Erasmo Zavala Diaz

Expediente 1236/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1236/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Erasmo Zavala Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Erasmo Zavala Díaz, parte quejosa a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés dictada en autos; por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, tres tomos de pruebas, el escrito original de agravios, así como una copia para el fiscal federal de la adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA GUSTAVO ZAVALA ZAVALA, POR SI O A TRAVES DE SUS APODERADOS LEGALES IGNACIO MORA MORALES Y ALEJANDRO LARA GUTIERREZ, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Se interpone recurso de revisión. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Erasmo Zavala Díaz, parte quejosa a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés dictada en autos; por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el presente juicio de garantías, tres tomos de pruebas, el escrito original de agravios, así como una copia para el fiscal federal de la adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese personalmente a la tercera interesada. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    . ACTA RELATIVA A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORDENADA EN PROVEÍDO DE DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE DEL JUICIO DE AMPARO III-1236/2023, Y CELEBRADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN, A LAS ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON LA PARTICIPACIÓN DE QUIENES EN LA PROPIA ACTA SE DESCRIBEN. CONSTE. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el juicio de amparo III-1236/2023 promovido por Erasmo Zavala Díaz, por propio derecho, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo se reconoció como tercero interesado a Gustavo Zavala Zavala, el cual fue debidamente emplazado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes no se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe las documentales consistente en: Los autos originales de los expedientes del toca de apelación número I-165/2023, que además se integran de los tocas I-145/2023, I-290/2023 y I-94/2017, con los cuales se ordenó formar tres tomos de prueba por separado. EL JUEZ: Se tienen por admitidos y desahogados los medios probatorios de cuenta, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes ofreció alegatos. EL JUEZ: Se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número III-1236/2023, promovido por Erasmo Zavala Díaz, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por oficio presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitió el juicio de amparo 1031/2023 de su índice, promovido por Erasmo Zavala Díaz, contra actos de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, por considerar que carecía de legal competencia por razón de turno para conocer y resolver dicho controvertido. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento del juicio registrándolo bajo el número III-1236/2023; se reiteraron las determinaciones adoptadas por el similar; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste: La resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Magistrada de la Quinta sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el toca I-165/2023, que declaró infundado en una parte y fundado pero inconducente en otra, el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, que declaró procedente el incidente de liquidación en el juicio ordinario mercantil 680/2016, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto exhibió las constancias relativas al acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. CUARTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que este juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Previo al análisis del acto que la parte quejosa señala como violatorio de derechos humanos en su perjuicio, es necesario destacar que en la especie rige el principio de estricto derecho, conforme al cual este órgano de control constitucional deberá circunscribirse a examinar la constitucionalidad del acto reclamado a la luz de los argumentos externados en los conceptos de violación expresados en la demanda, sin que exista la posibilidad de realizar libremente el examen del acto reclamado, pues tal estudio deberá limitarse únicamente a establecer si los citados conceptos de violación son o no fundados. Ello porque no se actualiza alguno de los supuestos previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo para suplir la deficiencia de los motivos de disenso. Lo expuesto implica que no se está en aptitud de determinar si el acto reclamado es contrario a la Constitución General de la República, con base a un razonamiento no expresado en la demanda. SEXTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados en una parte e inoperantes en otra los conceptos de violación aducidos por el quejoso, por los motivos que más adelante se expondrán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, se tramitó el juicio ordinario mercantil 680/2016, promovido por el aquí quejoso Erasmo Zavala Díaz frente a Gustavo Zavala Zavala, en ejercicio de la acción causal para pago de pesos (pagaré), intereses moratorios, gastos y costas (foja 31 a 35 del tomo III de pruebas). Una vez emplazado el demandado y seguido el juicio por sus trámites legales, el nueve de febrero de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en la que se declaró improcedente, por infundada, la acción causal que en la vía ordinaria mercantil promovió el quejoso; se absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas y se condenó al actor, aquí quejoso, al pago de gastos y costas judiciales (foja 