Erandy De Asís Chávez

Expediente 447/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
447/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
17/07/2023

Partes del expediente

  • Erandy De Asís Chávez
  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de junio del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEIDO en el juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20, fracción I del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se hizo apertura de los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IV-447/2023, promovido por Erandy de Asís Chávez, a través de su representante José Mendiola Sanabria, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el doce de abril del año en curso ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, el cual por razón de turno se recibió en este órgano jurisdiccional el mismo día, Erandy de Asís Chávez promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Además, la quejosa precisó como transgredido en su perjuicio los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Mediante proveído de trece de abril anterior, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, requirió el informe justificado correspondiente, dio intervención al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, ordenó el emplazamiento de la Secretaría de Educación del Estado, en cuanto tercera interesada; y, fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que precede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama una omisión de un órgano jurisdiccional que conoce de conflictos en materia laboral y con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, por lo que se surte competencia en razón de materia, grado y territorio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, sobre todo de los antecedentes y conceptos de violación; y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional; además, su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese sentido, en el presente asunto se reclaman actos derivados del juicio ordinario laboral 488/2015, consistentes en lo siguiente: a) La omisión de actualizar los salarios devengados a partir del dictado del laudo, toda vez que no ha sido ejecutado; y, b) El proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el Tribunal responsable, que en lo conducente niega actualizar salarios caídos porque, dijo, en el laudo no se hizo especial condena a tal prestación. TERCERO. Antecedentes. De las constancias remitidas por el Tribunal responsable, a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 200 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden los siguientes antecedentes sustanciales: 1. El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se dictó laudo en el que se condenó a la Secretaría aquí tercera interesada a la readscripción de la trabajadora promovente del amparo, así como al pago de $551,289.16 (quinientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y nueve 16/100 moneda nacional), por concepto de salarios devengados, entre otras prestaciones, desde dos mil catorce y los que se generaron durante el trámite del procedimiento. Sobre los salarios devengados se resolvió de la siguiente manera: "(.) III.3.- Por concepto de salarios devengados en la inteligencia que desde la fecha que dejó de percibir su salario el 16 de septiembre de 2015 dos mil quince, a la fecha de la emisión del presente laudo 26 veintiséis de noviembre de 2020 dos mil veinte, se desprende que han transcurrido un total de 1898 mil ochocientos noventa y ocho días, los que multiplicados por el salario cuota del actor $243.07, resultan la cantidad de $461,346.86 (cuatrocientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y seis pesos 86/100 M.N.), los que se deberán pagar a favor de la actora. (.)" 2. Inconforme con dicha resolución, la Secretaría demandada promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, bajo el número de expediente 184/2021, en el que se negó la protección de la Justicia de la Unión; 3. Por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil veintiuno, la parte actora solicitó la actualización salarial a partir de la fecha de emisión del laudo, así como los que se siguieran generando, hasta la fecha en la que se reincorporara a la trabajadora a su fuente de trabajo; también, solicitó se despachara auto de ejecución; 4. El Tribunal responsable atendió las peticiones de la actora en acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, en el que, por una parte, despachó auto de ejecución, comisionando al Actuario de su adscripción a fin de requerir a la demandada el pago de lo laudado; por otro lado, negó la petición de actualización de salarios caídos, con base en que en el laudo no se estableció dicha condena. Esta actuación constituye uno de los actos reclamados en el presente asunto. Cabe destacar que en la parte posterior de tal actuación obra un acuse de recibo de copias certificadas de diecisiete de enero del año en curso, signado por el apoderado de la quejosa; y, 5. El tres de mayo anterior -con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo-, se llevó a cabo el requerimiento de pago y embargo, diligencia en la que la representante de la demandada se opuso al embargo y solicitó se requiriera a la ejecutante para que proporcionara los documentos y datos necesarios para realizar las gestiones administrativas correspondientes al cumplimiento del laudo; por su parte, el apoderado de la aquí quejosa solicitó al Tribunal responsable, esencialmente, tomara las medidas necesarias para lograr la ejecución. CUARTO. Inexistencia de la omisión