Erick Rodriguez Cervantes
Expediente 378/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Rodriguez Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el oficio ***************, y anexo que remite la Secretaria de Acuerdos adscrita al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en Ciudad Juárez, por medio del cual anexa el testimonio de la resolución dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en los Mochis, Sinaloa, en los autos del juicio de amparo en revisión penal *************** del índice del citado tribunal, asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo ***************, promovido por ***************; ejecutoria que de su parte resolutiva se advierte: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***************, contra el acto y autoridad responsable precisadas, por las consideraciones establecidas por el Juez de Distrito en la resolución materia de este recurso. Acúsese recibo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, y, en su oportunidad envíese el juicio al archivo definitivo. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de noviembre de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito signado por el licenciado ***************, defensor del quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 87 y 89 de la Ley de Amparo vigente, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, remítanse dentro del plazo de tres días al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios de la recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hechos valer. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia de que el Agente del Ministerio Público de la Federación, fue notificado de la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo; por tanto, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, gírese atento oficio al Delegado Estatal en Chihuahua de la Procuraduría General de la República, para que de no tener impedimento legal para ello, entregue copia certificada de la sentencia dictada en este asunto, así como del escrito de expresión de agravios que se recibe, a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez (Sección Penal), en su carácter de tercero interesada. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público a la que reviste el carácter de tercero interesada, entregándoles copia del escrito de los agravios formulados por el quejoso. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.
- Principal
Sentencia. Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de octubre de dos mil quince.Vistos los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 378/2015-II, promovido por ****, contra actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veinte de mayo de dos mil quince, y turnado a este juzgado al día hábil siguiente, **** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez que hizo consistir en: IV. Acto que se reclama y violación al procedimiento. Del Juez Quinto de Distrito al que he señalado como responsable le atribuyo tal carácter y a quien se le reclama el proveído de fecha (23) veintitrés de abril del (2015) dos mil quince, al resolver el recurso de revocación con motivo de la impugnación del auto de fecha (07) siete de abril del (2015) dos mil quince, con el cual se niega la solicitud de tener por compurgada la pena que le fue impuesta al quejoso****. Segundo. Derechos humanos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 14, 16, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Desechamiento de la demanda. Mediante proveído de veintidós de mayo de dos mil quince, se radicó la demanda de amparo con el número de juicio 378/2015-II y se desechó al estimarla extemporánea. Cuarto. Recurso de queja. No conforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja en su contra. El conocimiento del asunto correspondió al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en el expediente RQP 103/2015. En sesión de tres de septiembre del año en curso, el Tribunal de Alzada determinó revocar el acuerdo recurrido y ordenar a este Juzgado proveer nuevamente sobre la admisión de la demanda. Quinto. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de diecisiete de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; y, por último, se fijaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que el quejoso reclama: La resolución incidental de veintitrés de abril de dos mil quince, dictada por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en la causa penal 64/2010-III, que resolvió el incidente de revocación interpuesto por el sentenciado, en contra del acuerdo de siete del mismo abril, en el que se desechó su solicitud de tener por extinguida la pena de promisión que le fue impuesta. Para la fijación del acto se atiende a la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de la causa penal 64/2010-III, de la que se advierte que el veintitrés de abril de dos mil quince, dictó la resolución incidental reclamada; constancias que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y por lo tanto son aptas para demostrar fehacientemente la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia que deban ser analizadas, ni este juzgador advierte que se actualicen; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional de la resolución incidental reclamada. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Como cuestión previa, conviene relatar los antecedentes que dieron origen al presente juicio y que se deducen de las actuaciones y constancias que remitió la autoridad responsable, los cuales son los siguientes: I. El quejoso fue privado de su libertad el seis de marzo de dos mil diez; el ocho de marzo siguiente, se decretó el arraigo por cuarenta días, por parte del Juzgado Tercero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y competencia en toda la República, dentro del expediente 120/2010; posteriormente, el once de abril del propio año, el órgano judicial en comentó ordenó la ampliación de arraigo por cuarenta días en contra de **** y otros, el cual feneció el veintiséis de mayo del propio año.II. El sentenciado fue consignado ante el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua, quien se declaró incompetente por razón de territorio para conocer de la causa penal, declinando la competencia a favor del Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad. III. Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil diez, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua aceptó la competencia declinada y ordenó la integración de la causa penal 64/2010. Una vez que resolvió la orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público Federal y se dictó la misma el veinticuatro de ese mes y año; enseguida, se reanudó el procedimiento y se dictó auto de formal prisión contra ****, con lo que se inició el procedimiento penal en su contra. IV. En sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil doce, **** fue declarado penalmente responsable en la comisión de los delitos contra la salud en las modalidades de posesión de metanfetamina y cocaína con fines de comercio, previstos por los artículos 195, primer párrafo, del Código Penal Federal y 476 de la Ley General de Salud, y el diverso de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto por el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en la cual se le impuso una pena de ocho años de prisión y ciento cincuenta días multa, equivalente a $8,619.00 (ocho mil seiscientos diecinueve pesos moneda nacional). V. Inconforme con dicha determinación, el sentenciado interpuso recurso de apelación, del que por razón de turno conoció el Cuarto Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito, quien mediante resolución de quince de febrero de dos mil trece modificó la sentencia definitiva, al estimar que existía unidad delictiva respecto de los narcóticos asegurados, por lo que se acreditó el delito contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, primer párrafo, en relación con el 194, ambos del Código Penal Federal, sin variar el diverso antijurídico contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; dejando intocado lo relativo a la pena de prisión impuesta por este órgano judicial. VI. El sentenciado promovió demanda de amparo directo penal en contra de la sentencia de segunda instancia, la que se radicó en el Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, la que se radicó como juicio de amparo directo penal 560/2013 (relacionado con el diverso 474/2013), en la que se determinó conceder el amparo solicitado, para diversos efectos. VII. Para dar cumplimiento a la citada ejecutoria, el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el tribunal de apelación modificó la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil doce, dictada por el A quo y nuevamente declaró penalmente responsable a **** en la comisión de los ilícitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de cocaína y clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio en su variante de venta, previsto y sancionado en el artículo 195, primer párrafo, en relación con el numeral 194, ambos del Código Penal Federal; así como el diverso de portación de arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto en el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; dejando igualmente intocado lo relativo a la pena de prisión impuesta por el Juzgado responsable. En dicha sentencia, se estableció que la pena privativa de libertad impuesta a ****, por los delitos anteriormente apuntados, resultaba de ocho años de prisión y ciento cincuenta días multa, la cual le empezaría a contar desde el día seis de marzo de dos mil diez. VIII. Por tanto, el sentenciado referido, quedó a disposición del Titular de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal (ahora Secretaría de Gobernación), en México, Distrito Federal, de conformidad con el artículo 529 del Código Federal de Procedimientos Penales, para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta, la que debería de comenzar a contar desde el día seis de marzo de dos mil diez, fecha en la cual sucedieron los hechos por los cuales se le sentenció y desde la cual permaneció privado de su libertad. IX. Asimismo, mediante resolución de treinta de enero de dos mil quince, al estimar cumplidos los requisitos exigidos en el artículo 84, fracciones I, II y III, del Código Penal Federal; el Juez responsable declaró fundado el incidente no especificado para la concesión del beneficio de la libertad preparatoria, promovido por el sentenciado ****, previsto por el artículo 84 del Código Penal Federal, en la que le otorgó el beneficio de libertad preparatoria, durante el tiempo que restara para el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta. X. El diez de febrero de dos mil quince, el Juez responsable ordenó la inmediata libertad del ahora quejoso y, para tal efecto, libró la boleta de libertad