Erick Salaís Ortega
Expediente 211/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Salaís Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, así como el escrito del quejoso ******* dirigido a este Juzgado. En atención a la copia certificada que solicita, expídasele la misma, a la persona que autoriza para tal efecto. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Mientras que, respecto de la devolución de los documentos originales que refiere, dígasele que los mismos le fueron devueltos el veinticinco de agosto del año que transcurre, según se desprende del acuse de recibo que obra a foja 526. Lo último, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio del Código de Comercio. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Visto el escrito con que se da cuenta, agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda; en atención a su contenido, como lo solicita el quejoso, hágase la devolución de los documentos originales que refiere, a la persona que autoriza para tal efecto, previa copia certificada que de ellos quede en autos. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por los artículos 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *** Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de ocho de agosto de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de agosto de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintinueve de junio de dos mil diecisiete (foja 496), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, el asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, como ya fue precisado, en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por las partes; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV, del numeral vigesimoprimero del acuerdo general citado, notifíquese personalmente este proveído, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acudan a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, una vez que transcurra el plazo aludido en supra líneas, estos documentos serán enviados junto con el expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Ciudad Juárez, Chihuahua, a las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de junio de dos mil diecisiete, el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa con la Secretaria *******, que autoriza y da fe, procedió a desahogar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 211/2017-IV. Abierta la audiencia la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo (fojas 2 a 103), el escrito aclaratorio (fojas 111 a 121), el emplazamiento al Fiscal Federal adscrito (foja 125), el escrito de ampliación de demanda (fojas 289 a 309), el escrito de aclaración de ampliación de demanda (fojas 314 a 356), el informe justificado del Coordinador del Programa Académico de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (fojas 128 a 275), el informe justificado del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (fojas 368 a 455) , así como los escritos de alegatos y ofrecimiento de pruebas presentados por el quejoso, agregados a fojas 879, 289, 459 y 482. Asimismo, en este acto se da cuenta al Juez con un escrito presentado por el quejoso el día de hoy, a las nueve horas con treinta y dos minutos, mediante el cual nuevamente formula alegatos y ofrece pruebas documentales. A lo que el Juez acuerda: Visto el escrito de cuenta, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda. Se tiene al quejoso formulando alegatos y ofreciendo las pruebas documentales que exhibe, lo que se tomará en cuenta en las etapas correspondientes. Se ordena guardar en el seguro del Juzgado las documentales que el quejoso adjuntó a su escrito, pues se trata de documentos originales de importancia académica para él, esto a fin de preservarlos en buen estado. Acto continuo, de conformidad con el artículo 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se abre el periodo probatorio, donde las pruebas documentales que exhibió el quejoso y las autoridades responsables, se tienen por desahogadas ya que así lo permite su especial naturaleza. Debido a que no hay más pruebas que desahogar, se declara cerrado este periodo. Enseguida, de conformidad con el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se abre el periodo de alegatos donde se tienen por reproducidos los que formuló el quejoso y se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no realizó pedimento. Con lo anterior, se da por concluida esta audiencia y el Juez ordena emitir la sentencia correspondiente, cuando las labores del Juzgado lo permitan. EL JUEZ LIC. ******* LA SECRETARIA LIC. ******* S E N T E N C I A V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 211/2017-IV, promovido por *******, contra actos del Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el dos de marzo de dos mil diecisiete, turnado a este juzgado el mismo día, Erick Saláis Ortega, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, así como del Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que hizo consistir en lo siguiente: IV.