Erika Guadalupe España Encalada
Expediente 1278/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1278/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Erika Guadalupe España Encalada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio, firmada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que por una parte sobreseyó y por otra negó el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo los cuadernos del incidente de suspensión, agregando a los mismos, copia autorizada del presente proveído. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativa al oficio por medio del cual se notificó la resolución de que se trata a la autoridad responsable foránea Secretaría de Educación Pública Federal, con sede en la Ciudad de México, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, en relación a la autoridad responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia en la que se sobreseyó por una parte y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, y que por tanto, no afecta el interés que pudiera tener la autoridad responsable en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1278-2021-II-B, promovido por + + +, contra los actos que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, ... SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, motivo por el cual se le negará el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. En sus conceptos de violación la quejosa alega que se transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en virtud de que la diligencia practicada por el actuario responsable, resulta ilegal, ya que no cumple con los requisitos de ley, lo que ocasionó que se llevara a cabo un juicio a sus espaldas, pues no tuvo oportunidad de defenderse. En primer término, es importante señalar que de las constancias certificadas remitidas por la Juez responsable (anexo I), que merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprenden los siguientes antecedentes: 1. Que en fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, admitió a trámite el juicio ejecutivo mercantil que promovió + + + por conducto de su endosatario en procuración, en contra de la aquí quejosa + +, de quien reclamó el pago y cumplimiento de diversas prestaciones, el cual quedó registrado con el número de expediente 278/2016, y se ordenó, entre otras cuestiones, el emplazamiento de la demandada antes señalado en el domicilio proporcionado para ello por la actora, (fojas 3 a 8). 2.- Por auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, se tuvo a la parte actora señalando un nuevo domicilio en donde podía ser emplazada la demandada, (foja 15). 3. Mediante diligencias actuariales de nueve y diez de junio de dos mil dieciséis, el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares señalado como responsable, hizo constar que se constituyó en el predio marcado con el número ciento veintisiete, de la calle sesenta y nueve, por dieciocho y veinte, de la colonia Montes de Amé, en esta ciudad de Mérida, Yucatán, a fin de emplazar a la demandada Erika Guadalupe España Encalada, y verificó y/o realizó el emplazamiento de la señalada, tal y como se desprende de las constancias levantadas, (fojas 16 a 20). 4. Por auto de trece de julio de dos mil dieciséis, la Juez responsable, en atención a que la demandada Erika Guadalupe España Encalada no dio contestación a la demanda instaurada en su contra, se le tuvo por perdido su derecho para hacerlo; asimismo se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por la parte actora, (fojas 22 y 23). 5. Seguido el juicio en sus diversas etapas procesales, en fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, la Juez responsable dictó sentencia definitiva, en la que condenó a la demandada Erika Guadalupe España Encalada, al pago de diversas prestaciones, (fojas 33 a 44). 6. En etapa de ejecución de sentencia, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, a solicitud de la parte actora, la Juez responsable decretó el embargo sobre el sueldo de la demandada Erika Guadalupe España Encalada, por lo que ordenó girar oficio a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo del Gobierno de Yucatán, para su aseguramiento, (foja 97). Sentado lo anterior, debe precisarse que el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Es decir, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que contiene el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa, cuya esencia se traduce en un derecho humano que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del párrafo primero del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que las rige. Apoya a lo anterior, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto." Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. Lo anterior se sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, cuyo rubro y texto dicen: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Lo reseñado, pone de relieve que en el particular, el notificador responsable observó lo dispuesto en el numeral y criterios jurisprudenciales transcritos, tal y como enseguida se demuestra. Así las cosas, en principio es necesario hacer alusión a lo establecido por los artículos 1392, 1393 y 1394 del Código de Comercio aplicable al momento que inició el juicio natural y que rigen la materia del acto reclamado, los cuales señalan las reglas para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado en el juicio ejecutivo mercantil. Refiriendo que, una vez presentada la demanda, se dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que sea requerido de pago el deudor, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda principal y accesorios. Asimismo, se señala que al momento de realizar la diligencia en comento, de no encontrarse al deudor a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, previo cercioramiento de ser el domicilio de aquél, debe dejarse citatorio, fijándose hora hábil dentro de un lapso de las seis y setenta y dos horas posteriores y de no esperar, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas que para el embargo señala el Código Federal de Procedimientos Civiles. Finalmente, el último artículo en mención, cita que la diligencia de embargo se iniciaría con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona con la que se entendiera la diligencia, y que de no hacerse el pago, debe requerirse al demandado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, y de no hacerlo, el derecho para señalarlos pasará al actor. Acto seguido se emplazará al demandado, entregándole cédula en la que se contendrá la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de la demanda, de los documentos base de la acción y demás anexos. Siendo lo anterior, las únicas formalidades establecidas por el Código de Comercio vigente en el tiempo en que se inició el procedimiento mercantil de origen. Establecido lo anterior, debe decirse que el actuario responsable sí cumplió con los requisitos establecidos en los artículos antes transcritos, ya que se cercioró que efectivamente en el lugar donde se constituyó, tenía su domicilio la demandada, aquí quejosa, y para poner de manifiesto tal afirmación, se transcribe lo asentado en las diligencias de nueve y diez de junio de dos mil dieciséis, mismas que son del tenor siguiente: "En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día nueve de junio del año dos mil dieciséis, Yo, el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciado en Derecho Carlos Ricardo Medina Chablé, me constituyo en unión de la parte actora, Luis Jorge Medina Villamil, en su carácter reconocido en autos de endosatario en procuración de Beatriz Eugenia Medina Lara, al predio marcado con el número ciento veintisiete, de la calle sesenta y nueve, por dieciocho y veinte, de la Colonia Montes de Amé, de esta ciudad, domicilio señalado en autos por la parte actora para notificar a la demandada Erika Guadalupe España Encalada, y debidamente cerciorado de que se trata de la dirección buscada por la nomenclatura oficial de las calles visibles en las placas metálicas instaladas en las esquinas de la cuadra que me indican la colonia y calle mencionados, por el número exterior del predio visible en el muro del mismo, por informes de los vecinos del rumbo y porque así me lo afirma y asegura una persona del género masculino que se encuentra presente en su interior, que bajo protesta de decir verdad me asegura llamarse José Duarte España y ser hijo de la demandada y habitar en el predio señalado con antelación, el cual me corrobora que efectivamente este es el predio que busco y que en el aludido predio vive, habita y tiene su domicilio la demandada, pero que en este momento no se encuentra presente, toda vez que se fue a trabajar y regresa más tarde; en tal contexto, procedo a dejarle citatorio para que me espere en este mismo predio el día diez de junio del año en curso, a las doce horas con cincuenta minutos, citatorio que entrego a mi informante, a quien le hago saber la obligación legal que tiene de hacérselo llegar oportunamente a su destinatario. Con lo que doy por concluida la diligencia y levanto la presente acta para constancia que previa su lectura firma el suscrito y no así la parte actora y mi informante José Duarte España por no querer hacerlo. Anexo copia del citatorio. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día diez de junio del año dos mil dieciséis, Yo, el Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Licenciado en Derecho Carlos Ricardo Medina Chablé, me constituyo nuevamente en unión de la parte actora, Luis Jorge Medina Villamil, en su carácter reconocido en autos de endosatario en procuración de Beatriz Eugenia Medina Lara, al predio marcado con el número ciento veintisiete de la calle sesenta y nueve, por dieciocho y veinte, de la Colonia Montes de Amé, de esta ciudad, domicilio señalado en autos por la parte actora para notificar a la demandada Erika Guadalupe España Encalada, y debidamente cerciorado de que se trata de la dirección buscada por la nomenclatura oficial de las calles visibles en las placas metálicas instaladas en las esquinas de la