Erick Ramírez Hernández
Expediente 728/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 728/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Ramírez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales, por lo que al haberse negado el ampro y la protección de la justicia federal, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración, en virtud de que por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, se determinó que, por los razonamientos expuestos en el mismo, resultaría ocioso manifestarse nuevamente respecto de actos que fueron materia de pronunciamiento en la suspensión derivada del juicio de amparo del que emanó el principal que originó el incidente respectivo, de ahí que, por economía procesal, en el incidente de suspensión se estaría a lo ya resuelto, en su similar 656/2021, en el que se concedió la suspensión definitiva solicitada. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo **********/2021-V, promovido por **********, en representación de Erick Ramírez Hernández en su calidad de defensor público federal. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el quince de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el diecisiete siguiente, **********, en representación de ********** en su calidad de defensor público federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Titular del Diario Oficial de la Federación, todos con sede en la Ciudad de México; así como del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, de quienes reclamó, en el ámbito de su respectiva competencia, el proceso que dio origen al decreto por el que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, así como su aplicación. Asimismo, del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, reclamó el auto de vinculación a proceso dictado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 709/2021. Segundo. Derechos constitucionales que la parte peticionaria del amparo estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó radicada bajo el número de expediente 656/2021, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, a través del oficio 21350/2021, recibido el veintitrés de septiembre del presente año, se emplazó a la tercero interesada, agente del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía General de la República, que interviene en la causa penal de origen **********/2021 y se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Asimismo, en proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, con motivo de que el justiciable reclamó al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal **********/2021, se ordenó la separación de autos; en la inteligencia que, en el juicio de amparo **********/2021, se ventilaría el proceso legislativo del Decreto por el que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; así como su acto de aplicación, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada al Juez responsable. Mientras que, el auto de vinculación a proceso, se ventilaría en este juicio de amparo **********/2021, igualmente, del índice de este órgano jurisdiccional, a efecto de garantizar a la parte quejosa una pronta impartición de justicia, debido a que ya se tiene conocimiento del mismo. Cuarto. Acreditación de credenciales como licenciado en Derecho del defensor del imputado. Mediante proveído de veinticuatro de septiembre dos mil veintiuno (pronunciado en el juicio de amparo **********/2021) se tuvo al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, comunicando que el licenciado José Luis Torres Zavala, se desempeñó como defensor público federal del quejoso **********. Al respecto, el Juez responsable remitió las videograbaciones relativas a la audiencia celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, de las que se desprende que fue nombrado como defensor de ********************el licenciado **********, defensor público federal, quien se identificó con cédula profesional **********, circunstancia que fue corroborada por el Juzgador con el auxiliar de la sala, quien aceptó y protestó el cargo conferido. De manera que, ha quedado evidenciado que el profesional en comento sí cuenta con las credenciales atinentes que lo avalan como perito en Derecho; de tal suerte que, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente: 1. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control: el auto de vinculación a proceso pronunciado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 709/2021, por los injustos penales de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contemplado y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b); y posesión de cartuchos de uso reservado a las fuerzas armadas del país, que prevé y reprime el ordinal 83 Quat, fracción I, en relación con el 11, inciso b), todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Tercero. Certeza de los actos reclamados. En su informe rendido, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control, aceptó la existencia del acto que se le endilga, esto es, que el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 709/2021, vinculó a proceso al justiciable por los injustos penales que han quedado precisados. En consecuencia, se tiene por cierto el acto atribuido a dicha autoridad. Es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 231del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la transcripción de la audiencia inicial, en la que consta el acto que le fue atribuido; documental que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, el Juez responsable envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en un disco compacto, al que se reconoce valor probatorio en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, de tal codificación. