Erick Javier Martínez Luna

Expediente 689/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
689/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
04/01/2019

Partes del expediente

  • Erick Javier Martínez Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de la agente del Ministerio Público de la Federación en Apoyo a la Cédula Tercera Investigadora Ciudad Juárez de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido y los anexos que remite, se tienen por hechas sus manifestaciones, a través de las cuales da cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado Federal en torno al requerimiento formulado en auto de diez de diciembre del año en curso. Luego, en atención a su contenido se le tiene informando que fue puesto a disposición de esa fiscalía federal el siete de noviembre del año en curso, por haber sido detenido en flagrancia por el delito de posesión de cartuchos, siendo remitido para su guarda y custodia a los separos de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República. Asimismo, fue puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control en turno del Centro del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en audiencia inicial celebrada el diez de noviembre de dos mil dieciocho, se calificó de legal la detención del aquí quejoso ******************, y se le vinculó a proceso por el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del ejército armada y fuerza aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Atento a lo anterior, conviene indicar que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda, de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías, prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: **** XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. **** Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior, por mayoría de razón, la tesis 51, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, tomo VI, Precedentes Relevantes SCJN, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del citado artículo 61, se encuentran satisfechos como se verá a continuación: El siete de noviembre de dos mil dieciocho, a las diecinueve horas con veintiséis minutos diversos agentes de la policía municipal realizaron la detención en flagrancia del aquí quejoso, por la comisión de delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que en la misma data fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República. En la audiencia inicial dentro de la causa penal 79/2018 de diez de noviembre de dos mil dieciocho, se calificó de legal la detención de Erik Javier Martínez Luna, se determinó que permaneciera detenido durante el desarrollo de la audiencia. Se consideró legal y constitucionalmente justificado el tiempo que medio entre la detención y su puesta a disposición ante el Ministerio Público, fue puesto a disposición de la Fiscalía a las veintidós horas con veintisiete minutos del siete de noviembre de dos mil dieciocho, por haber sido detenido en flagrancia por el delito de posesión de cartuchos, siendo remitido para su guarda y custodia a los separos de la Policía Federal Ministerial de la procuraduría General de la República. Asimismo, fue puesto a disposición del Juez de Control en turno del Centro del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, a las veintidós horas con cinco minutos del nueve de noviembre de la presente anualidad. Posteriormente, a las once horas con cincuenta y tres minutos del diez de noviembre de dos mil dieciocho, en la audiencia de vinculación a proceso, de conformidad con el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dictó auto de vinculación al aquí quejoso ******************, por el delito de posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso f), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. En la misma audiencia se autorizó la suspensión condicional del proceso en términos del artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por el plazo de ocho meses, y impuso a ****************, las condiciones previstas en el artículo 195, fracciones I, X y XIV, del citado código, y fijó las nueve horas con quince minutos del quince de julio de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de revisión de las condiciones de la suspensión condicional del proceso. En virtud de lo anterior, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la detención reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, ya que, con la puesta a disposición al agente del Ministerio Público y posteriormente al Juez culmina la detención hecha por los agentes de la policía municipal. En este sentido, se estima que las violaciones atribuidas a la detención, deban considerarse consumadas de un modo irreparable. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causal de improcedencia en examen, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en la fracción XVII, del arábigo 61 de la ley de la materia. Es aplicable, por identidad en su idea jurídica, la jurisprudencia del Máximo Tribunal del País, visible en la página doscientos setenta, tomo XXVII, junio de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: 'SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.'. Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: 'AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.', que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con diez minutos del diez de enero de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de sobreseimiento anotada en líneas precedentes. Sobreseimiento que se efectúa conforme a la jurisprudencia 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Notifíquese personalmente al quejoso y a la agente del ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ****************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que para el día de hoy se encuentra prevista la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para llevarla a cabo, toda vez que, el seis de diciembre del año en curso, se requirió al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, con residencia en esta ciudad, para que indicara la situación jurídica del quejoso **, sin que, haya remitido la información solicitada, la cual es necesaria para resolver el presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y se señalan las nueve horas con diez minutos del diez de enero de dos mil diecinueve, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte del informe justificado rendido por la Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en ausencia de la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública Municipal, que el quejoso *******, fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República el siete de noviembre del año en curso. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Delegado Estatal de la Procuraduría General de la República, para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informe la situación jurídica del quejoso *******, lo que deberá acreditar con las constancias correspondientes, información que es necesaria al momento de resolver el presente juicio de amparo. Apercibido que de no hacerlo o no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional) que equivale a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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