222 a 231 del tomo III de pruebas). Inconforme con dicha determinación, el actor, aquí quejoso, interpuso recurso de apelación (foja 237 a 241 del tomo III de pruebas). Siendo así que mediante ejecutoria de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el entonces Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, confirmó la sentencia apelada (foja 267 a 271 del tomo III de pruebas). Por auto de catorce de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el oficio 1066, de once de ese mismo mes y año, signado por el citado magistrado, mediante el cual devolvió los autos originales del juicio ordinario mercantil 680/2016, junto con el testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en el toca de apelación I-94/2017, mediante la cual confirmó la sentencia definitiva; asimismo, hizo del conocimiento del juez de origen que en contra de dicha determinación el actor, aquí quejoso, promovió juicio de amparo directo, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, el cual determinó negar la protección constitucional; y, en mérito de ello, ordenó comunicar a las partes la llegada de autos mediante notificación personal (foja 272 del tomo III de pruebas). La llegada de autos fue notificada a la parte actora y a la demandada el quince de agosto de dos mil diecisiete (fojas 274 a 279 del tomo III de pruebas). Por escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintidós, el demandado promovió incidente de liquidación de gastos y costas (foja 300 a 327 del tomo III de pruebas). Por auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós, se tuvo a la parte demandada formulando incidente de liquidación y se ordenó dar vista a la parte actora para que manifestara lo que a su interés conviniera (foja 338 a 339 de tomo III de pruebas). Siendo así que el actor incidentado desahogó la vista (foja 344 a 347 del tomo III de pruebas), luego formuló alegatos haciendo valer la prescripción de la ejecución de sentencia y, posteriormente, promovió incidente de prescripción de la ejecución de sentencia (foja 527 a 529 del tomo III de pruebas). En mérito de ello, por auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, el juez responsable admitió el incidente de prescripción de la ejecución de sentencia (foja 530 del tomo III de pruebas), por lo que mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós, la parte demandada desahogó la vista respectiva (foja 649 a 664 del tomo III del cuaderno de pruebas). Mediante resolución de treinta de enero de dos mil veintitrés, el juez de origen declaró improcedente (sic) el incidente de prescripción para ejecutar la sentencia, al considerar que el plazo de cinco años para que opere la prescripción, comenzó el dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dado que los contendientes fueron notificados el quince de ese mes y año de la llegada de autos; por lo tanto, apenas habían transcurrido cuatro años, once meses y veintisiete días; máxime si al cómputo respectivo se descontaba el periodo de suspensión decretado virtud a la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2 (COVID-19), por lo que concluyó que apenas habían transcurrido cuatro años, seis meses y tres días, y por ello no se había consumado el término de cinco años para que operara la prescripción respectiva (foja 774 a 781 del tomo III de pruebas). Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación (foja 795 a 798 del tomo III de pruebas), el cual se admitió en efecto devolutivo (foja 801 del tomo III de pruebas). De dicho recurso correspondió conocer a la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, bajo el toca número I-145/2023 de su índice. En mérito de ello, por ejecutoria de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, la magistrada responsable declaró infundados en una parte, ineficaces en otra e inoperantes en una más los agravios expresados por el apelante, aquí quejoso. En contra de dicha determinación interpuso el diverso juicio de amparo V-1028/2023, del índice de este Juzgado de Distrito, en el que por sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se negó la protección constitucional, lo que es un hecho notorio para este juzgado federal. En lo que respecta al incidente de liquidación, el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se dictó resolución interlocutoria en la que se declaró procedente la planilla de liquidación y se condenó al incidentado, aquí quejoso, a pagar en favor del incidentista las sumas ahí reguladas (foja 802 a 807 del tomo III del cuaderno de pruebas). Inconforme con dicha determinación, el nueve de marzo de dos mil veintitrés, el quejoso interpuso recurso de apelación (foja 930 del tomo II del cuaderno de pruebas), en el que expuso esencialmente vía agravio las siguientes alegaciones: Que no era factible que el juez de origen resolviera el incidente de liquidación cuando se encontraba sub júdice el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución que había declarado improcedente el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia promovido en el juicio de origen. Que el juez de origen había sido omiso en pronunciarse respecto de su argumento en el que señalo que ya habían transcurrido cinco años, cuatro meses y cinco días, desde que se resolvió la apelación interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen y, por ello estaba prescrita la ejecución de la sentencia. Que el juez de origen rebasó la petición de uno de los contendientes, en razón de que en la resolución apelada indicó que el incidente deriva de un asunto de cuantía indeterminada, en términos de los artículos 1768 y del Código Civil del Estado y 576 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, siendo que esa normativa no