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Cuarto. Análisis de hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna; por lo que, ante la ausencia de conceptos de violación, se procede al análisis del acto reclamado en suplencia de la queja acorde a lo establecido en el numeral 76, de la Ley de la Materia. Por las razones que informa se cita la tesis 1a. CCL/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Penal, Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, de marzo de 2012, Tomo 1, página 290, registro digital 160186, que a la letra dice: SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. El principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor; sin embargo, la oportunidad de las partes de intervenir directamente en el proceso, no puede traer como consecuencia que en el caso de una defensa inadecuada, por una deficiente argumentación en el debate de los elementos presentados en su contra, se deje al imputado en estado de indefensión, al no haberse controvertido correctamente su valor convictivo, menos aún en el caso de reservarse su derecho a realizar alguna manifestación, y que su silencio sea utilizado en su perjuicio, pues acorde con la fracción II, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no puede utilizarse en su perjuicio. En ese sentido, de la interpretación armónica del principio de contradicción con la institución de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, contenida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que ambos procuran proteger ampliamente y apartándose de formalismos, los valores e intereses humanos de la más alta jerarquía, por cuyo motivo, tratándose de la materia penal, la suplencia se da aun en el caso de no haberse expresado conceptos de violación o agravios por el imputado, pues el órgano de control constitucional puede suplir no sólo su deficiente formulación, sino su total ausencia, pudiendo, por ello, el imputado y su defensor, a través del juicio de amparo, impugnar el alcance probatorio que asignó el juez de control o juez de garantía a los datos de investigación que motivaron la formalización del procedimiento y a los datos aportados en su defensa y, en consecuencia, el dictado del auto de vinculación a proceso, expresando las razones por las que a su juicio fue indebida dicha valoración; de estimar lo contrario, se vulneraría su derecho a una defensa adecuada contenido en la fracción VIII del apartado B, del citado artículo 20 constitucional. Quinto. Análisis del auto de vinculación a proceso. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, al resolver la situación jurídica de ********************el Juzgador de origen dictó auto de vinculación en su contra por los injustos penales de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contemplado y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b); y posesión de cartuchos de uso reservado a las fuerzas armadas del país, que prevé y reprime el ordinal 83 Quat, fracción I, en relación con el 11, inciso b), todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en términos del numeral 13, fracción II, del Código Penal Federal. En principio debe puntualizarse que los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo conducente establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. (.) Código Nacional de Procedimientos Penales 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De la interpretación armónica de dichos preceptos se obtiene que, para la emisión de un auto de vinculación a proceso, deben cumplirse los requisitos siguientes: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO REQUISITOS FORMALES REQUISITOS DE FONDO A) Que se haya formulado imputación. 1) En la resolución correspondiente, se deben indicar las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución de delito. B) Se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar. 2. Que, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. C) Debe dictarse dentro de las setenta y dos horas contadas a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial; plazo que podrá duplicarse a petición del imputado. 3. Que no esté plenamente comprobada en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Tomando como punto de partida lo anterior, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional reúne los requisitos anotados. Así, por lo que hace a los requisitos formales, obtenemos lo siguiente: A) Que se haya formulado imputación. Este requisito se encuentra cumplido pues del registro audiovisual de la audiencia inicial celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que (00:01:41) se individualizaron las partes; (00:06:08) la Representación Social peticionó se calificara de legal la detención del justiciable y coimputados, (00:17:14) lo cual fue resuelto por el Juzgador en los términos solicitados. Enseguida, la Representante Social actuante formuló imputación contra el aquí quejoso, Erick Ramírez Hernández y a sus coimputados, para lo cual realizó una exposición detallada de los hechos que se le atribuyen y que se desprenden de los registros de la investigación, en los términos siguientes: La agente del Ministerio Público le comunicó a ********** y a sus coimputados, que se sigue una investigación en su contra, pues se les imputa el hecho de que siendo las once horas con treinta y cinco minutos del seis de septiembre de dos mil veintiuno, en el cruce de las calles **********, en esta ciudad, ********** y ********** fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, toda vez que momentos antes, a María Guadalupe Gutiérrez, se le localizó un arma de fuego, tipo pistola, calibre .32" auto, marca Davis Industries, matrícula 6028960, con un cargador metálico desabastecido y seis cartuchos calibre .