respectiva. XI. Enseguida, mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil quince, el defensor particular del sentenciado solicitó que se tuviera extinguida la pena de prisión impuesta en dicho asunto. XII. Mediante acuerdo de siete de abril de esta anualidad, el Juez responsable desechó de plano esa solicitud, al tenor de las siguientes premisas: [.] en la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil doce, la pena de prisión impuesta al sentenciado ****, es decir, ocho años de prisión, se analizó de manera individual por cada uno de los delitos cometidos que integraron el concurso real, empero, la misma se contempló como un todo; por consiguiente, no es dable descontar el tiempo de la prisión preventiva por cada una de las figuras delictivas, sino que esto debe acontecer respecto de la suma total de la pena; ello es así, pues si contamos con que la expresión "las penas se compurgan de manera simultánea", se refiere únicamente al tiempo de duración de la prisión preventiva, no así a la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, tiempo el cual debe tomarse en cuenta para todas las causas seguidas al condenado, sobre todo porque con ello se atiende al objetivo de la pena, como medida efectiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe ser preventiva e inhibir las conductas antisociales, pues estimar lo contrario, es decir, que la compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas como sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reducirá considerablemente el tiempo de reclusión, tal y como lo asentó el Supremo Tribunal de Justicia en nuestro país, en la tesis antes reseñada. Luego, si bien del contenido del artículo 64 del Código Penal Federal, no se advierte la aplicación simultánea de las penas de prisión impuestas en el caso de concurso de delitos; sin embargo, se reitera que el sistema adoptado en dicho epígrafe para la imposición de penas en tratándose de concurso real de delitos lo es el de acumulación jurídica como se indicó; ahora bien, es equívoco cuando refiere que el legislador respecto del artículo 25 del citado cuerpo de leyes no hizo distinción alguna en el sentido de que tratándose de delitos conexos no fuera aplicable el hecho de las penas de prisión impuestas se deban compurgar de manera simultánea; pues como se adujo anteriormente, los lineamientos vinculados en dicho apartado se refieren exclusivamente a la compurgación sucesiva de la penas privativas de libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, y que la simultaneidad de las penas se trata únicamente de la prisión preventiva, pero dicho precepto no establece, como lo sostiene el promovente que las penas en tratándose de delitos conexos deban ser simultáneas, por consiguiente, si lo argüido por el defensor respecto al precepto referido no fue distinguido por el legislador, entonces, no tiene por qué distinguirse; además, debe recordarse que en materia penal resulta inaplicable la analogía y la mayoría de razón, prevaleciendo el principio de legalidad. XIII. Disconforme con esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revocación en su contra, en el que alego sustancialmente, lo que a continuación se indica: El artículo 64, segundo párrafo, del Código Penal federal, no contempla el fenómeno jurídico del sistema de acumulación jurídica. Las penas privativas de libertad impuestas en la sentencia dictada por el Juez de la causa el veintiocho de septiembre de dos mil doce, no fueron acumulativas, pues en dicha resolución se analizó individualmente cada uno de los delitos que integraron el concurso real, y por tanto las penalidades impuestas tendrían que ser computables individualmente. Finalmente, refirió que la interpretación del artículo 25, segundo párrafo, del Código Penal Federal se podía deducir que la compurgación de la pena de prisión impuesta opera de manera simultánea y no respecto a la prisión preventiva. XIV. Mediante resolución de veintitrés de abril del año en curso, la responsable dictó la interlocutoria respectiva, en la que declaró infundado dicho medio de defensa, al considerar lo siguiente: Reiteró que no era dable descontar el tiempo de la prisión preventiva por cada una de las figuras delictivas, ni que éstas se computaran simultáneamente, como lo pretendía el recurrente, sino que ello debe acontecer respecto de la suma total de la pena. Que la expresión "las penas se compurgan de manera simultánea", contenida en la última parte del numeral 25 del Código Penal Federal, se refería únicamente al tiempo de duración de la prisión preventiva, no así a la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, tiempo el cual debía tomarse en cuenta para todas las causas seguidas al condenado, porque con ello se atendía al objetivo de la pena, como medida efectiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe ser preventiva e inhibir las conductas antisociales. Estimar que la compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas como sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reducirá considerablemente el tiempo de reclusión. Si bien del contenido del artículo 64 del Código Penal Federal, no se advertía la aplicación simultánea de las penas de prisión impuestas en el caso de concurso de delitos; el sistema adoptado en dicho epígrafe para la imposición de penas en tratándose de concurso real de delitos resultaba ser el de acumulación jurídica. A partir de ello, precisó que era equivocado que el artículo 25 del citado cuerpo de