Erick Geovani Ávalos Hernández

Expediente 140/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
140/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • Erick Geovani Ávalos Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual el autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, solicita copias certificadas de la sentencia emitida en el presente juicio; en ese aspecto, reitérese al ocursante que mediante proveído de uno de marzo del año que transcurre se autorizó la expedición de copias simples o certificadas, por lo que deberá estarse a lo ya acordado; por otro lado, téngasele autorizando para recibirlas a Jorge Arturo Almanza Ávila. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *****. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de diez de abril de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo solicitado por *******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Ahora, visto el estado de autos y tal como se evidenciará en líneas posteriores, es innecesario requerir a la Juez responsable el cumplimiento del fallo emitido en el expediente de amparo indirecto 140/2017-II, promovido por Erick Geovani Ávalos Hernández. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el mismo día, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, de quienes reclamó, en esencia, la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Concesión de amparo. Mediante proveído de uno de marzo del año en curso, se admitió la demanda de amparo. Una vez que fue integrado el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el diez de abril de la presente anualidad se dictó la sentencia correspondiente, en la cual se determinó conceder el amparo solicitado para que el Juez responsable: [.] 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa penal *******, respecto del aquí quejoso, *******. 2. En su lugar, emita una nueva, en la que reitere todos aquellos aspectos ajenos a esta concesión. 3. Enseguida, con libertad de jurisdicción, funde y motive la necesidad de cautela para la emisión de la orden de aprehensión, sin considerar que por la pena de prisión que merece o la negativa a otorgársele un beneficio preliberacional por la comisión del ilícito atribuido al ahora quejoso, el inculpado podría evadirse de la acción de la justicia y, en su lugar, realice el pronunciamiento que considere legalmente procedente. [.] TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. En esta fecha, se declaró que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales y, como consecuencia de ello, debería requerirse el cumplimiento respectivo; no obstante, el diecinueve de los actuales se reservó acordar sobre el oficio remitido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en el que, entre otras cosas, informó que el diecisiete de los corrientes, se celebró la audiencia de formulación de imputación, en contra del aquí quejoso, *******, por el delito de robo calificado, previsto y sancionado por los artículos 208, fracción III, 211, fracción VI y 212, fracciones II y III, todos del Código Penal del Estado, así como la imposición de la medida cautelar que se le fijó. CUARTO. Determinación que adopta este Juzgado. En atención a lo anterior, se considera que existe imposibilidad material y jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 192, 193, 196, 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo. Ello, porque los efectos de la sentencia de amparo en el presente juicio fueron para que la responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa penal ******* y en su lugar, emitiera una nueva, en la que reiterara todos aquellos aspectos ajenos a la concesión del amparo y con libertad de jurisdicción, hiciera el pronunciamiento que conforme a sus facultades legales considerara apegado a derecho y de llegar a analizar la necesidad de cautela para la emisión de la orden de aprehensión, prescindiera de considerar que por la pena de prisión que merece el ilícito atribuido al ahora quejoso, éste podría evadirse de la acción de la justicia. Sin embargo, toda vez que el diecisiete de los actuales se llevó a cabo la audiencia en la que se formuló imputación al aquí quejoso *******, por el ilícito de robo calificado, en autos de la causa penal *******, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, pues resulta evidente que la orden de aprehensión reclamada ha dejado de afectar la esfera jurídica del gobernado, dado que compareció voluntariamente ante el Juez de Control y se resolvió su situación jurídica, quedando vinculado al proceso penal de origen, con lo cual se cumplió el efecto inmediato de la orden de captura reclamada. En esa medida, para quien resuelve resulta evidente que en este supuesto se actualiza un cambio en la situación jurídica que prevalecía al momento en que se concedió al quejoso la protección federal y, por ende, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la obligación exigida, ya que ningún fin práctico tendría conminar a la responsable a que dicte una nueva orden de aprehensión con los requisitos ya señalados, si a la fecha el quejoso ya se encuentra vinculado al proceso penal, con motivo de haber comparecido voluntariamente ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria, como informó el responsable; de ahí que no exista materia sobre la cual pedir el cumplimiento del fallo de amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria dictada juicio de amparo indirecto 140/2018-II. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y notifíquese personalmente a la parte quejosa este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de abril de dos mil dieciocho. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 140/2018-II promovido por *******. CONSIDERANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado el mismo día, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, de quienes reclamó, en esencia, la orden de aprehensión y su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señala como derechos humanos transgredidos los reconocidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de primero de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo de referencia, la cual quedó registrada bajo el expediente 140/2018-II, del índice de este órgano jurisdiccional, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado se emitió por autoridades jurisdiccionales que ejercen sus facultades jurisdicción dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte impetrante reclama:  La orden de aprehensión dictada en su contra, por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la causa penal *******, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de robo calificado y su respectiva ejecución. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. En su informe justificado, las autoridades responsables, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, el FISCAL DE DISTRITO ZONA NORTE, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE AUTOS ROBADOS, ZONA NORTE, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA LA PAZ, LA FE PÚBLICA Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, ZONA NORTE, FISCAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO, ZONA NORTE, COORDINADOR REGIONAL ZONA NORTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES, SUBCOORDINADOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES ZONA NORTE, COORDINADOR ESPECIAL -B- DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE CUMPLIMIENTO DE MANDATOS JUDICIALES ZONA NORTE, COORDINADOR ESPECIAL -B- DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES ZONA NORTE ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE AUTOS ROBADOS y el COORDINADOR ESPECIAL -B- DE LA POLICÍA MINISTERIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES ZONA NORTE ADSCRITO A LA UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA PAZ, LA FE PÚBLICA Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS, aceptaron la existencia del acto reclamado y, al respecto, fueron coincidentes en señalar que el Juez referido giró una orden de aprehensión en contra del quejoso, el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Para corroborar su aserto, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, así como el Fiscal de Distrito Zona Norte, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Autos Robados, Zona Norte, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Paz, la Fe Pública y la Seguridad de las Personas, Zona Norte, Fiscal Especializado en Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, remitieron transcripción certificada de dicha determinación, así como de la solicitud de captura relativa. A tales constancias se les reconoce valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron expedidas respecto de sus originales por un funcionario dotado de fe pública; por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia de la orden de aprehensión tildada de inconstitucional. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte, al rendir su informe con justificación, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Juárez, Chihuahua, negó la existencia del acto de ejecución que le fue atribuido; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada con las constancias de autos, de los que se advierte que la autoridad que ordenó la aprehensión manifestó que era cierto tal acto y, ante ello, la responsable que lo negó, eventualmente, podrá ejecutarlo; de ahí que deba tenerse por cierta la existencia de los actos de ejecución que le fueron atribuidos. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías. CUARTO. Procedencia del juicio y conceptos de violación. Previo al estudio de los conceptos de violación, debe analizarse si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis es oficioso y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Así, al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia, se continúa con el estudio del actos reclamados, conforme a los conceptos de violación formulados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados son parcialmente fundados, al ser suplidos en su deficiencia, en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a- de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en materia penal, promovido por el inculpado, quien formuló la demanda de amparo. A efecto de explicar las razones que llevan a concluir lo anterior, conviene establecer que el quejoso reclamó de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos, la orden de captura que emitió a efecto de que se le privara de su libertad. A partir del informe justificado rendido por tal autoridad y de las constancias que para tal efecto adjuntó, se concluyó que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión librada en la causa penal *******, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de robo calificado y su respectiva ejecución. Ello, derivado de los siguientes antecedentes:  El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos de Robo de Vehículos solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la emisión de la orden de aprehensión en contra del ahora quejoso, por hechos constitutivos del delito de robo calificado.  