Erick Salaís Ortega
Expediente 1039/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Salaís Ortega
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo en vigor, contra el auto de dieciséis de enero del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por *******, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*lh
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintinueve de diciembre pasado, se previno al promovente de la demanda de amparo **********, para que en el término de cinco días, computados legalmente realizara lo siguiente: 1. Precise con toda exactitud cuál es la norma general que impugna, esto es, el precepto o preceptos de la Ley de Seguridad Interior que producen una afectación real y actual a su esfera jurídica. 2. Indique con claridad y precisión la afectación colateral que la norma que impugna le genera, esto es, la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante no en sentido hipotético, conjetural o abstracto. Ahora, vista la certificación de cuenta se desprende que la temporalidad preindicada transcurrió sin que el promovente del amparo desahogara la prevención contenida en el referido auto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho proveído y de conformidad con lo que establece el artículo 114, párrafo penúltimo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria de Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***; contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 1039/2017-III. A efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, se toma en cuenta que ésta debe ser interpretada en forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos sus elementos es lo que permite la correcta resolución de los asuntos. En el mismo orden de ideas, el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: [.] 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] Del análisis comparativo entre la demanda y el artículo transcrito, se advierte que el quejoso omitió precisar cuál es la norma general que de manera concreta reclama de todos los preceptos que prevé la Ley de Seguridad Interior que intenta impugnar. En efecto, la parte quejosa se concreta a referir que reclama: IV. Actos reclamados. [.] Se reclama de todas las Autoridades Ordenadoras el proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre del 2017; Se reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por vicios propios en la falta de formalidades que culminó con la publicación y entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre de 2017; Del Secretario de la Defensa Nacional la aplicación de la Ley de Seguridad Interior. Del Secretario de Marina la aplicación de la Ley de Seguridad Interior. Asimismo, en el capítulo de antecedentes señala: El cuerpo de normatividades impugnada fue publicada el día 21 de diciembre del 2017 y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de acuerdo al Artículo Primero Transitorio del mismo ordenamiento; Lo cual constituye un hecho público y notorio, porque se trata de un acontecimiento NOTORIO que deriva de fuentes de información que la ley garantiza y en razón de su finalidad de dar publicad a los mismos, es que ninguna autoridad puede desconocer su contenido y alcance. La aplicación de la Ley de Seguridad Interior en perjuicio del suscrito se realiza de manera continuamente lesiva y tuve conocimiento del hecho el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y mediante la publicidad de ello que se hizo en los canales televisivos: Que los mensajes difundidos mediante los canales televisivos sobre la aplicación y entrada en vigor de la ley de seguridad interior se encuentra publicada el día 21 de diciembre de 2017, y de su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Que los mensajes difundidos sobre la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior son los mismos que se encuentran alojados en el canal oficial de YouTube de la oficina de la Presidencia de México, (hppps://www.yotube.com/user/gobiernofederal) Como se observa de lo transcrito, el peticionario del amparo omite precisar con toda exactitud cuál es la norma general que se encuentra impugnando, esto es, el precepto o preceptos de la Ley de Seguridad Interior que producen una afectación real y actual a su esfera jurídica. Asimismo, del escrito de demanda se advierte que el quejoso aduce ser titular de un interés legítimo, conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que en su escrito de demanda, debe precisar la afectación colateral que la norma que impugna le genera, esto es, la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante no en sentido hipotético, conjetural o abstracto. Apoya lo anterior la tesis 1a. CLXXXII/2015 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, visible en la página cuatrocientos cuarenta y cinco del siguiente tenor: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 110 y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo en vigor, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, computados legalmente, cumpla con la siguiente prevención: 1. Precise con toda exactitud cuál es la norma general que impugna, esto es, el precepto o preceptos de la Ley de Seguridad Interior que producen una afectación real y actual a su esfera jurídica. 2. Indique con claridad y precisión la afectación colateral que la norma que impugna le genera, esto es, la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante no en sentido hipotético, conjetural o abstracto. En términos de lo dispuesto por el artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de no aclarar cuál es la norma jurídica que reclama, la afectación colateral que la norma que impugna le genera, y de no exhibir las copias de su escrito aclaratorio, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa solicita que todas las notificaciones del presente asunto se realicen a través del Portal de Servicios del Poder Judicial de la Federación y ya que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se faculta a la parte quejosa para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas con su firma electrónica. 3. Se ordena practicar las notificaciones vía electrónica, incluso las de carácter personal. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros interesados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.*lh
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