**********" auto, con punta hueca; a ********** en el interior de una mariconera color negro, se le localizó un arma de fuego tipo pistola, calibre .**********" auto, sin marca y modelo a la vista, matrícula borrada, sistema de disparo semiautomático, con un cargador metálico color negro, siete cartuchos color gris, con la leyenda .**********" auto, tipo de bala normal y siete cartuchos plateados calibre .**********" auto, con tipo de bala hueca o expansiva; mientras que a **********, al interior de una mariconera color negro, un arma de fuego tipo pistola, calibre .**********" auto, modelo **********, matrícula **********, sistema de disparo semiautomático, con un cargador metálico abastecido con seis cartuchos calibre .**********", y seis cartuchos con la leyenda .**********" auto. Asimismo, indicó que una vez que se llevó a cabo el dictamen en materia de balística forense, por lo que hace al arma de fuego y cartuchos que llevaba consigo **********z, son de los considerados como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; de ahí que, a su consideración, dicha conducta encuadraba en los de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contemplado y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b); y posesión de cartuchos de uso reservado a las fuerzas armadas del país, que prevé y reprime el ordinal 83 Quat, fracciones I, y II, en relación con el 11, incisos b) y f), todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Injustos penales de consumación permanente, acorde a lo establecido en la fracción II, del ordinal 7, de acción en relación con el 8, doloso conforme lo prevé el ordinal 9, párrafo I, en términos del 13, fracción II, como autor material, todos del Código Penal Federal. Finalmente, le hizo saber que las personas que deponen en su contra son Barraza Herrera Godofredo, García Gutiérrez Nidia Daniela, Perea Benítez Claudia Arisbeth y Castillo Martínez Alejandro Osvaldo. De ahí que es inconcuso que el requisito que nos ocupa está plenamente cumplido. B) Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. Este requisito se cumple en tanto que, de la videograbación (00:31:41), se obtiene que, en la audiencia de formulación de la imputación, el Juez de Control se aseguró de que los imputados estuvieran debidamente informados de sus derechos y con la asistencia técnica y adecuada de un defensor. Asimismo, hizo de su conocimiento el derecho que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en favor de toda persona imputada y los cuestionó sobre si era su deseo declarar, aclarándoles que tenían el derecho de no hacerlo, conforme a la garantía que les otorga dicho precepto constitucional; a lo que, manifestaron su voluntad de reservarse. En ese tenor, puede colegirse que la resolución reclamada efectivamente cumple con el requisito objeto de estudio, en virtud de que el quejoso ********** tuvo la oportunidad de declarar respecto de los hechos que se le imputan. C) Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que el inculpado sea puesto a disposición de la Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término. Este elemento se desprende del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; lo anterior con excepción de que el imputado solicite la duplicidad de dicho plazo constitucional. Ahora, siguiendo con la reproducción de la audiencia de control de la detención, se advierte que la Representante Social de la Federación refirió que a las once horas con treinta y cinco minutos se procedió a la formal detención del imputado y a las dieciséis horas con veintiocho minutos de la misma data, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, quedando a disposición del órgano jurisdiccional a las trece horas del ocho de septiembre siguiente, misma fecha en la que se celebró la audiencia de control de la detención. Atento a ello, en audiencia de ocho de septiembre del presente año, una vez que la Fiscalía formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, el Juez le hizo saber al imputado los plazos para resolver su situación jurídica, a lo que manifestó que se resolviera en ese momento. Así, a las veintidós horas con veinticinco minutos del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez resolvió vincular a proceso al justiciable, en los términos que más adelante se precisaran. Por lo que es dable colegir, que el Juez de Control, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso dentro del plazo constitucional de setenta y dos horas, con lo que el requisito que nos ocupa está colmado. D) Debe estar debidamente fundado y motivado. Ahora bien, debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero -fundar-, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo - motivar- que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Así, la fundamentación y motivación no puede soslayarse por los juzgadores cuando emiten un auto de vinculación a proceso, pues aun cuando los Jueces de Control no tienen acceso a la carpeta de investigación, permanece incólume su obligación de fundar y motivar sus determinaciones, inclusive en forma oral, ante las partes presentes en la audiencia. En ese contexto, una vez analizado el disco versátil que contiene la audiencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que el Juez de Control cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, los datos de prueba y argumentos puestos a su consideración por las partes. Así también, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el imputado y su defensa pudieron conocer los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico-jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que el Juez de Control, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Para una mayor comprensión de dicho requisito formal, conviene distinguir entre lo que