Erasmo Zavala Diaz
Expediente 1028/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1028/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Erasmo Zavala Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Erasmo Zavala Diaz, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia con fecha de engrose de veinticinco de septiembre del año en curso, dictada en autos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por interpuesto dicho recurso, por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el original del juicio en que se actúa, y el escrito original de agravios, y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente a las partes y por medio de oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN. Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Erasmo Zavala Diaz, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia con fecha de engrose de veinticinco de septiembre del año en curso, dictada en autos; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por interpuesto dicho recurso, por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el original del juicio en que se actúa, y el escrito original de agravios, y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil, del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente a las partes y por medio de oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-1028/2023, promovido por Erasmo Zavala Díaz, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y... Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Erasmo Zavala Díaz, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, an
- Principal
. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-1028/2023, promovido por Erasmo Zavala Díaz, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por oficio presentado el dos de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente hábil, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, remitió la demanda de amparo promovida por Erasmo Zavala Díaz, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, al calificar de legal el impedimento formulado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada con el número V-1028/2023; se requirió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste: La resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Quinta sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el toca I-145/2023, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de treinta de enero de dos mil veintitrés, que a su vez declaró improcedente (sic) el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario mercantil 680/2016, del índice del Juzgado tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo señalado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional, del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto exhibió las constancias relativas al acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Es fundado, pero inatendible, el concepto de violación aducido por el quejoso, por los motivos que más adelante se expondrán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio ordinario mercantil 680/2016, promovido por el aquí quejoso Erasmo Zavala Díaz, frente a Gustavo Zavala Zavala (foja 31 a 35 del tomo de pruebas). Una vez emplazado el demandado y seguido el juicio por sus trámites legales, el nueve de febrero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se declaró improcedente por infundada la acción causal que en la vía ordinaria mercantil promovió el quejoso; se absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas y se condenó al actor, aquí quejoso, al pago de gastos y costas judiciales (foja 222 a 231 del tomo de pruebas). Inconforme con dicha determinación, el actor, aquí quejoso, interpuso recurso de apelación (foja 237 a 241 del tomo de pruebas). Siendo así que mediante ejecutoria de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el entonces Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, confirmó la sentencia apelada (foja 267 a 271 del tomo de pruebas). Por auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio 1066, de once de ese mismo mes y año, signado por el citado magistrado, mediante el cual devolvió los autos originales del juicio ordinario mercantil 680/2016, junto con el testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en el toca de apelación I-94/2017, mediante la cual confirmó la sentencia definitiva; asimismo, hizo del conocimiento del juez de origen que en contra de dicha determinación el actor, aquí quejoso, promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, el cual determinó negar la protección constitucional; y, en mérito de ello, ordenó comunicar a las partes la llegada de autos mediante notificación personal (foja 272 del tomo de pruebas). La llegada de autos fue notificada a la parte actora y a la demandada el quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 274 a 279 del tomo de pruebas). Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintidós, el demandado promovió incidente de liquidación de gastos y costas (foja 300 a 327 del tomo de pruebas). Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la parte demandada formulando incidente de liquidación y se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 301 a 302 de tomo de pruebas). Siendo así que el actor incidentado desahogó la vista (foja 344 a 347 del tomo de pruebas), luego formuló alegatos haciendo valer la prescripción de la ejecución de sentencia (foja 501 a 502 del tomo de pruebas) y posteriormente promovió incidente de prescripción de la ejecución de sentencia (foja 527 a 529 del tomo de pruebas). En mérito de ello, por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, el juez responsable admitió el incidente de prescripción de la ejecución de sentencia (foja 530 del tomo de pruebas), por lo que mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, la parte demandada desahogó la vista respectiva (foja 511 a 526). Mediante resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, el juez de origen declaró improcedente (sic) el incidente de prescripción para ejecutar la sentencia, al considerar que el plazo de cinco años para que opere la prescripción, comenzó el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dado que los contendientes fueron notificados el quince de ese mes y año de la llegada de autos; por lo tanto, apenas habían transcurrido cuatro años, once meses y veintisiete días; máxime si al cómputo respectivo se descontaba el periodo de suspensión decretado virtud a la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que concluyó que apenas habían transcurrido cuatro años, seis meses y tres días, y por ello no se había consumado el término de cinco años para que operara la prescripción respectiva (foja 531 a 538 del tomo de pruebas). Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación (foja 795 a 798 del tomo de pruebas) en el que en esencia alegó: Que el término de cinco años para que operara la prescripción debía contarse a partir del diez de agosto de dos mil diecisiete, fecha en que el magistrado dictó acuerdo para informar a las partes la llegada de los autos para comunicarles el sentido de la sentencia de amparo y notificarles por instructivo la devolución del juicio al juzgado de origen y que, virtud a ello, el término había fenecido el nueve de agosto de dos mil veintidós. Que resulta incorrecto que además se descontara el periodo de suspensión de labores derivado de la contingencia sanitaria, toda vez que ello implicaría considerar que en el plazo de la prescripción tampoco se contaran los sábados, domingos, días inhábiles y vacaciones del órgano resolutor, siendo que los plazos de prescripción se computan por año calendario y sin excluir los días en que no se puedan verificar actuaciones judiciales. De dicho recurso correspondió conocer a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, bajo el toca número I-145/2023 de su índice. En mérito de ello, por ejecutoria de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, la magistrada responsable declaró infundados en una parte, ineficaces en otra e inoperantes en una más los agravios expresados por el apelante, aquí quejoso (foja 902 a 907 del tomo de pruebas), bajo las siguientes consideraciones: Que el juez de origen se pronunció sobre las aseveraciones que refiere el divergente acerca de la ejecutoria pronunciada por la sala, así como la del juicio de amparo, por lo que no se conculcó en perjuicio del apelante los principios de legalidad y congruencia. Aun y cuando se aceptara que la fecha que debe tomarse en consideración para el cómputo del término de cinco años fuera la del diez de agosto de dos mil diecisiete, ello no conduce a la revocación de la resolución reclamada ya que el juez también sostuvo que a dicho término debía descontarse el periodo de suspensión por la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2 (COVID-19); argumento que no fue rebatido por el recurrente, virtud a que se limitó a señalar que el juez resolvió de manera absurda ya que ello implicaría considerar que en el plazo de la prescripción tampoco pudieran contarse los sábados, domingos, días inhábiles y vacaciones del órgano jurisdiccional, además de que los plazos de prescripción se computan por año calendario sin excluir días inhábiles. Por lo que el magistrado responsable calificó dicho agravio como inoperante al considerar que nada se dijo en torno a las manifestaciones del juez en el sentido de que al cómputo debía descontarse la suspensión generada por la contingencia sanitaria. Que válidamente podía concluirse que de conformidad con el artículo 1079, fracción V, del Código de Comercio y los acuerdos del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, que establecen las acciones y medidas sobre la contingencia de la propagación de la pandemia generada por el virus SARS-Cov2, no se ha consumado el término de la prescripción para la ejecución de la sentencia. Y, que con entera independencia de lo correcto o incorrecto de su contenido, las argumentaciones del juez debían permanecer intocadas y continuar rigiendo el sentido de la resolución impugnada, en razón de que no bastaba que el apelante se doliera de la inobservancia de determinados preceptos, sino que debía señalar de manera concreta y particular qué decisión jurisdiccional atenta contra cada uno de ello y por qué, lo cual no aconteció virtud a que el apelante omitió referirse a las razones expuestas por el juzgador para resolver en los términos en que lo hizo, sin que al efecto exista la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Como se adelantó, es fundado, pero inatendible, el concepto de violación aducido por el quejoso en el que señala que la resolución