leyes no hizo distinción alguna en el sentido de que tratándose de delitos conexos no fuera aplicable el hecho de las penas de prisión impuestas se debieran compurgar de manera simultánea; pues como se adujo anteriormente, los lineamientos vinculados en dicho apartado se refieren exclusivamente a la compurgación sucesiva de la penas privativas de libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, y que la simultaneidad de las penas se trata únicamente de la prisión preventiva, pero dicho precepto no establecía -como pretendía la defensa-, que tratándose de delitos conexos las penas debieran ser simultáneas, porque si el precepto referido no fue distinguido por el legislador, entonces, no había razón para distinguirse; además, debía recordarse que en materia penal resultaba inaplicable la analogía y la mayoría de razón, prevaleciendo el principio de legalidad. Finalmente, señaló que de estimar lo contrario, se llegaría al absurdo de considerar que ante la aplicación de una sanción impuesta por la comisión de diversos ilícitos solamente una pena privativa de la libertad se compurgaría, ya que todas las penas correrían simultáneamente, y así un sentenciado hallado culpable de diversos delitos, solamente tendría que compurgar una de las penas correspondientes a cualquiera de los delitos, la que resultara más alta de todas ellas, dejando sin sanción los demás delitos que haya cometido, lo que no fue la auténtica intención del legislador. No conforme con el sentido de esa resolución, formuló la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En el único concepto de violación que formula aduce: a) La argumentación de la responsable es incorrecta, porque si bien el Juez de la causa le impuso una pena de cinco años por la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina y cocaína con fines de comercio, y por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea la pena de tres años de prisión, las penas que le fueron impuesta al procesado de marras ya se encuentran compurgadas, de conformidad con el artículo 25, segundo párrafo, del Código Penal Federal, toda vez, que en la citada sentencia se determinó, que las penas de prisión impuestas, al derivar de los mismos hechos, se podrían compurgar en forma simultánea. b) Agrega que el artículo 64 de la codificación punitiva federal, establece en su párrafo segundo, que tratándose de concurso real de delitos, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos y si las penas se impusieron en el mismo proceso, y que deberán contarse desde el momento en que se privó de la libertad por el primer delito; por ende, se actualiza el concurso real de delitos, por lo que las penas impuestas señaladas con antelación, por derivar de los mismos hechos, debieron compurgarse en forma simultánea, desde que se privó de la libertad al procesado, esto es, desde el seis de marzo de dos mil diez. c) A partir de esas premisas, considera que la pena impuesta de tres años de prisión por el delito de portación de arma de fuego fue cumplida el seis de marzo de dos mil trece y en cuanto a la condena de cinco años de prisión por el delito contra la salud, se compurgó el seis de marzo de dos mil quince, teniendo en cuenta la forma en que se ordenó que se compurgarían las penas impuestas en la sentencia, razón por la que fue cumplido con lo establecido en las citadas normas del Código Penal Federal, ya que desde la fecha en que fue detenido y hasta la fecha las penas impuestas ya se encuentran compurgadas. d) Finalmente, refiere que se violaron en perjuicio del quejoso los principios de legalidad y seguridad jurídica, en virtud de que el acto reclamado no se ajustó al requisito del párrafo segundo del numeral 14 de la Constitución General de la República, al no cumplirse con las formalidades esenciales del procedimiento y de continuar con la ejecución del acto que se reclama, se conculcaría ese derecho, así como el diverso contenido en el artículo 16 Constitucional, ya que no se encuentra debidamente fundada y motivada la resolución impugnada, por lo cual la estima violatoria de sus derechos humanos y del debido proceso. Los conceptos de violación expresados son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y dada su estrecha vinculación su análisis se realizará de manera conjunta. Por razón de orden lógico, se analiza en primer término lo alegado en torno a que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues contra lo sostenido por el inconforme, la responsable sí fundamentó y motivó su conclusión, pues expresó los argumentos que la llevaron a concluir que resultaba infundado el recurso de revocación ante ella promovido. Esto es así, porque el Juez de la causa consideró que no era dable descontar el tiempo de la prisión preventiva por cada una de las figuras delictivas, ni que éstas se computaran simultáneamente, como lo pretendía el recurrente, sino que ello debe acontecer respecto de la suma total de la pena; asimismo, refirió que las penas se compurgaban de manera simultánea, en términos de la última parte del numeral 25 del Código Penal Federal, únicamente en lo relativo al tiempo de duración de la prisión preventiva, no así a la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia, tiempo el cual debía tomarse en cuenta para todas las causas seguidas al condenado, porque con ello se atendía al objetivo de la pena, como medida efectiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe ser preventiva e inhibir las