Erik Manrique Pat Huh

Expediente 991/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
991/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
11/08/2022

Partes del expediente

  • Erik Manrique Pat Huh

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veinticinco de julio de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 991/2022-I-A, promovido por Erik Manrique Pat Huh; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el once de abril dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Erik Manrique Pat Huh, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama al Director de la Policía Municipal de Espita, Yucatán, con residencia en esa localidad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que quedó registrada con el número 991/2022-I-A; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. TERCERO. Prevención para ampliación de demanda. Por acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar como nueva autoridad responsable al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Tizimín, Yucatán; lo anterior, ya que del informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de la Policía Municipal de Espita, Yucatán, con sede en esa localidad, se advirtió su participación. QUINTO. Demanda por no ampliada. Mediante acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, se tuvo por no ampliada la demanda de amparo; ya que la parte quejosa no desahogó la prevención a que se hizo referencia en el antecedente cuarto, no obstante estar debidamente notificada y haber transcurrido el término que se le señaló para tal efecto; auto que causó estado el veintidós de julio siguiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar de las autoridades responsables: La orden de no permitirle ingresar a su domicilio ubicado en el predio sin número de la calle Cinco, entre las calles Veintiocho y Treinta del municipio de Espita, Yucatán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclamó del Director de la Policía Municipal de Espita, Yucatán, con sede en esa localidad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable: (...)" De la transcripción, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados se han consumado de modo irreparable. Ahora, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y". Así, la interpretación armónica de ambos preceptos lleva a concluir que, por actos consumados de modo irreparable, deben entenderse aquellos que han producido todos sus efectos de manera que no es posible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos humanos violados, lo que hace improcedente el juicio de amparo, dado que en caso de que se otorgue la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Tratándose de actos de carácter positivo, el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, en relación con el numeral 77 del propio cuerpo normativo, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de los derechos humanos violados. De esta manera, si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable en virtud de que se han producido todos sus efectos, no es posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, y el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente pues la sentencia amparadora que en su caso llegara a dictarse, carecería de efectos prácticos. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que en autos de la carpeta de investigación UNATD15-GH/000254/2022, el fiscal en jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Tizimín, Yucatán, mediante oficio de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, solicitó a la responsable su colaboración a fin de que elementos a su cargo, den cumplimiento a las órdenes de protección decretadas a favor de Mary Candelaria Homa Pech y de sus hijas menores de edad, con domicilio en la calle Cinco, sin número, entre calles Veintiocho y Treinta de la colonia Francisco I. Madero, con el fin de evitar que el quejoso se acerque o asista al citado domicilio, por una temporalidad de sesenta días naturales, los cuales iniciaron el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós y finalizó el veinticinco de abril del presente año. Asimismo, mediante oficio de fecha veinticinco de abril de dos mil veintidós, el fiscal coordinador en ausencia del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Tizimín, Yucatán, solicitó de nueva cuenta a la autoridad responsable, su colaboración a fin de que elementos a su cargo, den cumplimiento a la orden de protección decretadas a favor de la citada Mary Candelaria Homa Pech y sus hijas menores de edad, con el fin de evitar que el quejoso se acerque o asista al domicilio antes citado; medidas que fueron otorgadas a la citada Homa Pech, por una temporalidad de treinta días naturales, los cuales iniciaron el día veinticinco de abril de dos mil veintidós y finalizaron el veintiséis de mayo siguiente. Dichas constancias, tienen la calidad de documentos públicos por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus funciones, investido con fe pública, por lo que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto literal dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". De igual forma, resulta ilustrativa, la tesis aislada sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 150, Tomo CXXXV, Tercera Parte, Materia Común, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES DE AUTORIDAD RESPONSABLE. Los oficios son documentos públicos que hacen prueba plena de su contenido, hasta en tanto no se demuestre su falsedad. No es correcto el argumento de que un oficio carece de valor pleno, por el solo hecho de que la autoridad que lo giró es parte en el juicio de amparo, pues esa circunstancia no lo priva de su carácter de documento público. La adopción del criterio contrario, conduciría al absurdo de considerar que todos los documentos públicos expedidos por las responsables y presentados por ellas en los juicios de amparo, carecen de validez por el sólo hecho de provenir de parte interesada, quedando tales autoridades en un completo estado de indefensión, pues es lógico que para justificar sus actos, se remitan fundamentalmente a las constancias que obren en los expedientes relativos, y en las cuales apoyan los actos reclamados, no obstante que las mismas hayan emanado de las propias autoridades responsables, lo que, por otra parte, es normal". Bajo esa circunstancia, si en el caso los efectos de las medidas provisionales ya se agotaron en su totalidad al cumplirse los plazos para los que se otorgaron; es indudable que los actos reclamados ya se consumaron de manera irreparable al no poderse restituir al quejoso en el goce de sus derechos por el tiempo ya transcurrido. De ahí que se actualice durante el procedimiento la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Erick Manrique Pat Huh, contra el acto que atribuyó al Director de la Policía Municipal de Espita, Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja que refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra el acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, mediante el cual, se tuvo por no ampliada la demanda que dio origen a este asunto. En tal virtud, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial y la cuenta que anteceden, de donde se desprende que Erik Manrique Pat Huh, no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de diez de junio de dos mil veintidós, para que ampliara su demanda de amparo. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de mérito, por tanto se tiene por no ampliada la demanda de amparo y al momento de resolver este juicio se hará únicamente por la autoridad responsable señalada en su escrito de demanda. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

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