Erick Israel Escareño Escareño
Expediente 154/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 154/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 26/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Israel Escareño Escareño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal y el original del incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de mayo de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 154/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el tres de marzo de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el mismo día, ******* promovió demanda de amparo en contra de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, todos de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, así como del Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, de quienes reclamó lo siguiente: IV. Acto o actos reclamados: De la Autoridad Ordenadora, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones, así como la sentencia definitiva dictada dentro del expediente relativo al Juicio Civil y la orden de ejecutar dichos actos procesales para materializar la desposesión del suscrito de un inmueble del que soy poseedor, que es el bien inmueble, ubicado en ******* en esta Ciudad Juárez, Chihuahua De la autoridad ejecutora, es decir, el Titular de la Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, reclamo la ejecución de todos los actos que reclamamos de la Autoridad Ordenadora. (Sic). Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. Previo cumplimiento de la prevención formulada en auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno (foja 162), en proveído de once de marzo de dos mil veintiuno (foja 173), se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a las autoridades responsable; se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Cuarto. Vista para ampliar demanda y efectivo apercibimiento. En auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (foja 276), al recibir las constancias enviadas por la Jueza Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en alcance a su informe justificado, se dio vista al quejoso a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: (.) Ahora bien, de dichas constancias, se colige que tal asunto se sigue contra el quejoso, que fue dictada sentencia, misma que ya quedó firme, sin que el aquí accionante del amparo -quien adujo contar con la calidad de tercero extraño- haya comparecido al mismo en momento alguno. Al respecto, se advierte que el emplazamiento practicado a dicho asunto, realizado doce de junio de dos mil dieciocho, por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad -autoridad que no tiene el carácter de responsable en este asunto- se encuentra íntimamente relacionado con los actos aquí combatidos. Por lo que, se da vista al quejoso, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, amplíe su demanda, de ser su deseo, y señale al efecto, como autoridad responsable, al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, por el diverso acto consistente en el emplazamiento practicado al juicio de origen, realizado el doce de junio de dos mil dieciocho. (.) Sin que se haya recibido promoción alguna al respecto. En esa medida, en acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído antes citado y se ordenó la continuación del presente juicio, en los términos indicados en el ocurso de amparo. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: I. De Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, todos de lo Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: Todo lo actuado en el asunto de origen; de forma destacada, todas las resoluciones dictadas en el expediente, la sentencia emitida, así como cualquier acto tendiente a privarlo de la posesión que aduce tener respecto del inmueble ubicado en *******, en esta ciudad. II. Del Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución todos del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La ejecución de la orden de desposesión del bien inmueble de referencia. Lo anterior, ostentándose tercero extraño por equiparación. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Encargado de la Unidad de Notificación y Ejecución del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe con justificación, los negó categóricamente. Ello, pues como se desprende del artículo 82 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, dicha autoridad desarrolla únicamente funciones administrativas y no tiene a su cargo encomiendas tales como diligencias, de ninguna índole. Tampoco son ciertos los actos reclamados por el accionante del amparo a los Jueces Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, todos de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues lo negaron categóricamente al rendir sus informes con justificación. Sin que el accionante del amparo haya aportado medio de convicción a fin de desvirtuar las negativas vertidas. