otros parámetros que son necesarios para darle viabilidad financiera al sistema pensionario. (209) Además, se indicó que el incremento es con el propósito de continuar cumpliendo con las obligaciones del organismo para con las personas servidoras públicas en activo y las personas pensionadas, por tanto, resultaba necesario considerar los ajustes correspondientes al pago de las cuotas que realizan los trabajadores y a las aportaciones que entregan las entidades públicas para los respectivos fondos de pensiones y de servicio médico. (210) Asimismo, que a través de esta medida se le otorga la fortaleza financiera que requiere el sistema de pensiones, para que sea un instrumento útil a largo plazo y de esta forma el mencionado Instituto cumpla con los fines sociales que la ley le encomienda. Con ello se estarían equiparando los niveles de aportación que se realizan en otras entidades del país para sus institutos de jubilaciones y pensiones, así como las correspondientes en materia federal. (211) En ese tenor, no se actualiza una violación al principio de progresividad y no regresión reconocido por el artículo 1 constitucional, toda vez que, está plenamente justificado el aumento de cuotas y aportaciones, el cual se realizará de forma gradual, sin que por ello haya una afectación o disminución del servicio de seguridad social a los trabajadores, sino que por el contrario la exposición de motivos y las disposiciones de la ley analizadas en su conjunto, permiten advertir que con el aumento y modificación de cuotas y aportaciones lo que se pretende es garantizar esa prerrogativa de todas las personas trabajadoras del Estado de Yucatán. (212) Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 87/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo registro es 2015304, que señala: (213) "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. (...) Sentado lo anterior, es claro que las violaciones constitucionales reclamadas por la quejosa en el presente juicio de amparo, están siendo materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra en trámite precisamente con motivo de los recursos de revisión que en contra de la citada sentencia se interpusieron. Sentencia en la que como se puso de manifiesto, se determinó que resultaban infundados los argumentos de la quejosa en relación a la violación al principio de progresividad que le atribuyó a la legislación tildada de inconstitucional. Argumento que prácticamente de manera idéntica hizo valer en este asunto. Siendo importante destacar que en el primer juicio de amparo la quejosa reclamó la ley de manera autoaplicativa, y en el segundo juicio, lo hizo con motivo de un acto concreto de aplicación, como lo fue la retención adicional de sus ingresos, atribuida al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. Sin embargo, dicha circunstancia no cambia el hecho de que el estudio correspondiente se centrará únicamente sobre la misma norma, al no reclamarse vicios propios del acto de aplicación. En efecto, cabe señalar que el artículo 80 de la Ley de Amparo, prevé el alcance de los efectos restitutorios del agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado cuando se le ha otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo o en cuanto sea de índole negativa o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplir por su parte, lo que el mismo derecho exija. En tratándose de amparo contra leyes, el efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma consiste en la desincorporación de la norma de la esfera jurídica del gobernado, desaplicándola en el presente y en el futuro. En ese sentido, la sentencia que otorga el amparo contra una ley impugnada como autoaplicativa, al igual que la protección constitucional conferida contra una ley reclamada como heteroaplicativa, tiene como efecto el de impedir que esa ley sea aplicada válidamente al peticionario en lo futuro. Por tal motivo, una ejecutoria que otorga el amparo respecto de una ley que es impugnada con motivo de un acto concreto de aplicación no sólo tiene efecto respecto de ese acto concreto, sino también, como en las leyes autoaplicativas, para que esa ley no le sea aplicada válidamente en el futuro. Luego, el principio de relatividad de la sentencia de amparo significa que aquella que otorgue la protección constitucional contra una ley únicamente comprenderá al solicitante del amparo, pero que sus efectos serán los de amparar al quejoso contra la ley reclamada no sólo en relación al acto de aplicación con motivo del cual se impugnó, si fue reclamada como heteroaplicativa, sino, en general, para que la misma no deba volver a serle aplicada. De lo que se sigue que en un juicio de amparo contra una ley reclamada como autoaplicativa no es necesario que para satisfacer la pretensión consistente en la desaplicación de la ley a todos los casos en que pudiera tener aplicación, se reclame nuevamente en otro juicio de amparo, por más que en cada uno de ellos se aluda a un bien o derecho distinto que pudiera verse afectado por la norma tildada de inconstitucional, en la medida en que con la concesión del amparo en el primero de los juicios quedaría satisfecha cualquier pretensión de la parte quejosa, pues los efectos del amparo serían respecto de toda su esfera jurídica o de cualquier interés jurídico que pudiera ser afectado. Además, debe señalarse que permitir que una norma de observancia general pueda impugnarse en tantas ocasiones como bienes jurídicos del quejoso pudieran verse afectados, implicaría que en función de una misma persona se juzgara varias veces sobre el mismo acto reclamado, esto es, sobre la constitucionalidad de la misma norma, lo que contravendría la finalidad de la figura de la litispendencia, que es evitar el dictado de sentencias contradictorias y la posible afectación a la cosa juzgada, en la medida que podría suceder que en uno de los juicios se concediera el amparo y en el otro se negara, lo que