es la falta de fundamentación y motivación, de la indebida fundamentación y motivación. Por lo primero, debe entenderse la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; lo cual puede dispensarse, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia, sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las funden, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa. En tanto que, la indebida fundamentación y motivación, se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste, por lo que se constituye como un requisito de fondo, mismo que, en el caso que nos ocupa, será materia de estudio en párrafos subsecuentes. Sin embargo, en el caso concreto, el Juez del proceso, citó los preceptos legales que sirvieron de sustento para emitir el auto de vinculación a proceso en contra de **********; aquellos relacionados con la valoración de los datos de prueba aportados por la Fiscalía; y los que prevén los injustos penales materia de la imputación. Ahora, por lo que respecta a los requisitos de fondo, de la resolución que constituye el acto reclamado se obtiene: 1. Que se exprese el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Este requisito consiste en que en la resolución se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar del delito en comento, mismo que se cumple, ya que, de la videograbación relativa a la audiencia vinculatoria, se advierte que el Juez responsable, en este tópico retomó en sus términos los hechos materia de formulación de imputación, y fueron precisamente los hechos comprendidos por el imputado. 2. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que la imputada lo cometió o participó en su comisión. Ahora, a fin de verificar si el auto de vinculación a proceso cumple con tal requisito resulta necesario acudir a la descripción de los hechos que se imputan al justiciable ********** y la clasificación jurídica realizada por el órgano jurisdiccional. Al respecto, el numeral 11, inciso b), 83, fracción II, y 83 Quat, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; son del tenor literal siguiente: 11.- Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes: (.) b).- Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores. (.) 83.- Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: (.) II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley, y (.) 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y (.) De la lectura de los preceptos transcritos tenemos que efectivamente los hechos reconocidos por la ley como los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para armas de fuego reservadas a las fuerzas armadas del país, para ser susceptible de originar el dictado de auto de vinculación a proceso, implica que los datos de prueba aportados por la fiscalía hagan referencia a que la persona imputada, tuvo dentro de su esfera material de dominio, con la facilidad para apoderarse de los mismos, los artefactos bélicos. La agente del Ministerio Público, citó como datos de prueba los siguientes: 1. Informe policial de seis de septiembre de dos mil veintiuno, signado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ********** y **********, en el que asentaron que siendo aproximadamente las once horas con veinte minutos de la fecha mencionada, se recibió una llamada en el número de emergencia 911, en la cual reportaban a una mujer y dos hombres armados, en la calle **********; por lo que a las once horas con veinticinco minutos se constituyeron en dicho cruce, donde tuvieron a la vista a una mujer, la cual tenía en su mano derecha lo que al parecer era una pistola plateada, además de cargar en la parte frontal una mochila camuflajeada; asimismo, era acompañada por dos personas del sexo masculino, llevando cada uno de ellos, mariconeras color negro, y al percatarse de su presencia, la mujer guardó en la mochila lo que al parecer era el arma de fuego, además de que salieron corriendo. Logrando darles alcance metros adelante, y una vez que la agente **********, revisó a quien dijo llamarse **********, le localizó una pistola, color plateado, cachas de madera, con la leyenda Davis Industries, calibre .**********" auto, con un cargador metálico desabastecido y seis cartuchos color dorado con la leyenda .**********", los cuales llevaba en la mochila que tenía consigo; a su vez, **********, aseguró a quien manifestó responder al nombre de ********** de veinticinco años de edad, encontrándole una pistola en color negro, sin leyendas visibles, con la leyenda ONRI .**********" auto, con un cargador metálico, la cual llevaba al interior de una mariconera color negro que tenía en el hombro derecho; mientras que el agente **********, aseguró a **********, localizándole una pistola de color negro, calibre .**********" auto, con un cargador metálico abastecido con seis cartuchos con la leyenda .**********", y en el interior de una mochila tipo mariconera, doce cartuchos con la leyenda .**********". Por lo que a las once horas con treinta y cinco minutos se procedió a su formal detención, previa lectura de sus derechos, además de ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a las dieciséis horas con veintiocho minutos de la misma data, y a disposición del órgano jurisdiccional a las trece horas del ocho de septiembre siguiente. Así, la conducta que le imputó a ********** es la de portación de arma de fuego de uso reservado a las fuerzas armadas del país, que encuadra en el artículo 83, fracción II, en relación con 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que prevé y reprime el numeral 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el 11, incisos b) y f) de la citada ley de armas. En el entendido, que una vez que formuló imputación, señaló que a ********** se le localizó, en el interior de una mariconera color negro, el arma de fuego tipo pistola, calibre .