cuadra que me indican la colonia y calle mencionados, por el número exterior del predio visible en el muro del mismo, por informes de los vecinos del rumbo, e igualmente me aseguro de que en el aludido predio vive, habita y tiene su domicilio la demandada, lo que confirmo por medio de una persona del género masculino que se encuentra en su interior, que bajo protesta de decir verdad expresa llamarse José Duarte España, y ser hijo de la demandada y también vivir y habitar en el inmueble señalado con antelación, a quien solicito se identifique con documento oficial, y me manifiesta que no cuenta con documento alguno con el cual pueda hacerlo en este momento, pero cuya media-filiación corresponde a la de un hombre de tez morena clara, de aproximadamente veintisiete años de edad, ojos color café oscuros, de complexión media, de cabello corto en color castaño oscuro y de aproximadamente un metro con sesenta centímetros de estatura; ante quien previamente me he identificado como actuario judicial con mi gafete oficial correspondiente, y quien me informa que la demandada no se encuentra presente en este momento, toda vez que se fue a trabajar y regresa más tarde, no obstante el citatorio que previamente se le dejó, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo mil trescientos noventa y tres del Código de Comercio en vigor, procedo a entender la diligencia con mi informante, leyéndole íntegramente el auto de exeqüendo de fecha quince de marzo y proveído de veintisiete de mayo, ambos del año dos mil dieciséis, poniéndole a la vista la copia certificada de los documentos base de la acción ejercitados (pagarés), le requiero para que en el acto pague en nombre de la parte demandada a la parte actora presente, la cantidad de quince mil pesos, sin centavos moneda nacional, en concepto de suerte principal, los intereses moratorios pactados y los gastos y costas del procedimiento, que obran en el referido auto de exeqüendo, o en su defecto señale bienes de la propiedad de la demandada para su embargo, que sean bastantes para cubrir las prestaciones reclamadas bajo el apercibimiento de que de no hacer tal señalamiento el derecho pasará a la parte demandada, a lo que la persona requerida manifiesta que no paga y que tampoco señala bienes porque no se encuentra autorizado para hacerlo. Seguidamente la parte actora, haciendo uso del derecho que la Ley le confiere, señala para embargar bajo su responsabilidad como de la propiedad de la demandada Erika Guadalupe España Encalada, los siguientes bienes muebles que tengo a la vista: a). Camioneta azul color azul con placas de circulación YZH-95-40; b). Camioneta ram 1500 color roja con placas de circulación YP-01-076, c). vehículo tsuru color arena con placas de circulación YZZ-66-36, todos de esta entidad. Luego entonces (sic), Yo el actuario en funciones de Ministro Ejecutor, declaro trabado formal y seguro embargo sobre dichos bienes y confirmo el nombramiento de depositaria que de los citados bienes hace la actora en la persona de la demandada, quien no estando presente le tengo por hecha la designación, para todos los efectos legales pertinentes, lo que informo a la persona requerida. De igual manera la parte actora manifiesta "que se reserva el derecho para señalar más bienes para embargar propiedad de la parte demandada, apenas tenga conocimiento de ellos." Acto continuo, le notifico a la parte demandada, por medio de cédula que entrego a la persona con quien entiendo la diligencia, que tiene el término de ocho días para ocurrir ante el Juzgado que conoce del presente juicio a hacer paga llana de lo reclamado o a oponerse a la ejecución, si para ello contare con excepciones y defensas que hacer valer, y le hago entrega a la propia persona requerida de un juego de copias de la demanda exhibida y de las copias simples de los documentos base exhibidos (pagarés) debidamente cotejadas, las cuales recibe de conformidad juntamente con una copia de la presente actuación y de la cédula de notificación a que antes se ha hecho referencia haciéndole saber la obligación legal que contrae de hacer llegar dicha documentación en forma oportuna a la parte demandada. Con lo que doy por concluida la diligencia de la cual se levanta la presente acta para constancia que previa su lectura firma el suscrito y no así la parte actora y mi informante José Duarte España, por lo querer hacerlo. Anexo copia de la cédula de referencia. Doy fe. De dichas constancias se desprende que el funcionario señalado como responsable, cumplió con los requisitos establecidos en los numerales antes transcritos, pues asentó en su razón que a las doce horas con cincuenta minutos del día diez de junio de dos mil dieciséis, se constituyó en el domicilio número ciento veintisiete, de la calle sesenta y nueve, por dieciocho y veinte, de la colonia Montes de Amé, de esta ciudad, donde se cercioró previamente de encontrarse en el domicilio correcto, y que en ese lugar podía encontrar a la demandada Erika Guadalupe España Encalada, por la nomenclatura oficial de las calles