redundaría en perjuicio del quejoso. Sobre tales premisas, los efectos de una sentencia que otorga el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado en el juicio de amparo son los de proteger al propio quejoso no sólo contra el acto de aplicación de la misma que también se haya reclamado, si ésta fue impugnada como heteroaplicativa, sino la declaración de amparo tiene también consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros; lo que significa que la misma ya no podrá válidamente serle aplicada al quejoso que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso. Por tal razón, el principio de relatividad de la sentencia de amparo no puede entenderse en el sentido de que la concesión de la protección de la Justicia de la Unión contra una ley sólo tiene efectos en relación con la causa de pedir o pretensión del quejoso en función del bien que se trata de proteger en la demanda de amparo, pues ello atentaría contra la naturaleza y la finalidad del amparo contra leyes. De ahí que la configuración de la causa de improcedencia por litispendencia invocada, se surte cuando en dos juicios de amparo una misma persona reclama la misma ley y señala como responsables a las mismas autoridades, aunque en las demandas se aluda a una distinta causa de pedir o se pretenda proteger un distinto interés jurídico. Por tanto, se concluye que se actualiza la improcedencia invocada, en virtud de que el acto reclamado en el presente juicio es materia de uno diverso en el que ya se dictó sentencia, la cual fue impugnada mediante recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, pendiente de resolver, promovido por la propia quejosa. Así, toda vez que en este amparo se señala también como autoridad responsable al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a quienes si bien les reclama el primer acto de aplicación del decreto 532/2022, lo cierto es que no fue reclamado por vicios propios; siendo que en el amparo 2025/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en esta entidad, que se encuentra en revisión, impugnó la totalidad del decreto antes mencionado. Se arriba a la conclusión de que de obtener resolución favorable y concederse la protección de la justicia federal, necesariamente abarcaría cualquier acto de aplicación de la ley impugnada, como lo es el que refiere e imputa a la autoridad ejecutora. Aunado a que no es jurídicamente válido que en un diverso juicio de amparo se examine la constitucionalidad de la misma ley, pues ésta sólo puede ser juzgada una ocasión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 291, del Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 164304, que dice: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYE QUE EN LAS DEMANDAS PROMOVIDAS POR EL QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LAS MISMAS NORMAS, SE PRETENDA PROTEGER UN INTERÉS JURÍDICO DISTINTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). Conforme al indicado precepto legal, la causa de litispendencia entre dos juicios de amparo, que genera la improcedencia de uno de ellos, se encuentra condicionada a que: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión; y, c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. En ese sentido, tratándose de juicios de garantías promovidos contra normas autoaplicativas, la causa de improcedencia referida se actualiza cuando se colman todos los requisitos enunciados, aunque las demandas relativas contengan distinta pretensión o causa de pedir, es decir, se promuevan con el ánimo de proteger un interés jurídico derivado de bienes o derechos diversos, pues además de que este último requisito no deriva del artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, en el amparo contra leyes autoaplicativas o, inclusive, heteroaplicativas, los efectos de la sentencia concesoria se traducen en desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la aplicación de la ley, por lo que la protección constitucional que, en su caso, se otorgue en el primer amparo, necesariamente abarcará cualquier acto de aplicación de la ley y respecto de cualquier bien jurídico tutelado. Lo anterior, en el entendido de que, conforme al artículo 51 del indicado ordenamiento, el sobreseimiento procede respecto del juicio promovido en segundo lugar, pero debe decretarse dentro del primero y fuera de la audiencia, una vez sustanciado el procedimiento previsto en dicho numeral." Asimismo, sirve de apoyo el criterio emitido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la foja 1777, del Tomo XVIII, Agosto de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 183501, que indica: "LITISPENDENCIA EN AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO CUANDO SE RECLAMA UN ACTO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN EN DIVERSO JUICIO, AUNQUE SE SEÑALEN DISTINTAS AUTORIDADES APLICADORAS. Existiendo un diverso juicio de amparo pendiente de resolverse en revisión, en el que se impugnó una ley como autoaplicativa, es decir, por su sola vigencia, sin acto concreto de aplicación, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías en que se reclama la misma ley en idénticos términos, al actualizarse la causa de improcedencia que prevé el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, aunque en uno y otro, además de las autoridades legislativas, se señalen distintas autoridades aplicadoras, pues respecto a la ley se está ante un caso de litispendencia, no siendo posible que en varios juicios de amparo se examine la misma ley, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una sola vez." La tesis aislada sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 344, del Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 207397, que menciona: "LITISPENDENCIA EN AMPARO, SOBRESEIMIENTO POR, CONTRA UNA LEY AUTOAPLICATIVA. PROCEDE DECRETARLO SI SE RECLAMA LA MISMA EN UN SEGUNDO JUICIO AUNQUE EN ESTE SE HAYA IMPUGNADO CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACION Y EN EL PRIMERO POR SU SOLA VIGENCIA. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolverse en el que se impugnó una ley autoaplicativa, por su sola vigencia, los mismos quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando la misma ley con motivo del primer acto de aplicación, debe considerarse que procede decretar el sobreseimiento en este segundo juicio por litispendencia respecto de la ley reclamada, con fundamento en los artículos 73, fracción III, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, pues los diversos términos que en la misma se establecen para impugnar una ley autoaplicativa, ya sea, entre otros, desde que entra en vigor en que ocasiona perjuicios jurídicos al quejoso, o con motivo de su primer acto de aplicación, no significa que se pueda impugnar la misma ley en varios juicios de amparo, ya que la constitucionalidad de una ley respecto de un quejoso sólo puede juzgarse una sola vez." Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que a la letra establece: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." Sin que en el caso se actualice el supuesto de excepción previsto en la parte final de la citada fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues la misma se refiere a juicios de amparo contra normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Siendo que como se señaló anteriormente, el primer juicio de amparo que promovió la quejosa, lo hizo contra normas generales con motivo de su entrada en vigor, es decir, el reclamó de la norma se realizó bajo el supuesto de que no existía un acto de aplicación, mientras que en el segundo amparo el reclamo se hizo con motivo del primer acto de aplicación. De ahí que dicho supuesto de excepción no se actualice, pues no se trata de juicios de amparo promovidos con motivo de actos de aplicación diversos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia sostenida por el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, del siguiente rubro y texto: "LITISPENDENCIA EN EL AMPARO CONTRA LEYES. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y NORMAS GENERALES PERO CON MOTIVO DE ACTOS DE AUTOAPLICACIÓN DISTINTOS, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ QUE CONOCIÓ DEL PRIMERO. Para los juicios con identidad de quejosos, autoridades y actos reclamados, la Ley de Amparo dispone en su artículo 49 un procedimiento por virtud del cual los asuntos en cuestión deben ser conocidos por un solo Juez de Distrito, quien deberá analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos debe sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo. En correspondencia, el artículo 61, fracción X, de la propia ley, establece la causal de improcedencia de los juicios de amparo por litispendencia, la cual se actualiza cuando sean promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por las mismas normas generales reclamadas, aunque los actos de aplicación sean distintos, siempre que no se impugnen por vicios propios. Ahora, si conforme a la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la autoliquidación de una contribución no tiene el carácter de acto de autoridad, de manera que no puede reclamarse por vicios propios, la litispendencia se configura en amparos contra leyes promovidos con motivo de actos de autoaplicación distintos, por lo que el Juez que conozca del primero, debe proceder conforme a la regla prevista en el artículo 49 referido." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia invocada, lo que legalmente procede es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su demanda de amparo. Tiene apoyo lo sustentado, en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FNDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por virtud de lo anterior, es innecesario analizar las restantes causas de improcedencia que plantean las responsables, ya que su análisis no variaría el sentido del fallo. Robustece lo determinado la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." SEXTA. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ÉRIKA ARELI PERERA GEORGE, en contra de los actos que reclamó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ÉRIKA ARELI PERERA GEORGE, en contra de los actos que reclamó del Congreso, Gobernador y del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, todos con residencia en esta ciudad; por los motivos precisados en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se aprecia que de conformidad con la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la quejosa Erika Areli Perera George promovió el juicio de amparo 2025/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, referente a los mismos actos reclamados y en contra de las mismas autoridades responsables en el presente juicio. En tal virtud, se acuerda: con fundamento en el artículo 75 de la ley de Amparo, solicítese atentamente a dicho órgano jurisdiccional a efecto de que, de no tener inconveniente legal alguno, informe a este Juzgado el estado que guarda el juicio de amparo de su índice antes citado, y remita copia certificada de la boleta de turno, de la demanda de amparo, así como de las constancias conducentes de las que se evidencie el estado general del referido juicio de su índice, esto es, si se ha dictado sentencia o si se encuentra algún recurso pendiente de resolver; lo anterior para los efectos legales conducentes. Por tal razón, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día, y se fijan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del tres de mayo de dos mil veintitrés, como nueva hora y fecha para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio de los informes justificados que se relacionan en los proveídos de tres y seis de marzo de dos mil veintitrés. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del once de abril de dos mil veintitrés, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.
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