Enrique Macías Flores y Otros.
Expediente 689/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Enrique Macías Flores y Otros.
- Ignacio Macías Flores
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********, todos de apellido **********, por su propio derecho, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 689/2019-IV. En la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. De la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las documentales que se adjuntaron a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud de modificaciones técnicas, registrada con el folio 1289, que presentó ante la autoridad responsable el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, según se desprende del matasellos que obra en la solicitud relativa, misma que se anexa a la demanda de amparo. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la pretendida omisión no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio constitucional establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que si la parte quejosa elevó su petición ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y la demanda de amparo se recibió el dos de los actuales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, es inconcuso que no ha transcurrido el termino de sesenta días que establece el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, que a la letra dice: "Artículo 22. "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente." Ello dado que la fecha de la presentación de la demanda de amparo transcurrieron los siguientes días hábiles: Mayo: 7 días hábiles. Junio: 20 días hábiles. Julio: 23 días hábiles. Agosto: 2 días hábiles. Lo cual arroja un total de cincuenta y dos días hábiles; de ahí que se considere que la omisión reclamada, al momento de la presentación de la demanda, no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del plazo de sesenta días para dar respuesta a los ahora solicitantes del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el presente juicio, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Toda vez que el presente juicio de amparo es promovido por **********, ********** y **********, todos de apellido ********** y que los mismos fueron omisos en señalar representante común, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa con dicho carácter al primero de los mencionados. En otro orden, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, al contar con cédula profesional ******** registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO C) DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **********, ********** y **********, todos de apellido **********, por su propio derecho, contra actos del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el expediente 689/2019-IV. En la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. De la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las documentales que se adjuntaron a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud de modificaciones técnicas, registrada con el folio 1289, que presentó ante la autoridad responsable el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, según se desprende del matasellos que obra en la solicitud relativa, misma que se anexa a la demanda de amparo. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la pretendida omisión no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio constitucional establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que si la parte quejosa elevó su petición ante la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en esta ciudad el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, y la demanda de amparo se recibió el dos de los actuales en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, es inconcuso que no ha transcurrido el termino de sesenta días que establece el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, que a la letra dice: "Artículo 22. "La Autoridad del Agua" deberá contestar las solicitudes dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente." Ello dado que la fecha de la presentación de la demanda de amparo transcurrieron los siguientes días hábiles: Mayo: 7 días hábiles. Junio: 20 días hábiles. Julio: 23 días hábiles. Agosto: 2 días hábiles. Lo cual arroja un total de cincuenta y dos días hábiles; de ahí que se considere que la omisión reclamada, al momento de la presentación de la demanda, no causa perjuicio alguno a la parte quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra dentro del plazo de sesenta días para dar respuesta a los ahora solicitantes del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el presente juicio, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Toda vez que el presente juicio de amparo es promovido por **********, ********** y **********, todos de apellido ********** y que los mismos fueron omisos en señalar representante común, de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa con dicho carácter al primero de los mencionados. En otro orden, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *********, al contar con cédula profesional ******** registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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