**********" auto, sin marca y modelo a la vista, matrícula borrada, sistema de disparo semiautomático, con un cargador metálico color negro; además de siete cartuchos color gris, con la leyenda .**********" auto, tipo de bala normal y siete cartuchos plateados calibre .**********" auto, con tipo de bala hueca o expansiva. 2. Evidencia material, consistente en el arma de fuego calibre .**********" auto, marca y modelo no a la vista, matrícula borrada, con sistema de disparo semiautomático, con un cargador metálico color negro; siete cartuchos calibre .**********" auto, así como siete cartuchos calibre .45" auto, de bala hueca expansiva. 3. Dictamen en materia de balística con folio 6723 de siete de septiembre de dos mil veintiuno, signado por la perito Brenda Navarro Navarro, en el que concluyó, en lo que aquí interesa, que el arma de fuego calibre .45" auto, por su tipo, calibre y sistema de disparo, se encuentra considerada en el 11, inciso b), mientras que los cartuchos calibre .**********", en el numeral 11, inciso f), todos de uso reservado del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, según las prevenciones contenidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 4. Acta de inspección de objetos realizada el seis de septiembre de dos mil veintiuno, por el agente de la Policía Federal Ministerial Héctor González Martínez, en la que describió los objetos que tuvo a la vista, en lo que aquí interesa, una pistola de color negro sin leyendas visibles, con un cargador metálico color negro, siete cartuchos de color gris con la leyenda .45" auto, siete cartuchos plateados con la leyenda .45" auto y una mariconera color negro. Ahora bien, de un ponderado análisis de los datos de prueba expuestos por la Representación Social, se estima que la autoridad responsable actuó apegada a derecho, en cuanto a que son aptos y suficientes para establecer que se han cometido los hechos determinados como delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA y POSESIÓN DE CARTUCHOS PAR ARMAS DE FUEGO RESERVADAS A LAS FUERZAS ARMADAS DEL PAÍS, así como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, en tal sentido, el Juez de Control responsable consideró que con los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público (transcritos en párrafos precedentes), se presumen acreditados los hechos que la ley prevé como los delitos precisados con antelación, y que se atribuyen a Erick Ramírez Hernández. Lo anterior es así, pues puede advertirse claramente que el Juez de Control, al resolver la situación jurídica del quejoso ********** concretizó la imputación que la agente del Ministerio Público le atribuyó, al señalar, en lo conducente, que los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen los requisitos de forma y fondo para resolver; el primero de ellos es que se haya formulado imputación, lo cual ocurrió en audiencia; que se haya dado a los imputados la oportunidad de declarar, quienes se reservaron su derecho para hacerlo y; el tercero, que de los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía de la Federación, se obtengan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de participación o comisión en el mismo por parte de los imputados, lo cual se entenderá cuando existan indicios suficientes que así permitan suponerlo. Así, al valorar los datos de prueba en términos del ordinal 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juzgador de origen precisó, que ello le permitía evidenciar un hecho, esto es, que aproximadamente a las once horas con treinta y cinco minutos del seis de septiembre de dos mil veintiuno, en las c**********, tres personas mantenían dentro de su red de acción y ámbito de disponibilidad, una de ellas, un arma de fuego calibre .**********" auto, matrícula **********, de disparo semiautomático, y seis cartuchos calibre .**********" auto; una diversa persona, una pistola calibre .**********" auto, disparo semiautomático, siete cartuchos calibre .**********" auto, de punta normal y siete cartuchos calibre .**********" auto, de punta hueca y expansiva; y la otra persona, una pistola calibre **********" auto, matrícula HIW50, de disparo semiautomático. De este modo, de manera acertada, el Juez de Control precisó que los datos de prueba que le permitieron inferir la existencia de ese hecho, es el informe policial homologado realizado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, para lo cual tomó en consideración su razonabilidad, es decir, su estancia en el lugar, lo cual se determinó a través de la llamada al número de emergencia 911, en la cual denunciaron de manera anónima, que se encontraban personas armadas, por lo que los elementos arribaron al lugar señalado, y a lo lejos advirtieron que la persona del sexo femenino traía una pistola plateada, además de que emprendieron la huida. Posteriormente, fueron alcanzadas y se aseguró a cada uno de ellos los implementos a que se ha hecho referencia; pieza informativa que generó convicción en el juzgador, pues fue conocido por los elementos a través de los sentidos, y en la evocación, la manera de narrarlos, lo que encontró en franca armonía con el resto de los datos de prueba, como lo es la evidencia material, dictamen de balística forense y la inspección de los objetos correspondientes. Este hecho, de manera correcta, lo delimitó, en lo que hace a ********** en el artículo 83, fracción II, el cual establece que es prohibido para los particulares portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, como lo es la calibre .