reclamada carece de debida fundamentación y motivación en razón de que, contrario a lo señalado por la magistrada responsable, sí combatió adecuadamente los argumentos del juez de origen para declarar "improcedente" el incidente de prescripción de la ejecución de sentencia. Ello es así, pues si bien asiste razón al quejoso al señalar que de la simple lectura de sus agravios se advierte que sí rebatió adecuadamente el argumento del juez natural sobre la imposibilidad de computar en el término prescriptivo los periodos de suspensión por la contingencia generada por el COVID-19; sin embargo, ello en nada trasciende al resultado del fallo, pues pese a que se concediera la protección constitucional para que la magistrada analizara de fondo los agravios expresados por el quejoso, absteniéndose de calificarlos de inoperantes e ineficaces, ello a nada práctico conduce, ya que quien resuelve estima que asiste la totalidad de los agravios expresados vía apelación son infundados; y, por tanto, su análisis en nada variaría el sentido del fallo de segunda instancia. A efecto de evidenciar lo anterior conviene remitirnos a las consideraciones que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 307/2013: La prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. La liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se denomina prescripción negativa. La prescripción negativa se ha establecido para evitar que, por el no ejercicio de los derechos, exista la incertidumbre de su efectividad en las personas que están obligadas. A los derechos de contenido patrimonial, principalmente, se les ha fijado un término para su ejercicio, transcurrido el cual, el deudor puede excepcionarse válidamente y sin responsabilidad de cumplir con la obligación a su cargo. El único derecho adjetivo susceptible de prescribir es el de la acción, pues si bien otros derechos procesales distintos pueden extinguirse por su no ejercicio oportuno, ello ocurre por la actualización de otra institución conocida como la preclusión. Una de las diferencias fundamentales entre la prescripción y la preclusión radica en que: La primera se refiere a la extinción o pérdida de la "acción", entendida ésta como la facultad que corresponde a todo ciudadano de obtener la intervención del Estado para hacer efectivas las relaciones jurídicas concretas; mientras que, la segunda encuentra su fundamento en los principios de economía procesal y de seguridad jurídica y opera, únicamente, respecto de los derechos de carácter procesal que la ley concede a las partes dentro de las diferentes fases procedimentales. La legislación, al prever el plazo que dura la acción para solicitar la ejecución de una sentencia, se refiere a un plazo de prescripción, mismo que empieza a contar a partir del día en que haya vencido el término judicial para el cumplimiento voluntario, de manera que la ley dejó al vencedor en libertad para elegir el momento, dentro de ese lapso, para ejercitar la acción a través de la ejecución de la sentencia, sea que su contenido sea líquido o ilíquido. La única institución jurídica que comprende la pérdida del derecho para pedir la ejecución de una sentencia, no es otra sino la prescripción, pues se toma en cuenta que la naturaleza jurídica del crédito de la parte vencedora emana de una sentencia y desde ese momento ingresa jurídicamente a su patrimonio; derecho que debe ser tutelado por el Estado y la acción para pedir la ejecución de ese derecho se extinguirá si transcurrido el plazo previsto en la norma no se ejerce la acción correspondiente. El término para solicitar la ejecución de una sentencia constituye un derecho de naturaleza sustantiva, que consiste en el derecho a obtener lo reconocido en sentencia firme. La cosa juzgada de que se encuentra dotada la sentencia definitiva no solamente opera al interior del proceso, sino que trasciende al exterior, esto es, "en el comercio de la vida", por lo que no es válido considerar que se trate de un derecho adjetivo o procesal. La facultad de exigir la ejecución de lo sentenciado en un proceso jurisdiccional es un verdadero derecho sustantivo, dado que se trata de una facultad de exigencia, constituye un "derecho dirigido a exigir o a reclamar de otra persona una conducta positiva o negativa, es decir, un hacer o un omitir". Esta facultad de exigencia, permite a su titular dirigirse a otra persona, con el carácter de condenado; y, reclamar de ella la acción u omisión que haya sido materia de la decisión judicial, pues la condena, en sentido civil, es siempre una conducta que el ejecutado debe realizar y que el ejecutante puede recibir, ante la existencia de una correlación entre derecho-deber. Se comprende así porque, con el acogimiento de sus pretensiones, el beneficiario de la condena habrá obtenido un título nuevo -diferente del que fue materia del juicio-: La sentencia; motivo por el cual, respecto de ese nuevo título, comenzará una nueva prescripción, la de la actio judicatti, es decir, la de la acción dirigida a pedir la ejecución de la sentencia. El derecho para solicitar la ejecución de la sentencia dictada en un proceso judicial constituye un derecho de naturaleza sustantiva, pues se traduce en el derecho a accionar la maquinaria judicial a fin de obtener lo reconocido en sentencia firme. El plazo de prescripción para ejecutar una