conductas antisociales; de igual manera señaló que de estimar que la compurgación simultánea de las penas que son impuestas como sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reducirá considerablemente el tiempo de reclusión; finalmente, señaló que si bien del contenido del artículo 64 del Código Penal Federal, no se advertía la aplicación simultánea de las penas de prisión impuestas en el caso de concurso de delitos; el sistema adoptado en dicho epígrafe para la imposición de penas en tratándose de concurso real de delitos resultaba ser el de acumulación jurídica; a partir de todo ello, precisó que era equivocado lo pretendido por la parte sentenciada, pues el artículo 25 del citado cuerpo de leyes no hizo distinción alguna en el sentido de que tratándose de delitos conexos no fuera aplicable el hecho de las penas de prisión impuestas se debieran compurgar de manera simultánea; pues los lineamientos vinculados en dicho apartado se refieren exclusivamente a la compurgación sucesiva de la penas privativas de libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, y que la simultaneidad de las penas se trata únicamente de la prisión preventiva, pero dicho precepto no establecía -como pretendía la defensa-, que tratándose de delitos conexos las penas debieran ser simultáneas, porque si el precepto referido no fue distinguido por el legislador, entonces, no había razón para distinguirse. De lo antepuesto se colige que la Responsable expuso las razones en que se apoyó para declarar infundado el incidente de revocación; y, en consecuencia, cumplió con el principio de fundamentación de que se duele la parte quejosa, pues, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, no se requiere necesariamente de la cita del precepto legal, siempre que la Autoridad al momento de analizar la litis exponga los razonamientos que involucran las disposiciones que sustentan la resolución, esto es, las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía de legalidad sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las apoyan, porque está implícita dentro del examen de la controversia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 139/2005, materia común de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXII, de diciembre 2005, página 162, que estatuye: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Una vez que se evidenció que el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación, es menester precisar que lo que en esencia pretendía el impetrante del amparo al promover el recurso de revocación, es que la autoridad responsable resolviera una compurgación simultánea de los delitos por los que se le decretó condena en la causa de la que deriva el acto reclamado. Al respecto, los artículos 25 y 64 del Código Penal Federal, que son la base jurídica del acto reclamado, establecen lo siguiente: 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo, cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva. La privación de libertad preventiva se computará para el cumplimiento de la pena impuesta, así como de las que pudiera imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea. 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el Título Segundo del Libro Primero. En caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, sin que exceda de las máximas señaladas en el Título Segundo del Libro Primero. Si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos, pero si los hechos resultan conexos, o similares, o derivados uno del otro, en todo caso, las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito. (.) En este aspecto, es necesario puntualizar que sobre la interpretación de dichos numerales, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la simultaneidad de la prisión preventiva opera cuando se trata de penas impuestas en diversos procesos penales en los que los delitos no son conexos, similares o derivados uno del otro. Uno de los criterios en los que así se ha considerado, se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 8/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVIII, de Septiembre de 2008, materia penal, página 192, del tenor siguiente: PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. LA COMPURGACIÓN SIMULTÁNEA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 25 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL SE REFIERE AL TIEMPO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. Del proceso legislativo que originó la reforma del segundo párrafo del artículo 25 del Código Penal Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2004, se advierte que ésta obedeció al problema de sobrepoblación en los centros de reclusión del país, ante lo cual el legislador atendió, por una parte, el reemplazo de las penas de prisión por penas sustitutivas y, por otra, el tiempo que dura la prisión preventiva en los delitos cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión. Ahora bien, de la interpretación sistemática de dicho artículo y del numeral 64 del citado código -también reformado en la fecha indicada-, se colige que en caso de que se impongan penas privativas de la libertad por diversos delitos en diferentes causas penales en las cuales los hechos no son conexos, similares o derivados unos de otros, aquéllas deben compurgarse sucesivamente, mientras que la prisión preventiva debe tenerse por cumplida simultáneamente en todas las causas, lo que equivale a descontar el quántum de la prisión