- OMISIÓN, Y LEY DE LA QUE SE DERIVA, RECLAMADAS EN LA PRESENTE VÍA CONSTITUCIONAL: Del C. Coordinador del Programa de Médico cirujano, reclamo la inconstitucional omisión que ha venido ejerciendo en el sentido de no tenerme por satisfecho el requisito de la forma de titulación contenida en la fracción VI, del artículo 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al momento de integrar mi expediente relativo a los estudios de educación superior que me encuentro cursando, como consecuencia de la ambigüedad contenida en los artículos 4 y 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad (sic). (.) A través de la interposición del presente amparo, se pretende que la sentencia que se otorgue, tenga un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. La ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación a los quejosos, no solo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esta ley no le sea aplicada válidamente a los quejososo en el futuro. (.) Las autoridades del país, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución, si están obligados a dejar de aplicar las normas dando preferencia a las contenidas en la Constitución. SEGUNDO. Derechos que el quejoso estimó vulnerados. El quejoso consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 3, 5, 14, 16, 17 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; XIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". TERCERO. Aclaración de la demanda. Mediante auto de tres de marzo de dos mil diecisiete (foja 105), se mandó aclarar la demanda, para que el quejoso manifestara lo siguiente: Si el acto que reclama es únicamente la omisión del Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de considerar satisfecho el requisito previsto en el artículo 6, fracción VI, del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para su titulación, Si reclama, además de tal omisión, los artículos 4 y 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Cuando efectuó, concretamente la o las peticiones relativas a considerar por satisfecho tal requisito, y Si la omisión mencionada, ha consistido simplemente en no emitir una respuesta expresa a tal o tales peticiones, o bien, si existe una respuesta expresa y en este caso, cuándo se le notificó tal respuesta. CUARTO. Tramitación de la demanda. Respecto a la aclaración de la demanda que se requirió al quejoso, éste, mediante escrito recibido en este Juzgado el quince de marzo de dos mil diecisiete (foja 111), manifestó lo siguiente: (.) Manifiesto que no es únicamente la omisión la que reclamo, sino además, reclamo la ambigüedad contenida en los artículos 4 y 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, cuerpo normativo que regula el proceso de titulación en dicha Institución de Educación Superior, ambigüedad que le permite a la autoridad responsable ejercer la omisión que le reclamo. Además, debo mencionar que no es el único cuerpo normativo que intento combatir, pues de la lectura completa del escrito inicial de la demanda se desprende que la Propuesta de cambio de plan de estudios del Programa de Médico Cirujano 2011, que fue aprobado por el H. Consejo Universitario, la cual me encuentro cursando satisfactoriamente, se desprenden disposiciones, en términos del proceso de titulación, contradictorias lo cual solicito a su señoría sea tomando en consideración, pues aunque no se encuentre en el capítulo relativo al acto reclamado, este instrumento normativo también conculca los derechos del quejoso, lo cual se desprende del análisis integral de la demanda de amparo, puesto que solo de esa manera se logra congruencia entre lo pretendido por el quejoso y lo que debe ser resuelto por el Juzgador (.) Si reclama, además de tal omisión, los artículos 4 y 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Lo anterior, queda contestado y resuelto en el inciso a del presente escrito, por lo que manifiesto que sí los reclamo, así como el diverso cuerpo normativo que fue aprobado por el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. (.) Cuándo efectuó, concretamente, la o las peticiones relativas a considerar por satisfecho tal requisito. No existe un acto concreto y/o petición que haya realizado el quejoso a fin de solicitar que se le tenga por satisfecho tal requisito, pues no es una exigencia válida para el alumno tener que hacerlo así, sino que los requisitos se van cumpliendo conforme el alumno cursa su formación académica y son integrados a un expediente que otorga la plena certeza de que así ha sucedido. Pensarlo de otra forma resultaría ilógico, pues la autoridad responsable como entidad educativa, entre otras cosas, debe medir la capacidad e idoneidad del alumno a fin de establecer si cumple con los mínimos requisitos para ejercer una profesión, por lo que el alumno es sometido a evaluaciones que persiguen dicho fin y, en efecto, es la autoridad responsable la encargada de dictar la resolución, acuerdo y/o dictamen de suficiencia y/o idoneidad basada en dichas evaluaciones, sin que tenga el alumno que solicitárselo. Por lo tanto, resulta un acto inminente que la autoridad responsable al ejercer una facultad de poder que tiene sobre el gobernado, como lo es una evaluación y/o examen, debe dictar el Acuerdo, dictamen y/o resolución que resuelva el fin perseguido. Si la omisión mencionada, ha consistido simplemente en no emitir una respuesta expresa a tal o tales peticiones, o bien, si existe una respuesta expresa y en este caso, cuándo se le notificó tal respuesta. Lo anterior ha quedado contestado y resuelto con lo manifestado en el inciso c del presente escrito. Sin embargo, se contesta que no existe una respuesta expresa, puesto que no se ha realizado ninguna petición, empero lo anterior, en los términos apuntados en los párrafos previos, existe la realización futura del acto inminente en el que la autoridad responsable dictara la resolución y/o acuerdo en relación con el cumplimiento de los requisitos de titulación, resolviendo que al quejoso le falta presentar un segundo examen que resuelva lo que el primero ya resolvió, es decir, su idoneidad para ejercer la profesión de Médico Cirujano. En consecuencia, en auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete (foja 122), se admitió a trámite la demanda, quedando registrada bajo el expediente 211/2017-IV; se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Ampliación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete (fojas 289 y 298), el quejoso amplió su demanda de amparo en los siguientes términos: Señalo como autoridad responsable al H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del acto reclamado consistente en la ambigüedad contenida en los artículos 4º y 6º del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al momento de su emisión, así mismo, la Propuesta de cambio de Plan de Estudios de Programa de Médico Cirujano 2011 la cual fue aprobada mediante Sesión Ordinaria celebrada el 22 de septiembre del 2011, en lo que respecta al capítulo de Titulación. Ambos actos de autoridad han sido expedidos como norma de aplicación general y permiten, como acto de aplicación, la omisión que le reclamo al C. Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues han creado un estado de excepción donde no es posible tenerle por satisfecho al quejoso la forma de titulación contenida en la fracción IV del artículo 6º del Reglamento General de Titulaciones, pues dichas disposiciones han fusionado dos instrumentos evaluadores del mismo valor, haciéndolos pasar como si de uno solo se tratase, lo que provoca una carga excesiva para el quejoso, pues cuando ya acreditado la forma de titulación por medio de EGEL, este debe acreditar otro instrumento evaluador, imponiéndole requisitos desproporcionados, resolviéndose dos veces sobre lo mismo. De igual manera, por cuestiones de economía procesal, como conceptos de violación solicito que se tengan los contenidos en el escrito inicial de la demanda como si a la letra se insertasen. Dicha autoridad responsable puede ser emplazada en ******* , ubicado en ******* , Ciudad Juárez, Chihuahua, México, código postal 32310. SEXTO. Aclaración de la ampliación de la demanda y tramitación de la misma. En auto de veinticinco de abril de dos mil diecisiete (foja 310), se mandó aclarar el escrito de ampliación de demanda del quejoso, a lo cual dio cumplimiento a través de escrito presentado en este Juzgado el veintisiete de abril de dos mil diecisiete (foja 314), precisando, entre otras cosas, que reclama de la citada autoridad responsable, lo siguiente: Del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, reclamo lo siguiente: La ambigüedad contenida en los artículos 4º y 6º del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al momento de su emisión, cuerpo normativo que regula el proceso de titulación en dicha Institución de Educación Superior. La propuesta de cambio del Plan de Estudios del Programa de Médico Cirujano 2011 la cual fue aprobada mediante Sesión Ordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2011, en lo que respecta al capítulo de Titulación, del cual se desprenden disposiciones, en términos del proceso de titulación, contradictorias y requisitos desproporcionados y ambiguos. Ambos actos de autoridad han sido expedidos como norma de aplicación general y permiten, como primer acto de aplicación, la omisión que le reclamo al C. Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues han creado un estado de excepción donde no es posible tenerle por satisfecho al quejoso la forma de titulación contenida en la fracción IV del artículo 6º del Reglamento General de Titulaciones, pues dichas disposiciones han fusionado dos instrumentos evaluadores del mismo valor, haciéndolos pasar como si de uno solo se tratase, lo que provoca una carga excesiva para el quejoso, pues cuando ya acreditado la forma de titulación por medio del Examen General de Egreso de la Licenciatura, este debe acreditar otro instrumento evaluador, el Examen Profesional en su parte práctica, imponiéndole requisitos desproporcionados, resolviéndose dos veces sobre lo mismo. Por lo que, en auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete (foja 357), se admitió a trámite la ampliación de demanda, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo efectos en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, de donde se desprende que el quejoso reclaman lo siguiente: Del Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: La omisión de determinar que cumplió con el requisito para titularse como médico cirujano, previsto en el artículo 6, fracción VI, del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La expedición de los artículos 4 y 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La expedición del Plan de Estudios del Programa de Médico Cirujano 2011, específicamente su capítulo denominado "Titulación". Del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: La expedición de los artículos 4 y 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La expedición del Plan de Estudios del Programa de Médico Cirujano 2011, específicamente su capítulo denominado "Titulación". Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, aplicable por identidad de razón, en términos del artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la inexistencia de los actos reclamados. El Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, negó el acto reclamado consistente en la omisión de determinar que cumplió con el requisito para titularse como médico cirujano, previsto en el artículo 6, fracción VI, del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en atención a las siguientes consideraciones medulares: a que como el mismo quejoso lo manifiesta en su demanda de amparo, no ha realizado ninguna petición en el sentido de determinar que cumplió con el requisito previsto en el artículo 6, fracción VI, del citado Reglamento, a la cual dicha autoridad deba dar contestación, a que, en caso de que la hiciere, él no es la autoridad competente para emitir una resolución o dictamen de suficiencia o idoneidad para titularse como médico cirujano, y a que como también manifiesta el propio quejoso en su demanda de amparo, en el momento en que la promovió, se encontraba cumpliendo con el Programa de Internado Médico de Pregrado, y conforme al artículo 2º del Reglamento por el que se establecen las bases para la realización del internado de pregrado de la licenciatura en medicina, para