**********", al estar contemplada en el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de ahí que para su portación sería necesario justificar ser parte de las fuerzas armadas del país. Por otra parte, respecto de los cartuchos, de manera acertada, el Juzgador del proceso, manifestó que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la cuestión de los concursos, que tiene que ver con el concurso ideal cuando se está en presencia de cartuchos que se puedan contemplar en las fracciones I y II, del numeral 83 Quat, de la citada ley de armas, en la jurisprudencia 4/2020, con registro digital 2021727, del rubro "CONCURSO IDEAL DE DELITOS. SE ACTUALIZA CUANDO SE COMETEN SIMULTÁNEAMENTE LOS ILÍCITOS DE POSESIÓN DE CARTUCHOS, SANCIONADO POR LA FRACCIÓN I Y DE POSESIÓN DE CARTUCHOS, SANCIONADO POR LA FRACCIÓN II, AMBOS DEL ARTÍCULO 83 QUAT DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS", también lo es, que la jurisprudencia siete del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, de registro digital 160203, dice lo siguiente "POSESIÓN DE CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO. ES ILEGAL LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL, POR INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SI EN ÉSTA SE AFIRMA QUE SE ACTUALIZA AQUEL DELITO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 83 QUAT, EN RELACIÓN CON EL 11, INCISO F, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS."; ello, porque señala en la ejecutoria, que el inciso f), sólo hace referencia a municiones para las armas mencionadas en los incisos anteriores y a cartuchos con artificios especiales, pues este únicamente refiere a municiones y cartuchos con artificios especiales sin mencionar algún tipo de arma, de ahí que se excluya al inciso f), por no contemplar armas, es decir, es un tipo complementario; si dice el artículo 83 Quat "para armas de fuego", el órgano jurisdiccional no puede acudir al inciso f), pues éste se refiere a cuando no son de uso exclusivo per se y cuentan con artificios especiales; sin soslayar la tesis de jurisprudencia 39/2008 de la Primera Sala, "CARTUCHOS PARA ARMAS DE FUEGO CON CALIBRE PERMITIDO. SI CUENTAN CON ARTIFICIOS ESPECIALES, SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 83 QUAT DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD", pues el Tribunal Colegiado estableció que el inciso f), debe considerarse en la fracción II, del artículo 83 Quat, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se refiere a todos los incisos diferentes al a) y al b), del numeral 11), por lo que la penalidad de cartuchos de calibre permitidos pero con artificios especiales, debe imponerse con dicha fracción, y en el caso concreto, no se poseían cartuchos permitidos con artificios especiales, sino calibres de uso exclusivo como lo es el calibre .45", que se contrae en el artículo 11, inciso b), de ahí que se clasificaron los cartuchos en el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el 11, inciso b), de la citada ley de armas. Aquí cabe precisar, que dicho criterio jurisprudencial (registro digital 160203) no es obligatorio para este Decimoséptimo Circuito, acorde a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo; sin embargo, esta Juzgadora considerada acertada la determinación del Juez del proceso, pues el inciso f), del numeral 11), de la Ley de Armas, contempla que son de uso exclusivo de las fuerzas castrenses, las municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms. de diámetro) para escopeta; de ahí que dicho inciso f) debe analizarse a la luz del diverso inciso b), que establece que son armas de uso exclusivo las pistolas calibre ********** **********. **********, ********** y similares, las .38 Super y Comando, y las de calibres superiores; por tanto, si los cartuchos asegurados corresponden a los calibre .45", aun cuando tengan artificios especiales, deben ser encuadrados en el inciso b), lo que de suyo se encuentra contemplado en el artículo 83 Quat, fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Máxime que, como bien lo estableció el Juez de Control, la Representación Social fue omisa en razonar los motivos que la llevaron a concluir que los siete cartuchos calibre .45" con punta hueca o expansiva, son aquellos con artificios especiales, pues el numeral 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, hace referencia que se consideran como tales los trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 00 (.84 cms. de diámetro) para escopeta, de ahí que debió establecer los razonamientos lógicos jurídicos que la llevaron a concluir en ese sentido. Por otra parte, en cuanto a la probable participación del imputado, lo datos de prueba valorados por el Juzgador de la causa, hasta este momento son suficientes para acreditar una autoría respecto de la portación de arma de fuego calibre .45" y los cartuchos; pues de aquéllos se puede advertir su participación unitaria, toda vez que de manera individual llevaba consigo los artefactos bélicos, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal, es decir, quien lo realiza por sí mismo; sin advertir alguna causa de atipicidad, justificación, de inculpabilidad o de causa de extinción de la acción penal. Así, con dichos datos de prueba, el Juez consideró de manera correcta y justificada, que son aptos y suficientes, para pronunciar el auto de vinculación a proceso en contra de ********** por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el 11, inciso b) y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a que se refiere el artículo 83 Quat, fracción I, en relación con el 11, inciso b); todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; ello, en el grado de probabilidad que es el estándar que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales y por tanto son suficientes para emitir un auto de vinculación a proceso, pues para ello ponderó, de manera preponderante, los