fue invocada por los incidentistas en su planilla de liquidación, pues solo se acogieron al Código de Comercio; y en el asunto opera el principio dispositivo, al ser de estricto derecho. Que para computar el plazo para que opere la prescripción de la ejecución de la sentencia, debía atenderse a la fecha en la que el tribunal de alzada confirmó la sentencia definitiva (veintiocho de marzo de dos mil diecisiete); y, que si la planilla había sido presentada hasta el doce de agosto de dos mil veintidós, era innegable que la acción incidental estaba prescrita. Dicho recurso fue admitido en efecto devolutivo mediante acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés (foja 933 del tomo II del cuaderno de pruebas). Por auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés (foja 1029 del tomo II del cuaderno de pruebas), la magistrada responsable determinó que el recurso se interpuso en tiempo y se admitió en el grado correspondiente (devolutivo). Posteriormente, por resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, emitida en el toca civil 165/2023, la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, declaró infundados en una parte y fundados, pero inatendibles, en otra, los agravios expresados por el apelante, aquí quejoso, bajo las siguientes consideraciones medulares: En relación con el agravio marcado con el número 1), determinó que aunque es cierto que frente a la interlocutoria que resolvió el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva, se interpuso recurso de apelación, ello no era obstáculo para que el primigenio decidiera sobre la planilla de liquidación, ya que dicho medio de impugnación se admitió en efecto devolutivo, de tal forma que no se suspendió la ejecución de la resolución recurrida y el juez sí podía decidir sobre el incidente de liquidación, toda vez que el juicio subyacente siguió su curso. Con relación a los agravios 2) y 4), señaló que aunque es verdad que el resolutor primario no se pronunció acerca de la excepción hecha valer por el recurrente, tal omisión no conducía a la revocación de la resolución apelada, toda vez que con esa misma fecha la sala había resuelto el recurso de apelación propuesto frente a la interlocutoria relativa al incidente de prescripción de la ejecución del fallo definitivo dentro del toca I-145/2023, donde se determinó confirmar la decisión del juez de origen de declarar improcedente dicha incidencia, cuyos argumentos que lo sustentan son los mismos que señaló no fueron estudiados al analizarse la planilla de liquidación, de tal modo que la pretensión de que se analizara su argumento había sido colmada sin que le asistiera razón. Respecto del agravio 3), destacó que aun cuando es cierto que los incidentistas no invocaron en su incidente de liquidación los preceptos señalados por el juez de origen, dicha circunstancia tampoco llevaba a revocar el fallo impugnado, toda vez que el juez primigenio indicó que, a la luz del imperativo 1085 del Código de Comercio, debía considerarse que el asunto era de cuantía indeterminada, ya que la acción fue declarada improcedente y existe condena en costas, precepto legal que sí es aplicable tomando en consideración las circunstancias del caso concreto. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Ahora bien, el primero de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso resulta infundado, en él señala que la determinación de la magistrada es ilegal en razón de que no se analizó minuciosamente lo aseverado en su primer agravio, pues a su decir resulta irrelevante si el recurso se había admitido en efecto devolutivo ya que en el caso el magistrado no se refería a la determinación apelada en el toca a estudio, sino de una diversa contra distinta determinación, esto es, la de prescripción, motivo por el cual no podía resolverse el incidente de liquidación cuando existía la diversa relacionada con la prescripción de la ejecución de la sentencia, la cual debía resolverse primero. Como se adelantó, no le asiste razón al quejoso, pues si bien es cierto que, para efectos prácticos, lo conveniente sería que se resolviera primero la cuestión relacionada con la prescripción de la ejecución de la sentencia, no existe impedimento legal para determinar lo contrario. Ello es así, pues de autos se advierte que, efectivamente, tanto la apelación interpuesta contra la resolución del incidente de liquidación, así como la diversa que se opuso contra lo determinado en el incidente de prescripción, fueron admitidas en efecto devolutivo, tal como quedó precisado en los antecedentes del acto reclamado. De tal forma que, al haber sido así, no existía impedimento legal alguno para que el juez primigenio resolviera el incidente de liquidación, pues la interposición del recurso en el efecto devolutivo, no suspende la ejecución de la resolución impugnada. Circunstancia que, incluso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (jurisprudencia con registro 187862), ha determinado que no es conculcatoria de derechos humanos, porque aun cuando se permita la ejecución de la resolución que en esa vía se impugna, tal ejecución es provisional en tanto que puede ser revocada o modificada, caso en que se retrotraerán las cosas al momento procesal en que se dictó la resolución controvertida. De ahí que, contrario a las apreciaciones del quejoso, pese a que se resolviera el incidente de liquidación estando su júdice el recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria del incidente de prescripción, en el supuesto de que esta última resolución le hubiera sido favorable, era factible retrotraer las cosas al estado que guardaban anteriormente, esto es, dejar sin efectos la del incidente de liquidación. De ahí que, al margen de la