acceder a la etapa de servicio social, examen profesional y obtención del título de médico cirujano, debe cumplirse con la etapa de pregrado, que es el ciclo académico teórico-práctico que se realiza como parte de los planes de estudio de la licenciatura en medicina, esto es, el inicio del trámite de titulación del quejoso depende de eventos futuros de realización incierta, tales como, que concluya y apruebe la etapa de pregrado y que concluya su servicio social. Al respecto, en su escrito aclaratorio, el quejoso manifestó lo siguiente (fojas 117 y 118): No existe un acto concreto y/o petición que haya realizado el quejoso a fin de solicitar que se le tenga por satisfecho tal requisito, pues no es una exigencia válida para el alumno tener que hacerlo así, sino que los requisitos se van cumpliendo conforme el alumno cursa su formación académica y son integrados a un expediente que otorga la plena certeza de que así ha sucedido. Pensarlo de otra forma resultaría ilógico, pues la autoridad responsable como entidad educativa, entre otras cosas, debe medir la capacidad e idoneidad del alumno a fin de establecer si cumple con los mínimos requisitos para ejercer una profesión, por lo que el alumno es sometido a evaluaciones que persiguen dicho fin y, en efecto, es la autoridad responsable la encargada de dictar la resolución, acuerdo y/o dictamen de suficiencia y/o idoneidad basada en dichas evaluaciones, sin que tenga el alumno que solicitárselo. Por lo tanto, resulta un acto inminente que la autoridad responsable al ejercer una facultad de poder que tiene sobre el gobernado, como lo es una evaluación y/o examen, debe dictar el Acuerdo, dictamen y/o resolución que resuelva el fin perseguido. Lo anterior, encuentra su respaldo en la misma normatividad universitaria, a saber del siguiente instrumento normativo: REGLAMENTO DE LAS AUTORIDADES DE LOS INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ ARTÍCULO 22. Son atribuciones del Coordinador de Programa: . Integrar los expedientes de los alumnos adscritos al programa que dirige, en términos de las disposiciones normativas correspondientes, III al XI. . ARTÍCULO 23. Son obligaciones de los Coordinadores de Programa: Supervisar el cumplimiento de los planes de estudio, programas y métodos de enseñanza en vigor, II. III. Mantener actualizada la información académica correspondiente a los alumnos del programa académico de que se trate. IV. Supervisar la aplicación de exámenes, V al IV. . Por lo tanto, resulta evidente que la autoridad debe dictar un acuerdo y/o resolución que se integre al expediente del alumno, el cual debe contener el sentido positivo o negativo respecto de la idoneidad y/o la acreditación de los requisitos para la titulación, lo cual en la especie no ha sucedido. De ahí que el quejoso se adolezca de la omisión de no tenerle por satisfecho el requisito de titulación establecido en la fracción VI del artículo 6 del Reglamento de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, puesto que en el expediente de mérito no obra agregada dicha resolución, toda vez que el alumno ha presentado y aprobado satisfactoriamente el Examen General de Egreso de la Licenciatura, lo cual se traduce como la omisión de emitir y/o dictar el acuerdo y/o resolución que resuelva tal asunto. Sin embargo, dicho acuerdo y/o resolución no se encuentra dictado y, aun así lo estuviera (sic), en términos de lo establecido en la irregular y contradictoria normatividad universitaria respecto de los requisitos para la titulación, la autoridad procedería a dictarlo en sentido negativo y/o perjudicial para el quejoso, alegando que al mismo le falta cumplir con la obligación de un segundo examen ante un sínodo que dictaminará sobre su idoneidad, lo cual ya fue resuelto por el Examen General de Egreso de la Licenciatura, resolviendo "dos veces sobre lo mismo", cuando el alumno puede válidamente solo acreditar uno. Así pues, se tiene como un acto futuro inminente que será realizado por la autoridad, por lo que en la especie resulta innecesario que el alumno formule una petición y, en virtud de esta, se le otorgue una contestación inminente en un sentido que no lo favorece, razonarlo de otra manera resulta ilógico, pues qué sentido tendría que el quejoso estuviese promoviendo el presente juicio de garantías, si él mismo tiene la certeza de que la autoridad responsable va a resolver en sentido favorable. Pues bien, la negativa de la autoridad responsable, se corrobora con las recién apuntadas manifestaciones del quejoso, las cuales, en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye una confesión en el sentido de que no ha realizado petición alguna a dicha autoridad, en el sentido de que determine que cumplió con el requisito previsto en el artículo 6, fracción VI, del citado Reglamento. Al respecto es menester indicar que conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas que se encuentren en territorio nacional, gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Asimismo, que a través del juicio de amparo, los Tribunales de la Federación resuelven toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto, conforme al artículo 103 Constitucional y 1º de la Ley de Amparo. Por lo tanto, si el quejoso pretende reclamar, a través del juicio de amparo, la omisión de la citada autoridad responsable, de emitir la determinación ya descrita, debe ajustarse a lo previsto en el artículo 8º Constitucional, que dispone lo siguiente: Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, que los funcionarios y empleados públicos, ciertamente, deberán respetar el ejercicio del derecho de petición, emitiendo una respuesta por escrito que deberán hacer saber al interesado en breve término, siempre que aquél formule tal petición por escrito y de manera pacífica y respetuosa. Esto es así, pues