deposados de los elementos captores que conocieron los hechos que expusieron ante la agente del Ministerio Público, de manera directa, sin que se advierta que hayan emitido su versión de los hechos con una finalidad distinta a la de hacer del conocimiento del ministerio público los hechos que les constaron, tampoco se advierte que hayan sido con el afán de perjudicar al imputado, por lo que se desprenden indicios que permiten establecer la actualización de las conductas que se le reprochan. De ahí que sea dable colegir que, de acuerdo con la pretensión ministerial, es manifiesto que la conducta investigada se trata de un actuar doloso, en cuanto a que existen datos de que el sujeto activo actuó con conocimiento de los elementos de los hechos con apariencia de delito, pues se advierte que conocía los elementos objetivos del hecho y no obstante quiso su realización. Así, los datos de prueba se estiman correctamente ponderados por el Juez de Control, al haber sido considerados idóneos por ser actuaciones realizadas por personal en ejercicio de sus facultades legales, expresando detalles, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En este orden, debe decirse que para el dictado de la vinculación a proceso, no se requiere de un cumulo probatorio amplio, porque el representante social no presenta pruebas formalizadas para el hecho y menos la responsabilidad del imputado, sino solo hace referencia a los datos que establezcan en grado de probabilidad que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En efecto, el auto de vinculación a proceso es una fase previa al juicio oral, pues forma parte de la etapa de investigación en la que el imputado es informado de que existen hechos por los cuales la autoridad ministerial realiza una investigación sobre su persona; sin embargo, al ser un acto procesal que afecta derechos fundamentales, debe satisfacer estándares mínimos de protección judicial, por lo que en la decisión de vinculación a proceso se debe precisar la fundamentación y motivación de los datos de investigación por los que se ha llegado a ese convencimiento. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio y oral, para decidir sobre la vinculación a proceso el juzgador debe emplear un grado de razonabilidad, a partir del contraste entre lo expuesto por la representación social y por la defensa o por el indiciado en vía de réplica, teniendo como normas rectoras la legalidad (la cita de hechos tipificados como delitos y datos de información), la confrontación (entre las versiones y la información que pueda confirmarlas); la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por las partes) asegurando con ello el interés del Estado en la impartición de justicia y salvaguarda de los derechos de las partes. La valoración razonable se vincula al deber de fundar y motivar adecuadamente la determinación judicial. Esto implica que el juzgador no puede limitarse a la enunciación genérica de los datos de la carpeta de investigación, sino que debe justificarlos y ponderarlos de forma pormenorizada, exponiendo de manera particular el alcance y peso de cada uno de los datos de investigación, encuadrando la conducta a la norma penal, permitiendo identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Además, entre el sistema tradicional y el actual (acusatorio y oral), en éste cambia el estándar probatorio, puesto que en la etapa preliminar o de investigación solo se requiere que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión 216/2013 en sesión de doce de febrero de dos mil catorce, señaló que de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primer párrafo del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución General, y del análisis de la exposición de motivos de dicha reforma, se advierte que el Constituyente reformador determinó, en principio, que la investigación en el procedimiento penal y la consecuente acusación se apoyarían solo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho delictivo y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el Agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos, y la existencia de la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. También precisó que en el sistema penal acusatorio, la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se encuentran regulados dentro de la etapa de investigación que da inicio al procedimiento penal, cuya finalidad tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos constitutivos del delito y la determinación sobre la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por lo que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que revista caracteres de delito lo investigará y en su caso promoverá la persecución penal. Ello, dijo, porque de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 constitucional reformado, el Agente del Ministerio Público promoverá y dirigirá la investigación, quien podrá realizar por sí mismo -o encomendar a la policía-, todas las diligencias de investigación que considere conducentes al esclarecimiento de los hechos, pudiendo allegarse para ello de diversos medios de investigación. Por tanto, señala la Superioridad, debe considerarse a la etapa de investigación como un periodo preparatorio para determinar si existen razones para someter a una persona a juicio, y es por ese motivo que el registro de los medios anteriormente señalados, de considerarse idóneos, pertinentes y suficientes para formular la acusación, se llevará a cabo en la carpeta de investigación que al efecto integre el Ministerio Público; sin embargo, tales actuaciones carecen de valor probatorio para el dictado de la sentencia, por disposición expresa de la fracción III del Apartado A del artículo 20 Constitucional, salvo que se