relevancia que pudiera darse al hecho de que se resolviera primero la cuestión debatida sobre la aludida prescripción, se reitera, no existía impedimento legal para resolver el incidente de liquidación. Al margen de lo anterior cabe precisar que, para efectos del Código mercantil, el fallo de segunda instancia debe considerarse cosa juzgada al emitirse; de forma tal que al haberse resuelto la apelación contra la interlocutoria que resolvió la improcedencia de la prescripción de le ejecución solicitada, debía considerarse firme este último; máxime que se negó el amparo en su contra. Apoya lo expuesto la tesis con registro 174116, por identidad jurídica sustancial, que dice: Registro digital: 174116 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 51/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 60 Tipo: Jurisprudencia COSA JUZGADA. LAS SENTENCIAS DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES ORDINARIOS CONSERVAN ESA CALIDAD AUN CUANDO SEAN RECLAMADAS EN AMPARO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE JALISCO). Conforme a los artículos 420, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 426, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las sentencias de segunda instancia, esto es, aquellas contra las cuales las leyes comunes que rigen en la jurisdicción local no conceden algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser confirmadas, modificadas o revocadas, causan estado o ejecutoria por ministerio de ley y producen los efectos de cosa juzgada. Ahora bien, lo anterior debe entenderse en el sentido de que dichas sentencias no admiten medios de defensa establecidos en la legislación ordinaria y no así un medio extraordinario como el juicio de amparo, toda vez que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Amparo, o en los referidos Códigos procedimentales, no existe disposición alguna de la que se advierta que tales resoluciones no causan ejecutoria o que desaparece la autoridad de la cosa juzgada cuando se promueva el juicio constitucional en su contra. Esto es, al existir disposición legal que les otorga esa calidad y no haber norma de la que se desprenda que la pierden cuando se interponga en su contra un medio de defensa extraordinario, es inconcuso que la resolución reclamada -con su calidad de cosa juzgada- únicamente deja de existir jurídicamente cuando en el juicio de garantías se dicta sentencia firme en la que se concede la protección federal, declarando que aquélla transgredió derechos públicos subjetivos del gobernado protegidos por la Constitución Federal. Por consiguiente, la ejecución de la sentencia de segunda instancia sólo se interrumpe cuando se obtenga la concesión de la suspensión para impedir sus consecuencias, pues de esa medida cautelar deriva la ejecución o no del acto reclamado; pero de ninguna manera de la circunstancia de que esté transcurriendo el término legal para la promoción de la demanda de amparo, ni con la presentación de ésta o con su tramitación. Por otro lado, los restantes conceptos de violación resultan inoperantes. Por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: a) los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; o bien, b) solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que, por sí solos, sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Juzgados de Distrito carecen de facultades legales para decidir -de oficio- acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por el quejoso, ya que de hacerlo suplirían la deficiencia de la queja en un caso donde no se advierta una violación manifiesta de la ley, que haya dejado al quejoso sin defensa. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso, en relación con los conceptos de violación formulados por el quejoso marcados como segundo y tercero, se surte el primer supuesto genérico de inoperancia identificado con el inciso a), pues el quejoso se limita a reiterar como conceptos de violación los agravios expresados en el recurso de apelación, de ahí que omiten controvertir las razones en que se apoyó la magistrada responsable para confirmar la interlocutoria relativa al incidente de liquidación. Ello es así, pues al efecto la magistrada responsable declaró en una parte infundados y en otra fundados, pero inconducentes, los agravios del quejoso a los puntos medulares sintetizados con antelación en los incisos B) y C). Argumentos que de ninguna manera fueron atacados por el quejoso en sus conceptos de violación, ya que en esencia se limitó a reiterar las consideraciones expuestas vía agravio, los cuales se sintetizan en: Insistir en que no era factible que el juez resolviera el incidente de liquidación cuando estaba sub júdice la determinación relacionada con la prescripción de la ejecución de sentencia. Insistir en que el incidentista no invocó como fundamento del incidente de liquidación los preceptos legales que refieren a los asuntos de cuantía indeterminada o indeterminable; y, que al tratarse de un asuntos de estricto derecho la autoridad no podía acogerse a esos numerales. Por tanto, de la síntesis de los conceptos de violación se evidencia que el quejoso se limita a reiterar los agravios expuestos en el recurso de apelación, abundando un poco sobre los mismos, pero sin controvertir los argumentos en que sustentó su determinación la magistrada responsable, que se sintetizaron en los incisos B) y C). Ello en razón de que, como ya se dijo, el quejoso no controvierte las consideraciones de la magistrada para declarar infundados en una parte y fundados, pero inconducentes en otra, sus agravios, pues se limita a realizar meras afirmaciones y abundar sobre lo ya expuesto, siendo que los motivos de inconformidad expresados en su momento vía