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos reclamados a las responsables de referencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Jueza Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a pesar de que lo haya negado al rendir su informe justificado. Tal aserto, se corrobora con las documentales que envió en alcance a su informe justificado; de las que se desprende: La existencia del juicio ejecutivo mercantil *******, promovido *******, ******* y *******, en su carácter de endosatarios en procuración de *******, en contra del aquí quejoso. Que el trece de septiembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el juicio natural (foja 249); misma que quedó firme en proveído de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho (foja 254). Que el aquí accionante del amparo en momento alguno compareció en el juicio de origen. La certeza de los actos aquí referidos, se corrobora con la copia certificada que dicha autoridad remitió, consistente en la totalidad de constancias que integral el juicio de origen, mismas que poseen valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario adscrito al Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Ante lo anterior, es evidente la existencia de los actos referidos en este considerando, reclamados a la autoridad responsable, por lo que se tiene por cierta su existencia. Quinto. Improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta Juzgadora examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. En el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5º fracción II y 6, todos de la Ley de Amparo; numerales que son del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Por su parte, los artículos 5º fracción II y 6° de la citada legislación, disponen: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. En tanto que el artículo 107, fracción VI, señala: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. (.) Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante destacar que el quejoso adujo, bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento de la existencia de los actos que reclamó en este juicio de amparo biinstancial, el veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, fecha en que, aparentemente, una persona que le refirió ser actuario, acompañado de un abogado, comparecieron a su domicilio y le manifestaron que existía una orden de desalojo en su perjuicio; sin referirle el número de juicio, ni el juzgado en que se tramitaba. Es oportuno establecer que al juicio de amparo puede comparecer en carácter de tercero extraño aquel que, no siendo parte material en un procedimiento, ve afectado alguno de sus intereses, por lo que, solicita la protección constitucional a fin de que la Justicia de la Unión excluya sus bienes jurídicos de dicha afectación a través de la anulación del acto concreto que produjo aquella. Además de ello, existe la figura del tercero extraño por equiparación, que es quien a pesar de sí ser parte en el procedimiento natural, no ha sido emplazado, o bien, fue emplazado de manera defectuosa. En ambos casos, la Ley de Amparo los excluye de la obligación de agotar recursos ordinarios previamente a acudir al juicio constitucional, toda vez que, al no ser parte en el procedimiento, en el primer caso (tercero extraño en sentido estricto), o bien, no haber sido legalmente emplazado, en el segundo caso (tercero extraño por equiparación), no estuvieron en aptitud de defender sus intereses en ese procedimiento natural. Como se señaló en párrafos previos, el quejoso reclama diversos actos a través de este asunto, mismos que derivan de la aparente falta de llamamiento al juicio natural; es decir, el ahora quejoso se ostenta en el presente amparo como una persona extraña a juicio por equiparación, pues tiene el carácter de demandada en el juicio del que derivan los actos aquí reclamados. Sin embargo, es necesario resaltar que no señaló como autoridad responsable a la autoridad que practicó el emplazamiento reclamado, ni éste último acto, a pesar de que este Juzgado Federal, mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno le dio vista personal para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda, en los siguientes términos: Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por la Juez Provisional del Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado el veintidós de los actuales, pues remite copia certificada del juicio *******, de su índice. Con lo previo, en términos del numeral 117 de la ley de la materia, dese vista a las partes para que puedan imponerse de su contenido. Ahora bien, de dichas constancias, se colige que tal asunto se sigue contra el quejoso, que fue dictada sentencia, misma que ya quedó firme, sin que el aquí accionante del amparo -quien adujo contar con la calidad de tercero extraño- haya comparecido al mismo en momento alguno. Al respecto, se advierte que el emplazamiento practicado a dicho asunto, realizado doce de junio de dos mil dieciocho, por el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad -autoridad que no tiene el carácter de responsable en este asunto- se encuentra íntimamente relacionado con los actos aquí combatidos. Por lo que, se da vista al quejoso, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, amplíe su demanda, de ser su deseo, y señale al efecto, como autoridad responsable, al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, por el diverso acto consistente en el emplazamiento practicado al juicio de origen, realizado el doce de junio de dos mil dieciocho. Se precisa al quejoso, que de optar por ampliar su demanda en dichos términos, deberá cumplir con los requisitos que señala al efecto el artículo 108 de la Ley de Amparo. (.) De lo que se desprende que se le otorgó vista expresa a la accionante del amparo, a efecto de que, de ser su deseo, ampliara su demanda y señalara al efecto, como autoridad responsable al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad por el acto consistente en el emplazamiento practicado al juicio de origen. Ahora, en proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, ante la omisión de pronunciamiento por parte del quejoso, se hizo efectivo el apercibimiento que le fue decretado y se ordenó la continuación del juicio, en los términos propuestos en el ocurso de amparo. Entonces, dado que el quejoso no amplió su demanda en contra del funcionario judicial que materialmente lo llamó a juicio, pues de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que este Juzgado le dio la oportunidad de