como ya se indicó, a través del juicio de amparo lo que se resuelven, son controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como el derecho de petición previsto en su artículo 8º. En ese contexto, se tiene que tal como lo manifestó la autoridad responsable y lo confiesa el propio quejoso, éste no le ha realizado petición alguna, por escrito y de forma pacífica y respetuosa, de manera que, la omisión de dar contestación a tal petición, pueda reclamarse a través del juicio de amparo; sino que, el quejoso interpreta la normatividad que cita, en el sentido de que la resolución de la autoridad responsable, espontáneamente debe determinar que cumplió con el requisito para titularse como médico cirujano, previsto en el artículo 6, fracción VI, del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo cual, no puede ventilarse a través de un juicio de amparo, a menos que, el quejoso reclamara, precisamente, las normas que dan sustento a su argumento, esto es, los artículos 22 y 23 del Reglamento de las Autoridades de los Institutos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, lo cual no ocurrió, pues los preceptos que reclamó en este asunto, son diversos, como se precisó en el considerando segundo. Aunado a lo anterior, tales normas 22 y 23 del Reglamento de las Autoridades de los Institutos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en su integridad, disponen lo siguiente: CAPÍTULO VIII DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS COORDINADORES DE PROGRAMA ARTÍCULO 22. Son atribuciones del Coordinador de Programa: Formular el Programa Operativo Anual correspondiente, Integrar los expedientes de los alumnos adscritos al programa que dirige, en términos de las disposiciones normativas correspondientes, Coordinar y vigilar la inscripción de los alumnos del programa correspondiente, Coadyuvar con la Dirección General de Servicios Académicos para la aplicación de la normatividad académica a los alumnos, Proponer al Honorable Consejo Técnico modificaciones al Plan de Estudios del Programa Académico correspondiente, Auxiliar al Director del Instituto en la vigilancia para que se cumplan los requisitos de Ingreso al programa correspondiente, Solicitar al Honorable Consejo Técnico correspondiente la designación de los sinodales para la celebración de los exámenes profesionales y de los profesores encargados de revisión de exámenes, esto último a petición de los alumnos interesados, Dar adecuada difusión a los integrantes del programa y acorde al calendario oficial de actividades la apertura y clausura de cursos, suspensión de labores, calendario de exámenes y demás información relevante para el desarrollo de las actividades, Visitar cuando lo juzgue conveniente las diversas cátedras, con objeto de vigilar que la enseñanza siga los planes aprobados, En el caso de faltas leves a la normatividad universitaria, sancionar directamente al responsable y Las demás que le otorgue la normatividad universitaria. CAPÍTULO IX DE LAS OBLIGACIONES DE LOS COORDINADORES DE PROGRAMA ARTÍCULO 23. Son obligaciones de los Coordinadores de Programa: Supervisar el cumplimiento de los planes de estudio, programas y métodos de enseñanza en vigor, Resolver, en el ámbito de su competencia, las quejas, sugerencias y solicitudes que le sean presentadas por los alumnos. En el caso de que el conocimiento o resolución sea competencia de alguna otra dependencia universitaria, deberá hacerlo inmediatamente del conocimiento de la misma, dando aviso al solicitante, Mantener actualizada la información académica correspondiente a los alumnos del programa académico que se trate, Supervisar la aplicación de exámenes, Dedicar a la Coordinación del Programa un mínimo de 3 horas hábiles diarias, independientemente del tiempo que tenga asignado a la docencia. De estas tres horas dedicará cuando menos dos, a una hora fija a permanecer en la oficina de su Dirección, durante las cuales estará disponible para audiencias relativas, a su cargo. En caso de tener actividades fuera del local escolar durante sus horas reglamentarias como Coordinador, mantendrá informado al personal a su cargo acerca de donde localizarlo, En caso de no ser académico de tiempo completo deberá de completar 40 horas en su jornada de trabajo, Informar al Director del Instituto cada mes sus actividades Impartir dos cátedras por semestre y Las demás que le otorgue la Normatividad Universitaria. De las mismas, no se desprende que el Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, espontáneamente deba emitir una resolución en el sentido de que el quejoso cumplió con el requisito para titularse como médico cirujano, previsto en el artículo 6, fracción VI, del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y agregar tal determinación a su expediente, pues si bien es cierto que dicha autoridad tiene la obligación, entre otras, de integrar los expedientes de los alumnos adscritos al programa que dirige, en términos de las disposiciones normativas correspondientes, en este caso, las relativas a la licenciatura en médico cirujano (artículo 22, fracción II); de supervisar el cumplimiento de los planes de estudio, programas y métodos de enseñanza en vigor; de mantener actualizada la información académica correspondiente a los alumnos del programa académico de que se trate; y, de supervisar la aplicación de exámenes; de ello no se sigue, de forma alguna, que tenga la obligación de emitir de forma espontánea la determinación que pretende el quejoso, pues las obligaciones descritas, a las que se refiere éste, cuando argumenta que la autoridad responsable debió emitir tal resolución y agregarla a su expediente académico, se satisface con la integración al mismo, de la constancia de aprobación del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Medicina General, lo que