sentencia, empieza a contar a partir del día en que haya vencido el plazo judicial para el cumplimiento voluntario. La ley dejó al vencedor en libertad de elegir el momento, dentro del plazo establecido en la ley, para ejercitar la acción a través de la ejecución de la sentencia, sea que su contenido sea líquido o ilíquido. Son cuestiones distintas la acción o derecho para pedir la ejecución de una sentencia y la realización de cada uno de los actos para cumplimentar la sentencia una vez iniciada la ejecución relativa. Mientras la primera debe ejercerse dentro del plazo establecido en la norma; la segunda no tiene un plazo para su conclusión, es decir, formada la sección de ejecución, todos los actos que tengan relación con la misma, se encuentran sujetos a los términos establecidos en el ordenamiento adjetivo aplicable al caso específico. La ejecutoria de referencia dio origen al criterio jurisprudencial de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA. LA INSTITUCIÓN JURÍDICA QUE ACTUALIZA LA PÉRDIDA DEL DERECHO PARA PEDIRLA ES LA PRESCRIPCIÓN Y NO LA PRECLUSIÓN." Ciertamente, el artículo 1176 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria al Código de Comercio, prevé que los plazos de prescripción no se calculan de momento a momento, sino por años completos. Lo anterior habida cuenta que la forma en que debe computarse el plazo prescriptivo no se encuentra regulado en el propio Código de Comercio; de ahí que sea procedente acudir a la legislación supletoria. Con la finalidad de explicarlo, es menester reproducir la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 2003161 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 34/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1065 Tipo: Jurisprudencia SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. En el criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la supletoriedad sólo opera cuando se reúnen los siguientes requisitos: a. El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b. La ley a suplir no contemple la institución o que contemplándola, la regule de manera deficiente. c. Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d. Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Ahora bien, quien resuelve considera que el requisito señalado en el inciso (a), sí se colma en el caso que nos ocupa, porque el artículo 2 del Código de Comercio, prevé que en cuanto a las normas sustantivas mercantiles, cabe la supletoriedad del Código Civil Federal en defecto de las disposiciones del propio Código de Comercio y de las demás leyes mercantiles. El requisito mencionado en el inciso (b), también se estima colmado habida cuenta que, tanto en el Código de Comercio, como en la ley adjetiva civil federal, se prevé la institución jurídica de prescripción negativa. Asimismo, se encuentran colmados los requisitos previstos en los incisos (c) y (d), consistentes en que: 1) las normas existentes en el cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y 2) que la disposición supletoria no contraríe en modo alguno las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución jurídica. Lo anterior es así, en tanto que el propio Código de Comercio establece la posibilidad de que se actualice la prescripción negativa de las acciones que deriven de los actos de comercio, a cuyo efecto señala: ".se prescribirán con arreglo a las disposiciones de este Código."; de donde se sigue que la figura de la prescripción negativa, no es contraria a las bases esenciales del sistema legal del Código de Comercio; además de que, en el texto del aludido cuerpo normativo, no se encuentra completamente reglamentada la institución de referencia, lo que hace necesario acudir a la legislación supletoria, esto es, el Código Civil Federal, en términos del artículo 2 del Código de Comercio. Ahora bien, aun cuando el Código de Comercio prevé expresamente la figura de la prescripción negativa, la realidad es que no la regula eficientemente, puesto que sólo se limita a establecer que: 1. Los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles son fatales. 2. El plazo de la prescripción comienza a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio. 3. La prescripción se interrumpe por la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial hecha al deudor, así como por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento. 4. La prescripción se estima como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desiste de ella o sea desestimada la demanda. 5. El nuevo término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, comienza a correr desde el día que se haga aquél. 6. El plazo de la prescripción, tratándose de renovación, comienza a correr desde la fecha del nuevo título. 