Epigmenio Resendiz Ramírez

Expediente 513/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 38 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
513/2016
Año
2016
Actuaciones
38
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • Epigmenio Resendiz Ramírez
  • Director del Centro Penitenciario de Río Verde, San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 38.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la citada certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. En cuanto al incidente de suspensión original y duplicado, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción, por lo que, una vez que transcurran seis meses, procédase a la destrucción del duplicado. Ahora bien, toda vez que el presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del presente asunto e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena girar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, residente en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda notifique el presente al quejoso xxxx en el lugar donde guarda reclusión, esto es, el Centro Estatal de Reinserción Social ubicado en Río Verde, San Luis Potosí, solicitándole el acuse respectivo y la devolución de la comunicación oficial una vez diligenciada. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el exhorto 25/2019, enviado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado la comunicación oficial 64/2019 del sumario de este órgano jurisdiccional, derivado del juicio de amparo 513/2016; sin que haya lugar a acusar de recibido toda vez que el sistema genera el mismo. Atento a lo anterior, vistos los autos para dictar la resolución de cumplimiento el expediente de amparo indirecto 513/2016-V. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, turnado el mismo día a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Director del Centro Penitenciario Río Verde, en San Luis Potosí y otras autoridades, de quienes reclamó la orden de traslado del centro de reclusión en que se encontraba privado de su libertad de ambulatoria, pues a mediados del año dos mil doce fue trasladado del Centro Penitenciario ubicado en Río Verde, San Luis Potosí, al Penal Federal con sede en Guasave, Sinaloa, lugar donde permaneció ocho meses, para luego ser trasladado al Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del juicio. Previa aclaración, por auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se admitió la demanda de amparo integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, el veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia; inconformes con dicha determinación, las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de San Luis Potosí, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, quien por resolución de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, desechó el recurso interpuesto, quedando así firme la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional. TERCERO. Requiere Cumplimiento. Atento a lo anterior, mediante auto de tres de julio de dos mil dieciocho, se procedió a requerir el cumplimiento a las autoridades responsables, Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a su superior jerárquico, el Secretario de Gobernación, ambos en la Ciudad de México, ello en los siguientes términos: Deje insubsistente el oficio SSP/SSPF/OADPRS/21977/2012, de treinta de mayo de dos mil doce, exclusivamente respecto del aquí quejoso. Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser retornado al Centro Estatal de Reinserción Social ubicado en Rio Verde San Luis Potosí, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Cuarto. Cumplimiento dado por la Responsable. Mediante oficio recibido en este juzgado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, el Encargado de la Unidad Jurídica y de Amparo de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, informó que el quejoso *******, fue trasladado del Centro de Reinserción Número Uno, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua al Centro Estatal de Reinserción Social de Río Verde, en San Luis Potosí, ingresando éste último a las veintiún horas del cuatro de septiembre de la citada anualidad; y para acreditar su dicho anexó la tarjeta de población donde se señalan los ingresos y egresos de dicho centro penitenciario. Por su parte, mediante oficio recibido el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, remitió copia certificada del ocurso SEGOB/CNS/OADPRS/16848/2018 de tres de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual ordenó dejar insubsistente el oficio SSP/SSPF/OADPRS/21977/2012, de treinta de mayo de dos mil doce, emitido por dicha autoridad, y se autorizó el egreso del quejoso ******del Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en******, Chihuahua, para ser ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social Ubicado en Río Verde San Luis Potosí, para lo cual anexó copia certificada de dicho auto. Documentales a las que se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. QUINTO. Vista a las partes. En proveídos de trece de septiembre de dos mil dieciocho y veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa por medio de exhorto, con las determinaciones dictadas por las autoridades, para que dentro del término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento; mismos que le fueron notificados el diez de octubre de dos mil dieciocho y el ocho de marzo del año que transcurre, feneciendo éste último plazo el quince del actual, sin que en el acto de las notificaciones haya hecho manifestación alguna o se haya recibido promoción al respecto. SEXTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. El suscrito procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Del análisis comparativo entre los efectos para los que se concedió el amparo a ******* y lo resuelto por la autoridad responsable, se colige que con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, dejo insubsistente el oficio SSP/SSPF/OADPRS/21977/2012, de treinta de mayo de dos mil doce, emitido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; así como que el quejoso fue trasladado del Centro de Reinserción Número Uno, con sede en ****, Chihuahua al Centro Estatal de Reinserción Social de Río Verde, en San Luis Potosí, ingresando a las veintiún horas del cuatro de septiembre de la citada anualidad. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este Juzgador advierte que al dictar el fallo la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 513/2016 ha quedado cumplida. Finalmente, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena girar atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, residente en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda notifique el presente al quejoso ****** en el lugar donde guarda reclusión, esto es, el Centro Estatal de Reinserción Social ubicado en Río Verde, San Luis Potosí, solicitándole el acuse respectivo y la devolución de la comunicación oficial una vez diligenciada, haciéndole saber que en caso de inconformidad podrá actuar según lo dispuesto en el ordinal 202 de la Ley de la Materia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrán actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a las Autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada*******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio enviado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el cual informa que con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, dejo insubsistente el oficio SSP/SSPF/OADPRS/21977/2012, de treinta de mayo de dos mil doce, emitido por dicha autoridad, y se autorizó el egreso del quejoso xxxxdel Centro de Reinserción Social Estatal Número Uno, en Aquiles Serdán, Chihuahua, para ser ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social Ubicado en Río Verde San Luis Potosí, para lo cual anexa copia certificada de dicho auto. En consecuencia, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare si la sentencia está cumplida o no, en términos del referido artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia. Finalmente, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena girar atento exhorto vía SISE al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, residente en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que comisione a quien corresponda notifique el presente y requiera en los términos precisados al quejoso xxxxen el lugar donde guarda reclusión, solicitándole la devolución de la comunicación oficial en la misma vía, una vez diligenciada esta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx. Doy fe.*arc

