Erika Fabiola Castillo Pacheco
Expediente 210/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 210/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Erika Fabiola Castillo Pacheco
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de diez de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del indicado numeral, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguense a estos autos los oficios signados por el Director General de Apoyo Jurídico y Control Ministerial en Delincuencia Organizada en representación del Fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada, remitido vía telegráfica, y el oficio signado por el Director General de Control de Juicios de Amparo, en representación del Fiscal General de Republica, ambos con sede en la Ciudad de México; que remiten en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, en el sentido de que proporcionen la denominación actual y correcta de la autoridad encargada de la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, atendiendo a la información proporcionada en la misiva ahí agregada, se tuvo por cumplido el requerimiento en cita y se acordó lo conducente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de cuenta, se tiene a ******************** solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial, y Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, ambos del Estado, con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, los hace consistir en lo siguiente: El embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, según oficio número ******************** de cuatro de noviembre del citado año. Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 210/2023-VII-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En el presente asunto procede desechar de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que les sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, vista la demanda de amparo con sus anexos, su análisis permite advertir una causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Los citados preceptos legales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 107. El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Para explicar por qué se estima actualizada la causal de improcedencia invocada, es necesario identificar el acto reclamado en función de la naturaleza de la autoridad que lo emite, así como el momento procesal en que lo hace. Así, siguiendo los lineamientos del texto del artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, el primer requisito que se requiere verificar para dilucidar sobre la procedencia del juicio, es el carácter de tribunal, sea judicial, administrativo o del trabajo, que le reviste a la autoridad a la que atribuye la emisión del acto reclamado. Lo que esto último sucede en el caso porque la autoridad a la que se reclama el embargo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente ********************, es a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, la cual tiene dicha naturaleza. La segunda condición que es necesaria advertir, deriva del momento procesal en el que se suscitó el acto reclamado, es decir, si se trata de actos ocurridos fuera de juicio o después de concluido. Para delimitar cuándo nos ubicamos en esos supuestos, es oportuno mencionar que para efectos del amparo, según lo estimado en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el "juicio" inicia con la presentación de la demanda y puede sostenerse que concluye, de modo normal con la sentencia definitiva que resuelve el objeto sustancial del proceso, o bien, con una resolución definitiva que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Esto implica que las resoluciones posteriores a estas deben catalogarse como actos después de concluido el juicio, mientras que para ubicar un acto fuera de juicio, basta con advertir la intervención del tribunal en aquellos asuntos sobre los cuales no desarrolla su jurisdicción contenciosa, como los medios preparatorios a juicio, los procedimientos de apeo y deslinde o en el emplazamiento con fines de huelga, en fin, aquellos procedimientos en los que sin tener las características de un auténtico juicio, por disposición de la ley se requiere la intervención de un tribunal. De ese modo, se advierte que el embargo trabado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, según oficio número ******************** de cuatro de noviembre del citado año, por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, residente en esta capital, está en la etapa de ejecución de sentencia. Continuando con el análisis de la causa de improcedencia invocada, podemos advertir tres hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos emitidos por un tribunal después de concluido el juicio. 1. La primera regla de procedencia a la que podríamos denominar genérica, se ubica en el primer párrafo del artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, que en principio su materialización sólo exigiría los supuestos antes invocados, esto es, que el acto reclamado haya sido emitido en una etapa especifica (después de concluido el juicio) y por una autoridad responsable con una calidad determinada (tribunal judicial, administrativo o del trabajo). Sin embargo, tales aspectos en realidad únicamente constituyen la base para verificar la procedencia o improcedencia del juicio en tratándose de actos suscitados en la mencionada etapa procesal, ya que ello debe ser congruente con las reglas generales del sistema de procedencia del juicio de amparo, particularmente con aquellas relativas a la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa a favor del gobernado. 2. Por otro lado, en el segundo párrafo del artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, encontramos una regla específica de procedencia del amparo indirecto, que establece que, cuando se trate de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, sólo procede contra la última resolución, entendiéndose por tal, aquéllas determinaciones que aprueben o reconozcan el cumplimiento total de lo sentenciado o declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Bajo esta fórmula se impide la reclamación autónoma e inmediata en contra de cada uno de los actos que integran la fase de ejecución a fin de que el amparo no constituya un obstáculo para la misma; y en cambio, se privilegia el principio de concentración para que en una misma demanda se puedan estudiar todas las violaciones que llegaren a suscitarse conjuntamente con el acto principal que determina la procedencia del amparo indirecto, siempre y cuando tal violación trascienda a su resultado por haber dejado sin defensa a la parte quejosa; lo que permite colegir que en la demanda de amparo se puede plantear el estudio de esas violaciones en vía argumentativa y no como actos destacados. Cobra aplicación en la especie por analogía la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, visible a página 6, registro 163152, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. ..." Así como la jurisprudencia número P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concerniente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, a página 31, registro 190035, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- ..". 