En la misma data, la Jueza de Control dictó la orden de aprehensión de que se trata, en la que determinó que obraban datos de investigación que permitían establecer la existencia de hechos constitutivos del delito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 208, fracción III, en vinculación con el 211, fracción VI y 212, fracción III, todos del Código Penal del Estado y que existía la probabilidad de que el ahora quejoso había participado en su comisión, en los términos siguientes: [.] CUARTO. Con lo anterior podemos decir que se encuentra acreditado el delito en comento, se dice lo anterior en razón de que se tiene el dicho del testigo ******* y la víctima *******, quienes son unísonos en mencionar que en las proximidades de las 7:00 y 7:30 horas del 14 de febrero del año en curso, hasta el exterior de su domicilio ubicado en *******, arribaron varios sujetos a bordo de un vehículo ******* de color *******, de donde descienden dos sujetos, quienes abordan a *******, y uno de ellos comienza a forcejear con ******* y lo despoja de su cartera y de las llaves de un vehículo marca ******* tipo *******, modelo ******* color ******* con número de serie ******* propiedad de *******, mientras que diverso sujeto se apodera del auto de motor antes señalado y se retira del lugar a bordo de éste, mientras que uno de los activos aborda el vehículo ******* y se retira del lugar. que debamos decir que el día del 14 de Febrero del año en curso en las proximidades de las 7:00 y 7:30 horas, al exterior del domicilio, ubicado en *******, se llevó a cabo una conducta típica la cual consistió que dos activos desapoderaron a la víctima de un vehículo ******* de color *******, de modelo reciente. Con lo anterior queda acreditado el delito de ROBO CALIFICADO en términos de los artículos 208 fracción III en relación con los numerales 211 fracción VI y 212 fracción III del Código Penal del Estado; lo anterior en razón de que quedó de manifiesto que en evento -sic- delictivo participaron por lo menos dos personas y el objeto del hurto recayó sobre un vehículo automotor. [.] QUINTO. quedó de manifiesto con los antecedentes de investigación reseñados con antelación; -los cuales fueron debidamente valorados y reseñados-, .ya que, al adminicularlos y concatenarlos por su enlace libre y lógico, se evidencia que existe, los señalamientos que realiza en su contra los testigos presenciales ******* y *******, quienes ante la representación social, y al realizar el ejercicio de reconocimiento de personas por medio de Cámara de Gessell apegados a lo establecido en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen sin temor a equivocarse a ******* y *******, como quienes el pasado 14 de Febrero del año en curso aproximadamente a las 7:00 y 7:30 horas, al exterior del domicilio ubicado en *******, los desapoderaron de un vehículo ******* de color *******, de modelo reciente, propiedad de *******;. De ahí entonces que debamos decir que cuando menos hasta esta etapa tan temprana del proceso el actuar de ******* Y ******* es típico del delito de ROBO CALIFICADO al haber encuadrado su conducta en términos de los numerales 208 Fracción III en relación con los diversos 211 Fracción VI y 212 Fracción III todos los anteriores del Código Penal del Estado, y lo procedente sea, en términos de los diversos 16 Constitucional y 141 Y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, librar la orden de aprehensión solicitada. Ahora bien, respecto a que la presencia de ******* y *******, se pueda ver demorada o dificultada, ello se justifica, ya que el delito que se trata, sin aventajarnos, contempla una pena que va desde los 7 años a 23 años de prisión, lo que significa sin duda alguna, un indicio importante respecto a la falta de interés a someterse a un proceso, al tener conocimiento de las consecuencias de que pueda ser objeto de la sanción privativa de libertad; lo anterior en base y con fundamento en el numeral 168 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado a la hipótesis de la negativa de la concepción de invocar cualquier beneficio condicional y/o Preliberacional, derivado de lo expuesto por las restricciones claras y precisas previstas en el artículo 86 fracción I de dicho ordenamiento Penal, reafirmando lo anterior el contenido del artículo 97 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, en sus fracciones II y III, en torno a la expresa negativa de concesión de beneficios al reo sentenciado, lo anterior aumentaría la cautela que se debe de tener con los justiciables, en virtud las penas que podrían llegar a imponérseles sin prejuzgar en caso de que fuera sentenciado condenatoriamente. [.]  Sobre la base de las conclusiones, la Juez de Control dictó los siguiente puntos resolutivos: PRIMERO. SE LIBRA ORDEN DE APREHENSIÓN, en contra de ******* y *******, por el delito de ROBO CALIFICADO, cometido en perjuicio de la moral -sic- *******. SEGUNDO. Notifíquese la presente a la C. Agente del Ministerio Público... [.] Contra esa determinación, el quejoso formuló la demanda de amparo y argumentó, en esencia, que no existe ningún mandato judicial que ordene su orden de aprehensión, lo cual violenta los principios de debido proceso y de presunción de inocencia. Con independencia del concepto de violación expresado, este Juzgado advierte que el acto reclamado lesiona los derechos del quejoso, razón por la que se debe suplir la deficiente queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a-, de la Ley de Amparo, por tratarse del inculpado la persona que acude a esta instancia constitucional, contra actos que provienen de un procedimiento en materia penal Para evidenciar el anterior aserto, es pertinente señalar que el párrafo primero, del artículo 16 de la Constitución General de la República establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Como se aprecia, dicho precepto prevé la obligación para toda autoridad, de fundar y motivar sus determinaciones, esto es, expresar detalladamente los motivos que produjeron la emisión de la misma y el fundamento legal en que la apoye, los cuales deben ser coherentes entre sí. En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, así como de las constancias que remitió, relativas a la causa penal *******, de su índice, se advierte que la responsable ordenó la aprehensión del quejoso en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición del Agente del