se demuestra con las documentales que dicha autoridad anexó a su informe justificado, de las que se desprende precisamente dicha constancia, la cual está agregada a foja 263. Por tanto, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio respecto de la omisión reclamada al Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El abogado general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en representación del Consejo Universitario, en su informe justificado (foja 368), manifestó que no es cierto el acto reclamado como: "propuesta de cambio de plan de estudios del programa de médico cirujano 2011 la cual fue aprobada mediante sesión ordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2011 en lo que respecta al capítulo de titulación .", pues no se trata de una propuesta, sino de un plan de estudios aprobado por el Consejo Universitario, en la fecha que señala el quejoso. Por otra parte, dicha autoridad, manifestó que no es cierto el acto reclamado consistente en "la ambigüedad contenida en los artículos 4º y 6º del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez", pues no existe tal ambigüedad. Se desvirtúan las negativas de la autoridad responsable, pues el quejoso sí mencionó que el plan de estudios del programa de médico cirujano 2011, está vigente, a partir de su aprobación, el veintidós de septiembre de dos mil once, por el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por lo tanto, lo que reclama es la expedición del mismo. Ahora bien, el quejoso ciertamente argumenta que los artículo 4 y 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, son ambiguos, medularmente porque le imponen cumplir dos veces con un mismo requisito para titularse como médico cirujano, pero ello implica el estudio de tales normas, de manera que, se trata de un concepto de violación, siendo el acto reclamado, la expedición de dichos preceptos, lo que ocurrió el uno de julio de mil novecientos setenta y siete, cuando el Consejo Universitario lo aprobó, ordenamiento que fue reformado el veinticinco de marzo de dos mil catorce. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, consistentes en la expedición de los artículos 4 y 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la expedición del Plan de Estudios del Programa de Médico Cirujano 2011, específicamente su capítulo denominado "Titulación". Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, sino que esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los ordenamientos relativos, por tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Improcedencia. La improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Pues bien, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, relacionada con el numeral 107 de la propia Ley, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. (.) En relación con la primera de las normas citadas, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: 5º. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Del segundo de tales numerales se advierte que la quejosa es parte en el juicio de amparo y que tal carácter lo tiene quien aduce, en principio, ser titular de un derecho subjetivo, es decir, contar con un interés jurídico; o bien, ser titular de un interés legítimo individual o colectivo. Lo anterior, siempre y cuando la norma, acto u omisión que reclame, vulnere los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de la materia (derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte) y con ello se produzca una afectación real, actual y directa a algún derecho subjetivo del que sea titular (interés jurídico), o bien, dicha afectación ocurra dentro de su esfera jurídica en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, del Tomo XXVIII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común y número de registro 170500, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Así como la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 50/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, Décima Época y número de registro 2007921, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple probabilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la laboral cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Así pues, para demostrar su interés jurídico, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público vulnerado por el acto de autoridad. En relación con lo anterior, conviene indicar que de la interpretación del artículo 107, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se deduce que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general que les ocasionen un perjuicio en su esfera jurídica: a) con motivo de su sola vigencia; o, b) con motivo su primer acto de aplicación. En la primera hipótesis, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obligue a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, de manera que, estará en aptitud de promover la acción constitucional, en un plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del ordenamiento legal, esto de conformidad con el artículo 17, fracción I, de la Ley de amparo. Es decir, que un ordenamiento legal es autoaplicativo, cuando lleve en sí mismo un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad (o de un particular en auxilio a la actividad de la autoridad) para que se origine la afectación al gobernado, pues adquiere, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorio, de manera que, los sujetos de dicho ordenamiento, están obligados a hacer o no hacer determinada actividad, desde la entrada en vigor del ordenamiento legal de que se trate. Lo anterior obedece al criterio de distinción basada en el concepto de individualización condicionada, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 55/97, publicada en la página 5, del Tomo VI, Julio de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional y Común, Novena Época y número de registro 198200, que dice: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Asimismo, al respecto, se cita la tesis 1ª. CCLXXXI/2014 (10ª), publicada en la página 148, del Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época y número de registro 2006963, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. El subrayado es nuestro. Indicado lo anterior, se tiene que en el caso, el quejoso reclamó los ordenamientos legales descritos, con motivo de su sola entrada en vigor, pues aunque él argumenta que el primer acto de aplicación de tales normas, constituye la omisión del Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de determinar espontáneamente, que cumplió con el requisito para titularse como médico cirujano, previsto en el artículo 6, fracción VI, del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como se precisó en el considerando tercero, dicha omisión es inexistente y en consecuencia no puede considerarse un acto de aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, que son del contenido siguiente: Artículos 4 y 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez: CAPÍTULO I DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 4. Los documentos probatorios de la titulación de quienes sean egresados (as) deberán estar suscritos por el (la) C. Rector (a) y el (la) Director (a) General de Servicios Académicos. Para los efectos de este Reglamento se entiende por egresado (a) al (a la) alumno (a) que haya cubierto los siguientes requisitos: La totalidad de los créditos del Programa Académico que haya cursado. La presentación del Examen General de Egreso en el área del conocimiento de que se trate, elaborado por organismos con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública y Autorizado por el H. Consejo Universitario. Este requisito no aplica para los Programas de Postrado. ARTÍCULO 6. La titulación extracurricular se obtiene cuando, además de cubrir la totalidad de los créditos del plan de estudios que corresponda, y satisfacer todos los requisitos académicos y administrativos que establece la normatividad universitaria, se cumpla con una o varias de las formas siguientes: Examen Trabajo de Investigación Estudios de Posgrado Por promedio Curso de sustitución de examen Examen General de Egreso (EGEL) La fracción III únicamente aplica para obtener el título de licenciatura. La fracción IV requiere un mínimo de 9.0 (NUEVE PUNTO CERO) como promedio general. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por promedio general aquel resultante de la sumatoria de las calificaciones de las asignaturas acreditadas, entre el número de las mismas. En el caso de la fracción VI, se deberá obtener el puntaje mínimo que autorice el H. Consejo Académico a propuesta del H. Consejo Técnico. La expedición del Plan de Estudios del Programa de Médico Cirujano 2011, específicamente su capítulo denominado "Titulación": 3.- Titulación A fin de que se expida el título profesional, apegados al Reglamento General de Titulación el estudiante deberá: 1.- Haber cubierto satisfactoriamente todos los requisitos de egreso y realizado los trámites correspondientes. 2.- Haber concluido satisfactoriamente el servicio social y presentar los documentos legales que acrediten su liberación. 3.- Demostrar con un documento emitido por el Centro de Lenguas, su manejo del idioma inglés hasta el nivel nueve. 4.- Cumplir con una las formas (sic) de titulación expresadas, en la normatividad. 4.1.- Titulación por examen Profesional. En sus dos fases. a) Examen General de Egreso de la Licenciatura con un puntaje mayor a 950. b) Dictamen aprobatorio en un examen ante sinodales. 4.2.- Titulación por promedio. 4.3.- Titulación por EGEL 4.4.- Trabajo de Investigación. 4.5.- Cumplir con los requisitos administrativos exigibles para este trámite. Pues bien, del artículo 4 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se desprende que para efectos de ese ordenamiento, por "egresado", se entiende al alumno que haya cubierto la totalidad de los créditos del Programa Académico que haya cursado y que haya presentado el Examen General de Egreso en el área del conocimiento de que se trate, elaborado por organismos con reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública y Autorizado por el H. Consejo Universitario. Este requisito no aplica para los Programas de Posgrado. Esto es, dicha norma se refiere a los requisitos que debe satisfacer un alumno de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para considerarse "egresado" del programa académico que haya cursado. En el caso, el quejoso se considera es "egresado" del programa de médico cirujano, pues de las documentales que anexó el Coordinador del Programa de Médico Cirujano del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se advierte, a foja 257, su cárdex, del cual se desprende que cursó la totalidad de las asignaturas relativas a dicho programa y que obtuvo un promedio general de 8.89; mientras que, a foja 263, se desprende la constancia que el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C., otorgó al quejoso, quien al haber presentado el Examen General de Egreso de la licenciatura en Medicina General, obtuvo un desempeño satisfactorio. Ahora bien, del artículo 6 del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se desprenden los requisitos que deben cubrirse para obtener la "titulación extracurricular", esto es, cuando además de haber culminado el programa de estudios correspondiente y satisfacer los requisitos académicos y administrativos que establece la normatividad universitaria, se cumpla con alguna de las formas de titulación ahí descritas. Es decir, que para acceder a la "titulación extracurricular", además de haber culminado el programa de estudios y haber presentado el mencionado