visibles en las placas metálicas instaladas en las esquinas de la cuadra que le indicaron la colonia y calle, así como la numeración exterior del inmueble y por el dicho de una persona que se encontraba en su interior, que dijo responder al nombre de José Duarte España, quien le dijo ser hijo de la demandada y que ésta no se encontraba en ese momento, ya que estaba trabajando, pero que en dicho lugar vivía, habitaba y tenía su domicilio. Por tal motivo dejó en poder de quien lo atendió, un citatorio para el día siguiente a la misma hora. También se advierte que el día siguiente, esto es, diez de junio de dos mil dieciséis, de nueva cuenta se constituyó en el predio identificado con el número ciento veintisiete, de la calle sesenta y nueve, por dieciocho y veinte, de la colonia Montes de Amé, de esta ciudad, y previamente cerciorado de que en el mismo tenía su domicilio la demandada Erika Guadalupe España Encalada, por la nomenclatura oficial de las calles visibles en las placas metálicas instaladas en las esquinas de la cuadra que le indicaron la colonia y calle, así como la numeración exterior del inmueble y por el dicho de una persona que se encontraba en su interior, la cual dijo llamarse José Duarte España, quien le dijo ser hijo de la demandada y que ésta no se encontraba en ese momento, ya que estaba trabajando, pero que en dicho lugar vivía, habitaba y tenía su domicilio. Y en virtud de que dicha persona no tuvo con qué identificarse, procedió a realizar la descripción de su media filiación. Posteriormente la requirió para que hiciera el pago de lo reclamado por la parte actora, o que en su defecto señalara bienes de la propiedad de la demandada para su embargo, suficientes para cubrir las citadas prestaciones, más las costas y gastos del procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo, el derecho pasaría a la parte actora. También se advierte que el funcionario judicial, asentó que la persona con quien entendió la diligencia manifestó que no pagaba y que tampoco señalaba bienes para su embargo ya que no estaba autorizado para hacerlo, por lo que la parte actora, en uso del derecho conferido, señaló tres vehículos para su embargo, el cual fue trabado por el funcionario responsable. Acto seguido el actuario hizo del conocimiento de la persona que lo atendió, que el demandado tenía ocho días, para constituirse ante el juzgado de origen para pagar lo reclamado o para oponerse a su ejecución y le entregó copias simples de la demanda y de los documentos anexos exhibidos (pagarés) debidamente cotejados, junto con la cédula de notificación con el proveídos de quince de marzo y veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictados por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, documentación la cual, asentó el funcionario judicial, recibió la persona que lo atendió, la cual no firmó de recibido. Luego, si como se dejó visto, el actuario judicial cumplió al pie de la letra lo expresado en el numeral 1394 del Código de Comercio aplicable, es inconcuso que, contrario a lo estimado por la quejosa, la actuación de aquella funcionaria fue legal. Pues la diligencia se llevó a cabo en el domicilio señalado por la parte actora en el juicio de origen, y al haberse cerciorado de que efectivamente en el mismo vivía, habitaba y tenía su domicilio la demandada, procedió a llevar a cabo la diligencia condigna con la persona que lo atendió dicha persona (hijo de la demandada). Para lo cual, en primer término, le notificó el auto de exequendo y el proveído de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, dictados por la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y le requirió del pago de las prestaciones reclamadas o que en su defecto señalara bienes propiedad de la demandada, la apercibió con que de no hacerlo, ese derecho pasaría a la actora, por lo que al no hacer pago y no señalar bienes de su propiedad para embargarlos, el actor tuvo tal derecho, el cual ejerció. Y acto seguido emplazó a la demandado por conducto de la persona que lo atendió, entregándole la cédula conteniendo insertos los autos dictados por la Juez responsable, corriéndole traslado con las copias de la demanda así como con copia de los documentos base de la acción. Sin que la ahora quejosa haya aportado probanza alguna que evidenciara que el funcionario judicial no se hubiera apersonado a ese domicilio, a lo cual se encontraba obligada, tomando en consideración que los actuarios están investidos de fe pública, aunado a que sus actuaciones se tratan de documentos públicos y por tanto, hacen prueba plena respecto de los hechos que en ellos se consignan, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en la época en que se llevó a cabo la diligencia combatida. Tiene aplicación al respecto la tesis visible en le página 202, del Tomo XI, Marzo de 1993, Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, correspondiente a la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de la literalidad siguiente: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". Así