7. Cuando se prorrogue el plazo del cumplimiento de la obligación, éste se computa desde que éste hubiere vencido. De lo anterior se obtiene, que el Código de Comercio, si bien prevé la figura de prescripción negativa y establece algunas normas en torno a su interrupción e inicio de cómputo de los plazos respectivos; la realidad es que no dilucida lo relativo a la forma en que deberán transcurrir los plazos prescriptivos, ni mucho menos lo atinente a los días inhábiles, cuando concurran con el último día de vencimiento de los aludidos términos; de ahí que sea necesario acudir a la legislación supletoria -Código Civil Federal-, a fin de dilucidar lo relativo a tales temas no contemplados en el propio Código de Comercio. En efecto, en relación con la prescripción negativa y su forma de cómputo, en lo no regulado por el Código de Comercio, el Código Civil Federal dispone lo siguiente: "Artículo 1158. La prescripción negativa se verifica por el sólo transcurso del tiempo fijado por la ley." "Artículo 1176. El tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento, excepto en los casos en que así lo determine la ley expresamente." "Artículo 1179. El día en que comienza la prescripción se cuenta siempre entero, aunque no lo sea; pero aquel en que la prescripción termina, debe ser completo." "Artículo 1180. Cuando el último día sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción, sino cumplido el primero que siga, si fuere útil." En tales condiciones, se actualiza la supletoriedad del Código Civil Federal en cuanto a la forma en que transcurre y debe computarse el plazo prescriptivo establecido en la fracción V del artículo 1079 del Código de Comercio. Es dable citar, en vía de orientación y en su parte conducente, la tesis aislada que se comparte, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, que se lee: Registro digital: 165445 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.4o.C.244 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 2180 Tipo: Aislada PRESCRIPCIÓN NEGATIVA EN MATERIA MERCANTIL. ADMITE APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 1180 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL. De los artículos 2o., 1038 a 1040 del Código de Comercio, en relación con la naturaleza, fundamento y razón de ser de la prescripción negativa en general, se concluye que en materia mercantil es admisible la aplicación supletoria del artículo 1180 del Código Civil Federal, según el cual, cuando el último día del plazo sea inhábil, no se completará la prescripción, sino cumplido el primero que siga, si fuere útil. Considerando la naturaleza de la prescripción negativa, como exoneración de obligaciones, por la inacción del acreedor al no exigir el cumplimiento de la obligación en cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley; que su fundamento se encuentra en la consideración de orden público de evitar la perennidad de las obligaciones, y sobre todo, castigar la negligencia o descuido del acreedor, de no ejercer su derecho en un tiempo prolongado, se advierte que un elemento sine qua non para que opere la prescripción, es el transcurso de cierto plazo previsto en la ley, sin que el acreedor o titular del derecho realice los actos idóneos establecidos en la ley para la satisfacción de su derecho, por lo cual una característica fundamental del plazo es que todos sus componentes de tiempo (días, semanas, meses, años) faciliten al acreedor el ejercicio de su derecho para evitar la prescripción, ya sea porque se pueda ejercer en ellos, específicamente, o -considerando los días inhábiles intermedios-, porque todavía quede la posibilidad de hacerlo con posterioridad, porque el plazo no ha vencido, y ese efecto sólo se puede asegurar si el acreedor queda en posibilidad, desde el punto a quo hasta el punto ad quem del plazo, de ejercer los derechos en la forma y términos indicados, para establecer la presunción sólida del abandono del derecho sobre la base de que el titular estuvo en aptitud clara e indiscutible de ejercerlo dentro del plazo establecido por la ley, y a pesar de eso, se abstuvo de hacerlo, debiendo conocer las consecuencias de esa inactividad, consistente en la pérdida del derecho. Dicho principio se refleja en las reglas sobre la prescripción negativa en general, al indicar que el plazo sólo comienza desde que el acreedor esté en aptitud de exigir la obligación, que no corre en ciertos supuestos en que no es posible el ejercicio de la acción, como respecto a incapaces o los militares en servicio activo, y por último, que si el último día resulta inhábil, el plazo debe correrse al siguiente hábil, porque los tribunales ante los cuales puede ejercerse la acción no laboran en días inhábiles. Dicho principio también se recoge en materia mercantil, pues no hay disposición por la que se excluya o limite, y antes bien, el artículo 1040 del Código de Comercio dispone que el plazo debe contar desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio, lo cual implica que también en materia mercantil se tiende a conseguir el principio de que, durante el plazo, sea factible el ejercicio de la acción por su titular, y se corrobora con lo expresamente establecido en el artículo 81 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, al prever que cuando alguno de los actos impuestos como obligatorios al tenedor de una letra de cambio deba efectuarse dentro de un plazo cuyo último día no fuere hábil, el término se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente, debiéndose computar los inhábiles intermedios. Por tanto, puede establecerse que hay una insuficiencia en el Código de Comercio en cuanto a las reglas para computar los plazos de la prescripción negativa, respecto al caso en que el último día resulte inhábil, de ahí que sea aplicable en forma supletoria el artículo 1180 del Código Civil Federal. Cabe señalar que no se inadvierte la tesis aislada de rubro: "PRESCRIPCIÓN. EL DERECHO A EJECUTAR LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE ESA MATERIA"; sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Sexto Circuito; sin embargo, de acuerdo con las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio en ella establecido, el cual no resulta vinculante de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cuanto a la fijación de la fecha en que debió comenzar a contar el plazo prescriptivo, asiste razón a la magistrada responsable al señalar que pese a que se aceptara, como lo refirió el quejoso, que la fecha que debe tomarse en consideración para el cómputo de los cinco años a que alude la fracción V del artículo 1079 del Código de Comercio, es el diez de agosto de dos mil diecisiete, dicho término aún no fenecía cuando su contraria promovió el incidente de liquidación de sentencia. Ello en razón de que, efectivamente, en el cómputo del plazo de cinco años para que prescriba la ejecución de una sentencia mercantil, debe excluirse exclusivamente el tiempo en que la autoridad que conoce del juicio suspendió sus labores con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Pues si bien el quejoso considera que fue incorrecta la apreciación de la autoridad al descontar del plazo prescriptivo los días en que se decretó la suspensión de plazos procesales por virtud de la pandemia, lo que a su decir se traduce en la omisión de computar el plazo prescriptivo por años completos -como lo indica el numeral de referencia-; máxime que nada puede suspender la prescripción, dado que los plazos fijados para el ejercicio de la acciones procedentes de actos mercantiles son fatales, de conformidad con el precepto 1039 del Código de Comercio. Dichos argumentos del quejoso son desacertados. Al respecto, cabe recordar que la prescripción negativa o de acciones es un medio para librarse de obligaciones mediante el curso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley, que tiene como razón de ser la presunción del abandono o renuncia del derecho que el acreedor podría hacer valer, compeliendo al deudor al cumplimiento de la obligación recíproca. Es decir, es un modo de dar fin a las relaciones jurídicas por la inacción del titular de los derechos, durante el transcurso del tiempo fijado por la ley; lo cual sirve a la seguridad general de los derechos y a la paz jurídica, en la medida que trata de poner un límite al litigio, impidiendo el ejercicio de acciones o pretensiones antiguas y, por ende, se encuentra fundada en razones de utilidad social, por lo que este tipo de normas no puede dejarse al arbitrio de los particulares, lo que evidencia que se está en presencia de normas imperativas. Así las cosas, debido a que las acciones son potestativas, el acreedor puede decidir si las ejerce o no, pero si elige esta última opción, se entiende que no desea hacer valer su derecho contra el deudor y esa actitud releva a este último del cumplimiento de la obligación que contrajo; en tanto que la prescripción radica en una presunción de que el acreedor no tuvo el deseo de ejercer su derecho contra el deudor exigiéndole el cumplimiento de las obligaciones que éste estaba obligado a cumplir. Por ende, el interés del estado al crear la figura de la prescripción de las acciones es que el derecho de ejercerlas contra un deudor no sea perpetuo, lo que garantiza la seguridad jurídica de los gobernados, que están en aptitud de conocer hasta qué momento pueden hacer valer los derechos que tienen y también hasta cuándo están sujetos a que se les demande el cumplimiento de las obligaciones que hayan contraído. En consecuencia, uno de los efectos esenciales de la prescripción liberatoria es que el titular de un derecho no pueda ejercitar útilmente la acción que le es correlativa para hacer efectiva su pretensión, ante su pasividad de hacer valer su derecho cuando la obligación a cargo del sujeto pasivo se vuelve exigible. De ese modo, los elementos que deben reunirse para que opere la prescripción extintiva son: 1) la inactividad o inercia del titular del derecho; y, 2) el transcurso del tiempo fijado por la ley. En este punto, es menester puntualizar que el plazo de cinco años que prevé el artículo 1079, fracción V, del Código de Comercio, por referirse a la prescripción de una acción -prescripción de la ejecución de una sentencia-, es decir, a la figura liberadora de obligaciones por el simple transcurso del tiempo, es de carácter sustantivo; motivo por el cual, le resultan aplicables los artículos 1039, 1040, 1041 y 1042 del Código de Comercio, así como los diversos 1158, 1176, 1179 y 1180 del Código Civil Federal, los cuales son de aplicación supletoria al Código de Comercio, por disposición de su artículo 2, tal como previamente se determinó, en lo no previsto por la legislación mercantil, de los que se desprende lo siguiente: ( Los términos fijados para el ejercicio de acciones procedentes de actos mercantiles, serán fatales, sin que contra ellos se dé restitución. ( En la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio. ( La prescripción se interrumpirá por la demanda o cualquier género de interpelación judicial hecha al deudor, por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor. ( Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial si el actor desistiese de ella o fuese desestimada su demanda. ( Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día