reclamada. Del informe justificado rendido por la Presidenta del Tribunal responsable, se obtiene que negó la existencia del acto omisivo que la quejosa le atribuyó, precisado en el inciso a) del considerando segundo, en los siguientes términos: "(.) NO ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que después de una búsqueda minuciosa dentro de los autos en que se actúa, se desprende que en el proveído de fecha 14 catorce de diciembre de 2022 dos mil veintidós, se dice que NO HA LUGAR a la actualización de los salarios caídos toda vez que dentro del laudo de fecha 26 veintiséis de noviembre de 2020 dos mil veinte no hace especial condena a los salarios que se sigan generando. (.)" Se destaca que la autoridad responsable niega la omisión que se le atribuye, con base en que el catorce de diciembre de dos mil veintidós acordó desfavorablemente la petición de actualización de salarios devengados hecha por la actora, lo cual se reclama en el presente juicio, entre otras cosas, a manera de omisión; sin embargo, en las constancias del acto reclamado se aprecia que no existe promoción posterior a dicha fecha por parte de la aquí quejosa, en que se solicite la referida actualización; de tal suerte que no puede atribuirse al tribunal responsable la conducta omisiva que le reclama la quejosa en su demanda. Al quedar establecido que la responsable niega la actitud omisiva que se le atribuye, corresponde ahora determinar si correspondía a la parte vencedora gestionar lo pertinente a la actualización de salarios devengados; o, bien, si tales actos deben ser llevados a cabo por la propia responsable, incluso, sin petición expresa en ese sentido. En ese sentido, los artículos 119, 120 y 121 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, son del tenor siguiente: "Artículo 119. Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje no admitirán recurso y deberán ser cumplidas por las autoridades correspondientes. Pronunciado el laudo, el Tribunal lo notificará a las partes personalmente". "Artículo 120. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje deberá proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes". "Artículo 121. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado en la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla el mismo, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá a realizar la diligencia de embargo correspondiente, sujetándose ésta y el procedimiento de remate de los bienes a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente". De tales preceptos legales se desprende que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, está obligado a proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, deberá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean conducentes para el cumplimiento efectivo de sus laudos; y, que una vez que se solicite la ejecución de un laudo, el tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado con la parte solicitante, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que lo cumpla. Esto quiere decir que la ley que rige el procedimiento laboral de origen, establece que corresponde a las partes instar la ejecución del laudo dictado en la contienda, para lograr su efectivo cumplimiento. De este modo, si bien en el juicio de origen ya se despachó la ejecución del laudo, lo cierto es que la actora no ha gestionado la actualización que indica el Tribunal ha omitido en realizar, lo que es necesario para que la autoridad que conoce del procedimiento se pronuncie al respecto, sin que exista disposición en el sentido de que esta cuestión específica de actualización de salarios devengados lo tenga que realizar la autoridad laboral de manera oficiosa. Con relación a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, que establece la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo a dicho cuerpo normativo, es pertinente traer a colación, en vía de orientación, los criterios que se insertan a continuación. Jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, con registro digital 2000025, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". Así como la diversa 2a./J. 15/2011 (10a.) de la misma Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2771, con registro digital 2000011, de siguiente contenido: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse". Ya se dijo que corresponde a la parte vencedora en el juicio burocrático estatal solicitar el cumplimiento de la condena; y que, en el caso particular, la ahora peticionaria de amparo fue omisa en gestionar al respecto; por lo que corresponde a la quejosa desvirtuar la negativa expuesta por la responsable en su informe de ley. Se evidencia que la interesada debe solicitar tal gestión, con el escrito que presentó el diez de diciembre de dos mil veintiuno, acordado el catorce de diciembre de dos mil veintidós -fuera de los términos previstos en la ley que rige el acto reclamado-; determinación que estuvo en posibilidad de combatir oportunamente la quejosa, sin que lo hubiere hecho, según se precisará en el último considerando. Incluso tal negativa se hace más patente porque la omisión de proveer sobre el escrito de diez de diciembre de dos mil veintiuno, donde solicitó la actualización de salarios, ya fue objeto de la protección constitucional decretada de manera firme, en el amparo 885/2022 del índice de este juzgado; y, en cumplimiento de ese fallo fue que el Tribunal responsable emitió el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, que aquí también se combate. En tales condiciones, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, contra