Ministerio Público de referencia, por la comisión del delito de robo calificado. El artículo 141 del Código procesal de la materia, en que el Juez de Control apoyó su determinación, es del contenido siguiente: 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. A partir de esta disposición, se colige que para que un Juez de Control pueda librar orden de aprehensión, dentro del proceso, en contra de los imputados deben reunirse los requisitos previstos en el primer párrafo del citado numeral. Es decir: 1- Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 2- Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, 3- Que exista la necesidad de cautela. Además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe algún derecho constitucional contenida en diverso precepto; habida cuenta que la circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, dado que podrían darse los casos siguientes: a- Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. b- Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. c- Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. d- Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Así, pueden presentarse muchas más hipótesis respecto de la posible violación de derechos constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; por tanto, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo constitucional. Por ello, su emisión puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los derechos de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, los derechos de seguridad jurídica valen por sí mismos, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, localizable en la página 166, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 2000, registro 904206, que estatuye: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la emisión de una orden de aprehensión. Dicho lo anterior, es necesario hacer el análisis de los requisitos establecidos para el libramiento de una orden de captura, en confrontación con el acto que por esta vía se combate. 1- Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. El primero de los requisitos se encuentra plenamente satisfecho, dado que, como se señaló, la orden de aprehensión motivo del presente juicio de amparo, fue librada por una autoridad judicial, es decir, por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, según se desprende de las constancias que integran la causa penal *******, de su índice, con motivo de la denuncia presentada por *******. 2- Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Como aspecto previo, es conveniente señalar las bases primarias para la emisión de la orden de aprehensión están contenidas en los artículos 16, 19 y 21 de la Constitución Federal. Las cuales es importante tener presentes conforme al sistema procesal penal acusatorio y oral a que se refiere la Constitución. El texto de las disposiciones constitucionales referidas, en lo conducente, es el siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.] 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. [.] 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. [.] Del contenido de los preceptos transcritos se desprenden las premisas siguientes: a- el Ministerio Público tiene la facultad constitucional de investigar y perseguir los delitos; b- en la solicitud de la orden de aprehensión de una persona, la autoridad judicial deberá tener conocimiento de que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, para resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión, los artículos 141, quinto párrafo, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyen lo siguiente: 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: . En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. [.] 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. De la reproducción anterior, se colige que en la secuencia del procedimiento, que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público podrá, previo cumplimiento de diversos requisitos legales, solicitar al Juez de Control el libramiento de la orden de aprehensión. Para tal efecto, el Ministerio Público debe realizar una clasificación jurídica de los hechos, en la que se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. En tal solicitud el Representante social debe realizar una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes, así como exponer las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado. Al resolver sobre esa solicitud, el Juez de control se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud y en caso de que la solicitud de orden de aprehensión no reúna alguno de los requisitos exigibles, prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. Las anteriores premisas permiten establecer que, en el caso, se encuentra satisfecho el segundo requisito para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya expuesto las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo 141 precitado, es decir, que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido el hecho que se configura como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Esto es así, porque en la especie, el Representante social consideró que en la carpeta de investigación existían datos que permitían establecer la existencia de hechos que se encuadraban en el delito previsto y sancionado en los artículos 208, fracción III, en vinculación con el 211, fracción VI y 212, fracción III, todos del Código Penal del Estado y que existía la probabilidad de que el ahora quejoso había participado en su comisión A partir de esa narrativa, la Juez responsable se pronunció sobre los elementos planteados en la solicitud y determinó que con los datos que le fueron puestos bajo su conocimiento era posible establecer la existencia de hechos configurativos del delito de robo calificado, en la hipótesis respectiva -con la intervención de dos o más sujetos y