preventiva en todas las penas impuestas al mismo sujeto, de esta manera tratándose de prisión preventiva operará la simultaneidad mientras que en la imposición de penas operará la sucesividad de las mismas. En congruencia con lo anterior, se concluye que el referido artículo 25, al contener la expresión "las penas se compurgarán en forma simultánea", se refiere al tiempo de duración de la prisión preventiva, el cual debe tomarse en cuenta para todas las causas seguidas en contra del inculpado, sobre todo porque con ello se atiende al objetivo de la pena, como medida aflictiva para quien realiza una conducta delictuosa, la cual también debe ser preventiva e inhibir las conductas antisociales, pues estimar lo contrario, es decir, que la compurgación simultánea de las penas se refiere a las que son impuestas como sanción, las haría nugatorias en tanto que de manera indebida se reduciría considerablemente el tiempo de reclusión. En otro criterio emitido en similares términos se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 139/2007, consultable en la citada compilación oficial, novena época, tomo XXVI, de noviembre de 2007, página 155, del siguiente contenido: PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE SENTENCIAS DICTADAS EN DIVERSOS PROCESOS, DERIVADOS DE LOS MISMOS HECHOS, A COMPURGARSE EN FORMA SUCESIVA, PARA EFECTOS DEL CÓMPUTO RELATIVO, EL TIEMPO DE AQUÉLLA SÓLO DEBE TOMARSE EN CUENTA RESPECTO DE LA PRIMERA SENTENCIA EJECUTADA. El artículo 18, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las características básicas del sistema penitenciario, cuyo propósito es lograr la readaptación social del delincuente, para lo cual fija como elementos básicos del sistema readaptador, el trabajo y la educación. Ahora bien, de la interpretación armónica de dichos párrafos se advierte que la prisión preventiva forma parte del sistema penitenciario y, por tanto, también debe regirse por los criterios de readaptación social; además de que el artículo 20, apartado A, fracción X, párrafo tercero, constitucional, señala que en toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención, con lo que se reconoce indirectamente que la prisión preventiva y la punitiva son esencialmente idénticas, pues ambas implican la pérdida de la libertad del individuo. En congruencia con lo anterior, se concluye que tratándose de sentencias dictadas en diversos procesos, derivados de los mismos hechos, a compurgarse en forma sucesiva, si bien debe tomarse en cuenta el tiempo de la detención para efectos del cómputo de la compurgación de la pena, ello debe hacerse sólo respecto de la primera sentencia ejecutada, pues de otra manera dicho cómputo sería indebido, al darle un valor temporal mayor a la prisión preventiva. En congruencia con los criterios invocados, se colige, por oposición, que cuando se trata de penas impuestas en un mismo proceso, o en distintos, en que los delitos son conexos, similares o derivados uno del otro, no opera la simultaneidad de la prisión preventiva. Esto es así, en primer término, porque en todo caso, sea que las penas se impongan en una o en diversas causas, deben computarse sucesivamente. A su vez el artículo 64, párrafo segundo, del Código Penal Federal, estipula expresamente que para el supuesto de concurso real de delitos en una misma causa o en diversas, integradas por delitos, conexos, similares o derivados unos de otros, las penas deben contarse desde el momento en que se privó de la libertad por el primer delito; es decir, que la prisión preventiva guardada en la causa penal instruida por delitos diversos, o bien, en diversos procedimientos vinculados a virtud de la conexidad, la prisión preventiva sólo debe descontarse del total de las penas impuestas. De haber sido otra la intención del Legislador, para los casos apuntados, esto es, cuando se trata de concurso real de delitos en una misma causa penal o de delitos conexos enjuiciados en diversos procedimientos, literalmente hubiera dispuesto que cada una de las penas impuestas debía contarse desde el momento en que se privó de la libertad por el primer delito, sin embargo, no lo hizo así de esa manera, como bien lo destacó el Juez responsable. Lo anterior se corrobora con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la simultaneidad de la prisión preventiva, cuando se trata de causas inconexas, que no guardan similitud ni relación de antecedente y consecuente, respecto de los delitos cometidos. Bajo esta tesitura, al advertirse en el presente asunto, que las penas impuestas al sentenciado **** (que en total ascendieron a ocho años de prisión), se resolvieron en la causa penal instruida en su contra por la comisión de diversos hechos que dieron origen a diversos delitos (contra la salud en las modalidades de posesión de metanfetamina y cocaína con fines de comercio, previstos por los artículos 195, primer párrafo, del Código Penal Federal y 476 de la Ley General de Salud, y el diverso de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto por el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos), esto es, que se trata de un concurso real de delitos en una misma causa penal. En esa medida, tal como consideró el Juez de la causa, la prisión preventiva guardada por el sentenciado, sólo debe descontarse del total del quántum de las penas acumuladas que le fueron impuestas, no así de la corporal que corresponde a cada delito, pues se estaría multiplicando el tiempo de la prisión