como la tesis I.6o.T.93 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página trescientos treinta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, que indica lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO, QUIEN CUESTIONA SU LEGALIDAD DEBE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Quien impugna la legalidad de un emplazamiento debe aportar los elementos de convicción que lo desvirtúen en forma fehaciente, por tratarse de actos emanados de autoridad judicial investida de fe pública, cuyas actuaciones tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario." En las relacionadas consideraciones, al haber quedado de manifiesto que los actos reclamados no resultan violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales, procede negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión impetrados. Negativa que se hace extensiva a los actos posteriores al emplazamiento, incluyendo el embargo de su sueldo, ya que del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio de la misma, no se advierte una real intención del quejoso de reclamar la sentencia definitiva de manera destacada, sino sólo como consecuencia del ilegal emplazamiento, por lo que en el caso no opera la figura de la jurisdicción escalonada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, en la página 1785, con número de registro 2003568, que señala lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ERIKA GUADALUPE ESPAÑA ENCALADA, en contra del acto atribuido a la Secretaría de Educación Pública Federal con sede en la Ciudad de México, en términos del considerando tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ERIKA GUADALUPE ESPAÑA ENCALADA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y Actuario de su adscripción, ambas con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Visto: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relaciona en el proveído de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, rendido por el Director de Procesos Jurisdiccionales, en suplencia por ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, quien representa a la Secretaría de Educación Pública, con sede en la Ciudad de México. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que está señalada para este día y se fijan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1278/2021-II-A, promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad; así como de la Secretaría de Educación Pública Federal, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado en el juicio principal el doce de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, únicamente respecto de las autoridades responsables con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, siendo que en dicha resolución se negó la medida cautelar, en razón de que aún al ser considerados los actos reclamados por la quejosa como consumados con efectos positivos, aquélla no demostró que se encontrara colmada la titularidad del derecho que defiende; incluso a la presente fecha. Finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia incidental por lo que concierne a la autoridad foránea Secretaría de Educación Pública Federal, con sede en la Ciudad de México, el día de hoy, en los términos que constan en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los que hizo consistir en: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, y como consecuencia de ello, el descuento que se le realiza al sueldo que percibe como auxiliar de intendencia por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal. SEGUNDO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado a la Secretaría de Educación Pública Federal, con sede en la Ciudad de México, toda vez que así lo manifestó el Director de Procesos Jurisdiccionales, en suplencia por ausencia del Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia, al rendir el informe previo correspondiente, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que, procede NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA de tal acto, por falta de materia sobre la cual pueda decretarse dicha medida suspensional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237 del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917,820 en Ius Intranet, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. SE NIEGA a ********************, la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Secretaría de Educación Pública Federal, con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta sentencia interlocutoria. Notifíquese y cúmplase.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Erika Alejandra Nuñez Sanchez2118/2022
- Erika Areli Perera George182/2023
- Erika de Jesús Mendez Corcuera1814/2021
- Erika del Carmen León Ortíz1460/2021
- Erika Fabiola Castillo Pacheco210/2023
- Erika Gisela Estrella Arjona2449/2022
- Erika Janeth Cab Ortíz2746/2022
- Erika Janeth Cab Ortíz1368/2022
- Erika Liliana Rodriguez Rosado2414/2021
- Erika Marilyn Díaz Monsreal938/2020
- Erika Marilyn Díaz Monsreal416/2020
- ERIKA MARILYN DÍAZ MONSREAL y Otros.436/2020