Erendira Bautista López

Expediente 949/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 53 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
949/2021
Año
2021
Actuaciones
53
Última actuación
07/12/2022

Partes del expediente

  • Erendira Bautista López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veintidós. SE CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra de la sentencia con engrose de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Eréndira Bautista López, sin que lo hayan hecho. DECLARACIÓN DE CAUSAR EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase al Juez responsable las documentales que acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que únicamente se concedió la suspensión provisional. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo VI-949/2021, promovido por Eréndira Bautista López, por su propio derecho, contra los actos de: Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. Juez Menor de Tarímbaro, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Menor de Tarímbaro, Michoacán. Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Director de Catastro del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Director de Catastro Municipal del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Notario Público número 105, Licenciado Alfredo Palomares Estrada. Ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Eréndira Bautista López, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto y las autoridades que precisó en los siguientes términos: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: En cuanto autoridad ordenadora se señala: Al Juez Séptimo Civil de este Distrito Judicial . de quien se reclama todo lo actuado dentro del juicio ordinario mercantil número 145/2009. En cuanto autoridad ejecutora se señala: 1.C. Juez Menor de Tarímbaro, Michoacán, . 2. C. Actuario adscrito al Juzgado Menor de Tarímbaro, Michoacán . 3. El C. Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, . pues esta autoridad cumplimentó en sus términos la sentencia definitiva dictada dentro del juicio de origen, dando de baja mi título de propiedad que se inscribe en esta dependencia bajo el tomo 6810 registro 54, del libro de propiedad correspondiente al distrito de Morelia, Michoacán, respecto de la finca así como terreno sobre el que se asienta que es el lote número 40, de la manzana "VIII", número 8 romano, ubicado en la calle Retorno de Tonantzin número 40, del conjunto habitacional "Villa Tzipecua", del municipio de Tarímbaro, distrito de Morelia, tomo y registro de esta propiedad que ya se dio de baja pues ya se cumplimentó en sus términos la mencionada sentencia para ahora inscribirse el inmueble en esta dependencia en favor del BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, bajo el tomo 12858 registro 27 del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Morelia. 4. Del C. Director de Catastro del Gobierno del Estado, . esta autoridad pretenderá cumplimentar en sus términos la sentencia definitiva en el juicio de origen, dando de baja el citado inmueble de mi propiedad que se registra en esta dependencia a mi favor la finca así como terreno sobre el que se asienta que es el lote número 40, de la manzana "VIII", número 8 romano, ubicado en la calle retorno de Tonantzin número 40, del conjunto habitacional "Villa Tzipecua", del Municipio de Tarímbaro, distrito de Morelia. 5. Del C. Director del Catastro Municipal de esta ciudad, . esta autoridad pretenderá cumplimentar en sus términos la sentencia definitiva en el juicio de origen, dando de baja el citado inmueble de mi propiedad que se registra en esta dependencia a mi favor, la finca así como terreno sobre el que se asienta que es el lote número 40, de la manzana "VIII", número 8 romano, ubicado en la calle Retorno de Tonantzin número 40, del conjunto habitacional "Villa Tzipecua", del municipio de Tarímbaro, distrito de Morelia. 6. El Notario Público número 105 Licenciado Alfredo Palomares Estrada . IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como ordenadora responsable: C. Juez Séptimo Civil de este Distrito Judicial, se reclama el indebido emplazamiento al juicio ordinario mercantil número 145/2009, que en mi contra promovió BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, a través de su apoderado legal Ramón Hernández Reyes, y como consecuencia de lo anterior se reclama todo lo actuado dentro de ese juicio, en especial la sentencia definitiva pronunciada el 13 trece de junio del año 2013 dos mil trece, ello como resultado de un procedimiento viciado, ya que al no llamarme adecuadamente al Juicio, se me dejó en un estado de indefensión pues no pude comparecer a juicio para ser escuchado y vencido en juicio, y con ello defender mis intereses, lo que trajo como consecuencia que se escriture indebidamente el inmueble que es de mi propiedad a la Institución Financiera señalada, por lo que también reclamo como consecuencia del acto reclamado, la escritura pública número Treinta y cuatro mil ciento setenta y uno volumen número mil doscientos cuarenta y cinco inscrita en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, en el tomo 12858 registro 27 del libro de propiedad de este distrito; así como la inconstitucional diligencia de entrega y lanzamiento de inmueble de fecha 26 veintiséis de agosto del presente año practicada por el Juez Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, en el inmueble que es de mi propiedad. De las señaladas como ejecutoras reclamo: C. Juez Menor de Tarímbaro, Michoacán y Actuario adscrito al Juzgado Menor de Tarímbaro, Michoacán, por las supuestas razones que aparecen levantadas dentro del juicio donde emana el acto reclamado, en donde señalan que al llegar al domicilio de la suscrita se percataron y supuestamente constataron que mi vivienda se encuentra totalmente deshabitada y que por tal razón se vieron en la imposibilidad de realizar lo ordenado mediante requisitoria número 17/2012 en la que se ordena emplazar a la suscrita Juicio (sic) reclamando también de éstos, las notificaciones que aparecen realizadas a la suscrita después, incluyendo la notificación de la sentencia definitiva. Del C. Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio en el Estado, y Del C. Director de Catastro del Gobierno del Estado, Del Jefe del Departamento de Catastro de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, y del Notario Público número 105 Licenciado Alfredo Palomares Estrada, reclamo el cumplimiento en sus términos de la sentencia definitiva pronunciada dentro del juicio señalado y la escritura de adjudicación ordenada en ese procedimiento judicial ejecutada por las autoridades señaladas. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno aleatorio, el conocimiento del asunto le correspondió a este juzgado de Distrito que inicialmente se desechó; empero, en cumplimiento a la ejecutoria aprobada en sesión de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el recurso de queja 217/2021, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se ordenó formar el expediente VI-949/2021; admitir a trámite el referido ocurso; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; se ordenó la notificación del señalado proveído al tercero interesado; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Dicha audiencia, previos diferimientos, se celebró el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede, y en ella el testimonio de Diana Beatriz Tapia Martínez y Salud García Delgado, conforme al interrogatorio que fue calificado de legal. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 7/2022 del propio Pleno. Igualmente se considera dicha competencia legal porque se trata de una demanda de amparo promovida contra un acto en materia civil, que tiene ejecución dentro del territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: El ilegal emplazamiento realizado a la quejosa y como consecuencia de ello todo lo actuado en el Juicio Ordinario Mercantil 145/2009, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, por lo que su existencia se tiene plenamente probada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, tales afirmaciones se corroboran con las constancias que integran el original del Juicio Ordinario Mercantil número 145/2009, que la autoridad responsable Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad, acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. Luego, este órgano de control constitucional considera que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sentido, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, resulta indispensable precisar que el Máximo Tribunal del País ha sostenido que no puede considerarse como tercero extraño por equiparación a la parte formal que alega la falta o ilegal emplazamiento cuando ya ha comparecido a juicio, o bien, cuando no haya comparecido, pero haya tenido pleno conocimiento de la existencia del juicio incoado en su contra antes de que se dicte sentencia y ésta cause estado, como podría suceder si durante la secuela procesal se entendiera alguna diligencia con él personalmente; es así, porque en ese supuesto, el promovente del amparo estaría en aptitud de ocurrir al juicio natural y hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios. Tales razonamientos se encuentran contenidos en las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia.". "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE LA EXISTENCIA Y LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia o ésta cause ejecutoria para que pierda el carácter de extraño al juicio, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". (El énfasis es propio). Sentado lo anterior, conviene reiterar que, en el caso, el acto reclamado es el ilegal emplazamiento al juicio y como consecuencia, todo lo actuado en el proceso natural. Sin embargo, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2°, resulta un hecho notorio para este órgano de control constitucional la existencia del juicio de amparo 658/2010 promovido por la misma aquí quejosa contra actos del Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial y otras autoridades, de quienes reclamó, en lo que aquí interesa, el ilegal emplazamiento efectuado en el Juicio Ordinario Mercantil 145/2009 de su estadística. Una vez agotadas las etapas procesales correspondientes, el diez de marzo de dos mil once, se dictó sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó el amparo y, por la otra, se concedió la protección de la justicia de la unión para efecto de que el juez de Primera Instancia en cita, dejara insubsistente todo lo actuado en el controvertido de origen a partir del emplazamiento y ordenara que se efectuara debidamente a la aquí quejosa, observando las formalidades que para ello se establecen en el Código de Comercio. Determinación que fue confirmada mediante ejecutoria de catorce de julio de dos mil once, en el amparo en revisión civil 199/2011, pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; por lo