preventiva, esto es, se le estaría otorgando un valor temporal mayor, en contravención del tenor de la ley. En las relatadas condiciones, es evidente que los conceptos de violación expresados resultan infundados, porque aunque las penas impuestas derivaron de un concurso real de delitos, al provenir la sentencia condenatoria de una misma causa penal, no opera la simultaneidad que materialmente pretende el impetrante del amparo. En sustento, de lo razonado, se cita la tesis X.3o.37 P, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página 2439, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, Materia Penal, cuyo rubro y texto son: PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD. SU CUMPLIMIENTO CONFORME A LOS ARTÍCULOS 25 Y 64 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN A LAS REFORMAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 26 DE MAYO DE 2004). Para determinar la forma en que deben compurgarse las penas impuestas por la autoridad judicial se debe interpretar el Código Penal Federal, como un conjunto de normas reguladoras de los diversos supuestos de la ley, atendiendo a los motivos que el legislador propone al respecto; por ello, de una correcta interpretación gramatical, lógica y sistemática de la reforma a los artículos 25 y 64, del citado código, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de dos mil cuatro, se obtienen los siguientes supuestos a aplicar al momento de compurgar las penas de prisión: a) La expresión "en este caso, las penas se compurgarán en forma simultánea", contenida en el segundo párrafo del mencionado artículo 25, no se refiere al cumplimiento simultáneo de la totalidad de las sanciones de prisión impuestas en diversos juicios, sino únicamente al tiempo de privación de la libertad preventiva, es decir, la parte correspondiente de la pena impuesta relativa al quántum de la prisión preventiva, la que debe darse por compurgada de manera simultánea en todas las causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión; b) El diverso artículo 64 del citado ordenamiento, en su segundo párrafo, establece que en caso de concurso real, esto es, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos, si las penas se imponen en el mismo proceso o en distintos, pero si los hechos resultan conexos o similares, o derivado uno del otro, las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de la libertad por el primer delito, esto es, las penas impuestas se compurgarán simultáneamente; y c) En el caso de que las penas privativas de libertad hayan sido impuestas por diversos delitos, en diferentes causas penales y los hechos no sean conexos o similares, o derivado uno del otro, las sanciones deben computarse en forma sucesiva, esto es, la segunda a partir de la extinción de la primera, con excepción de la prisión preventiva, la cual debe darse por compurgada de manera simultánea en todas las causas, o dicho de otra forma, debe descontarse de la pena impuesta, como lo establece el segundo párrafo del artículo 25 del Código Penal Federal. De la misma manera y a partir de las anteriores premisas, es desacertado lo que alega en torno a que la penas de prisión se compurgan de forma independiente, para concluir que por el delito de portación de arma de fuego se extinguió el seis de marzo de dos mil trece y en cuanto a la condena de cinco años de prisión por el delito contra la salud, se compurgó el seis de marzo de dos mil quince; pues esa conclusión parte de una premisa errónea, como se explicó en líneas precedentes; en esa medida, la pretendida extinción operará hasta que la suma de las penas fijadas concluya, como se advierte de lo analizado por el Juez penal, en la especie, una vez que transcurran los ocho años decretados en la sentencia condenatoria. En esta tesitura, fue correcta la conclusión a la que arribó el Juez responsable, pues en el caso concreto no resultaba procedente determinar una compurgación de penas en forma simultánea, ante la existencia del concurso real de delitos por los que se le sentenció, con lo cual comulga este Resolutor de amparo; de ahí que haya resultado correcto que declarara infundado el recurso de revocación hecho valer en contra del acuerdo en el que desechó de plano el incidente a través del que el sentenciado pretendía que se declarara extinguida la sanción penal que se le impuso. En las relacionadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el peticionario del amparo, sin advertir deficiencia de la queja que suplir de oficio a su favor, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se Resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra el acto del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, consistente en la resolución incidental reclamada pronunciada el veintitrés de abril de dos mil quince, en la causa penal 64/2010-III. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ****Doy fe.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el escrito presentado por el licenciado ***************, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual formula alegatos y ofrece como prueba de su parte la instrumental de actuaciones consistente en el informe justificado y documental rendida por la Responsable; así como la presuncional legal y humana. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo en vigor. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***************. Doy fe.cnv
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