3. Por otro lado, la última hipótesis de procedencia concreta del juicio de amparo establecida en el precepto legal en comento, se encuentra en el último párrafo del ordinal en cita, que establece que, tratándose de procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso también se harán valer la violaciones cometidas en ese procedimiento. Como se dijo con antelación, frente a los supuestos específicos de procedencia previstos en los párrafos segundo y último del artículo 107 fracción IV, de la Ley de Amparo, se ubican otros actos que pueden emitirse después de que el juicio ha concluido, que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como aquellos que tienen una autonomía destacada, es decir, se desvinculan de los que natural u ordinariamente tienen como propósito la ejecución de una sentencia definitiva. Ese supuesto corresponde cuando los actos reclamados son dictados en un incidente de autonomía destacada, en cuyo caso el juicio de amparo procederá contra la resolución definitiva de tal incidente, en la inteligencia de que en contra de la misma podrán hacerse valer todas las violaciones que se hubieren suscitado dentro del trámite de aquella incidencia, siempre que esas violaciones procesales hubiesen dejado indefensa a la parte quejosa. Hasta este punto, entonces es factible concluir que, cuando los actos reclamados se encuentran inmersos dentro de procesos o procedimientos jurisdiccionales, después de concluidos éstos, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución que se dicte dentro de los procedimientos de ejecución de sentencia, de remate, y como caso de excepción, se admite la procedencia del amparo en tratándose de actos suscitados dentro de un incidente de autonomía destacada. Luego, para estar en aptitud de ubicar el momento en el que procesalmente se encuentra el acto reclamado, conviene tener presente los antecedentes directos que provocaron su emisión. La parte quejosa relató en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que el juicio ejecutivo mercantil ******************** promovido en su contra, está en etapa de ejecución. Conclusión a la que se arriba atendiendo a que la impetrante aseveró que ya se dictó sentencia, pues textualmente plasmó: ".EL DÍA DE AYER EN QUE ME ENVIARON LA SENTENCIA.". Asimismo, se atiende a que la referida resolución causó ejecutoria por ministerio de ley de conformidad con lo establecido en el artículo 1339 del Código de Comercio aplicable, pues de acuerdo a uno de los anexos exhibidos por la quejosa (demanda de origen) el monto de lo reclamado era de $190,000.00 (ciento noventa mil pesos, 00/100 moneda nacional), por concepto de suerte principal. En ese sentido, es claro que los vicios y violaciones que la quejosa atribuye al embargo trabado en el juicio natural, no adquiere autonomía propia, y por ello, al encontrarse el controvertido dentro de esa fase de ejecución, comparte la naturaleza jurídica de los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen -interpretando a contrario sensu dicho criterio- pues la finalidad del embargo es precisamente la ejecución de la sentencia. Por tanto, claro es que al no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, porque lejos de determinar que ese fallo está cumplido o que existe imposibilidad para lograrlo, tiende a retrasar o entorpecer ese cumplimiento; por ende, sólo puede ser impugnado al mismo tiempo que lo sea la última resolución que se llegue a dictar en el procedimiento de ejecución correspondiente. Consecuentemente, conforme a la regla general contenida en el artículo 107 de la Ley de Amparo, la parte quejosa podrá promover el juicio de amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución del juicio, en el cual estará en posibilidad de impugnar todas aquéllas determinaciones dictadas dentro de la fase de ejecución. Apoya la anterior consideración, la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, localizable en la página mil seiscientos cuarenta y siete, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 2004223, de rubro y texto: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. ... Lo anterior, sin que se esté en el supuesto de excepción a que se refiere la jurisprudencia P./J. 108/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", ..". Así como por analogía. la tesis II.2o.C.389 C del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, página 1721, registro 185268, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. ..." Finalmente, es conveniente mencionar que entre los fines que persigue lo dispuesto por el artículo 107 fracción IV, al establecer que el amparo debe promoverse contra la última resolución dictada dentro de un procedimiento, se encuentra el impedir que el juicio de amparo, cuyo objeto es la salvaguarda de los derechos humanos, sea utilizado contra todo tipo de actos, aun cuando resulten irrelevantes al fallo correspondiente. Por tanto, respecto de los actos después de concluido el juicio, previstos en la fracción IV, párrafo primero, que como en la especie comparten la naturaleza jurídica de aquellos que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por ser su finalidad impedir la misma, tampoco puede considerarse procedente el juicio de amparo indirecto, sino sólo en los casos en que se trate de actos de imposible reparación, pues lo contrario implicaría el uso ilimitado del juicio constitucional. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala del más tribunal del país, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, junio de dos mil tres, página 11 y registro 184221, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ..". Así como la tesis 2a. VIII/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época tomo VII, febrero de 1998, página 230 y registro 196894, con el título y contenido siguientes: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. ... ". En estas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, procede desechar de plano la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la Materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. ..." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda; y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************. Mientras que los demás en forma limitada, hasta que se acredite que están debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho, debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES ... TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que solo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y cúmplase.
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