cual, en proveído de cinco de agosto de dos mil once, se requirió a la responsable en cumplimiento al fallo protector. Posteriormente en acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil once, se dio vista a la parte quejosa con las constancias que remitió la responsable en atención a lo solicitado, sin que manifestara nada al respecto. El seis de septiembre de dos mil once, este órgano jurisdiccional declaró cumplido el amparo al estimar que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos que le fueron señalados en la ejecutoria de amparo, toda vez que por una parte dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio del que emana el acto reclamado, a partir del emplazamiento y ordenó su práctica conforme a la ley de la materia; asimismo, consta de los autos que la determinación que declaró cumplido el fallo protector le fue notificada personalmente al autorizado de la parte quejosa, sin que se inconformara con su calificativa. Lo anterior patentiza que, en el caso, se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada con antelación; pues previo a la promoción de este amparo existe el antecedente de uno diverso en el que se reclamó el mismo acto por la quejosa Eréndira Bautista López y respecto de actos emanados del propio juicio natural, otorgándose la protección constitucional para efecto de que se repusiera el procedimiento y se practicara debidamente el emplazamiento de la aquí quejosa, lo que así realizó la responsable y con lo cual se le dio vista a ésta para que manifestara lo que a su interés correspondiera. Por lo tanto, si se parte de la premisa de que la quejosa era sabedora de los efectos para los que se le otorgó la protección de la Justicia de la Unión, es incuestionable que no puede ahora aducir desconocimiento, pues virtud del cabal conocimiento del juicio natural perdió la calidad de tercera extraña que ahora pretende nuevamente ostentar. Atento a lo anterior, la quejosa quedó sujeta a las reglas ordinarias que rigen el juicio de amparo, entonces debe precisarse que, en todo caso de estimar que el emplazamiento no fue debidamente practicado le correspondía interponer el medio de inconformidad correspondiente dentro del término que prevé la Ley de Amparo; de modo que al no haberlo hecho así, consintió la forma en que éste se realizó pues además se insiste se encontraba en aptitud de comparecer al juicio de origen para defender lo que a su interés correspondiera. Máxime que estimar lo contrario supondría una interminable cadena de amparos en detrimento de la impartición de justicia pronta y expedita. Además de la demanda de amparo que propició la formación del asunto que se resuelve, la propia quejosa manifestó tener conocimiento que le fue otorgado el amparo y protección de la justicia federal dentro del juicio de garantías número 658/2010 del índice de este órgano jurisdiccional, lo cual robustece lo antes afirmado. Circunstancia que válidamente puede considerarse como una confesión respecto del conocimiento del asunto. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONFESIÓN JUDICIAL. La doctrina admite que la confesión solo produce efecto en lo que perjudica a quien la hace; pero también acepta por otra parte, que no puede dividirse, en daño de quien la hace, cuando el demandado, admitiendo en todo o en parte los hechos afirmados por el actor, añade elementos que modifican su forma jurídica. En este caso, el actor deberá cuidarse de la prueba del hecho constitutivo, como si no mediare confesión (Chiovenda. Principios de Derecho Procesal Civil).". Lo anterior patentiza que la aquí peticionaria de la protección constitucional perdió la calidad de tercera extraña, entonces estaba en aptitud de ocurrir al juicio natural y oponer los recursos y medios de defensa; y, que en caso de que lo determinado por el órgano jurisdiccional que conozca de aquél resolviera en forma adversa a los intereses de la quejosa, ésta podría reiterar el motivo de su queja en el juicio de amparo directo que eventualmente se promueva en contra de la sentencia definitiva, como violación procesal en términos de lo previsto en el artículo 171 de la Ley de Amparo. Más aún que por escrito presentado el seis de agosto de dos mil diez en el juicio natural, la propia quejosa solicitó se le expidieran copias certificadas para promover juicio de amparo, y autorizó para recibirlas a Javier Hernández Trejo, quien también firmó de aceptación, a lo que recayó el acuerdo de nueve de agosto de dos mil diez, donde proveyó de conformidad la petición; y, el once de agosto de dos mil veintidós se asentó recibo por el autorizado quien recibió las copias solicitadas, lo que corrobora aún más que la quejosa ya no ostenta la calidad de tercera extraña. A lo anterior resulta aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión." Por otra parte, resulta irrelevante la valoración de la testimonial desahogada al momento de la celebración de la audiencia constitucional, emitida por Diana Beatriz Tapia Martínez y Salud García Delgado. Lo anterior en virtud de que tales testimonios fueron encaminados a evidenciar la posesión del inmueble detentada por la ahora quejosa. Sin embargo, no desvirtúan lo relativo a que para los efectos de este juicio constitucional, la quejosa ya no tiene carácter de tercera extraña en este juicio de amparo por haber tenido conocimiento previo en distinto juicio de garantías. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el presente juicio, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, del mismo ordenamiento. No se soslayan los alegatos hechos valer por la parte tercero interesada y el fiscal de la Federación adscrito, sin embargo, este órgano jurisdiccional no se encuentra obligado a pronunciarse respecto de tales manifestaciones. Lo anterior con apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 122/2019 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal de rubro y contenido siguiente: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LOS JUECES DE DISTRITO DEBEN PRONUNCIARSE EN SU SENTENCIA SOBRE AQUELLOS EN LOS QUE SE PLANTEEN CUESTIONES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO; SIN EMBARGO, LA OMISIÓN DE ESTUDIAR DICHOS ARGUMENTOS CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El artículo 124 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cuestiones, que en la audiencia constitucional se recibirán los alegatos por escrito que formulen las partes, y que el quejoso podrá alegar verbalmente en los casos extraordinarios expresamente ahí previstos, de lo que se advierte que el legislador estableció en dicha figura un derecho procesal de las partes a formularlos, una formalidad para su presentación, así como una obligación procesal del Juez de Distrito de recibirlos y pronunciarse respecto de ellos en su resolución, de ser necesario, como lo es cuando en dichos alegatos se hacen valer cuestiones de improcedencia. Sin embargo, la omisión del Juez de Distrito de emitir algún pronunciamiento relacionado con dichos argumentos de improcedencia constituye una violación que no da lugar a la reposición del procedimiento, ya que el artículo 93 de la Ley de Amparo impone al Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión la obligación de ocuparse de ellos, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eréndira Bautista López, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy nueve de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo VI-949/2021, promovido por Eréndira Bautista López, por su propio derecho, contra los actos de: Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. Juez Menor de Tarímbaro, Michoacán. Actuario adscrito al Juzgado Menor de Tarímbaro, Michoacán. Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Director de Catastro del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Director de Catastro Municipal del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Notario Público número 105, Licenciado Alfredo Palomares Estrada. Ciudad. .. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eréndira Bautista López, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy nueve de noviembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.Mrc*

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VI-949/2021 promovido por Erendira Bautista López contra actos del Juez Séptimo Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene el carácter de tercero interesadas Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiaero Banorte y Daniela de Guadalupe Alvarado Álvarez, quienes se encuentran debidamente emplazadas en el juicio en que se actúa, y se apersonaron en auto de diez de junio y nueve de mayo, ambos de dos mil veintidós. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: a).-Juez Séptimo Civil de este Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad. b).-Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio, con residencia en esta ciudad. c) Director de Catastro en el Estado, con residencia en esta ciudad. d).- Director de Catastro Municipal Estado, con residencia en esta ciudad. e).- Notario Público número 105, Licenciado Alfredo Palomares Estrada. Ciudad. f).- Receptoría de Rentas de Tarímbaro, Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obran en autos las documentales que la Receptoría de Rentas de Tarímbaro, Michoacán, notario y Director Registro Público, allegaron con sus informes, y en cuaderno de pruebas por separado las documentales que el juez responsable adjuntó a su informe justificado, medio de convicción que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvo por admitido y desahogado en atención su propia y especial naturaleza. En este momento, se hace constar que se encuentra presente Ivonne Berenice Alcantar García, autorizada de la quejosa. En este acto, también se hace constar que comparecieron a la audiencia las atestes Diana Beatriz Tapia Martínez y Salud García Delgado, por lo que, a continuación se procede a desahogar la prueba testimonial anunciada y admitida en autos por la parte quejosa ERÉNDIRA BAUTISTA LÓPEZ, y admitida en proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, a cargo de dichas atestes; a continuación se hace saber a las atestes en términos del artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme al artículo 2 de la citada codificación, así como en términos del artículo 247 bis del Código Penal Federal, sobre las penas en que incurren los que declaran con falsedad, y una vez exhortadas, los testigos protestan conducirse con la con verdad al contestar las preguntas que se le van a formular. Enseguida, con fundamento en el artículo 175 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se califican de legales la totalidad de las preguntas formuladas en el interrogatorio exhibido por la parte quejosa en su escrito que anexó a su libelo constitucional, a cargo del cual depondrán las testigos. Enseguida la testigo este Diana Beatriz Tapia Martínez, manifestó llamarse como ha quedado asentado, treinta y cuatro años de