la omisión precisada en el inciso a) del considerando segundo, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, con registro digital 2010025, que dice: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante". Al igual que el criterio VI. 2o. J/20 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627, con registro digital 227634, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". QUINTO. Existencia del acto reclamado. Por otra parte, si bien la Presidenta de la Junta responsable al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión que se le atribuye, como se relacionó en el considerando que precede, debe tenerse cierta la existencia del acto reclamado emitido el catorce de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que la responsable mencionó en su informe lo que sigue: "(.) en el proveído de fecha 14 catorce de diciembre de 2022 dos mil veintidós, se dice que NO HA LUGAR a la actualización de los salarios caídos (.). Lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo; a las cuales se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 200 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. SEXTO. Causa de improcedencia. Se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por los motivos que enseguida se exponen: De inicio, es necesario transcribir los artículos 17, 18, 61, fracción XIV, y 62, todos de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 61. [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". De una interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende que las causas de improcedencia son de interés público y estudio oficioso; esto quiere decir que no hace falta que las partes las hagan valer para que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo emprenda su estudio. También que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días hábiles, salvo los diversos casos de excepción previstos por la ley de la materia; y, que los términos se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, en la demanda de amparo se obtiene que el presente juicio fue promovido por Erandy de Asís Chávez, por conducto de su apoderado, el doce de abril de dos mil veintitrés. Asimismo, en las constancias relativas al juicio de origen, se obtiene que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de diciembre de dos mil veintidós -misma fecha de su emisión-, a través de la notificación realizada por lista. Luego, los supuestos previstos por la Ley de Amparo para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda son los siguientes: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que se reclame; Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; o, Desde el día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Lo expuesto hasta aquí patentiza que, con fundamento en lo previsto por el artículo 17 de la ley de la materia, el término para la presentación de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, comenzó a correr el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós y feneció el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, descontándose de ese término los días inhábiles correspondientes. De modo que si el escrito inicial fue presentado hasta el doce de abril de dos mil veintitrés, se concluye que la acción constitucional fue instada en forma extemporánea, es decir, fuera del término de quince días hábiles previsto por la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Máxime que, como se hizo mención a manera de antecedentes en el considerando tercero de esta resolución, se obtiene que el diecisiete de enero de dos mil veintitrés, el licenciado José Mendiola Sanabria, apoderado de la quejosa recibió copia certificada de las constancias del juicio de origen, profesionista quien promovió la demanda de amparo con la misma personería, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Para mayor claridad, se inserta la digitalización del acuerdo reclamado, en el que obra el citado acuse de recibo en su parte posterior: / / No pasa inadvertido que en la demanda de amparo, la promovente indicó haber tenido conocimiento del acto de molestia el veintiocho de marzo anterior; sin embargo, especificó que tal situación fue respecto a la omisión aquí también reclamada. En tal virtud, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia anunciada al inicio de este apartado, con fundamento en lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en los autos del juicio promovido por Erandy de Asís Chávez. Dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la jurisprudencia VI. 1o. J/23 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Página 252, con registro digital 226555, que indica lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Erandy de Asís Chávez, en contra de los actos que reclamó de la autoridad responsable, en términos de los considerandos cuarto y último del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Como del estado procesal que guardan los autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que prevé el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, en consecuencia, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el referido numeral, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se DIFIERE para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintitrés. PRUEBA DOCUMENTAL Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su naturaleza, la documental pública a que hace alusión, sin perjuicio de que esta sea relacionada en la audiencia próxima. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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