que se haga; en el de renovación desde la fecha del nuevo título; y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido. ( La prescripción negativa se verifica por el sólo transcurso del tiempo fijado por la ley. ( El tiempo para la prescripción, en condiciones normales, se cuenta por años completos y no de momento a momento. ( El día en que comienza la prescripción se cuenta siempre entero, aunque no lo sea. ( El día en que la prescripción termina, debe ser completo. ( Cuando el último día del plazo prescriptivo sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción, sino hasta el siguiente día hábil. Ahora bien, de conformidad con el artículo 84 del Código de Comercio, bajo condiciones normales, ".en todos los cómputos de días, meses y años, se entenderán: el día, de veinticuatro horas; los meses, según están designados en el calendario gregoriano; y el año, de trescientos sesenta y cinco días.". Así las cosas, al tratarse de una institución de derecho sustantivo, resulta claro que no pueden aplicarse las reglas establecidas para los términos judiciales que son de carácter adjetivo y rigen sólo dentro del procedimiento en relación con el ejercicio de derechos procesales. De esa manera, mientras la falta de ejercicio de un derecho adjetivo, dentro de un plazo determinado, da lugar a figuras extintivas como la preclusión o la caducidad, el hecho de dejar de ejercer una acción origina la prescripción, por lo que la naturaleza sustantiva de esta última permite distinguirlas de aquellas que son netamente procesales. Por esa naturaleza sustantiva de la prescripción negativa que nos ocupa, es que los plazos se cuentan conforme a lo establecido en los artículos 1158, 1176, 1179 y 1180 del Código Civil Federal, en relación con el 84 del Código de Comercio; y, la forma en que se hace el cómputo respectivo es diferente al de los términos judiciales; en tanto que, en condiciones ordinarias, el plazo prescriptivo debe computarse por años completos -entendidos éstos como un plazo de trescientos sesenta y cinco días-; no así, de momento a momento, como ocurriría con los términos procesales. Ahora bien, bajo circunstancias comunes, esa consecución de días contenidos en un año -trescientos sesenta y cinco- entraña la ausencia de interrupción, es decir, sin descuento de los días inhábiles que hubieren tenido lugar, pues debe atenderse a los días naturales que componen una anualidad; contrario a lo que acontece en los términos judiciales, en los que existe el deber de descontar los días no laborables. No obstante, en el caso en estudio, quien resuelve considera que no nos encontramos en un asunto en el que hubieran imperado circunstancias normales durante el curso del plazo prescriptivo que nos ocupa; habida cuenta que tuvo lugar un hecho de naturaleza grave y excepcional que afectó a la totalidad de la población del país, consistente en la contingencia sanitaria derivada del virus denominado COVID-19, lo cual constituye un hecho del conocimiento público; en virtud de la cual, tanto las autoridades sanitarias como las encargadas de las labores de administración de justicia emitieron diversos lineamientos a fin de salvaguardar la salud de los gobernados y los servidores públicos que laboran en aquella y, de manera paulatina, retomar de forma responsable y segura la realización de diversas actividades. Por tanto, es un hecho notorio que, a fin de procurar la seguridad en la salud de los habitantes y eventualmente de los visitantes, nuestro país adoptó diversas acciones para contener la pandemia generada por el COVID-19, entre las que se encuentran medidas de higiene, suspensión de actos y eventos masivos, filtros sanitarios en escuelas, centros de trabajo y aeropuertos, así como la suspensión o restricción en la entrada y salida a su territorio o a algunas regiones del mismo; a cuyo efecto, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte, el Consejo de Salubridad General, declaró como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). Asimismo, en el ámbito jurisdiccional, ante el grave riesgo que implicó la enfermedad, los órganos encargados de la impartición de justicia adoptaron las medidas que consideraron necesarias para proteger la salud de todos; por lo que suspendieron las actividades jurisdiccionales y, por ende, declararon inhábiles los días del periodo comprendidos en sus respectivos acuerdos, por lo que en consecuencia no corrieron plazos ni fenecieron términos. Virtud a lo reseñado, quien resuelve considera correcta la determinación de la magistrada, pues aun cuando es verdad que, bajo condiciones normales, el plazo de la prescripción de la ejecución de la sentencia debe contarse por años completos; también lo es que, excepcionalmente, sí debe excluirse el tiempo en que el juez de origen suspendió sus labores con motivo de la pandemia por el virus SARSCoV-2 (COVID-19). Ello es así, en atención a que las autoridades jurisdiccionales no pueden ser ajenas a las diversas alteraciones que este fenómeno atípico impuso en la forma de organizar tiempos hábiles y laborales, lo cual provocó una extensa interrupción de las labores en los órganos jurisdiccionales, que incidió en el ejercicio oportuno y adecuado de los derechos de defensa de los contendientes en los juicios de su conocimiento; de ahí que se estime que, excepcionalmente, debe descontarse del cómputo de la prescripción negativa los días en que los juzgados suspendieron sus labores con motivo de la pandemia COVID-19. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada que a continuación se transcribe: Registro digital: 2027122 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Civil Tesis: XXII.1o.A.C.12 C (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA MERCANTIL. EN EL CÓMPUTO DEL PLAZO RELATIVO DEBE EXCLUIRSE EXCLUSIVAMENTE EL PERIODO EN QUE LA AUTORIDAD QUE CONOZCA DEL JUICIO SUSPENDIÓ SUS LABORES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID-19). Hechos: El quejoso promovió juicio de amparo en el que, entre otras cuestiones, sostuvo que fue erróneo que el Juez responsable, al realizar el cómputo del plazo de tres años que prevé el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, para la prescripción de la ejecución de una sentencia, descontara los días en que suspendió sus labores con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), dado que al tratarse de un plazo de naturaleza sustantiva, los años se cuentan completos, por días naturales y no de momento a momento. Por su parte, el Juez Federal determinó que la autoridad responsable había realizado el conteo del plazo prescriptivo por años completos y que fue correcto que se descontaran los días en que se suspendieron labores derivado del fenómeno de salud pública denominado SARS-CoV-2 (COVID-19). Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en el cómputo del plazo de tres años previsto en la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio, para que prescriba la ejecución de una sentencia mercantil, debe excluirse exclusivamente el tiempo en que la autoridad que conozca del juicio suspendió sus labores con motivo de la contingencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Justificación: Lo anterior, porque el citado artículo prevé el plazo de tres años para la prescripción de la ejecución de una sentencia, la cual constituye una figura liberadora de obligaciones por el simple transcurso del tiempo y, por ende, es de carácter sustantivo; motivo por el cual, bajo circunstancias ordinarias, los años se cuentan de forma completa, es decir, por días naturales, sin exclusión de los que hubiesen sido inhábiles para la autoridad del conocimiento; sin embargo, constituye un caso de excepción la contingencia sanitaria derivada del virus denominado SARS-CoV-2 (COVID-19), lo cual es un hecho del conocimiento público, en virtud de la cual, tanto las autoridades sanitarias como las encargadas de las labores de administración de justicia, emitieron diversos lineamientos, a fin de salvaguardar la salud de los particulares y, de manera paulatina, retomar de forma responsable y segura la realización de diversas actividades y, por ello, ese periodo debe descontarse del plazo prescriptivo, en aras de salvaguardar los derechos de las personas. Motivo por el cual, como se adelantó, resulte fundado, pero inatendible, el concepto de violación vertido por el quejoso, pues si bien, contrario a lo señalado por la magistrada responsable, el quejoso sí rebatió vía agravio los argumentos del juez para declarar improcedente el incidente de prescripción; y, por tanto, era procedente que se analizaran de fondo los motivos de disenso expresados por el recurrente, sin calificarlos de inoperantes e ineficaces. Lo cierto es que la posible concesión del amparo para ese efecto a nada práctico conduce, pues como ya se dijo, pese a que se tomara como fecha para el inicio del cómputo el diez de agosto de dos mil diecisiete, como lo pretende el quejoso, debe descontarse de dicho término el periodo de suspensión de labores derivado de la contingencia sanitaria, por los motivos ya expresados, de ahí que no variaría el sentido del fallo de la resolución reclamada. Pues como bien lo señaló la magistrada, aun así no habrían transcurrido los cinco años que prevé el Código de Comercio para que operara la prescripción de la ejecución de sentencia. Luego, ante lo fundado, pero inatendible, del concepto de violación hecho valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Erasmo Zavala Díaz, en contra del acto reclamado a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial con registro 803194, que dice: Registro digital: 803194 Instancia: Tercera Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Cuarta Parte, página 81 Tipo: Aislada CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión, esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable y en su caso la Corte, por la vía de un nuevo amparo, que en su caso y oportunidad se promoviera, tendrían que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar el amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo los artículos 74 y 76, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Erasmo Zavala Díaz, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Epifanio Barriga Sarabia443/2022
- Erain Badal Valencia y Otros.901/2017
- Erandhi Díaz Mendoza649/2019
- Erandy De Asis Chávez885/2022
- Erandy De Asís Chávez447/2023
- Erandy Yunnuen Quezada Gutiérrez471/2017
- Erasmo Zavala Diaz1236/2023
- Erendira Alarcón Martínez1206/2023
- Erendira Bautista López949/2021
- Erendira Caballero Mojica698/2021
- Eréndira Narváez Padilla84/2019
- Eriberto Arroyo Ponce y Otros.292/2020