agravio fueron desestimados en la forma ya precisada. Tanto es así, que de la reseña realizada con antelación se advierte claramente que la autoridad responsable desestimó los agravios expuestos por la parte quejosa con argumentos lógico jurídicos, los cuales no fueron rebatidos con propiedad por el promovente en el presente juicio. En las relacionadas condiciones, si la parte quejosa -en sus conceptos de violación segundo y tercero- omite combatir los razonamientos en que se apoyó la autoridad responsable para resolver en los términos en que lo hizo, como ya se vio, es inconcuso que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinar, de oficio, la constitucionalidad de las argumentaciones esgrimidas por la magistrada responsable. Ello en razón de que en el caso resulta improcedente la suplencia de la queja, amén de que no se está ante un asunto donde se controviertan derechos de menores de edad; tampoco se advierte que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas; menos se observa alguna violación manifiesta a la ley que haya dejado sin defensa a la parte agraviada, todo lo cual conduce a determinar que los razonamientos que en aquel sentido expuso la magistrada responsable, que no se atacan, ameriten quedar incólumes para todos los efectos de ley inherentes. Dicho en otros términos: no basta la afirmación general que propone la parte quejosa en sus conceptos de violación, pues para que este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de emitir pronunciamiento al respecto, era menester que rebatiera con propiedad, mediante el empleo de razonamientos lógicos y jurídicos concretos, las argumentaciones vertidas en la resolución reclamada para desestimar sus agravios, así como que explicara el porqué de sus aseveraciones, de modo que si no ocurre así, aquellas deben quedar intocadas y seguir rigiendo el sentido del fallo reclamado, al no actualizarse ninguna de las hipótesis que autorice suplir la deficiencia de los conceptos de violación. Es aplicable al punto que antecede, además, la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Asimismo, por analogía, la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 109/2009, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida". Luego, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Erasmo Zavala Díaz, en contra del acto que reclamó de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Erasmo Zavala Díaz, en contra del acto que reclamó de la Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así, lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, de los que se obtiene que a la fecha ha fenecido el término de tres días que se concedió a las parte quejosa mediante acuerdo de once de agosto del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." ANTECEDENTES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL AMPARO En sentencia de catorce de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional a María del Rocío Alaniz Madrid, por derecho propio y en representación de su hijo menor de edad de iniciales A.G.A., en contra del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. Sentencia que fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, trece de julio de dos mil veintitrés. Por auto de treinta y uno de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibida la ejecutoria del tribunal de alzada y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio 1971/2023 recibido en este juzgado el diez de agosto del año en curso, la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia del acuerdo de nueve de agosto de la presente anualidad, dictado en el juicio familiar de origen 731/2021. Por auto de once de agosto del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO De los antecedentes expuestos, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. ". el amparo se concede para que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial responsable: I. Deje insubsistente el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario oral familiar número 731/2021, únicamente en cuanto hace al monto de alimentos provisionales a favor del menor de iniciales A.G.A. II. Dicte uno nuevo en el que, luego de reiterar los aspectos que no fueron objeto de la concesión, proceda a fijar dicha pensión mensual considerando un salario mínimo vigente diario, por ser más benéfico y acorde a la naturaleza y fin de los alimentos. La Encargada del Despacho por ministerio de ley del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial emitió el acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintitrés: 1. Dejó insubsistente el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario oral familiar 731/2021. 2. Determinó una pensión alimenticia provisional mensual en favor del menor de edad de iniciales A.G.A., por la cantidad de $141.70 (ciento cuarenta y un pesos 00/70 moneda nacional), que corresponde al salario mínimo vigente en ese momento. SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO Del análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por la autoridad responsable, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE JUICIO Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la ley en la materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación a las partes relativas al presente proveído y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar este acuerdo. JUICIO SUSCEPTIBLE DE CONSERVACIÓN En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. NO EXISTEN CUADERNOS DE SUSPENSIÓN Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza. Doy fe.ROVECon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, la secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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