ampliar su demanda de amparo respecto de ello; entonces, es evidente que no se incorporó al juicio de amparo a la autoridad responsable que intervino en el emplazamiento; por ende, se hizo efectivo el apercibimiento respectivo y se continuó el juicio en los términos planteados previo a ello. Lo anterior, además, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 88/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 198, del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2021189, que dispone: ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES. En el juicio de amparo indirecto promovido por una persona que se ostenta extraña a juicio por equiparación, debe señalar tanto a la autoridad ordenadora como a la ejecutora, esto, pues la autoridad ordenadora de un emplazamiento es el Juez que admite la demanda y ordena el llamamiento a juicio del demandado, mientras que a la ejecutora corresponde materializar dicha orden. Ahora bien, para designar a la autoridad responsable ejecutora, en aquellas entidades en las que el Poder Judicial local se integra con una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, debe tenerse en cuenta que el Director de dicha Oficina tiene a su cargo facultades meramente administrativas, sin que a éste le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial. Por tanto, la autoridad responsable ordenadora es el Juez que emitió la orden de emplazamiento y la ejecutora será el actuario que materialmente llevó a cabo la diligencia que se reclama. Esto, ya que la autoridad responsable ejecutora es aquella cuya actuación se constriñe a llevar a cabo el mandato legal o la orden emitida por la autoridad ordenadora, sin actuar de manera autónoma, sino que cumple una orden. Así entonces, en aquellos casos en que exista una Oficina Central de Notificadores y Ejecutores, la calidad de autoridad responsable ejecutora no corresponde a su Director, pues no materializa el acto judicial. Es así, porque el acto consistente en la diligencia de emplazamiento solamente es atribuible a quien la practicó, esto es, al Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos. En consecuencia, al no haber sido señalado con tal carácter a la autoridad en comento y no haberle reclamado el acto de referencia -no obstante que al quejoso se le dio vista para ello- se actualiza la causa de improcedencia referida, pues esta Juzgadora no puede analizar actos atribuidos a autoridades que no fueron señaladas con la calidad de responsables, como acontece en el presente asunto. Se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 73, que establece: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que se le llamó a juicio ni fue oída. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, volumen IX, enero de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 113, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Por tanto, a pesar de que el quejoso goza de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, estipulada en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, tal prerrogativa no alcanza para que esta Juzgadora constitucional pueda designar por sí, autoridades en su carácter de responsables, ni adicionar actos que no fueron combatidos. Lo previo es así, pues la figura jurídica de referencia, tiene por objeto perfeccionar, completar o aclarar las deficiencias en que el accionante del amparo haya incurrido al formular sus conceptos de violación en el escrito de demanda -o incluso formularlos ante la ausencia de éstos- pero sujetándose estrictamente a los actos y autoridades responsables, sin poder adicionar por sí, esto es, unilateralmente, unos u otros. Debido a que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, como dispone el artículo 6° de la Ley de Amparo, es claro que le corresponde al solicitante del amparo colmar los requisitos a fin de que se integre debidamente la litis constitucional, entre ellos, el señalamiento preciso de las autoridades que participaron en la realización de los actos reclamados, así como la designación de éstos últimos; lo que se corrobora con el hecho de que, ante el evento consistente en que el juzgador federal advierta que ciertos aspectos no son impugnados, se le dé la oportunidad al promovente del amparo de que amplíe su demanda en cuanto a ello y se le otorgue el plazo acotado en la Ley de Amparo para hacerlo, tal como ocurrió en el presente caso; pero ello no llega al extremo de llamarla oficiosamente a juicio, ni de designar motu proprio actos novedosos. Así, como ya se precisó, este juzgado previno al quejoso para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto a la diligencia de emplazamiento de doce de junio de dos mil dieciocho que practicó el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; apercibiéndola de que, de no hacerlo, se continuaría el trámite de este asunto en los términos propuestos en la demanda de amparo; por lo que, al no desahogar esa prevención, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, mediante auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, tal como corresponde. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 8/98, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, de enero de 1998, página 94, del tenor siguiente: PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR. OMISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AUTORIDADES QUE INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS. Al resolver el Pleno de este Alto Tribunal la contradicción de tesis 27/96, determinó que debía seguir prevaleciendo la jurisprudencia sustentada por la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 30/96 (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, del mes de junio de mil novecientos noventa y seis, páginas doscientos cincuenta y doscientos cincuenta y uno), bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.". Ahora bien, siguiendo tal criterio, debe considerarse que si la persona extraña a juicio, al promover su demanda de amparo, o bien, al formular la ampliación a la misma, no señala a las autoridades que participaron en los actos reclamados, concurriendo a la afectación de su interés jurídico, y que por ello resultan responsables, el Juez de Distrito debe prevenir a la parte quejosa para que regularice su demanda, en el entendido de que si el Juez omite efectuar dicha prevención, incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que debe ser corregida por el tribunal revisor, ordenándose la reposición del procedimiento, con fundamento en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo. De igual forma, la tesis XX.46 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, volumen II, de noviembre de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 608, cuyo rubro y texto es el siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los ordinales 6° y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Cabe precisar que respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva dictada en el juicio oral ordinario *******, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, no es factible declinar competencia escalonada al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, a efecto de que sea dicha superioridad quien analice dicho acto reclamado, toda vez que el quejoso, atendiendo a la causa de pedir, no hizo valer motivos de disenso en contra de la referida resolución, razón por la cual no procede la escisión de la demanda de amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P.J. 70/2010, de la Novena Época, por identidad jurídica, con número de registro Pleno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXXII, Agosto de 2010, materia Laboral, visible a Página: 9, que a la letra dice: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto. Asimismo, por el principio de analogía la tesis aislada sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2569, Décima Época, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro: 2021332, del rubro y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO LABORAL. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO DESECHA LA DEMANDA POR ESTIMAR QUE NO TIENE ESE CARÁCTER, SÓLO PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA SI EN ELLA SE EXPRESARON CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONTRA EL LAUDO, O POR VIOLACIONES PROCESALES. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 70/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", determinó que cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo indirecto; asimismo, podrá reclamar, simultáneamente, el laudo como acto destacado y una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación contra las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deben diferenciarse dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o, b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis, al no haberse agotado el principio de definitividad y, respecto al segundo, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí pueden analizarse los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. De lo anterior se concluye que sólo procede la escisión de la demanda, si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), o bien, formales o de fondo, esto es, que es una condición para escindir la demanda y reservar competencia al Tribunal Colegiado de Circuito, que en ella se hayan expresado conceptos de violación contra el laudo o por violaciones al procedimiento, por lo que si éstos no se expresan, debe estimarse que se agotó la materia de la sede constitucional con el análisis del emplazamiento y, por ello, al no haber materia de estudio no procede dicha escisión. Y, en lo conducente, la tesis XXVII.1o.(VIII Región) 13 K (10a.), instancia Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1785, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Décima Época, con número de registro 2003568, del siguiente rubro y texto: EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, el sobreseimiento decretado deberá hacerse extensivo por lo que respecta a la sentencia definitiva, así como los diversos actos subsecuentes, toda vez que no se impugnaron por vicios propios, sino como una consecuencia derivada de la falta de emplazamiento. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ******* respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en este asunto, por las razones esgrimidas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se desprende que en la quejosa no desahogó, dentro del término de quince días que le fue concedido, la vista que le fue dada en auto de siete de abril de dos mil veintiuno, para que, de ser su deseo, ampliara la demanda de amparo en los términos ahí precisados. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en la demanda inicial, de conformidad con los artículos 108 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes este auto, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional. No obstante, existe imposibilidad jurídica para llevarla a cabo, toda vez que se encuentra en curso el periodo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, para que, de ser su deseo, amplíe su demanda de amparo en los términos ahí propuestos; proveído del que quedó notificado el ocho de los actuales. Por lo que, a efecto de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del siete de mayo de dos mil veintiuno. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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