Examen General, esto es, además de adquirir la calidad de "egresado", el alumno deberá cumplir con los requisitos académicos y administrativos que establezca las normatividad universitaria y llevar a cabo alguna de las formas de titulación ahí descritas. Esto se encuentra relacionado con el capítulo relativo a la "Titulación", del Plan de Estudios del Programa de Médico Cirujano 2011, que establece como requisitos para la "expedición del título profesional", el estudiante deberá adquirir la calidad de "egresado", haber concluido satisfactoriamente el servicio social, demostrar su manejo del idioma inglés en los términos ahí descritos y cumplir con alguna de las formas de "titulación", expresadas en la normatividad, como titulación por examen profesional, que consta de dos fases, la presentación del Examen General de Egreso de la Licenciatura con un puntaje mayor a 950 y el dictamen aprobatorio en un examen ante sinodales. De lo anterior se desprende que una es la calidad que adquiere un alumno de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de "egresado" (que comprende la culminación del programa académico y la presentación del Examen General de Egreso), otro concepto es la "titulación extracurricular" (que implica tener ya la calidad de "egresado", cumplir con los requisitos académicos y administrativos que establezca las normatividad universitaria y llevar a cabo alguna de las formas de titulación ahí descritas) y un último concepto es la "expedición del título profesional", lo cual se puede obtener cuando ya se realizó todo lo anterior, siendo una de las opciones de titulación, la presentación de examen profesional, que consta de dos fases, la presentación y aprobación con 950 puntos del Examen General de Egreso y el dictamen aprobatorio de un examen ante sinodales. Ahora, el quejoso argumenta, medularmente, que precisamente la forma en que se le exige que presente el examen profesional, conforme al artículo 6, fracción VI, del Reglamento General de Titulaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se contrapone al Plan de Estudios del Programa de Médico Cirujano 2011, específicamente su capítulo denominado "Titulación", puntos 4, 4.1, incisos a) y b), pues éste le impone la carga académica de presentarse ante un grupo de sinodales y obtener de los mismos, dictamen aprobatorio, esto es, el Plan de Estudios mencionado, le exige un requisito más para titularse como médico cirujano, respecto del artículo 6 del citado Reglamento, que prevé como posibilidad de titulación, la sola presentación del Examen General de Egreso. Sin embargo, el quejoso no tiene interés jurídico, en este momento y mucho contaba con interés jurídico al momento de la promoción de este juicio de amparo, el dos de marzo de dos mil diecisiete, pues conforme al artículo 2 del REGLAMENTO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS BASES PARA LA REALIZACIÓN DEL INTERNADO DE PREGRADO DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA, previamente a la realización del servicio social, a la presentación del examen profesional y a la obtención del título respectivo, el estudiante debe culminar el ciclo académico teórico-práctico que se realiza como parte de los planes de estudio de la licenciatura en medicina, conocido como "internado de pregrado". En efecto, dicha norma dispone lo siguiente: ARTÍCULO 2o. Se considera Internado de Pregrado, al ciclo académico teórico-práctico que se realiza como parte de los planes de estudio de la licenciatura en medicina como una etapa que debe cubrirse previamente al servicio social, al examen profesional y a la obtención del título respectivo. En este caso, el quejoso aún no culmina el ciclo de pregrado, pues conforme a la documental que se advierte a foja 265, inició su internado el uno de julio de dos mil dieciséis y la fecha de terminación del mismo, es el treinta de junio de dos mil diecisiete, por lo que resulta evidente que a la fecha de promoción de la demanda, esto es el dos de marzo de dos mil diecisiete, el quejoso estaba cursando el internado de pregrado, que a la fecha de emisión de esta sentencia, aún no concluye. Constancias, las descritas hasta este momento, a las que el que suscribe les otorga valor probatorio en términos del artículo 197 y 203, primer parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo; pero que además, el propio quejoso exhibió en originales adjuntas al escrito de pruebas y alegatos que se agregó en la audiencia constitucional y que en su calidad de documentos públicos, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del citado código procedimental. De manera que, sólo hasta que culmine la etapa de pregrado, realice su servicio social, y desde luego, cuente con la documentación administrativa relativa, el quejoso estará en aptitud de iniciar el trámite para su "titulación extracurricular", por cualquiera de los medios que la normatividad citada prevé, lo que implica, desde luego, que sólo en ese momento, el quejoso estará en aptitud de combatir, a través de este medio de defensa constitucional y convencional, dicha normatividad, la cual, en este momento, no le ocasiona perjuicio alguno, pues en este momento el quejoso tiene la calidad de estudiante interno de pregrado y, se insiste, no puede acceder al trámite de titulación, ni siquiera de prestación de servicio social, etapa también previa a la de titulación. Por lo tanto, el quejoso carece de interés jurídico para reclamar los preceptos descritos y en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, primer párrafo, de la propia Ley, siendo lo procedente, decretar el sobreseimiento respecto de dichos actos reclamados, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, en relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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