edad, empleada, originaria de Ciudad Hidalgo, Michoacán y vecina de esta ciudad, con domicilio en calle Venus número 152, Privadas del Sol II, quien se identifica con la credencial para votar, con clave de elector TPMRDN88051916M700, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, no es pariente consanguíneo del quejoso, que no tiene interés en el presente asunto, que tiene amistad con la quejosa y los tercero interesados y que no recibió ninguna remuneración por comparecer a la presente audiencia. En ese tenor, se le examina conforme al interrogatorio que obra en autos, mismo que se califica de legal desde este instante, para todos los efectos legales a que haya lugar, a fin de proceder al desahogo del medio de convicción que nos ocupa; por lo que contesta en los siguientes términos: A la Primera Pregunta contestó: "Si la conozco" A la segunda pregunta contestó: "Desde el dos mil siete entré a estudiar a Farma en el dos mil seis, ella tenía un local en la calle 5, colonia Matamoros, por la misma facultad, la llegué a ver varias veces, antes de comenzar a trabajar para ella en el año dos mil siete, ya que yo cuidaba a una de sus hijas, así fue como la conocí". A la tercera pregunta contestó: "Sí, ya que cuatro meses después de que comencé a trabajar con ella, me comenzó a rentar una de las habitaciones en ese domicilio, porque para mí era más favorable para cuidar a su hija y seguir en la escuela" A la cuarta pregunta contestó: "Porque viví ahí" A la quinta pregunta contestó: "Sí, el esposo de la señora Eréndira, su hija, yo que rentaba y después Salud García Delgado; se separaron con su esposo en el dos mil diez." A la quinta pregunta bis contestó: "Sí, yo seguía ahí, ahí estábamos la señora Eréndira, su hija y todavía no permanentemente pero Salud me visitaba y en ocasiones se quedaba en mi habitación." A la sexta pregunta contestó: "Porque vivía ahí" A la séptima pregunta contestó: "No, ha estado habitado poruqe como ya lo dije yo llegué en el dos mil siete, previa visita que realicé en el dos mil seis, y la señora Eréndira ya vivía ahí con su familia, y el veintiséis de agosto desalojaron mis cosas con lujo de violencia, e incluso tuve que desplazarme de mi trabajo ubicado en Altozano, porque me avisaron que la estaban desalojando, no me dejaron entrar a sacar mis cosas y tampoco ver lo que estaban haciendo con ellas, ni acercarme a la señora Eréndira para ver qué pasaba, recuerdo que era una mujer con cabello chino, delgada, un poco más alta que yo la que era un poco grosera y me dijo que aunque yo viviera ahí, no podía entrar, e incluso llamó a los policías para que me mantuvieran alejada de la entrada". A la octava pregunta contestó: "Sí vivía ahí, nunca dejó de habitarlo". A la novena pregunta contestó: "Porque he estado ahí". Enseguida, se retira al ateste y se procede al desahogo del interrogatorio por parte de la testigo Salud García Delgado, manifestó llamarse como ha quedado asentado, veintiocho años de edad, médico general, originaria de Maravatío, Michoacán y vecina de la Localidad de Pueblo Nuevo, con domicilio en calle El Rosal número 33, quien se identifica con la credencial para votar con clave de elector GRDLSL94031616M000, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, no es pariente consanguíneo de la quejosa, que no tiene interés en el presente asunto, que tiene amistad con la quejosa y los terceros interesados y que no recibió ninguna remuneración por comparecer a la presente audiencia. En ese tenor, se le examina conforme al interrogatorio que obra en autos, mismo que se califica de legal desde este instante, para todos los efectos legales a que haya lugar, a fin de proceder al desahogo del medio de convicción que nos ocupa; por lo que contesta en los siguientes términos: A la Primera Pregunta contestó: "Sí la conozco" A la segunda pregunta contestó: "La conozco desde el año dos mil doce, debido a que yo estaba viviendo en su casa, pues ella me rentaba un cuarto cuando yo comencé a estudiar la carrera". A la tercera pregunta contestó: "Sí lo conozco, porque ahí vivía". A la cuarta pregunta contestó: "Porque la señora Eréndira me rentaba un cuarto, mientras yo era estudiante". A la quinta pregunta contestó: "A mí me consta quien habitaba el inmueble desde el año dos mil doce más o menos al año dos mil veintiuno, eran la señora Eréndira, su hija y Diana Beatriz Tapia". A la quinta pregunta bis contestó: "Sí, fue en el año que yo empecé a vivir ahí y estábamos las mismas personas que acabo de mencionar en la pregunta anterior". A la sexta pregunta contestó: "Porque yo estaba viviendo con ellas". A la séptima pregunta contestó: "No me consta, a mí solo me consta a partir de que yo estuve ahí; esto es desde el año dos mil doce me consta que estaba habitado". A la octava pregunta contestó: "Igual, yo solamente puedo dar testimonio de que ella vivía ahí cuando yo llegué a ese lugar, esto es, desde el año dos mil doce". A la novena pregunta contestó: "Porque yo estuve viviendo en el inmueble". Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que los formuló el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, a través del pedimento 194/2022. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 3°, párrafo 8°, de la Ley de Amparo y 61, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la que suscribe Secretaria Silvia Lorena Arenas Raya, certifica y hace constar que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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