respecto de vehículos automotores-, consistente en que alrededor de las 7:00 y 7:30 horas del catorce de febrero del año en curso, en el exterior del domicilio ubicado en *******, arribaron varios sujetos a bordo de un vehículo ******* -sic-, color *******, del cual descendieron dos sujetos, y abordaron al denunciante, *******; enseguida, uno de los activos comenzó a forcejear con ******* y lo despojó de su cartera y de las llaves de un vehículo automotor, propiedad de *******, valuado pericialmente en $*******; al tiempo en que diverso sujeto se apoderó del citado vehículo, en el cual se retiró del lugar a bordo del mismo, mientras que el diverso sujeto se retiró el lugar a bordo del diverso automóvil -*******-. Asimismo, consideró que se encontraba indiciariamente probada la intervención del ahora quejoso, *******, en esos hechos y lo identificó como la persona que forcejeó con el denunciante, para lograr despojarlo de una cartera, así como las llaves del mencionado vehículo automotor, para entregárselas al diverso coautor -*******- y posteriormente retirarse en el vehículo en el que llegó -*******-; lo que sustentó la Juzgadora, esencialmente, en los señalamientos que realizaron en su contra los testigos presenciales ******* y *******, quienes ante la representación social, y al realizar el ejercicio de reconocimiento de personas por medio de Cámara de Gessell, reconocen sin temor a equivocarse al aquí quejoso. Sobre estas bases, a juicio de quien resuelve, se encuentra justificado el segundo de los elementos que la legislación procesal exige para la emisión de la orden de aprehensión, esto es, que el Ministerio Público haya anunciado que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. 3- Que exista la necesidad de cautela. Finalmente, es necesario establecer que otro de los requisitos para la emisión de la orden de aprehensión, en el caso, lo constituye la necesidad de cautela. Cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a- La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b- Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Ahora, en el caso a estudio, al analizar la necesidad de la medida, la Juez de Control consideró que la comparecencia de *******, ante el Tribunal de Control, podría verse demorada o dificultada, en atención a la magnitud de la posible pena a imponer en una eventual condena, ya que para tal efecto, consideró: [.] Ahora bien, respecto a que la presencia de. *******, se pueda ver demorada o dificultada, ello se justifica, ya que el delito que se trata, sin aventajarnos, contempla una pena que va desde los 7 años a 23 años de prisión, lo que significa sin duda alguna, un indicio importante respecto a la falta de interés a someterse a un proceso, al tener conocimiento de las consecuencias de que pueda ser objeto de la sanción privativa de libertad; lo anterior en base y con fundamento en el numeral 168 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado a la hipótesis de la negativa de la concepción de invocar cualquier beneficio condicional y/o Preliberacional, derivado de lo expuesto por las restricciones claras y precisas previstas en el artículo 86 fracción I de dicho ordenamiento Penal, reafirmando lo anterior el contenido del artículo 97 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, en sus fracciones II y III, en torno a la expresa negativa de concesión de beneficios al reo sentenciado, lo anterior aumentaría la cautela que se debe de tener con los justiciables, en virtud las penas que podrían llegar a imponérseles sin prejuzgar en caso de que fuera sentenciado condenatoriamente. Esta consideración que la autoridad responsable plasma en su mandato de captura, se estima incorrecta, pues va en contra del principio de presunción de inocencia, al contener como elemento para decidir sobre la misma, la posible pena a imponer en el caso de que el requerido fuera sentenciado por el ilícito en cuestión, así como la imposibilidad de obtener un beneficio preliberacional en la sentencia definitiva. Para sustentar esta aseveración, es necesario precisar los argumentos relativos a la medida cautelar de prisión preventiva, los cuales resultan aplicables por analogía. Esta analogía entre la orden de aprehensión y la medida cautelar de prisión preventiva surge de la circunstancia de que ambas medidas tienen por finalidad inmediata privar de su libertad al sujeto pasivo del proceso penal, aunque varían en su finalidad remota. La existencia de esta analogía se aprecia más claramente si se atiende a la denominación del título en que se encuentran reguladas ambas figuras jurídicas dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales: TÍTULO VI MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES Sirve de apoyo la tesis II.1o.33 P -10a.-, por igualdad jurídica sustancial en tanto que el contenido normativo del Código Nacional de Procedimientos Penales es de contenido esencialmente igual al que prevé la legislación del Estado de México, en torno a la aplicabilidad del principio de presunción de inocencia y la necesidad de cautela del inculpado, la cual fue sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, decima época, Libro 30, mayo de 2016, tomo IV, página 2834, con número de registro 2011746, del rubro y texto siguientes: PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL -LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO-. El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el carácter excepcional de la medida cautelar de prisión preventiva, ya que establece la posibilidad de que el Ministerio Público la solicite al Juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal reconoce el derecho fundamental de presunción de inocencia cuya vertiente de -regla de trato procesal-, ha sido interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 -10a.-, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 497, de rubro: -PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.-, en el sentido de que toda persona sometida a un proceso penal debe ser tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, lo que constriñe a los Jueces a impedir, en la mayor medida, la aplicación de disposiciones que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Sobre esta base, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 194, apartado B, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, éste podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, por no tener derecho a la justicia restaurativa ni a que se le conceda beneficio o sustitutivo penal alguno, viola el mencionado principio de presunción de inocencia, pues dicho pronunciamiento presupone de suyo la anticipación de la pena, lo cual constitucionalmente está proscrito en el actuar de los juzgadores, en atención a la vertiente regla de trato procesal. En un sentido similar es pertinente citar la tesis aislada XXII.1º.23P, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXX, julio de 2009, materia penal, página 2028, registro 166872, del rubro y texto siguiente: PRISIÓN PREVENTIVA. SU REGULACIÓN EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos denominado Derecho a la libertad personal, se advierte la existencia y regulación de la prisión preventiva, pues dicho numeral establece que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, además prevé que toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, la cual tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, y precisa que la libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver de fondo el caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sostuvo que del artículo 8.2 de dicha convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, toda vez que la prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva; asimismo, estableció que el aludido concepto está expresado en múltiples instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, entre los que puede nombrarse el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que la imposición de la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pues de lo contrario se cometería una injusticia al privar de la libertad, por un plazo desproporcionado respecto de la pena que correspondería al delito imputado, a personas cuya responsabilidad criminal no ha sido establecida, y que ello sería lo mismo que anticipar una pena a la sentencia, lo cual es contrario a los principios generales del derecho universalmente reconocidos. Sobre estas bases, la motivación empleada para sustentar la necesidad de cautela, resulta violatoria de los derechos del hoy quejoso, pues transgrede el principio de presunción de inocencia el hecho de considerar que existe necesidad de cautela por el quantum de la pena que podría llegar a imponerse al ahora quejoso y la imposibilidad de acceder a un beneficio preliberacional, de llegarse a dictar una sentencia condenatoria. Ello es así, porque los preceptos que invoca la responsable consistente en los artículos 168, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales ; así como el diverso 97, fracciones II y III, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado , hacen referencia a la pre-existencia de una sentencia condenatoria, por lo que de tomarse en cuenta como parámetro para determinar la necesidad de cautela, atenta contra el referido principio de presunción de inocencia. Asimismo, el artículo 86, fracción I, que la autoridad responsable cita y refiere de manera general que corresponde a -dicho ordenamiento Penal- -sic-, no puede servir de parámetro para justificar la necesidad de cautela; en primer término, porque ese precepto del Código Nacional de Procedimientos Penales no contiene fracciones; además, se refiere a la manera en que deben practicarse las notificaciones a los defensores y asesores jurídicos, lo que constituye un elemento ajeno a la justificación de la necesidad de cautela a que hace referencia el artículo 141 del Código Nacional en cita. Por tanto, como se indicó, la motivación empleada para sustentar la necesidad de cautela, resulta violatoria de los derechos del quejoso, lo que impone conceder la protección constitucional solicitada, para que la Juez de Control responsable: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dictada dentro de la causa penal *******, respecto del aquí quejoso, *******. 2. En su lugar, emita una nueva, en la que reitere todos aquellos aspectos ajenos a esta concesión. 3. Enseguida, con libertad de jurisdicción, funde y motive la necesidad de cautela para la emisión de la orden de aprehensión, sin considerar que por la pena de prisión que merece o la negativa a otorgársele un beneficio preliberacional por la comisión del ilícito atribuido al ahora quejoso, el inculpado podría evadirse de la acción de la justicia y, en su lugar, realice el pronunciamiento que considere legalmente procedente. La anterior concesión debe hacerse extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades señaladas como ejecutoras, pues los actos que se le atribuyen no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia de lo directamente ordenado por la Juez responsable. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 88, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, del tomo V, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que estatuye: AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, se Resuelve: ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a *******. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la licenciada *******, Secretaria en funciones de Juez, adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien actúa asistida por el Secretario del Juzgado que da fe, licenciado *******. Doy fe.

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