Erick Hernández Mendoza
Expediente 393/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Erick Hernández Mendoza
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no contiene información clasificada como reservada, ni las partes entregaron información con carácter confidencial, según los ordinales 97, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. . Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio enviado por la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Ahora, del estado de autos se advierte que mediante escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil diecisiete, *******, por conducto del licenciado ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional y Juez del Tribunal de Garantía de este Distrito Judicial Bravos, que hizo consistir en: "[.] IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAME: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA, del C. Magistrado (.) *******, se reclama el Abusivo, ilegal e inconstitucional decreto de fecha Treinta de Marzo de Dos Mil Diecisiete, dictado por la responsable dentro del Toca ******* derivado de la causa penal *******, en el cual se confirma el auto apelado. Además se le reclama la invasión de las facultades legales y constitucionales otorgadas al ministerio Público. DE LA AUTORIDAD ORDENADORA Y EJECUTORA, al inferior Juez del Tribunal de Garantía de este Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el cual está compuesto por el C. Licenciado *******, el decreto de fecha Veintiséis de Enero de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal *******, en el cual se le impuso al suscrito de forma inquisitorial y de manera Abusiva, ilegal e inconstitucional, la medida cautelar de prisión preventiva contemplada en el artículo 169 fracción XII, del Código de Procedimientos Penales de Chihuahua, vigente al momento de los hechos.[.]. Previa aclaración, mediante auto de dos de mayo de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo de referencia; se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló fecha y hora para celebrar la audiencia constitucional. En su informe justificado, el Juez de Garantía informa que es cierto el acto reclamado por el quejoso, toda vez que el veintiséis de enero del año en curso, el Juez de Control, fijó al quejoso ******* como medida cautelar la prevista en el artículo 169, fracción XII, del Código de Procedimientos Penales, consistente en Prisión Preventiva. Ahora bien, del oficio recibido se desprende que el Juez de Control, el doce del actual llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares, y se declaró procedente la petición de la Defensa licenciada *******, y en virtud de que variaron las condiciones por las que le fuera impuesta la medida cautelar precisada en el párrafo que antecede, le impuso al imputado lo siguiente: [.] Fracción IV del artículo 169 del Código de Procedimientos Penales, consistente en la firma de manera quincenal, ante la Fiscalía Especializada de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, en el domicilio ubicado en Avenida Eje Vial Juan Gabriel número 1360 de la colonia Ex Hipódromo enseguida del Centro Comercial Soriana Sanders de esta ciudad, misma que tendrá una vigencia de DOCE MESES por lo que fenecerá el día doce de mayo del año dos mil dieciocho. Por lo que se ordenó la INMEDIATA LIBERTAD de ******* y/o *******, de no existir algún otro motivo por el cual deba de permanecer detenido.[.] Haciendo la precisión que en la audiencia estuvo presente la defensora del quejoso licenciada Rosa Amelia Bailón Payan, por lo que el quejoso tuvo conocimiento de dicho auto. Esta narrativa de antecedentes revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" La cesación de efectos a que se refiere el supuesto transcrito, consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, el oficio con firma autógrafa del auto emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos el doce de mayo del año en curso, revelan que efectivamente dejó de existir el acto reclamado por el quejoso, ello al haber ordenado el Juez responsable su inmediata libertad. Esas documentales, que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, resultan eficaces y suficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que el actuar del Juez de Garantías al haber ordenado la libertad del quejoso, cesó en sus efectos en el momento en que se emitió el acuerdo de doce del actual. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sólo resta precisar que cuando en el juicio de amparo se señala actos reclamados que tienen como consecuencia la afectación al derecho de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el análisis debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral; de ahí que, en la especie, con la contestación de la solicitud del quejoso ante la responsable y su notificación, cesaron los efectos del acto reclamado. Apoya esta conclusión, por las razones que informa, la tesis 2a.CV/2013 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. En apoyo a lo anterior, por las razones que informa, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. En distinto orden, del informe con justificación que rinde el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, se desprende que en la causa penal *****, se formuló imputación al aquí quejoso, por el delito de Tortura, previsto y sancionado en los artículos 3 fracción I, 4 fracción III y 5 de la Ley Estatal para prevenir y sancionar y erradicar la tortura, así como los artículos 2 y 3 de la Convención Interamericana para prevenir, radicar y sancionar la tortura, así como por el 5 de la Convención Interamericana de los derechos humanos, cometidos en perjuicio de la víctima protegida; por tal motivo, se ordena girar oficio al agente del Ministerio Público que conozca de la citada causa penal, a fin de que dentro del término de cinco días computados legalmente, proporcione el nombre de la persona a quien le resulta el carácter de tercero interesado en el presente asunto, conforme lo prevé el numeral 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, apercibido que en caso de no dar cumplimiento se hará acreedor a una multa por la cantidad $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien unidades de medida y actualización, acorde a lo que establece el numeral 237 de la legislación en comento. Asimismo, se ordena emplazar al Agente del Ministerio Público que conozca de la causa penal ********, a quien le reviste el carácter de tercero interesado conforme lo establece el numeral 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se ordena emplazarlo conforme lo establece el ordinal 26, fracción I, inciso b), de la ley en comento, de igual forma, se hace de su conocimiento que la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y por oficio al citado Agente del Ministerio Público. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe. *arc
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de mayo de dos mil diecisiete. Glósese a los autos el escrito aclaratorio signado por el licenciado *******, defensor del quejoso *******, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló por auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que es defensor particular del aquí quejoso. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional, y otra autoridad. ******* Sin que se ordene tramitar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo; del mismo modo, el Juez del proceso deberá de informar si efectivamente el promovente es el actual defensor particular del directamente quejoso. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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