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de julio de dos mil dieciocho. Visto el oficio signado por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, por el cual remite los autos originales del expediente 513/2016 y copia certificada de la resolución pronunciada por dicho Tribunal, en sesión de veintisiete de junio del año en curso, dentro del amparo en revisión 136/2017, hágase del conocimiento de las partes que dicho Tribunal Colegiado, resolvió: ÚNICO. Se desecha el recurso de revisión a que este toca se refiere. Acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, y agréguese el cuaderno de antecedentes en tomo por separado. Por otra parte, en atención a que en el presente juicio se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: [.] lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo, el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en la ciudad de México: Deje insubsistente el oficio SSP/SSPF/OADPRS/21977/2012, de treinta de mayo de dos mil doce, exclusivamente respecto del aquí quejoso. Al tratarse de una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, el solicitante del amparo deberá ser retornado al Centro Estatal de Reinserción Social ubicado en Rio Verde San Luis Potosí, en el que se encontraba antes de la existencia del acto reclamado. Dicho traslado deberá efectuarlo bajo su más estricta responsabilidad y de acuerdo con las medidas de seguridad que estime necesarias para lograr el cometido. Cabe aclarar que la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos que se precisan, no implica que la autoridad competente no pueda eventualmente trasladar al procesado a algún otro centro de reclusión distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales respectivas y, en su caso, es determinado por la autoridad judicial competente. Por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como al Secretario de Gobernación, como superior jerárquico de la primera autoridad; para que le ordene cumplir con la citada determinación, esto es, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden legalmente notificados de este proveído, informen al suscrito sobre el cumplimiento que den a la sentencia de amparo o, en su defecto, sobre las medidas que tomen tendentes a tal cumplimiento, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito, Octava Época, visible en la página 554, XV-II, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: SENTENCIAS DE AMPARO. ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCIÓN, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. En acatamiento a lo anterior, deberán informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que hayan realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que asciende a la suma de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional) y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.

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