autorice el anticipo de prueba o la incorporación por lectura o reproducción en la audiencia de juicio oral. En tal virtud, refiere la Primera Sala, el Ministerio Público, para solicitar el dictado de una orden de aprehensión o formular la imputación, solo hará una recolección de los datos; siendo relevante destacar que el Agente Investigador está obligado a no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable y, sobre todo, cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. Así, la petición de la orden de aprehensión y el auto de vinculación a proceso se sustentan en los datos que se contienen en la carpeta de investigación que al efecto integra el Ministerio Público. De lo anterior, refiere que el objetivo de la solicitud del dictado de una orden de aprehensión es traer al imputado ante el juez de control para poder iniciar los actos posteriores de investigación; y por ello, al formularse la imputación, lo que se pretende es la formalización de la investigación con el dictado de un auto de vinculación a proceso; de ahí, respecto del contenido de la carpeta de investigación debe considerarse que para la obtención de la información y la recolección de los datos que permitan fundar la imputación, no se requiere la plena certeza del Ministerio Público de que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues la convicción final será la del Juez. Dado lo antes expuesto, señala, se puede colegir que bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, el dictado de la resolución sobre la vinculación o no del imputado al proceso, se debe basar en el estudio de los datos en que se sustente la imputación, así como en la razonabilidad de los argumentos expuestos por la Representación Social, que deben resultar suficientes para justificar racionalmente que el imputado sea presentado ante el Juez de garantía. Además, acotó que solo en el caso de que exista controversia entre los intervinientes respecto del contenido de la carpeta de investigación, el Juzgador podrá verificar su contenido. Las anteriores consideraciones encuentran apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 94/2011 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 160950, Décima Época, Materias Común, Penal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, de octubre de 2011, Tomo 2, página 689, que a la letra dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE. El artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé la suplencia de la queja deficiente en beneficio del reo, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios; esta figura obliga al juez de distrito a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales, por tanto, cuando éstas no son alegadas, por ejemplo, con motivo de una actuación deficiente de la defensa o la reserva del derecho del imputado a no realizar manifestación alguna, el juez de amparo es quien, a través de la suplencia de la queja, debe analizar si tales violaciones han acontecido y, en su caso, otorgar el amparo. Por tanto, el órgano de control constitucional, en aplicación de la figura de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, debe considerar todos los argumentos formulados por él o su defensor en la demanda de garantías o en el escrito de expresión de agravios, que estén encaminados a controvertir las razones que motivaron al juez de control o juez de garantía a dictar el auto de vinculación a proceso y el valor convictivo de los datos de investigación en que se apoya esta determinación, así como la deficiente valoración de los datos aportados en su defensa, supliéndolos en su deficiencia, aun cuando no los hayan hecho valer en la audiencia de imputación, a fin de verificar que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público y en que se apoya tal determinación, se hayan ofrecido y desahogado conforme a derecho; y que las razones que motivaron su dictado tienen el debido sustento legal, esto es, la suplencia se torna absoluta, aun ante la ausencia de motivos de inconformidad, cuando deba subsanar de oficio posibles violaciones a derechos fundamentales, sin subrogarse en el papel de defensor. Así, con base en las consideraciones expuestas, al no apreciar violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio del quejoso ********** y no advertir deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** con relación al acto reclamado y autoridad responsable precisada en los considerandos segundo y quinto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy siete de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese al sumario para que conste únicamente como antecedente el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual formula los alegatos que deja vertidos en el mismo; ello en virtud de que por auto de quince de los corrientes, se determinó que, por los razonamientos expuestos en el mismo, resultaría ocioso manifestarse nuevamente respecto de actos que han sido materia de pronunciamiento en la suspensión derivada del juicio de amparo del que emana el principal que originó esta incidencia; de ahí que, por economía procesal, en el presente incidente de suspensión se estaría a lo ya resuelto, en su similar *******. Lo anterior, de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese al sumario para que surta los efectos legales conducentes el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual formula los alegatos que deja vertidos en el mismo y hágase relación de éstos al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de la materia. Por otro lado, respecto a las copias que solicita, deberá estarse a lo acordado mediante proveído de quince de los corrientes, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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